Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet (resolución de la Organización de las Naciones Unidas)

  Naciones Unidas A/HRC/32/L.20
Asamblea General Distr. limitada

27 de junio de 2016

Español

Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

32º período de sesiones

Tema 3 de la agenda

Promoción y protección de todos los derechos humanos,
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
incluido el derecho al desarrollo

Alemania, Australia*, Austria*, Bélgica, Bosnia y Herzegovina*, Brasil*, Bulgaria*, Canadá*, Croacia*, Chipre*, Dinamarca*, Eslovaquia*, Eslovenia, España*, Estados Unidos de América*, Estonia*, ex República Yugoslava de Macedonia, Fiji*, Finlandia*, Francia, Georgia, Grecia*, Haití*, Honduras*, Hungría*, Irlanda*, Islandia*, Italia*, Japón*, Letonia, Liechtenstein*, Lituania*, Luxemburgo*, Malta*, México, Mónaco*, Montenegro*, Nigeria, Noruega*, Países Bajos, Paraguay, Polonia*, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa*, República de Moldova*, Rumania*, Senegal*, Serbia*, Suecia*, Túnez*, Turquía* y Ucrania*: proyecto de resolución

32/…   Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet

El Consejo de Derechos Humanos,

     Guiado por la Carta de las Naciones Unidas,

     Reafirmando los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales de derechos humanos pertinentes, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

     Recordando todas las resoluciones pertinentes de la Comisión de Derechos Humanos y del Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, en particular las resoluciones del Consejo 20/8, de 5 de julio de 2012, y 26/13, de 26 de junio de 2014, sobre la promoción, la protección y el disfrute de los derechos humanos en Internet, así como las resoluciones 12/16, de 2 de octubre de 2009, sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, 28/16, de 24 de marzo de 2015, sobre el derecho a la privacidad en la era digital, y 23/2, de 13 de junio de 2013, sobre la contribución de la libertad de opinión y de expresión al empoderamiento de la mujer, y recordando también las resoluciones de la Asamblea General 68/167, de 18 de diciembre de 2013, y 69/166, de 18 de diciembre de 2014, sobre el derecho a la privacidad en la era digital, 70/184, de 22 de diciembre de 2015, sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo, y 70/125, de 16 de diciembre de 2015, en la que figura el documento final de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el examen general de la aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información,

     Acogiendo con beneplácito la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible[1], y reconociendo que la expansión de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la interconexión mundial brinda grandes posibilidades para acelerar el progreso humano, superar la brecha digital y desarrollar las sociedades del conocimiento,

     Tomando nota de la Reunión Global de Múltiples Partes Interesadas sobre el Futuro de la Gobernanza de Internet, celebrada en São Paulo los días 23 y 24 de abril de 2014, que reconoció, entre otras cosas, la necesidad de que la gobernanza de Internet se base en los derechos humanos y que los derechos de las personas también deben estar protegidos en Internet,

     Tomando nota también de los anteriores períodos de sesiones del Foro para la Gobernanza de Internet, incluida la reunión más reciente, celebrada en João Pessoa del 10 al 13 de noviembre de 2015,

     Observando que el ejercicio de los derechos humanos en Internet, en particular del derecho a la libertad de expresión, es una cuestión que reviste cada vez más interés e importancia debido a que el rápido ritmo del desarrollo tecnológico permite a las personas de todo el mundo utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones,

     Observando también la importancia de generar confianza en Internet, en particular en lo que respecta a la libertad de expresión, la privacidad y otros derechos humanos, para que Internet alcance su potencial como, entre otras cosas, facilitador del desarrollo y la innovación, mediante la plena cooperación de los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, la comunidad técnica y el mundo académico,

     Reconociendo que la privacidad en línea es importante para materializar el derecho a la libertad de expresión y a no ser molestado por sus opiniones, sin injerencias, y el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas,

     Poniendo de relieve que el acceso a la información en Internet ofrece grandes oportunidades para una educación asequible e inclusiva a nivel mundial, constituyendo así una herramienta importante para facilitar la promoción del derecho a la educación, y subrayando al mismo tiempo la necesidad de abordar la alfabetización digital y la brecha digital, que afectan al disfrute del derecho a la educación,

     Expresando su preocupación por la persistencia en muchas formas de la brecha digital entre los países y dentro de ellos y entre hombres y mujeres y niños y niñas, y reconociendo la necesidad de acabar con esas disparidades,

     Destacando la importancia de empoderar a todas las mujeres y niñas mejorando su acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, promoviendo la alfabetización digital y la participación de mujeres y niñas en la educación y la formación en las tecnologías de la información y las comunicaciones, y motivando a las mujeres para que estudien carreras de las ciencias y las tecnologías de la información y las comunicaciones,

     Recordando los artículos 9 y 21 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, entre otras cosas, instan a los Estados partes a que adopten las medidas pertinentes para promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet,

     Reconociendo que, para que Internet mantenga su naturaleza mundial, abierta e interoperable, es imperativo que los Estados aborden las preocupaciones relativas a la seguridad de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular en lo que se refiere a la libertad de expresión, la libertad de asociación y la privacidad,

     Profundamente preocupado por todos los abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos contra las personas por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales en Internet, y por la impunidad con que se cometen,

     Profundamente preocupado también por las medidas cuyo objetivo o efecto deliberados es impedir u obstaculizar el acceso o la divulgación de información en línea, vulnerando el derecho internacional de los derechos humanos,

     Destacando la importancia de que se aplique un enfoque basado en los derechos humanos para facilitar y ampliar el acceso a Internet, y que Internet sea abierta, accesible y cuente con la participación de múltiples interesados,

     Tomando nota con aprecio de los informes del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, presentados al Consejo de Derechos Humanos en sus períodos de sesiones 17º, 23º, 29º y 32º[2], y a la Asamblea General en su sexagésimo sexto período de sesiones, relativos a la libertad de expresión en Internet[3], y tomando en consideración el informe del Relator Especial sobre el derecho a la privacidad, presentado al Consejo de Derechos Humanos en su 31er período de sesiones[4],

     Considerando la importancia decisiva de la colaboración de los gobiernos con todos los interesados pertinentes, incluidos la sociedad civil, el sector privado, la comunidad técnica y el sector académico, en la protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Internet,

  1. Afirma que los derechos de las personas también deben estar protegidos en Internet, en particular la libertad de expresión, que es aplicable sin consideración de fronteras y por cualquier procedimiento que se elija, de conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
  2. Reconoce la naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus distintas formas, incluido el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;
  3. Exhorta a todos los Estados a que promuevan y faciliten la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios y tecnologías de la información y las comunicaciones en todos los países;
  4. Afirma que la calidad de la educación cumple un papel decisivo en el desarrollo y, por consiguiente, exhorta a todos los Estados a fomentar la alfabetización digital y a facilitar el acceso a la información en Internet, que puede ser una herramienta importante para facilitar la promoción del derecho a la educación;
  5. Afirma también la importancia de que se aplique un enfoque basado en los derechos humanos para facilitar y ampliar el acceso a Internet y solicita a todos los Estados que hagan lo posible por cerrar las múltiples formas de la brecha digital;
  6. Exhorta a todos los Estados a que acaben con la brecha digital entre los géneros y mejoren el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres y las niñas;
  7. Alienta a todos los Estados a que adopten las medidas oportunas para promover, con la participación de las personas con discapacidad, el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluidas tecnologías de apoyo y adaptación, que sean accesibles para las personas con discapacidad;
  8. Exhorta a todos los Estados a abordar las preocupaciones relativas a la seguridad en Internet de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, para garantizar la protección de la libertad de expresión, la libertad de asociación, la privacidad y otros derechos humanos en Internet, entre otras cosas mediante instituciones nacionales democráticas y transparentes basadas en el estado de derecho, de forma tal que se asegure la libertad y la seguridad en la red para que pueda seguir siendo un motor enérgico del desarrollo económico, social y cultural;
  9. Condena inequívocamente todos los abusos y violaciones de los derechos humanos, como torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, así como la expulsión, intimidación y hostigamiento y la violencia de género cometida contra las personas por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales en Internet, y exhorta a todos los Estados a que garanticen la rendición de cuentas a este respecto;
  10. Condena inequívocamente las medidas cuyo objetivo deliberado es impedir u obstaculizar el acceso o la divulgación de información en línea, vulnerando el derecho internacional de los derechos humanos, y exhorta a todos los Estados a que se abstengan de adoptar estas medidas, o cesen de aplicarlas;
  11. Destaca la importancia de luchar contra la apología del odio, que constituye una incitación a la discriminación y la violencia en Internet, entre otras cosas fomentando la tolerancia y el diálogo;
  12. Exhorta a todos los Estados a que consideren la posibilidad de formular, mediante procesos transparentes e inclusivos con la participación de todos los interesados, y adoptar políticas públicas nacionales relativas a Internet que tengan como objetivo básico el acceso y disfrute universal de los derechos humanos;
  13. Solicita al Alto Comisionado que prepare un informe sobre los medios de cerrar la brecha digital entre los géneros desde una perspectiva de derechos humanos, en consulta con los Estados, los procedimientos especiales del Consejo de los Derechos Humanos, las organizaciones internacionales, las instituciones nacionales de derechos humanos, la sociedad civil, la industria, la comunidad técnica, el sector académico y otros interesados, y que lo presente al Consejo de Derechos Humanos en su 35º período de sesiones;
  14. Alienta a los procedimientos especiales a que tengan en cuenta estas cuestiones en sus mandatos actuales, según proceda;
  15. Decide seguir examinando la promoción, la protección y el disfrute de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión, en Internet y en otras tecnologías de la información y las comunicaciones, así como la forma en que Internet puede ser una importante herramienta para fomentar la participación ciudadana y de la sociedad civil y para lograr el desarrollo en cada comunidad y el ejercicio de los derechos humanos, de conformidad con su programa de trabajo.

                       *   Estado no miembro del Consejo de Derechos Humanos.

                        [1]   Resolución 70/1 de la Asamblea General.

                        [2]   A/HRC/17/27, A/HRC/23/40, A/HRC/29/32 y A/HRC/32/38.

                        [3]   A/66/290.

                        [4]   A/HRC/31/64.

El error en el derecho penal, segunda edición

Tengo el gusto de informarles que ya está disponible la segunda edición de mi libro El error en el Derecho penal, publicado por Porrúa y prologado (como en la primera edición) por el Dr. Ricardo Franco Guzmán y con palabras a esta segunda edición del excelentísimo doctor Juan Carlos Ferré Olivé de la Universidad de Huelva, España.

Se puede adquirir en cualquier sucursal Porrúa o bien solicitarlo en

 

Librería Porrúa, México, página web

 

 

 

 

 

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Espero sea de su interés.

 

 

 

 

Víctima del delito y policía

por Adrián Franco Zevada y Alberto E. Nava Garcés

(publicado en Foro jurídico, mayo de 2016)

 

Antecedentes remotos

Dos grandes temas convergen en este pequeño texto: las personas en condición de víctima y la policía. Para explicar la importancia de esta convergencia debemos partir de tres preguntas básicas que nos permitan poner en contexto el desarrollo de nuestras ideas, ¿hace veinte años cuál era el peso específico de la víctima en la legislación nacional? Con esa misma dimensión temporal ¿cuál era el papel de la policía dentro del procedimiento penal mexicano? Y por último ¿cómo se interrelacionaban víctimas y policías de cara al proceso penal?

Para dar respuesta sucinta a estas interrogantes, bastaría con decir que las primeras no tenían un papel relevante en la legislación (tomado en cuenta que el Estado, en la concepción del Derecho penal moderno, se apropió de la venganza social), de modo tal que después de la primera etapa de investigación, su actuación quedaba a la sombra de quéhacer de la Representación Social, debiéndole ministrar los requerimientos de ésta y, si acaso, podría coadyuvar con la misma, pero de ninguna manera incidir en sus decisiones (la víctima no podía acceder al amparo para combatir los yerros del agente del Ministerio Público, de modo tal que tiene muy poco tiempo que esto comenzó a cambiar).

El papel de la víctima estaba sumamente acotado y esto no solo permeaba en el proceso, también los derechos estaban limitados para interponer medios de impugnación y hasta en el propio amparo no se le reconocía como tercero (perjudicado) interesado.

Por su parte la policía era la encargada de auxiliar al Ministerio Público y efectuar las detenciones correspondientes, así como llevar a cabo las diligencias que con motivo de la investigación udieran surgir. A pesar de ser la primera conocedora o respondiente[1] de los hechos que pudieran constituir un delito, solo se limitaba a realizar informes sin homologación y sin mayores formalidades. Realizaba actos de investigación, búsqueda de sujetos, domicilios, cosas, y fungía como protección de los otros operadores del sistema penal.

Hace 20 años todavía se proponía (utilizamos este eufemismo por no decir: se rogaba) contar con un casillero nacional que contuviera los datos esenciales de los probables responsables y poco se incidía en una capacitación orientada al perfil particular de las víctimas, como sujetos de una condición particular y de la que todas las instituciones debían ser sabedoras para poder recolocarlas en su tren de vida, tal como ocurría hasta antes de sufrir el delito. Hoy, el paradigma ha cambiado: la persona en condición de víctima cobra la relevancia que merece.

La interrelación entre víctimas y policía estaba limitada al auxilio que en un primer momento le podía dar apenas pasado el evento delictuoso. La policía entrevistaba a la víctima del mismo modo en que lo haría al probable responsable. La víctima era un número y la policía tenía un trabajo enfocado al ámbito de la fuerza. Ya en el tribunal se reencontrarían ambos como meros testigos, incomunicados entre sí, impreparados para la audiencia, sin asesor y a expensas de probables amenazas durante la secuela procedimental.

 

La reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de víctimas.

 

El 21 de septiembre de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al texto constitucional del artículo 20 en el que se incluyó un apartado específico para las víctimas. El discurso había cambiado y con él daba inicio a otra visión de las personas que sufren algún delito.[2]

La visión que se tuvo hasta entonces de las personas en condición de víctimas estaba por alcanzar niveles nunca antes abordados en la legislación mexicana. De nueva cuenta, el texto constitucional fue reformado el 18 de junio de 2008, adicionándose el apartado C de su mismo artículo 20. Junto con la ingente reforma que cambió el paradigma del proceso penal mexicano, se dio inicio a una amplia revisión legislativa para ampliar los derechos de las víctimas como ocurrió el 9 de enero de 2013 cuando se publicó la Ley General de Víctimas, cuyo texto original fue adecuado el 3 de mayo de 2013.

Con el mismo baremo de esta ley, se adecuaron otros cuerpos legales como el Código Nacional de Procedimientos Penales que, en su artículo 108, define a la víctima como el sujeto pasivo del delito que reciente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva y el articulo 109 prevé una amplia gama de derechos fundamentales que reiteran el nuevo discurso y enfoque en el procedimiento penal.

A fin de salvaguardar los derechos de las personas en condición de víctima se creó una institución que con eficacia pudiera hacer efectivos sus derechos nos referimos, por supuesto, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual, bajo el modelo establecido en la Ley de la materia, le da origen y competencia para conocer de víctimas que hayan sufrido algún delito del fuero federal o se hayan violado sus derechos humanos de manera grave.

Asimismo, dicha ley prevé la obligación de todas las instituciones del Estado a fin de hacer eficaces todos los derechos que a favor de las víctimas se han creado y, en ese sentido, impone a los Estados que componen la federación para crear instituciones homólogas para la atención de las víctimas de delito del orden común.

La eficacia de este nuevo discurso del Estado debe traducirse en que la policía, cual fuere que tenga el primer contacto con la víctima, conozca el alcance de estos derechos y a su vez los transmita a su destinatario o destinataria.

 

La policía

 

La policía también tuvo un cambio sustancial con la reforma constitucional de junio de 2008, pasó de ser el auxiliar del Ministerio Público, amén sus otras funciones de seguridad, a ser el encargado de llevar la investigación que ocurre en el primer momento del procedimiento penal. Sujetos a la cronología y al hecho de que el policía es el primer contacto con el hecho delictuoso, se decidió darle ese carácter bajo la redacción poco clara que estima en el primer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.”

El uso plural de las policías permite considerar tanto los distintos niveles de poder (federal, estatal municipal), como sus distintas especies (preventiva, ministerial o de investigación) y las coloca, siguiendo la redacción constitucional en un ámbito distinto al de auxiliares del Ministerio Púbico. La responsabilidad se incrementa exponencialmente para una institución que no estaba acostumbrada a esta función, que sin duda será piedra de toque en el nuevo sistema de justicia penal.

La policía debe superar epítetos y lograr situarse en donde la ha colocado la Constitución. Para eso cuenta con nuevas instituciones como Sidepol (Secretaría de Gobernación), que con la experiencia de haber forjado un Cuerpo de Gendarmería en tiempo récord, ahora tiene la misión de estar a la altura de las exigencias de un tiempo mínimo como el que queda para la total implementación del nuevo sistema de justicia penal.

El artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé las distintas obligaciones del nuevo rol de la policía, pero dicho artículo no debe interpretarse de manera aislada. Solo para los efectos de este estudio podemos remitir a dos cuerpos legales que, de forma transversal, explican su función: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley General de Víctimas, que definen tanto la función específica como la relación connatural que se dará con las personas en situación de víctima, no debe olvidarse de su calidad de garantes de personas y cosas y serán los primeros responsables de la seguridad de las personas, de iniciar las investigaciones, de preservar el lugar de los hechos y evitar la ruptura de la cadena de custodia así como de ser consistente respecto de aquellas detenciones que se realicen en flagrancia.

El reto es enorme, implica capacitación seria, impecable, que dote de herramientas y conocimientos al policía y a esto habrá que añadirle la relación que se dará con la víctima, cuyo estrés post traumático, entre otras calidades y cualidades, incrementarán la vocación de servicio y pondrán a prueba al policía.

La policía es la primera en recabar datos, que en su conjunto doten de información al Ministerio Público y por consiguiente al juzgador. Así también deberá contar con la sensibilidad necesaria para que se provea de atención médica y psicológica de manera oportuna, todo ello sin perder de vista que podrá hacerlo simultáneamente o deberá ponderar la secuencia en que lo haga.[3]

Correlacionamos el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos penales con el texto del artículo 127, de la Ley General de Víctimas que establece en un apartado específico:

Artículo 127. Además de los deberes establecidos para todo servidor público, y las disposiciones específicas contempladas en los ordenamientos respectivos, a los miembros de las policías de los distintos órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, les corresponde:

  1. Informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le otorga la Constitución y los tratados internacionales, el código penal y procesal penal respectivo y las demás disposiciones aplicables, así como el alcance de esos derechos, debiendo dejar constancia escrita de la lectura y explicación realizada;
  2. Permitir la participación de la víctima y su defensor en procedimientos encaminados a la procuración de justicia, así como el ejercicio de su coadyuvancia;

III. Facilitar el acceso de la víctima a la investigación, con el objeto de respetar su derecho a la verdad;

  1. Colaborar con los tribunales de justicia, el ministerio público, las procuradurías, contralorías y demás autoridades en todas las actuaciones policiales requeridas;
  2. Remitir los datos de prueba e informes respectivos, con debida diligencia en concordancia con el artículo 5 de la presente Ley;
  3. Respetar las mejores prácticas y los estándares mínimos de derecho internacional de los derechos humanos, y

VII. Mantener actualizados los registros en cumplimiento de esta Ley y de las leyes conforme su competencia.

 

En este encuentro necesario entre víctima y policía, debe existir la suficiente sensibilidad del segundo, capacitación aparte, para poder atender con la debida diligencia a las personas, sin perder de vista la investigación que tiene de frente.

 

En tal sentido, es importante recordar algunos pasos de los protocolos que existen para esta actividad y este momento particular. El policía deberá hacer del conocimiento a la persona en situación de víctima, que:

 

1) La victima tiene derecho a una investigación pronta y eficaz, a identificar y     enjuiciar a los responsables, y a su reparación integral.

  • Tiene derecho a ser reparada por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, efectiva por el daño causado.
  • A que se le brinde protección y se le salvaguarde su vida y su integridad corporal.
  • A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado al daño sufrido.
  • A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos, suficientes, rápidos y eficaces.
  • A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre rutas y medios de acceso a los procedimientos que establece la Ley General de Víctimas.
  • A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de ingreso al Registro y de medidas de ayuda, de asistencia y de reparación integral que se dicten.
  • A que el consulado de su País de origen sea inmediatamente notificado conforme a las normas internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras.
  • A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad.
  • A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos.
  • A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica.
  • Acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar responsabilidad de delito y de violación de los derechos humanos.
  • A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño.
  • A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en caso de que no comprendan el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual.

El policía que atiende en un primer lugar a la persona y además tiene el deber de investigar, no debe correr una suerte distinta o distante del que previene, su labor está enfocada a preservar el estado de bienestar de las personas, que al final del día son la más cara meta que han puesto en sus manos los legisladores constitucionales.[4]

El Estado debe garantizar que la policía se encuentre debidamente capacitada para desempeñar su nuevo rol y así, pueda atender y cumplir con las altas expectativas fijadas por el nuevo sistema de justicia penal.

 

Bibliografía

GARCÍA HUITRON, Alan, “El Nuevo Sistema de Justicia Penal y su impacto en el ámbito Policial ¿Hacia un nuevo paradigma? en Temas Fundamentales del Código Nacional de Procedimientos penales, (Nava Garcés, Alberto, coord.), Porrúa, México, 2015.

GARRIDO MÁRQUEZ, Giovanna, Víctima de delito y sistema acusatorio, en Temas Fundamentales del Código Nacional de Procedimientos penales, (Nava Garcés, Alberto, coord.), Porrúa, México, 2015.

MORENO VARGAS, Mauricio, (coord.). Nuevo sistema de justicia penal para el Estado de México, México, Porrúa, 2010.

Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género, fue aprobado por unanimidad en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Secretaría de Seguridad Pública, celebrada el 19 de abril de 2010.

 

Protocolo del primer respondiente: http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/protocolos/ProtocoloPrimerRespondienteV1.pdf

 

 

[1] En 2016, la Secretaría de Gobernación, en conjunto con la Procuraduría General de la República y SETEC, entre otras instituciones, publicaron un protocolo de actuación para los primeros respondientes (esta palabra es parte de la nueva lexicología que ha llegado con el Nuevo Sistema de Justicia Penal), consultable en: http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/protocolos/ProtocoloPrimerRespondienteV1.pdf

[2] Garrido Márquez señala al respecto: “El constituyente de aquellos años iniciaba con una tendencia afortunada para el marco jurídico moderno, pues comenzaba a tomarse en cuenta a la víctima del delito, dado que las tendencias proteccionistas sólo abarcaban a los probables responsables de la comisión de la conducta antisocial y no al sujeto pasivo. Pero, aun cuando estaba previsto en el texto constitucional, hacía falta la formulación de leyes que hicieran posible el ejercicio de las prerrogativas del Texto Supremo.

Así, el 27 de noviembre de 2007 se publicó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, con un capítulo para la protección y asistencia a las víctimas de ese delito. Dicha ley —como sabemos—fue abrogada por la del 14 de junio de 2012, y el proyecto que reforma este cuerpo normativo se encuentra en la Cámara de Diputados. De nueva cuenta, el texto constitucional fue reformado el 18 de junio de 2008, adicionándose el apartado C de su mismo artículo 20.

Por otra parte, en materia de secuestro, el 30 de noviembre de 2010 se publicó la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en dicha Materia. Como antecedente más próximo a la publicación de este Código, el 9 de enero de 2013 se publicó la Ley General de Víctimas, este texto fue adecuado el 3 de mayo de 2013, por lo que conviene precisar que este último ordenamiento citado guarda relación con nuestra aportación en este apartado.

Ahora bien, el artículo 108 del Código Nacional define a la víctima como el sujeto pasivo del delito que reciente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Esta interpretación auténtica difiere del contenido de la Ley General de Víctimas, cuya denominación ‘víctima’ incluye al sujeto pasivo del delito, así como a quien reciente una violación a sus derechos humanos.” GARRIDO MÁRQUEZ, Giovanna, Víctima de delito y sistema acusatorio, en Temas Fundamentales del Código Nacional de Procedimientos penales, (Nava Garcés, Alberto, coord.), Porrúa, México, 2015, p. 47.

[3] El artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé en lo medular las siguientes obligaciones con relación a su atención en el trato con la personas en situación de víctimas:

  1. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas;
  2. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine la investigación;
  3. Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias ulteriores. Especialmente estará obligada a realizar todos los actos necesarios para evitar una agresión real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos de los gobernados a quienes tiene la obligación de proteger;
  4. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación;

XII.        Proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito. Para tal efecto, deberá:

  1. a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones aplicables;
  2. b) Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen;
  3. c) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria, y
  4. d) Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica;

 

[4] Alan García (del INACIPE) escribe: “Ahora con el Sistema Acusatorio, reforzado por el Nuevo Código Nacional, los puntos a fortalecer de la Policía son: su actuación conforme a la normatividad y práctica de los derechos humanos; la generación de nuevas capacidades en contacto con el hecho (preservación del lugar de los hechos; entrevista a personas que puedan aportar algún dato o elemento; proporcionar atención y auxilio a víctimas, ofendidos o testigos del delito; detención del imputado conforme a la ley; comunicación y coordinación con otros Policías, peritos y Ministerio Público, así como subordinación directa y constante con este último); el fortalecimiento teórico y estratégico-operativo para recabar información necesaria para la prevención y la investigación de los delitos; la utilización de nuevas técnicas de investigación y de tecnologías de la información; su implicación en la formulación de la teoría del caso; y su intervención en las audiencias orales.

De acuerdo con la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), los roles de la Policía en el Sistema Acusatorio son:

  1. El rol del Policía preventivo.
  2. Recibir denuncias de hechos;
  3. Proteger a la víctima;
  4. Evitar que los hechos lleguen a consecuencias ulteriores;
  5. Detener al probable responsable en caso de delito flagrante;
  6. Ubicar y entrevistar a los testigos de los hechos;
  7. Preservar y proteger el lugar de los hechos;
  8. Dar cuenta de todo lo que realizó y de lo que se percató a la Policía Investigadora que conozca del asunto y al Ministerio Público, y
  9. En caso de que el asunto que le compete llegue a Juicio Oral, el policía deberá ser llamado para el desahogo de su testimonio como prueba.
  10. El rol del Policía de investigación.
  11. Recibir denuncias;
  12. Coordinar en campo, la investigación de hechos;
  13. Supervisar y dirigir el procesamiento del lugar de los hechos;
  14. Coordinar a los peritos que intervengan en el lugar de los hechos;
  15. Implementar la cadena de custodia;
  16. Dar cuenta de todo lo que realizó y de lo que se percató al Ministerio Público, y
  17. En caso de que el asunto que le compete llegue a Juicio Oral, el Policía deberá ser llamado como testigo fundamental del Ministerio Público para sustentar la teoría del caso de la parte acusadora.”

García Huitron, Alan, “El Nuevo Sistema de Justicia Penal y su impacto en el ámbito Policial ¿Hacia un nuevo paradigma? en Temas Fundamentales del Código Nacional de Procedimientos penales, (Nava Garcés, Alberto, coord.), Porrúa, México, 2015, pp. 72 – 73.

Iniciativa sobre la Ley General de Víctimas

Desde hace mucho tiempo, sus operadores, sus usuarios y sus críticos señalaban la necesidad de modificar la Ley General de Víctimas.

El siguiente es un proyecto de iniciativa formulado por organizaciones de la sociedad civil, el cual debe analizarse profundamente, ya que incide en específico en dos temas: la composición de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, su naturaleza, organización y funcionamiento (sin referirse a la Asesoría Jurídica Federal) y a la forma en que se puede disponer del fondo para las víctimas.

 

Aquí la iniciativa:

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

 

HONORABLE ASAMBLEA:

Los suscritos, integrantes de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

En años recientes nuestro país ha sido escenario de múltiples formas de violencia, las cuales han experimentado un incremento en incidencia e impacto en la seguridad y los derechos humanos de las personas. En vistas de la situación, el Estado Mexicano ha adoptado diversas medidas para contrarrestar el fenómeno.

 

Aunque es innegable que aún falta mucho por hacer para consolidar una política efectiva de Estado que prevenga, investigue, sancione y repare de manera integral los hechos victimizantes ocurridos en nuestro territorio, tampoco cabe duda de que, principalmente a partir de la iniciativa de la sociedad civil, se ha avanzado en la construcción de un marco normativo garantista que amplía los mecanismos de protección de toda persona contra la violencia, los abusos y la inseguridad.

 

Cuatro de las más relevantes propuestas normativas que se han adoptado en ese sentido, la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia del 18 de junio de 2008; la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011; la Ley General de Víctimas del 9 de enero de 2013, primera disposición reglamentaria de los derechos victimales en materia de reparación de las primeras reformas constitucionales; y la reforma constitucional para crear las leyes generales de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley y de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes del 10 de julio de 2015, nacieron a partir de insumos presentados a esta soberanía por parte de organizaciones de derechos humanos, expertos de la academia y grupos de víctimas.

 

En particular la Ley General de Víctimas nació y tomó forma desde 2011 a partir de la legítima demanda de miles de víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos que rompieron el silencio, así como de organizaciones de derechos humanos y personas solidarias, que se articularon en ese momento en torno al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y dio origen a referentes que se han convertido en colectivos en favor de la construcción de una cultura de la paz.

 

La Ley General de Víctimas es, sin duda, una de las más avanzadas y completas del mundo, y debe considerarse como un modelo de buena práctica en la armonización de la normatividad interna con respecto a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, justicia restaurativa y justicia transicional. Ese reconocimiento, particularmente hacia los principios, derechos y medidas de ayuda, asistencia y reparación integral que contempla, viene no solamente de las y los legisladores o de los organismos internacionales de derechos humanos que así lo han externado en reiteradas ocasiones, sino sobre todo de miles de víctimas que, en lo individual o colectivo, ven plasmadas muchas de sus expectativas y demandas en este texto normativo.

 

Con todo, la forma que debe asumir la legislación siempre está condicionada a la eficacia y eficiencia que tenga en los hechos para atender la problemática que la motivó, y desde esta Legislatura, en atento diálogo con los grupos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema, hemos observado de cerca los avances y desafíos que se han presentado ya en su plena implementación, advirtiendo que hay importantes áreas de oportunidad para que, a partir de la modificación del texto normativo, se faciliten y mejoren los trabajos para que los derechos de las víctimas se realicen y se dé la mayor satisfacción posible a aquellos por los que la legislación se creó.

 

En este sentido, una de las principales exigencias y preocupaciones externadas por las víctimas en foros legislativos, ante la opinión pública y en las oficinas de las instancias creadas por la Ley, es que las instituciones que ella estableció garanticen con efectividad sus derechos, con apego irrestricto al espíritu protector de la norma que perseguía desde su origen la eliminación de los obstáculos que, bajo la forma de requisitos y procedimientos burocratizados, fragmentarios y arbitrariamente extendidos incurrían en la victimización secundaria de las víctimas, esto es, que se convertían en una fuente de nuevos daños o agravaban los existentes.

 

Con todo, y pese a la buena fe de la norma, los hechos han vuelto evidente la necesidad de plantear modificaciones urgentes para rectificar aquellos aspectos que desde la instalación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hasta la fecha están produciendo victimización secundaria y mayor dolor a quienes se acercan a esta institución.

 

Desde luego, se reconoce que la reforma normativa es una de muchas herramientas de política pública que deben impulsarse para que los derechos de las víctimas sean finalmente una realidad en el país; esto se logrará cuando las numerosas iniciativas para combatir efectivamente la impunidad, la corrupción y las causas estructurales de la violencia se concreten en el quehacer cotidiano, pues la crisis de violencia y humanitaria no tendrá solución con la simple adecuación del texto legislativo.

 

De la mano con las reformas que constituyen la presente Iniciativa deberán emprenderse esfuerzos serios desde todas las instituciones del Estado mexicano obligadas por la Ley General de Víctimas, especialmente aquellas que conforman el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y particularmente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que, tomando en cuenta las experiencias previas, permitan prevenir fenómenos de discrecionalidad, inmovilidad, improvisación o conflictividad interna institucional, y sobre todo, incurrir en negligencias, omisiones y, en suma, el incumplimiento de las obligaciones de garantizar, promover, proteger y respetar a cabalidad los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.

 

A tres años de publicada la Ley y dos de instalado su órgano operativo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, los resultados esperados se han visto limitados e insatisfactorios, pues no se ha interpretado la ley con base en el principio constitucional pro persona.

 

Es indudable que la expectativa en la institución se elevó de modo dramático debido a que fue instalada teniendo como telón de fondo la emergencia victimal y la consternación pública por la incidencia constante y sistemática de casos dolorosos de violencia como los numerosos casos de desapariciones de personas, homicidios, tortura, secuestros, extorsiones, violencia sexual y feminicidios, trata de personas y muchos otros tipos de hechos victimizantes que se ventilan hace años en diversas instituciones públicas de fuero federal y común.

 

Las condiciones para el conjunto de las instituciones públicas en México han sido complejas por la desconfianza ciudadana y el colapso que muchas de ellas, sobre todo las de seguridad y procuración de justicia, han vivido; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas surge en medio de dicha complejidad, y no hubo la capacidad de comprender la trascendencia humana de su mandato, y pese a que se le dotó de importantes recursos públicos, especialmente para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, quedó subsumida en la burocracia y, los obstáculos que su reglamentación e interpretación de la norma impusieron, generó un subejercicio mayor del 90%.

 

Las víctimas y sus familiares han vivido desde hace muchos años una situación de indefensión y orfandad, de maltrato, de condiciones indignas que profundizan su dolor; la Ley General de Víctimas, con todo y lo que pudiera haberse criticado válido o no, se construyó como instrumento del Estado mexicano para atenderlas y protegerlas, sin embargo, se convirtió en una institución más de la estructura del gobierno y no ha sido eficaz ni eficiente para cumplir con el propósito vital que le dio origen; por ello, sobra reiterar la importancia de asumir los cambios que se requieren y que, como una aportación al debate, se ponen a la consideración de esta soberanía.

 

Es importante destacar que en la presente iniciativa se recogen preocupaciones y propuestas que han surgido del propio entorno legislativo en el Senado y que se han visto expresadas en la interlocución constante con las víctimas y sus familiares, así como con las organizaciones de derechos humanos que las acompañan.

 

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA:

A lo largo de toda la ley se incorporan a las víctimas de desplazamiento forzado y migrantes como sujetos de los derechos que otorga la presente Ley; así también se armoniza con la reforma constitucional que modifica el estatus jurídico del antiguo Distrito Federal, ahora Ciudad de México y se utiliza Entidades Federativas para incorporar a los estados y a la Ciudad de México en las obligaciones establecidas por esta norma; en los artículos 84 y 79 se establece que ninguna norma de carácter inferior puede restringir ni disminuir los derechos establecidos por esta ley sustantiva; se incorporan elementos que estarán incluidos en las disposiciones de la ley en materia de desaparición de personas para mayor protección a las víctimas de este hecho delictivo; así también, en los artículos 64, 66, 67 y 69, se precisan los elementos para agilizar y hacer expedita la compensación a que tienen derecho las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.

En el artículo 1, se establece que la Ley General de Víctimas es la ley en materia de reparación de conformidad con los artículos 1°, tercer párrafo y 17, 20 y 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También, en el cuarto párrafo, y a lo largo de toda la iniciativa de reforma, se modifica el concepto “compensación” por el de “indemnización”, para evitar interpretaciones burocráticas.

 

En el artículo 2, se precisa todos los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos y se ratifica el bloque constitucional que se ha creado a partir de la reforma en derechos humanos del 10 de junio de 2011.

 

En el artículo 4, se define con mayor precisión como se adquiere la calidad de víctimas y se recoge la demanda de los familiares de ser considerados también víctimas directas porque uno de los efectos de la victimización es su carácter múltiple de violación a derechos por la propia condición de víctimas, es decir, se les estigmatiza, se les criminaliza, se les tortura psicológicamente, se les maltrata en las instituciones, y en el caso de familiares de personas desaparecidas, delito pluriofensivo, también existe la tortura. La definición de víctima se recoge de la que, para estos efectos, ha establecido el Comité Internacional de la Cruz Roja. Así mismo, se incorpora mayor precisión para la protección de las víctimas potenciales.

 

En el artículo 5, en primer lugar, se organizan los principios en un formato de fracciones para poder citar con precisión el principio que se quiere referir, así también se precisan las definiciones para atender una implementación efectiva, en particular, se modifica en su totalidad el principio de mínimo existencial para incidir en el cambio cultural de los servidores públicos que atienden víctimas y que interpretan con una visión burocrática lo mínimo que deben ofrecer a las víctimas para tratarlas con respeto y dignidad.

 

En el artículo 6, el concepto de “compensación” representa internacionalmente la reparación en términos económicos que debe recibir una víctima desde la perspectiva de un derecho, se agrega en la fracción V, como lo obligado para la autoridad cuando se trate de la “compensación” a una víctima, la clarificación de que se trata de la reparación o indemnización económica a la que tiene derecho la víctima; actualmente, las autoridades que interpretan la ley han usado su incomprensión sobre el concepto “compensación” para obstaculizar la reparación; por ello, con el objetivo de que las autoridades puedan identificar una definición que sigue presente en el entramado jurídico en cuanto a reparación del daño y no se utilice como pretexto para la victimización secundaria de las víctimas es que se propone incorporar en la definición de “compensación” que se trata de reparación o indemnización económica; se adiciona en la fracción VIII, la definición de desplazamiento interno forzado para poder proveer a las víctimas de este fenómeno creciente de los derechos que integralmente se protegen en esta ley, la experiencia ha sido que los comisionados de la Comisión Ejecutiva han desconocido a las víctimas del desplazamiento interno por no estar referido este hecho victimizante en la ley actual. Al adicionar esta definición en la fracción VIII, se recorren todas las fracciones.

 

La incorporación del fenómeno victimizante y de las víctimas de desplazamiento interno forzado se hace en los artículos 6, 8, 9, 28, 38, 41, 45, 47, 63, fracción XXX del 79, fracción IX del 93, fracción II del 101, fracción VIII del 118, fracción VI del 119, 131 y 150.

 

Se incorpora un nuevo párrafo a la nueva fracción XVIII con el objeto de definir con precisión la calidad de víctima con base en la definición propuesta por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

 

En el artículo 7, se inhiben interpretaciones personales o reglamentarias que disminuyan los estándares protectores que se plantean en la ley sustantiva, se precisa en la fracción I que los derechos a una investigación eficaz se deriva del hecho victimizante; en las fracciones III y IV, se define con mayor precisión el derecho a la verdad y el derecho a la protección; en la XX, el derecho a la consulta sobre todos los procesos en los que participan;

 

En el artículo 8, se incorpora con claridad que independientemente de la competencia federal o de las entidades federativas, las víctimas tienen derechos, que no pueden ser soslayados bajo argumentos de jurisdiccionales.

En el artículo 9, se incorpora como derecho de las víctimas de violaciones a derechos humanos, desaparición; tortura, tratos crueles o penas crueles inhumanos degradantes; ejecuciones extrajudiciales o desplazamiento interno forzado, a la reintegración y a soluciones duraderas-

En los artículos 15 y 23, se incorpora el derecho de las víctimas a un perito independiente con cargo a los recursos de las comisiones nacional o de las entidades federativas.

En el artículo 21, se incluye que las organizaciones de víctimas u otras personas que representen a las víctimas puedan participar directamente en las exhumaciones, así como ajustarse en lo que tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como la legislación en materia de desapariciones, establecen en materia de pruebas científica, y se plantea no sólo en caso necesario, frase que se elimina, sino como una directriz normativa, que las autoridades no pueden autorizar ni ellas mismas realizar, cremación de cadáveres, hayan sido éstos identificados o no.

En el artículo 26, y a lo largo de toda la propuesta de reforma, se incorpora la previsión de que ningún ordenamiento de carácter inferior, como ha sucedido a partir de la creación del reglamento de ley, puede restringir ningún derecho ni medida de reparación que disminuya los estándares protectores y garantistas de la ley sustantiva.

En el artículo 27 fracción III, se aclara nuevamente que la compensación es una indemnización económica, en la fracción VI se agrega que debe ser un derecho de las víctimas, la reinserción y soluciones duraderas que permitan una real reparación integral.

En el artículo 28, al igual que en el artículo 6, se incorpora a las víctimas de desplazamiento interno forzado como sujetos de derecho en esta ley. Mientras que en el artículo 29, se adiciona la obligación de la comisión nacional de víctimas de cubrir los gastos de atención médica de emergencia cuando no haya garantía de que las instituciones hospitalarias o la comisión de la entidad federativa de que se trate, puedan atender a la víctima.

En Iguala, Gro., la indiferencia en atender un caso de un joven, familiar de un desaparecido, pero víctima directa por haber sido objeto de agresión con arma de fuego, y no cubrir los gastos de emergencia, derivó en su muerte; y posteriormente, lo que nos lleva a la reforma al artículo 31, hubo una negativa inicial a cubrir los gastos funerarios; por ello, en este último artículo, se define con claridad que las autoridades, independientemente del fuero competencial, están obligadas a apoyar los gastos funerarios por el fallecimiento de una víctima.

En el artículo 34, se establece la prohibición de negar atención en los servicios médicos a personas víctimas, independientemente que estén fuera de su jurisdicción como derechohabientes

 

En el artículo 38, se incorporan a las víctimas de desplazamiento interno forzado como sujetos de derecho en el sistema DIF, y se adiciona que el Sistema DIF deberá contar con recursos presupuestales específicamente asignados como partida emergente.

 

Un argumento recurrente para no apoyar a las víctimas con el pago de sus traslados es la confusión en la redacción del artículo 39, en el sentido de que no quedó claro que el apoyo se dará tanto para salir del lugar de residencia como para el regreso, de tal manera que la reforma en este artículo tiene como objetivo esa clarificación y dejar especificado que estos apoyos se cubren en diligencias de carácter federal o cuando se cumplan los supuestos del cuarto párrafo del artículo 79.

 

Incorpora, en el artículo 41, a las víctimas como sujetos de las medidas que otorgan otras normas como Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

 

En el 61, se define con mayor claridad las medidas de restitución como el derecho a regresar a su lugar de origen y a ser restituidos en sus tierras, propiedades o posesiones o a ser indemnizado por la vulneración de estos derechos.

 

Para mayor claridad de que se compensa o repara económicamente, se incorpora en la fracción viii del artículo 64, que se pagan gastos de traslado a diligencias ministeriales o judiciales, además de las que ya están establecidas en esa fracción.

 

En el artículo 83, se precisa la naturaleza jurídica de la Comisión Ejecutiva y en el artículo 85, se propone una nueva estructura para la comisión Ejecutiva con un comisionado presidente y seis personas víctimas y expertos en el consejo directivo de la comisión ejecutiva; para la elección del comisionado presidente se señala que el Ejecutivo deberá convoca a consulta a los colectivos y organizaciones de víctimas, así mismo se establece el principio de máxima publicidad en cada etapa del proceso de selección de los comisionados.

 

Se establece que quienes participen en la Comisión Ejecutiva deberán tener experiencia acreditable como académicos con cinco años de experiencia en investigación o docencia especializada en atención a víctimas y ser personas provenientes de colectivos de víctimas propuestas por organizaciones no gubernamentales con al menos cinco años de especialización en atención a víctimas.

 

En relación con el comisionado presidente, la terna que se envíe deberá estar integrada por personas con al menos siete años de experiencia demostrable en atender víctimas y haber sido postulados por colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos reconocidas por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las víctimas.

 

Se establece que serán las comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Senado las encargadas del desarrollo del proceso de elección, con ello, ya no sería la comisión de gobernación sino la de derechos humanos.

 

En el artículo 86, se plantean los requisitos para ser comisionado presidente o miembro del Consejo Directivo, específicamente en la fracción III se señala que sea obligado contar con experiencia acreditada y comprobable en actividades relacionadas con atención a víctimas; se adiciona la fracción V para establecer que no haya sido objeto de recomendaciones de organismos nacionales o internacionales de derechos humanos o que se hubieran señalado contra personal de una institución o unidad administrativa a su cargo sin haberse sancionado y reparado integralmente; así también se establece la obligación del Ejecutivo Federal y del Senado de garantizar el principio de enfoque diferencial y especializado, particularmente que haya un criterio de paridad y que los comisionados provengan de diferentes Entidades Federativas y ser personas destacadas en el ejercicio de actividades profesionales diversas, con esto se pretende que no sean sólo abogados sino que haya profesionales de diversas ramas de la ciencias.

 

Se señala que los integrantes del Consejo Directivo, así como el Comisionado Presidente se desempeñarán en su cargo por cinco años y se renovarán de forma escalonada cada dos años hasta que concluyan su mandato, sin posibilidad de reelección, y la regulación para que el Comisionado Presidente no tenga ningún otro empleo, cargo o comisión, excepto en actividades docentes, científicas o de beneficencia ni puede participar o estar participando como representante de sociedad civil en espacio consultivo derivado de otras leyes; lo mismo se señala para los integrantes del Consejo Directivo.

 

Los integrantes del Consejo Directivo tampoco podrán tener ningún empleo, cargo o comisión gubernamental durante su período, ni podrán ejercer actividades remuneradas que impliquen la representación de víctimas en lo particular ante las instituciones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

 

Especialmente, y este es un aspecto fundamental de la reforma, se establece la revocación del mandato de los comisionados y del presidente del Consejo Directivo de la Comisión Ejecutiva y se establecen los supuestos por lo que esta revocación puede ser ejercida por el Senado. Es importante mencionar que todos los supuestos se han presentado ya en la operación e implementación de esta Ley y por ello, se considera deben ser causales para ya no desempeñar el cargo, como un procedimiento efectivo de rendición de cuentas:

 

El subejercicio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral mayor a 60% en el ejercicio presupuestal anual; el incumplimiento en el otorgamiento de las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley y así lo hagan constar por escrito dirigido a las Comisiones Unidas al menos cien víctimas inscritas en el Registro; la negativa a una víctima del delito o de violación de derechos humanos de apoyarle con los recursos necesarios para garantizar el acceso a las medidas contempladas en los artículos 28, 29, 30 y 31, de esta Ley, incluso si de la esta negativa, la víctima pierde la vida, se establece que podrá iniciarse además un procedimiento de sanción administrativa y penal, de conformidad con la legislación aplicable; o incurran en otras conductas que coloquen a las víctimas del delito o de violación a derechos humanos en situaciones de victimización secundaria o en mayor vulnerabilidad.

 

Por último se establece el procedimiento que deberán seguir las Comisiones Unidas para la revocación del mandato, lo cual se acompaña de una reforma al Reglamento del Senado de la República para dotar de facultades a las comisiones para realizar esta tarea.

 

En el artículo 87, se establece que el Comisionado Presidente durara en el encargo dos años, renovable por una ocasión y que será electo por el pleno de los comisionados integrantes del Consejo Directivo. Así también, se establecen las facultades de carácter administrativo, y se determina que en el cumplimiento del Título Quinto de la Ley, estará a las decisiones que tome el Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva, con voto de exclusivamente en decisiones que afecten de manera directa a la seguridad y el ejercicio de los derechos de las víctimas y cuando éstas se encuentren en riesgo.

 

En el artículo 88, además de incorporar a las víctimas migrantes y de desplazamiento forzado, se agrega un párrafo con varias fracciones para establecer las funciones del Consejo Directivo: establecer en conjunto con el Comisionado Presidente los lineamientos generales de actuación de la Comisión Ejecutiva; Instruir la elaboración y aprobar, en su caso, los proyectos de normas de carácter interno, manuales, protocolos, políticas públicas, convenios y otros documentos técnicos, operativos o reglamentarios relacionados con la actuación de la Comisión Ejecutiva y el cumplimiento de sus fines, o bien, validar los proyectos sometidos a su consideración por el Comisionado Presidente; Validar, en su caso, el proyecto de informe anual que rinda el Comisionado Presidente, así como hacer todo tipo de recomendaciones y observaciones sobre el proyecto; Conocer y validar, en su caso, el informe mensual de ejercicio presupuestal de la Comisión Ejecutiva; Emitir recomendaciones para la actuación de la Comisión Ejecutiva en casos concretos, particularmente cuando haya hechos victimizantes que, por su importancia y gravedad, ameriten su intervención o la del Sistema Nacional de Atención a Víctimas; y Emitir recomendaciones públicas al Comisionado Presidente para atender adecuadamente algún asunto que sea de interés del Consejo Directivo,en el marco del cumplimiento de esta Ley.

 

Se reforman también los artículos 91 y 92 para que se precise que los diagnósticos nacionales que elabore la Comisión Ejecutiva, se podrán realizar por iniciativa propia de la misma o a solicitud de grupos de víctimas o de la sociedad civil, incorporar la palabra de personas a la violación de derechos humanos de desaparición, y señalar que el presidente tendrá voto de calidad de conformidad con lo que se establece en el artículo 87 de la propia ley, respectivamente.

 

En el artículo 93, los comités temáticos se propone se conviertan en relatorías y quienes estén a cargo, sean designados por el Pleno de la Comisión a partir de una convocatoria pública con el objetivo de que las personas responsables de las relatorías, tengan conocimientos demostrables y sólidos en el campo de su mandato y se establecen sus funciones en las nueve fracciones que se proponen.

 

Las relatorías son equivalentes a los comités existentes, y se adiciona dos, una de ellas, sobre desplazamiento forzado y la otra sobre migrantes; al mismo tiempo se deroga el Comité Interdisciplinario Evaluador para darle una función de mayor alcance pues en la propuesta el Pleno de la Comisión Ejecutiva se constituye en el Comité Interdisciplinario Evaluador que dictamine y apruebe los proyectos de reparación integral, con base en la proporcionalidad del daño en cada caso.

 

Con el objetivo de resolver la burocratización en el registro de víctimas que ha significado altos niveles de victimización secundaria, se incluye en el artículo 96 un párrafo que señala que las víctimas no requieren para su inscripción exhibir ningún documento en específico, ni podrá exigírseles, en consecuencia, la presentación de denuncia o cualquier otro documento o trámite presentado ante la instancia de procuración de justicia o de protección de derechos humanos que corresponda por motivo de su jurisdicción.

 

Además, se deberá contar con subregistros para cada uno de los tipos de hechos victimizantes, divididos en dos archivos generales para hechos victimizantes de fuero federal y los de fuero común.

 

En el artículo 97 se adicionan dos párrafos para fortalecer las otras fuentes que alimentan la integración del Registro. En ellos se establece que aportarán de inmediato sus bases de datos las instituciones de protección de derechos humanos, procuración de justicia, poderes judiciales federal y de las entidades federativas con objeto de que se incorpore dicha información en el formato único de declaración; y que a partir de que el responsable del Registro turne los expedientes a la presidencia de la Comisión Ejecutiva, si ésta concluye la revisión de los casos, deberá turnar un proyecto de dictamen de reparación para su discusión y aprobación al Pleno de la Comisión Ejecutiva; en caso de tratarse de un asunto de la competencia de la comisión de víctimas de una entidad federativa, se le turnará y exhortará para su inmediata atención.

 

En el artículo 101 se establece un plazo máximo de cinco días para el ingreso al registro de una solicitud y la obligación del servidor público de la Comisión Ejecutiva, una vez autorizada la inscripción al registro, informar sobre la misma, así como, expedir y entregar al solicitante un comprobante foliado que le acredite su inscripción. Se incluye también que ninguna autoridad podrá condicionar el cumplimiento de los derechos de las víctimas a que se le presente el comprobante foliado.   Se establece con precisión que no se le podrá exigir a las víctimas mayores requisitos de los establecidos en esta ley ni que realice ninguna gestión relacionada con la obtención de información para el mismo.

 

Se adiciona un párrafo que rompa con la dinámica revictimizante de exigir a las víctimas más de lo que la ley establece:

 

Los servidores públicos de la Comisión Ejecutiva no podrán condicionar las ayudas del Título Tercero a estar previamente inscritos en el Registro ni la inscripción al Registro Nacional a que la víctima le entregue los documentos arriba señalados ni a la ejecución de condiciones de cualquier tipo que se establezcan por el Reglamento o resoluciones de la Comisión Ejecutiva que reduzcan los parámetros protectores de esta Ley.

 

El artículo 110 es uno de los más relevantes que se propone reformar, porque ahí ha descansado toda la errada interpretación de esta ley de protección a víctimas por parte de quienes están obligados a cumplirla. Por ello, se adicionan varios párrafos que marcan con claridad cómo se reconoce la calidad de víctima y se define con mayor amplitud qué autoridades lo determinan, para efectos de reparación integral.

 

La iniciativa establece que la calidad de víctima se adquiere por el menoscabo o anulación del ejercicio de los derechos que se deriva de un hecho victimizante y hace referencia a lo que señala el artículo 4 de esta ley y que bastará con la existencia de un daño objetivo y evidente y el dicho de la víctima para tener acceso a las medidas de ayuda inmediata que están reguladas en el Título Tercero de esta ley, mismas que deberán tomar la Comisión Ejecutiva y la comisión de las entidad federativa que corresponda, todo ello con base en el principio pro persona establecido en el artículo primero constitucional y los principios de buena fe, no victimización secundaria, debida diligencia y los demás aplicables; así mismo se señalan los casos de emergencia que deberán ser atendidos sin que medie requisito ni formalidad.

 

Los párrafos que se adicionan tienen como objetivo clarificar los distintos procesos para garantizar que se cumplan las medidas de ayuda inmediata, asistencia, apoyo, atención y de reparación integral que se han establecido en los diversos títulos del Tercero al Quinto. , todo ello para que las víctimas superen su condición de victimidad y se reinserten lo más plenamente posible a la sociedad y a la realización de su proyecto de vida.

 

En lo que se refiere a la garantía de las medidas de reparación integral contempladas en el Título Quinto de esta Ley, además de las autoridades ya señaladas en esta ley, se adiciona a las instituciones de derecho público nacionales o internacionales cuyo mandato expreso tenga conexión directa con la protección, promoción o defensa de los derechos de las víctimas, tales como comisiones de la verdad, grupos de investigación conformados por personas expertas designadas para conocer de un caso por organismos internacionales o instituciones gubernamentales, u otros mecanismos públicos de investigación sobre justicia transicional, que tuvieran conocimiento probado sobre la ocurrencia del hecho victimizante alegado.

 

En el artículo 111, se señalan los efectos que tiene el reconocimiento de la calidad de víctima de conformidad con artículos 4 y 110 de la ley, y de manera importante, se establece que no se podrá invocar el reglamento para negar o restringir la garantía del cumplimiento de los derechos reconocidos por la ley.

 

En los artículo 118 y 119, se adiciona la creación de refugios seguros para víctimas de desplazamiento interno forzado y migrantes, así como el diseño y ejecución de programas de prevención social de la violencia y la delincuencia con el objetivo de promover la reinserción social y favorecer medidas de no repetición.

 

En el artículo 120, dada la experiencia de que servidores públicos de la propia institución responsable de operar la ley, han incumplido con ella y no ha sucedido nada, se adiciona una redacción que pueda ser un mecanismo de mayor incentivo para el cumplimiento de las obligaciones en esta ley definidas a partir de que se especifica que quienes tengan responsabilidad institucional, serán sancionados en los términos de la legislación aplicable.

 

En el artículo 123, se adicionan dos fracciones como deberes del Ministerio Público, el de iniciar procedimientos de investigación y eventual sanción penal a los servidores públicos que incurran en conductas delictivas aprovechando la vulnerabilidad de las víctima, así como otras sanciones que se establezcan en normas aplicables en materia de atención integral a víctimas y reparación integral.

 

En el artículo 131, se señala que en las tareas del Pleno de la Comisión Ejecutiva como Comité Interdisciplinario Evaluador para definir las medidas de reparación desde el Título Tercero hasta el Título Quinto, realizará una evaluación integral del entorno y se incorpora que para dicha evaluación, en el caso de victimas de desaparición y desplazamiento interno forzado, se atenderán las condiciones de extrema vulnerabilidad.

 

En el último párrafo del artículo 132, sobre todo considerando que el subejercicio en el 2015 del Fondo al que se refiere el mismo artículo fue por encima del 90 por ciento, se establece una excepción a que las compensaciones subsidiarias se cubrirán con los recursos correspondientes al ejercicio fiscal vigente cuando haya un subejercicio superior al 60 por ciento del mismo.

 

Se adiciona un nuevo Título Décimo Primero, Capítulo Único, De las Sanciones que adiciona los artículos del 190 al 197.

 

 

Para efectos de mayor claridad de las diversas disposiciones que se reforman se integra un comparativo con la ley vigente y las propuestas de modificación:

 

LEY VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA
Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.

 

 

 

Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por el artículo 1o., párrafo tercero en materia de reparación, 17, y 20, y de conformidad con la fracción XXX del artículo 73, todos en materia de reparación del daño, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.

 

En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona.

 

[…]
La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.

 

[…]
La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.

 

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.

 

Artículo 2. El objeto de esta Ley es:

 

Artículo 2. […]
I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos; I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y los demás consagrados en esta Ley, en la Constitución, y en las normas sobre derechos humanos en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;

 

II.        Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;

 

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;
III – V. […]

 

III.- a V.- […]
Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

 

Artículo 4. Se denominarán víctimas las personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro, lesión a sus bienes jurídicos o anulación de sus derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

 

  También se consideran víctimas a las personas que, en términos de la legislación aplicable, tengan parentesco con la persona directamente afectada por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y descendente, sin limitación de grado; en la línea transversal hasta el cuarto grado; el cónyuge, y la concubina o, en su caso, quienes estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas afines,   dependan económicamente de la persona desaparecida o sean allegadas.

 

  En los casos de hechos victimizantes que por su naturaleza impliquen la desaparición, ausencia, privación de la libertad o muerte de la víctima directa, también se considerarán como tales las personas a las que se refiere el párrafo anterior.

 

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

 

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. En todo momento tendrán derecho a que las autoridades faciliten y colaboren con ellas para cumplir con su labor, en los términos de esta Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, así como, en los casos que lo ameriten, a las medidas de protección a las que se refiere el Título Tercero Capítulo IV de esta Ley.

 

[Artículo 4 párrafo cuarto] La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.

 

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.

 

[…]
Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:

 

Artículo 5. […]

 

Dignidad.- La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares. I. Dignidad.- Las víctimas deben ser tratadas en todo momento como titulares y sujetos de derechos, y a no ser objeto de violencia, discriminación, humillaciones, tratos vejatorios, desinterés o arbitrariedades de cualquier especie por parte del Estado o de los particulares.

 

En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.

 

Todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarlas y tratarlas como fin de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.

 

En cualquier caso, toda norma, institución o acto que se desprenda de la presente Ley serán interpretados de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, aplicando siempre la norma más benéfica para la persona.

 

[…]
Buena fe.- Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos. II.- Buena fe.- Las autoridades presumirán en todo momento la buena fe de lo dicho y actuado por las víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima, ni fundar en cuestionamientos injustificados, razones de jurisdicción u opiniones de ninguna índole la negativa o restricción de brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia que requiera, así como respetar y no obstaculizar el ejercicio efectivo de sus derechos.

 

  Este principio no admite excepciones basadas en prejuicios de ninguna especie, así como tampoco en las opiniones técnicas a las que llegue el personal jurídico, psicológico, médico o cualquier otro encargado de la atención a víctimas.

 

Complementariedad.- Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Ley, en especial los relacionados con la de asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes. III. Complementariedad.- Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Ley, en especial los relacionados con la asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes.

 

Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación. Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser adoptadas conforme al principio de complementariedad para alcanzar la integralidad que busca la reparación. Por lo anterior, en ningún caso podrán sustituirse unas medidas de reparación por otras; especialmente las medidas de indemnización no podrán sustituir a las de restitución, rehabilitación, satisfacción y no repetición, ni éstas a las de indemnización. Las reparaciones adoptadas deberán garantizar en conjunto la realización de los derechos a la verdad y a la justicia.

 

Debida diligencia.- El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho. IV. Debida diligencia.- El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho.

 

El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la presente Ley, realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen a favor de las víctimas.

 

[…]
Enfoque diferencial y especializado.- Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas. V. Enfoque diferencial y especializado.- Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.

 

Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno. En todo momento se reconocerá el interés superior del menor.

 

[…]
Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de dichas particularidades y grado de vulnerabilidad, reconociendo igualmente que ciertos daños sufridos por su gravedad requieren de un tratamiento especializado para dar respuesta a su rehabilitación y reintegración a la sociedad.

 

[…]
Enfoque transformador.- Las autoridades que deban aplicar la presente Ley realizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes. VI. Enfoque transformador.- Las autoridades encargadas de aplicar la presente Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomarán las acciones necesarias para que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación, marginación y violencia que fueran causa de los hechos victimizantes, favoreciendo en todo momento su prevención y no repetición. Las reparaciones que se adopten a favor de las víctimas deberán contribuir a la no repetición de los hechos.

 

Gratuidad.- Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víctima. VII. Gratuidad.- Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víctima.

 

Igualdad y no discriminación.- En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial. VIII. Igualdad y no discriminación.- En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial.

 

Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.- Todos los derechos contemplados en esta Ley se encuentran interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio de los mismos sin que a la vez se garantice el resto de los derechos. La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros. IX. Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.- Todos los derechos contemplados en esta Ley se encuentran interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio de los mismos sin que a la vez se garantice el resto de los derechos. La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros.

 

Para garantizar la integralidad, la asistencia, atención, ayuda y reparación integral a las víctimas se realizará de forma multidisciplinaria y especializada.

 

[…]
Máxima protección.- Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos. X. Máxima protección.- Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.

 

Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas.

 

[…]
Mínimo existencial.- Constituye una garantía fundada en la dignidad humana como presupuesto del Estado democrático y consiste en la obligación del Estado de proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar un lugar en el que se les preste la atención adecuada para que superen su condición y se asegure su subsistencia con la debida dignidad que debe ser reconocida a las personas en cada momento de su existencia. XI. Mínimo existencial.- Las autoridades encargadas de cumplir esta Ley están obligadas a proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar, en todos los casos en los cuales ello sea necesario, y en las proporciones y duraciones que se precisen, todos los servicios y atenciones que se requieran para la satisfacción de sus necesidades elementales independientemente de otras medidas de ayuda inmediata o asistencia que pudieran estársele brindando en el marco de esta Ley, especialmente si el hecho victimizante produjo o empeoró una situación de precariedad patrimonial o económica a las víctimas, si perdieron su fuente de ingresos o si entre ellos hay niñas, niños o adolescentes que pudieran ser especialmente afectados por el hecho victimizante.

 

No criminalización.- Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie. XII. No criminalización.- Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.

 

Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse.

 

[…]
Victimización secundaria.- Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos. XIII. No victimización secundaria.- Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos.

 

Participación conjunta.- Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas. XIV. Participación conjunta.- Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas.

 

La víctima tiene derecho a colaborar con las investigaciones y las medidas para lograr superar su condición de vulnerabilidad, atendiendo al contexto, siempre y cuando las medidas no impliquen un detrimento a sus derechos.

 

[…]
Progresividad y no regresividad.- Las autoridades que deben aplicar la presente Ley tendrán la obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados. XV. Progresividad y no regresividad.- Las autoridades que deben aplicar la presente Ley tendrán la obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados.

 

Publicidad.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos deberán ser públicos, siempre que esto no vulnere los derechos humanos de las víctimas o las garantías para su protección. XVI. Publicidad.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos, adoptados en el marco de esta Ley, incluidos los que señalan los artículos 85 y 86, deberán ser públicos, siempre que esto no vulnere los derechos humanos de las víctimas o las garantías para su protección.

 

El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara y accesible. El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara, periódica y accesible.

 

Rendición de cuentas.- Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la Ley, así como de los planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación que contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas. XVII. Rendición de cuentas.- Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la Ley, así como de los planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación, especialmente en lo referente al ejercicio presupuestal del Fondo y a la adopción a favor de las víctimas de medidas de ayuda, asistencia o reparación integral a que se refiere esta Ley, que contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas.

 

Transparencia.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes. XVIII. Transparencia.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes.

 

Las autoridades deberán contar con mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación de las políticas, planes y programas que se instrumenten para garantizar los derechos de las víctimas.

 

[…]
Trato preferente.- Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas. XIX. Trato preferente.- Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas.

 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

 

I.         Asesor Jurídico: Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas y sus equivalentes en las entidades federativas;

 

II.       Asesoría Jurídica: Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas y sus equivalentes en las entidades federativas;

 

III.      Comisiones de víctimas: Comisión Estatal y del Distrito Federal de Atención Integral a Víctimas;

 

IV.      Comisión Ejecutiva: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;

 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

 

I. al IV. […]

 

V.        Compensación: Erogación económica a que la víctima tenga derecho en los términos de esta Ley;

 

V. Compensación: Reparación o indemnización económica a la que la víctima tenga derecho en los términos de esta Ley;
VI.      Daño: Muerte o lesiones corporales, daños o perjuicios morales y materiales, salvo a los bienes de propiedad de la persona responsable de los daños; pérdidas de ingresos directamente derivadas de un interés económico; pérdidas de ingresos directamente derivadas del uso del medio ambiente incurridas como resultado de un deterioro significativo del medio ambiente, teniendo en cuenta los ahorros y los costos; costo de las medidas de restablecimiento, limitado al costo de las medidas efectivamente adoptadas o que vayan a adoptarse; y costo de las medidas preventivas, incluidas cualesquiera pérdidas o daños causados por esas medidas, en la medida en que los daños deriven o resulten;

 

VII.    Delito: Acto u omisión que sancionan las leyes penales;

 

VI.- y VII.- […]

 

  VIII.- Desplazamiento interno forzado: Condición de las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a abandonar, escapar o huir de su lugar de residencia habitual y que no han cruzado los límites de territorio nacional, o bien, personas o grupos de personas que hayan tenido que huir de México por los motivos previstos en la Ley de Refugiados y Protección complementaria. Es víctima de desplazamiento interno forzado la persona o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal mexicana internacionalmente reconocida.

 

VIII.   Fondo: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral;

 

IX.      Fondo: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral;

 

IX.      Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte;

 

X.        Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte;

 

X.        Ley: Ley General de Víctimas;

 

XI.      Ley: Ley General de Víctimas;

 

XI.      Plan: Plan Anual Integral de Atención a Víctimas;

 

XII.    Plan: Plan Anual Integral de Atención a Víctimas;

 

XII.    Programa: Programa de Atención Integral a Víctimas;

 

XIII.   Programa: Programa de Atención Integral a Víctimas;

 

XIII.   Procedimiento: Procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas;

 

XIV.   Procedimiento: Procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas;

 

XIV.   Registro: Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal y los registros de las entidades federativas;

 

XV.     Registro: Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal y los registros de las entidades federativas;

 

XV.     Reglamento: Reglamento de la Ley General de Víctimas;

 

XVI.   Reglamento: Reglamento de la Ley General de Víctimas;
XVI.   Sistema: Sistema Nacional de Atención a Víctimas;

 

XVII.             Sistema: Sistema Nacional de Atención a Víctimas;

 

XVII.             Víctima: Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito; XVIII. Víctima: Persona física que ha sufrido la anulación, el daño o el menoscabo de sus derechos como consecuencia de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito;

 

  También se consideran víctimas a las personas que, en términos de la legislación aplicable, tengan parentesco con la persona desaparecida por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y descendente, sin limitación de grado; en la línea transversal hasta el cuarto grado; el cónyuge, y la concubina o, en su caso, quienes estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas afines, o dependan económicamente de la persona desaparecida.

 

XVIII.           Víctima potencial: Las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito;

 

[…] Se deroga
XIX.   Violación de derechos humanos: Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público.

 

XX.     Se deroga.

 

XXI.   Se deroga.

 

XXII. Se deroga.

 

XIX. a XXII.- […]

 

 

   
Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.

 

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos, por tanto, esta ley no podrá ser interpretada de forma tal que limite, modifique o menoscabe las disposiciones de cualquier instrumento internacional aplicable.

 

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:

 

[…]

 

I.         A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones al Derecho Internacional de los derechos humanos, y a su reparación integral;

 

I.         A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables del hecho victimizante, y a su reparación integral;

 

II.       A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron;

 

II.– […]

 

III.      A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos humanos para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones; III.      A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos victimizantes, incluyendo aquéllos en los que hubiera intervenido una autoridad pública, para lo cual la autoridad deberá informar a las víctimas y sus representantes acerca de los resultados de toda investigación practicada, así como hacerlos públicos en los términos de la legislación en la materia;

 

IV.      A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal, en los casos previstos en el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; IV.      A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal, a lo largo de todos los procesos en los que sean parte, indistintamente de la fase procesal en la que se encuentren;

 

V.        A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las víctimas;

 

V.- […]
VI.- A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar en donde ella se encuentre, así como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación;

 

VI.- […]
VII.    A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces; VII.    A contar con recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces para garantizar su acceso a la ayuda, asistencia, verdad, justicia y reparación integral;

 

VIII.   A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos;

 

VIII.   Al bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a su dignidad y privacidad, […] con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas;
IX.      A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente Ley;

 

X.        A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos;

 

XI.      A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, entre éstos, los documentos de identificación y las visas;

 

XII.    A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés como interviniente;

 

XIII.   A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie;

 

XIV.   A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de ingreso al Registro y de medidas de ayuda, de asistencia y reparación integral que se dicten;

 

XV.     A que el consulado de su país de origen sea inmediatamente notificado conforme a las normas internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras;

 

XVI.   A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización su núcleo familiar se haya dividido;

 

XVII.             A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad;

 

XVIII.           A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional;

 

XIX.   A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger y garantizar sus derechos;

 

IX. a XIX.- […]

 

XX.     A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral; XX.–   A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral; en especial tendrán el derecho de ser consultadas en todo momento por las autoridades integrantes del Sistema con respecto a las políticas, programas y modelos de atención que adopten;

 

XXI.   A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores y población indígena;

 

XXII.             A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos;

 

XXIII.           A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad;

 

XXIV.            A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los derechos humanos;

 

XXV. A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos alternativos;

 

XXVI.            A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño;

 

XXVII.          A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a los procedimientos establecidos en la ley de la materia;

 

XXVIII.        A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias correspondientes y a que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses;

 

XXIX.            Derecho a ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos;

 

XXX. A que se les otorgue, en los casos que proceda, la ayuda provisional;

 

XXXI.            A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en caso de que no comprendan el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual;

 

XXXII.          A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos, incluida su reincorporación a la sociedad;

 

XXI.- a XXXII.- […]
XXXIII.        A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas, y

 

XXXIII.        A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas;

 

  XXXIV.- A ser reconocidas por su calidad de víctimas de desplazamiento interno forzado cuando se cumplan los supuestos establecidos en la fracción VIII del artículo 6 de esta Ley y contar con medidas de asistencia y atención especializada; a no sufrir privación arbitraria, apropiación, ocupación o destrucción de sus propiedades y/o posesiones, sea individual o colectiva, a su identidad y reconocimiento de personalidad jurídica, a transitar de manera libre, a elegir su lugar de residencia, a trámites para la obtención o restitución de su documentación personal, acceso a gozar de condiciones satisfactorias de vida con programas de seguridad, salud e higiene, agua potable, alimentos, alojamientos básicos y vivienda, educación, a ser consultados y participar en la planificación y gestión de soluciones duraderas y al acceso a procesos de procuración y administración de justicia, a medios de defensa efectivos, que permitan su reinserción en condiciones de seguridad al territorio y a la comunidad de la que han sido desplazados forzadamente;

 

  XXXV.- A solicitar ayuda internacional humanitaria,

 

  XXXVI.- A transitar de manera libre y elegir su lugar de residencia;

 

  XXXVII. A que las definiciones, principios, derechos y medidas contemplados en cualquier normatividad que involucre la participación de víctimas sean interpretados de manera tal que favorezcan a la mayor y mejor protección de sus derechos, así como a que, en caso de conflicto normativo, se aplique en todo caso la que más favorezca a la víctima, y

 

XXXIV.         Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición aplicable en la materia o legislación especial.

 

XXXVIII.     Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición aplicable en la materia o legislación especial.

 

   
Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

 

Artículo 8. Las víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos a nivel federal, o las del delito o violaciones de derechos humanos de jurisdicción de las entidades federativas, en el caso de que no hubiera comisión estatal de víctimas, e independientemente de que estén inscritas en el Registro Nacional de Víctimas, recibirán de la Comisión Ejecutiva federal ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

 

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos contra la libertad y la integridad, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.

 

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la vida, contra la libertad o la integridad, así como de desplazamiento interno forzado, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.

 

Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y accesible a las víctimas y sus familiares, sobre cada una de las garantías, mecanismos y procedimientos que permiten el acceso oportuno, rápido y efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la presente Ley.

 

[…]

 

Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán exclusivamente por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.

 

Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán exclusivamente por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios en el ámbito de sus competencias, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.

 

   
Artículo 9. Las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, los cuales se garantizarán incluyendo siempre un enfoque transversal de género y diferencial.

 

Artículo 9. Las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, los cuales se garantizarán incluyendo siempre un enfoque transversal restaurativo, transformador, de género y diferencial.

 

   
Se entiende por asistencia el conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política.   Entre estas medidas, las víctimas contarán con asistencia médica especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatológica.

 

Se entiende por asistencia el conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para superar su victimidad, llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política, y a las víctimas de desaparición; tortura, tratos crueles o penas crueles inhumanos degradantes; ejecuciones extrajudiciales o desplazamiento interno forzado, su reintegración y a soluciones duraderas.   Entre estas medidas, las víctimas contarán con asistencia médica especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatológica.

 

Se entiende por atención, la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, cualificando el ejercicio de los mismos.

 

[…]

 

Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación integral, por lo tanto, el costo o las erogaciones en que incurra el Estado en la prestación de los servicios de atención y asistencia, en ningún caso serán descontados de la compensación a que tuvieran derecho las víctimas.

 

Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación integral, por lo tanto, el costo o las erogaciones en que incurra el Estado en la prestación de los servicios de atención y asistencia, en ningún caso serán descontados de la indemnización a que tuvieran derecho las víctimas.

 

   
Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos:

 

Artículo 12. […]

 

I.- A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio Público o la primera autoridad con la que tenga contacto o que conozca del hecho delictivo, tan pronto éste ocurra. El Ministerio Público deberá comunicar a la víctima los derechos que reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y esta Ley a su favor, dejando constancia en la carpeta de investigación de este hecho, con total independencia de que exista o no un probable responsable de los hechos;

 

I.- […]

 

II.- A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a que se refiere el artículo 64 de esta Ley y de la legislación aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo; II.- A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a que se refieren los artículos 64 al 72 de esta Ley y de la legislación aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo;

 

III.- A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas;

 

IV.      A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado, de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal;

 

V.        A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño;

 

VI.      A comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que sean adoptadas medidas para minimizar las molestias causadas, proteger su intimidad, identidad y otros datos personales;

 

VII.    A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor contra todo acto de amenaza, intimidación o represalia;

 

VIII.   A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia, teniendo la obligación el juez de resguardar sus datos personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos;

 

IX.      A obtener copia simple gratuita y de inmediato de las diligencias en las que intervengan;

X.        A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y testigos de cargo, para la investigación y persecución de los probables responsables del delito y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño;

 

XI.      A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a resolver sobre sus derechos y a estar presentes en las mismas;

 

XII.    A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha resolución, y

 

XIII.   En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar que grupos de esos expertos revisen, informen y emitan recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas.

 

III.- a   XIII.- […]

 

   
Artículo 15. Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y trascendencia de los exámenes periciales a los que podrán someterse dependiendo de la naturaleza del caso, y en caso de aceptar su realización a ser acompañadas en todo momento por su Asesor Jurídico o la persona que consideren.

 

Artículo 15. Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y trascendencia de los exámenes periciales a los que podrán someterse dependiendo de la naturaleza del caso, y en caso de aceptar su realización a ser acompañadas en todo momento por su Asesor Jurídico, perito independiente acreditado por la víctima con cargo a los recursos de las comisiones nacional o de las entidades federativas o la persona que consideren.

 

   
Artículo 21. El Estado, a través de las autoridades respectivas, tiene la obligación de iniciar, de inmediato y tan pronto como se haga de su conocimiento, todas las diligencias a su alcance para determinar el paradero de las personas desaparecidas. Toda víctima de desaparición tiene derecho a que las autoridades desplieguen las acciones pertinentes para su protección con el objetivo de preservar, al máximo posible, su vida y su integridad física y psicológica.

 

Artículo 21. […]

 

Esto incluye la instrumentación de protocolos de búsqueda conforme a la legislación aplicable y los Tratados Internacionales de los que México sea Parte.

 

[…]

 

Esta obligación, incluye la realización de las exhumaciones de cementerios, fosas clandestinas o de otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cuerpos u osamentas de las víctimas. Las exhumaciones deberán realizarse con la debida diligencia y competencia y conforme a las normas y protocolos internacionales sobre la materia, buscando garantizar siempre la correcta ubicación, recuperación y posterior identificación de los cuerpos u osamentas bajo estándares científicos reconocidos internacionalmente.

 

[…]

 

Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las exhumaciones, por sí y/o a través de sus asesores jurídicos; a ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados; y a designar peritos independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de protección a los derechos humanos, que contribuyan al mejor desarrollo de las mismas.

 

Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las exhumaciones, por sí y/o a través de sus asesores jurídicos, así como de organizaciones de víctimas u otras personas a voluntad de las víctimas; a ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados; y a designar peritos independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de protección a los derechos humanos, que contribuyan al mejor desarrollo de las mismas.

 

Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley y en los códigos de procedimientos penales, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.

 

Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la legislación en materia de desapariciones, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.

 

En caso necesario, a efecto de garantizar las investigaciones, la autoridad deberá notificar a los familiares la obligación de no cremar los restos, hasta en tanto haya una sentencia ejecutoriada. Las autoridades ministeriales tampoco podrán autorizar ni procesar ninguna solicitud de gobierno extranjero para la cremación de cadáveres, identificados o sin identificar, hasta en tanto no haya sentencia ejecutoriada.

 

[…]

 

 

Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición se sujetarán a lo que dispongan las leyes aplicables, a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.

 

[…]
   
Artículo 23. Las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, podrán proporcionar a la autoridad competente, los resultados que arrojen sus investigaciones de violaciones a los derechos humanos, con el fin de contribuir con la búsqueda y conocimiento de la verdad. Las autoridades deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e independiente.

 

Artículo 23. Las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, podrán proporcionar a la autoridad competente, los resultados que arrojen sus investigaciones de violaciones a los derechos humanos, así como peritajes independientes con cargo a los recursos de las comisiones nacional o de las entidades federativas, con el fin de contribuir con la búsqueda y conocimiento de la verdad. Las autoridades deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e independiente.

 

CAPÍTULO VI

DEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL

 

CAPÍTULO VI

DEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL

 

Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.

 

Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. Ningún ordenamiento de carácter inferior puede restringir ningún derecho ni medida de reparación integral protegidos por esta ley.

 

   
Artículo 27. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá:

 

Artículo 27. […]

 

I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos;

 

II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos;

 

I. a II.- […]

 

III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos;

 

III. La compensación, indemnización económica, ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos;

 

IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas;

 

V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir;

 

IV. […]

 

 

V. […]

VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados.

 

VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo, así como la reinserción y soluciones duraderas que reconozcan la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados.

 

Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados.

 

[…]

 

  Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con cargo al Fondo o parcialmente en coordinación con las autoridades correspondientes en el ámbito de sus competencias.
   
Artículo 28. La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará prioridad en su asistencia, en la prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro de las instituciones encargadas de brindarles atención y tratamiento.

 

Artículo 28. […]

 

Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de mujeres, menores de edad, adultos mayores y población indígena.

 

Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de mujeres, menores de edad, adultos mayores, desplazados internos forzados y población indígena.

 

   
Artículo 29. Las instituciones hospitalarias públicas del Gobierno Federal, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión.

 

Artículo 29. Las instituciones hospitalarias públicas del Gobierno Federal, de las Entidades Federativa y de los municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad, fuero competencial, incorporación a un registro y sin exigir ninguna otra condición previa para su admisión. En caso de que no exista comisión de víctimas en la entidad federativa de que se trate o ésta no garantice la atención requerida, la Comisión Ejecutiva está obligada a cubrir los gastos de la atención médica de emergencia, independientemente de la jurisdicción o competencia.

 

   
Artículo 31. La Federación, los estados, el Gobierno del Distrito Federal o municipios donde se haya cometido el hecho victimizante apoyarán a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa cuando la causa de la muerte sea homicidio. Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias aplicables.

 

Artículo 31. La Federación, las entidades federativas o municipios donde se haya cometido el hecho victimizante, así como las comisiones de atención a víctimas, independientemente del fuero competencial, están obligados a apoyar a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima en todos los casos en los cuales la muerte sobrevenga como resultado directo o indirecto del hecho victimizante. Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias aplicables, mismas que no podrán ser menores a la protección que otorga la presente ley.

 

   
Artículo 34. En materia de asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica, la víctima tendrá todos los derechos establecidos por la Ley General de Salud para los Usuarios de los Servicios de Salud, y tendrá los siguientes derechos adicionales:

 

Artículo 34. […]

 

I. A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en cualquiera de los hospitales públicos federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, de acuerdo a su competencia, cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de la violación a los derechos humanos sufridos por ella. Estos servicios se brindarán de manera permanente, cuando así se requiera, y no serán negados, aunque la víctima haya recibido las medidas de ayuda que se establecen en la presente Ley, las cuales, si así lo determina el médico, se continuarán brindando hasta el final del tratamiento;

 

II. Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán otorgar citas médicas en un periodo no mayor a ocho días, a las víctimas que así lo soliciten, salvo que sean casos de atención de emergencia en salud, en cuyo caso la atención será inmediata;

III. Una vez realizada la valoración médica general o especializada, según sea el caso, y la correspondiente entrega de la formula médica, se hará la entrega inmediata de los medicamentos a los cuales la víctima tenga derecho y se le canalizará a los especialistas necesarios para el tratamiento integral, si así hubiese lugar;

 

IV. Se le proporcionará material médico quirúrgico, incluida prótesis y demás instrumentos o aparatos que requiera para su movilidad conforme al dictamen dado por el médico especialista en la materia así como los servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas y los servicios odontológicos reconstructivos que requiera por los daños causados como consecuencia del hecho punible o la violación a sus derechos humanos;

 

V. Se le proporcionará atención permanente en salud mental en los casos en que, como consecuencia del hecho victimizante, quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente, y

 

VI. La atención materno-infantil permanente cuando sea el caso incluyendo programas de nutrición.

 

I. a VI. […]

 

  No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo a ninguna víctima que se encuentran fuera de su jurisdicción de derechohabientes.

 

   
Artículo 38. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o desplazadas de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.

 

Artículo 38. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o en situación de desplazamiento interno forzado por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia, exista una solución duradera y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar. Para ello, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) deberá asignar de sus recursos presupuestales, una partida emergente.

 

   
Artículo 39. Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia y desee regresar al mismo, las autoridades competentes de los diversos órdenes de gobierno, pagarán los gastos correspondientes, garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte usado por la víctima para su regreso es el más seguro y el que le cause menos trauma de acuerdo con sus condiciones. Artículo 39. Cuando la víctima se traslade a un lugar distinto de su lugar de residencia y requiera regresar al mismo, las comisiones de víctimas de las entidades federativas o la Comisión Ejecutiva, si se tratara de una diligencia de carácter federal en otra entidad o se cumpliera el supuesto establecido en el último párrafo del artículo 79 de esta ley, pagarán los gastos correspondientes, garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte usado por la víctima para su regreso es el más seguro y el que le cause menos trauma de acuerdo con sus condiciones.

 

   
Artículo 41. Las medidas adoptadas deberán ser acordes con la amenaza que tratan de conjurar y deberán tener en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de las víctimas, así como respetar, en todos los casos, su dignidad. Artículo 41. Las medidas adoptadas deberán ser acordes con la amenaza que tratan de conjurar y deberán tener en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de las víctimas, así como respetar, en todos los casos, su dignidad. Las víctimas tendrán derecho a que se apliquen en su favor, conforme a los principios y derechos plasmados en esta Ley y las necesidades específicas del caso, las medidas contempladas en la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
   
Artículo 45. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial para las mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; adultos mayores y población indígena.

 

Artículo 45. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial para las mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; adultos mayores, desplazados internos forzados, migrantes y población indígena.

 

   
Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante. La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

 

Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante, particularmente a quienes se encuentran en situación de desplazamiento interno forzado o migración. La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

 

   
Artículo 57. La Federación, los estados, el Gobierno del Distrito Federal y los municipios en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello.

 

Artículo 57. La Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello.

 

   
Artículo 61. Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos conculcados, así como en sus bienes y propiedades si hubieren sido despojadas de ellos.

 

Artículo 61. […]

 

Las medidas de restitución comprenden, según corresponda:

 

[…]

 

I. Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición forzada;

 

I.- Reestablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición de persona;
II. Restablecimiento de los derechos jurídicos;

 

III. Restablecimiento de la identidad;

 

IV. Restablecimiento de la vida y unidad familiar;

 

V. Restablecimiento de la ciudadanía y de los derechos políticos;

 

II. a V. […]

 

VI. Regreso digno y seguro al lugar de residencia;

 

VI. Regreso digno y seguro al lugar original de residencia u origen, así como la restitución o indemnización de sus derechos vulnerados en materia de tierra, propiedad o posesiones;

 

VII. Reintegración en el empleo, y

 

VIII. Devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades incluyendo sus frutos y accesorios, y si no fuese posible, el pago de su valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a prueba pericial.

 

VII. a VIII. […]

 

En los casos en que una autoridad judicial competente revoque una sentencia condenatoria, se eliminarán los registros de los respectivos antecedentes penales.

 

[…]

 

   
Artículo 63. Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará un trato especial a los niños y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y a adultos mayores dependientes de éstas Artículo 63. Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará un trato especial a los niños y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y a adultos mayores dependientes de éstas, y a víctimas de desplazamiento interno forzado.

 

   
CAPÍTULO III

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN

 

CAPÍTULO III

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN

 

Artículo 64. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo:

 

Artículo 64. La compensación, reparación económica, se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo:

 

I. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima;

 

II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria;

 

III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión;

 

IV. La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones sociales;

 

V. Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a derechos humanos;

 

VI. El pago de los gastos y costas judiciales del Asesor Jurídico cuando éste sea privado;

 

VII. El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, y

I. a VII. […]

 

VIII. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento, si la víctima reside en municipio o delegación distintos al del enjuiciamiento o donde recibe la atención.

 

 

VIII. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio a diligencias ministeriales, judiciales o para asistir a su tratamiento, si la víctima reside en municipio o delegación distintos al del enjuiciamiento o donde recibe la atención.
Las normas reglamentarias aplicables establecerán el procedimiento y el monto de gasto comprobable mínimo que no deberá ser mayor al veinticinco por ciento del monto total.

 

[…]

 

La compensación subsidiaria a las víctimas de los delitos señaladas en el artículo 68 de esta Ley, consistirá en apoyo económico cuya cuantía tomará en cuenta la proporcionalidad del daño y los montos señalados en el artículo 67 de este ordenamiento. […]

 

   
Artículo 65. Todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán compensadas, en los términos y montos que determine la resolución que emita en su caso:

 

Artículo 65. Todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán compensadas, en los términos y montos exactos que determine la resolución que emita en su caso:

 

a) Un órgano jurisdiccional nacional;

 

b) Un órgano jurisdiccional internacional o reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por México;

 

c) Un organismo público de protección de los derechos humanos;

 

d) Un organismo internacional de protección de los derechos humanos reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por México, cuando su resolución no sea susceptible de ser sometida a la consideración de un órgano jurisdiccional internacional previsto en el mismo tratado en el que se encuentre contemplado el organismo en cuestión.

 

a) a d). […]

 

Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que los mismos hechos pudieran implicar y conforme lo dispuesto por la presente Ley.

 

[…]

 

En los casos de víctimas de delitos se estará a lo dispuesto en los montos máximos previstos en el artículo 67.

 

[…]

 

   
Artículo 66. Cuando se trate de resoluciones judiciales que determinen la compensación a la víctima a cargo del sentenciado, la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de éste, o en su defecto, con cargo a los recursos que, en su caso, se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado.

 

Artículo 66. Cuando se trate de resoluciones judiciales que determinen la compensación o indemnización a la víctima a cargo del sentenciado, la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de éste, o en su defecto, con cargo a los recursos que, en su caso, se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado.
   
Artículo 67. El Pleno de la Comisión Ejecutiva correspondiente determinará el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley o la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta: Artículo 67. Para efectos de otorgar la reparación económica a las víctimas del delito, el Pleno de la Comisión Ejecutiva correspondiente determinará el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley o la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:

 

a) La determinación del Ministerio Público cuando el responsable se haya sustraído de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad;

 

b) La resolución firme emitida por la autoridad judicial;

a) y b) […]

 

  c) Un acuerdo emitido por el Pleno de la Comisión Ejecutiva, a instancia de parte interesada, aprobado por la mayoría simple de los y las presentes, en el cual se ordene el pago de la compensación, así como las demás medidas de reparación que correspondan, a partir de cumplirse los siguientes supuestos:

 

  i) el presunto responsable no cuente con recursos o no sea solvente para cubrir la reparación que corresponda;

 

  ii) se venzan los plazos con que cuentan el Ministerio Público o el juez de la causa para cumplir con lo dispuesto en cualquiera de las fracciones a) y b).

 

  Los plazos a los que se refiere el ii) de la fracción c) no podrán exceder los noventa días naturales posteriores a la solicitud de la víctima al Ministerio Público o, en su caso, al juez de la causa.

 

La determinación de la Comisión Ejecutiva correspondiente deberá dictarse dentro del plazo de noventa días contados a partir de emitida la resolución correspondiente.

 

[…]
El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas veces el salario mínimo mensual en el Distrito Federal, ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.

 

El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas unidades de medida y actualización, que ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.

 

   
Artículo 69. La Comisión Ejecutiva correspondiente ordenará la compensación subsidiaria cuando la víctima, que no haya sido reparada, exhiba ante ella todos los elementos a su alcance que lo demuestren y presente ante la Comisión sus alegatos. La víctima podrá presentar entre otros: Artículo 69. La Comisión Ejecutiva correspondiente ordenará la compensación subsidiaria de una víctima que no haya sido reparada cuando obtenga todos los elementos a su alcance que lo demuestren y se discuta por la Comisión. La Comisión Ejecutiva deberá obtener a través de la Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas, entre otros:

 

I. Las constancias del agente del ministerio público que competa de la que se desprenda que las circunstancias de hecho hacen imposible la consignación del presunto delincuente ante la autoridad jurisdiccional y por lo tanto hacen imposible el ejercicio de la acción penal;

 

I. a III, […]

 

II. La sentencia firme de la autoridad judicial competente, en la que se señalen los conceptos a reparar, y la reparación obtenida de donde se desprendan los conceptos que el sentenciado no tuvo la capacidad de reparar;

 

 
III. La resolución emitida por autoridad competente u organismo público de protección de los derechos humanos de donde se desprenda que no ha obtenido la reparación del daño, de la persona directamente responsable de satisfacer dicha reparación.

 

 
  IV.- Lo establecido en el inciso c) del artículo 67.

 

CAPÍTULO IV

MEDIDAS DE SATISFACCIÓN

 

CAPÍTULO IV

MEDIDAS DE SATISFACCIÓN

 

Artículo 73. Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según corresponda:

 

Artículo 73. Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según corresponda:

 

I. La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o para impedir que se produzcan nuevos delitos o nuevas violaciones de derechos humanos;

 

I. […]
II. La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;

 

II. La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad, en los términos establecidos en la Ley en materia de desapariciones;

 

III. Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;

 

IV. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;

 

V. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones de derechos humanos, y

 

VI. La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas.

 

I.- a VI.- […]
CAPÍTULO V

MEDIDAS DE NO REPETICIÓN

 

CAPÍTULO V

MEDIDAS DE NO REPETICIÓN

 

Artículo 74. Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza. Estas consistirán en las siguientes:

 

I. El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles de las fuerzas armadas y de seguridad;

 

II. La garantía de que todos los procedimientos penales y administrativos se ajusten a las normas nacionales e internacionales relativas a la competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales y a las garantías del debido proceso;

 

III. El fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial;

 

IV. La limitación en la participación en el gobierno y en las instituciones políticas de los dirigentes políticos que hayan planeado, instigado, ordenado o cometido graves violaciones de los derechos humanos;

 

V. La exclusión en la participación en el gobierno o en las fuerzas de seguridad de los militares, agentes de inteligencia y otro personal de seguridad declarados responsables de planear, instigar, ordenar o cometer graves violaciones de los derechos humanos;

 

VI. La protección de los profesionales del derecho, la salud y la información;

 

VII. La protección de los defensores de los derechos humanos;

 

VIII. La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad;

 

IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección a los derechos humanos, por los funcionarios públicos incluido el personal de las fuerzas armadas y de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos y sociales, además del personal de empresas comerciales;

 

 

Artículo 74. […]

 

I.- a IX.- […]

X. La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos los conflictos sociales, y

 

X. La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos los conflictos sociales, […]

 

XI. La revisión y reforma de las leyes, normas u ordenamientos legales que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las permitan.

 

XI. La revisión y reforma de las leyes, normas u ordenamientos legales que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las permitan; y

 

  XII.- En el caso de personas desaparecidas, se considerarán además las que señala la Ley en la materia.
   
TÍTULO SEXTO

SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

 

TÍTULO SEXTO

SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

 

CAPÍTULO I

CREACIÓN Y OBJETO

 

CAPÍTULO I

CREACIÓN Y OBJETO

 

Artículo 79. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas será la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas y tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.

 

Artículo 79. […]

 

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno del Distrito Federal y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente Título.

 

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno de la Ciudad de México y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente Título.

 

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas y Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.

 

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas y Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas de las entidades federativas, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables. No podrán argumentarse razones competenciales ni reglamentarias para negar a las víctimas el ejercicio de los derechos y a la reparación integral que otorgan las disposiciones de la presente Ley.

 

Las Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los treinta días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado Las Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas de las Entidades Federativas tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva […] de Atención a Víctimas cuando no exista aún la comisión de víctimas en la entidad federativa correspondiente; si existiera y la víctima no hubiere recibido respuesta dentro de los quince días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o se hubiere negado la misma.

 

  Las entidades federativas contarán con una asesoría jurídica, un registro de víctimas y un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, en los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable.

 

  En el caso de víctimas de desplazamiento interno forzado que se encuentren en una entidad federativa distinta de su entidad de origen la Comisión Ejecutiva deberá garantizar su debido registro, atención y reparación.

 

   
CAPÍTULO III

DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

 

CAPÍTULO III

DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

 

Artículo 83. Los integrantes del Sistema se reunirán en Pleno o en comisiones las cuales se deberán crear de conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

 

Artículo 83. […]

 

El Pleno se reunirá por lo menos una vez cada seis meses a convocatoria de su Presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar y en forma extraordinaria, cada que una situación urgente así lo requiera. Los integrantes tienen obligación de comparecer a las sesiones. […]
El quórum para las reuniones del Sistema se conformará con la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes con derecho a voto.

 

[…]
Corresponderá al Presidente del Sistema la facultad de promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema. Los integrantes del mismo podrán formular propuestas de acuerdos que permitan el mejor funcionamiento del Sistema.

 

[…]
El Presidente del Sistema será suplido en sus ausencias por el Secretario de Gobernación. Los integrantes del Sistema deberán asistir personalmente.

 

[…]
Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema o de las comisiones previstas en esta Ley, las instituciones u organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las demás instituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo del Pleno de la Comisión Ejecutiva deban participar en la sesión que corresponda.

 

Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema o de las comisiones previstas en esta Ley, las instituciones u organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las demás instituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo del Titular de la Comisión Ejecutiva deban participar en la sesión que corresponda.

 

El Reglamento establecerá el mecanismo de invitación correspondiente. Los invitados acudirán a las reuniones con derecho a voz pero sin voto.

 

[…]
Artículo 84. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y de gestión. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley, el cual establecerá las atribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva.

 

Artículo 84. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y de gestión y contará con los recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación. Las medidas y reparaciones que dicte la Ejecutiva en términos de la presente Ley no estarán subordinadas a autoridad alguna. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley, el cual establecerá las atribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva y debe contemplar como mínimo los estándares protectores de esta Ley.

 

  La Comisión Ejecutiva tendrá por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia, en términos del artículo 2 de esta Ley; así como desempeñarse como el órgano operativo del Sistema nacional de Atención a Víctimas y las demás que esta Ley señale.
En la ejecución de las funciones, acciones, planes y programas previstos en esta Ley, la Comisión Ejecutiva garantizará la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas, así como el ejercicio de labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del Sistema con el objetivo de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones.

 

[…]

 

De la Comisión Ejecutiva depende el Fondo, la Asesoría Jurídica Federal y el Registro Nacional de Víctimas.

 

[…]

 

A fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los derechos, garantías, mecanismos, procedimientos y servicios que establece esta Ley, el Gobierno Federal contará con un Fondo, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, los cuales operarán a través de las instancias correspondientes, para la atención a víctimas en los términos dispuestos por esta Ley.

 

[…]

 

  Se traslada al artículo 79

 

Las entidades federativas y el Distrito Federal contarán con una asesoría jurídica y un registro de víctimas en los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable.

 

 
   
Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará integrada por siete comisionados. El Ejecutivo Federal enviará al Senado, previa convocatoria pública, tres propuestas por cada comisionado a elegir. El Senado elegirá por el voto de las dos terceras partes de los presentes.

 

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará integrada por un Comisionado presidente y un Consejo Directivo conformado por seis víctimas y personas expertas en su atención. El Ejecutivo Federal enviará al Senado, previa convocatoria pública y consulta nacional con los colectivos y organizaciones de víctimas, tres propuestas para la elección de la persona que habrá de cubrir el cargo de Comisionado presidente, y tres propuestas por cada miembro del Consejo Directivo, a elegir. El Senado elegirá por el voto de las dos terceras partes de los presentes.

 

Una vez cerrada la convocatoria, deberá publicarse la lista de las propuestas recibidas.

 

El proceso de selección de los comisionados deberá realizarse conforme el principio de máxima publicidad garantizado que en cada etapa del proceso, desde la emisión de la convocatoria hasta el proceso final de selección en el Senado de la República, se publique la información en dos diarios de circulación nacional y se suba a la página web de la Secretaría de Gobernación.

 

Para garantizar que en la Comisión Ejecutiva estén representados colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, ésta se conformará en los siguientes términos de las propuestas presentadas al Ejecutivo Federal:

 

Para garantizar que la Comisión Ejecutiva representa a colectivos de víctimas, especialistas y expertos que hayan desempeñado una labor acreditable y comprobable en la atención a víctimas, las ternas que presente el Ejecutivo federal al Senado, deberán estar conformadas en los siguientes términos:

 

I. Cuatro comisionados especialistas en derecho, psicología, derechos humanos, sociología o especialidades equivalentes con experiencia en la materia de esta Ley, propuestos por universidades públicas;

 

I. Tres personas provenientes del ámbito académico propuestas por instituciones de educación superior, con actividad acreditada de al menos cinco años en la investigación y docencia especializada en la atención a víctimas;

 

II. Tres comisionados representando a colectivos de víctimas, propuestos por organizaciones no gubernamentales, registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con actividad acreditada en atención a víctimas de al menos cinco años, o por los organismos públicos de derechos humanos.

 

I. Tres personas provenientes de colectivos de víctimas propuestas por organizaciones no gubernamentales registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, especializadas en la defensa de los derechos humanos, con actividad acreditada en atención a víctimas de al menos cinco años.

 

  Para la elección de la persona que sea designada como Comisionado Presidente de la Comisión Ejecutiva, la terna que envíe el Ejecutivo federal deberá estar integrada por personas con al menos siete años de experiencia demostrable en atención a víctimas, y acreditar haber sido postuladas por colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos reconocidas por su destacada trayectoria en la defensa de los derechos de las víctimas.

 

Para la elección de los comisionados, el Senado conformará una Comisión Plural integrada por los presidentes de las Comisiones de Justicia y Gobernación, que se constituirá en la Comisión responsable de encabezar el proceso de selección y que recibirá las propuestas de comisionados.

 

Para la elección del Comisionado presidente y de los miembros del Consejo Directivo, el Senado conformará una Comisión Plural integrada por los presidentes de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, que se constituirá en la Comisión responsable de encabezar el proceso de selección y que recibirá las propuestas de comisionados.

 

En su conformación, el Ejecutivo y el Senado garantizarán la representación de las diversas regiones geográficas del país, así como de las diversas especializaciones sobre hechos victimizantes.

 

En la integración del Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva, el Ejecutivo federal y el Senado están obligados a garantizar la representación de las diversas regiones geográficas del país, así como de las diversas especializaciones sobre hechos victimizantes, por lo que los comisionados deberán proceder de diferentes Entidades Federativas y ser expertos o víctimas de distintos tipos de hechos victimizantes.

 

 

   
Artículo 86. Para ser comisionado se requiere:

 

Artículo 86. Para ser Comisionado Presidente de la CEAV o miembro del Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva, se requiere:

 

I. Ser ciudadano mexicano;

 

I. […]

 

II. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público;

 

II. […]

 

III. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, y

 

III. Contar con experiencia acreditada y comprobable en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley con una antigüedad del al menos siete años;

 

IV. No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.

 

IV. No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación; y

 

  V. No haber sido señalado en recomendaciones de organismos nacionales o internacionales de derechos humanos por su relación directa con hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos, o que se hubieran señalado contra personal de una institución o unidad administrativa a su cargo sin haberse sancionado y reparado integralmente.

 

En la elección de los comisionados, deberá garantizarse el respeto a los principios. que dan marco a esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial

 

En la integración de la Comisión Ejecutiva, el Ejecutivo federal y el Senado están obligados a garantizar la aplicación del principio de enfoque diferencial y especializado, así como representación de las diversas regiones geográficas del país y de las diversas especializaciones sobre hechos victimizantes, por lo que sus integrantes deberán conformarse bajo un criterio de paridad de género, provenir de diferentes Entidades Federativas y haberse destacado en el ejercicio de diversas profesiones.

 

 

Los comisionados se desempeñarán en su cargo por cinco años y se renovarán de forma escalonada cada dos años hasta que concluyan su mandato, sin posibilidad de reelección. Durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

 

La persona que se desempeñe como Comisionado Presidente y las personas integrantes del Consejo Directivo, se desempeñarán en su cargo por cinco años y se renovarán de forma escalonada cada dos años hasta que concluyan su mandato, sin posibilidad de reelección. Durante el mismo, el Comisionado Presidente no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia ni participar en ningún otro espacio de representación de sociedad civil derivado de otras leyes.

 

  Por lo que hace a las personas integrantes del Consejo Directivo, no podrán tener ningún empleo, cargo o comisión gubernamental durante su período, ni podrán ejercer actividades remuneradas que impliquen la representación de víctimas ante las instituciones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas ni participar en espacio consultivo en representación de sociedad civil derivado de otras leyes.

 

  El Senado, a través de un procedimiento legislativo que inicia con una proposición de punto de acuerdo con toda la información respectiva adjunta, e involucra a las Comisiones Unidas que procesan la elección, podrá revocar el mandato de las personas que integran la Comisión Ejecutiva, como colectivo o de manera individual, cuando:

 

  a) Tengan un subejercicio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral mayor a 60% en el ejercicio presupuestal anual;

 

  b) Incumplan con el otorgamiento de las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley y así lo hagan constar por escrito dirigido a las Comisiones Unidas al menos cien víctimas inscritas en el Registro;

 

  c) Nieguen a una víctima del delito o de violación de derechos humanos el apoyo con los recursos necesarios para garantizar el acceso a las medidas contempladas en los artículos 28, 29, 30 y 31, de esta Ley.  

 

  Si de esta negativa, la víctima pierde la vida, se podrá iniciar además un procedimiento de sanción administrativa y penal, de conformidad con la legislación aplicable; y

 

  d) Incurran en otras conductas que coloquen a las víctimas del delito o de violación a derechos humanos en situaciones de victimización secundaria o en mayor vulnerabilidad.

 

  El procedimiento para la revocación del mandato, previo análisis de la información, deberá seguir el trámite legislativo establecido en la normatividad del Senado; el dictamen respectivo deberá ser emitido en un plazo máximo de 30 días naturales.

 

  I.- La Mesa Directiva del Senado turnará a las Comisiones Unidas competentes el punto de acuerdo respectivo:

 

  II.- Las Comisiones Unidas analizarán la información que acompañe la proposición con punto de acuerdo y, de ser necesario, recabará más elementos que acrediten lo expresado en dicho punto de acuerdo;

 

  III.- De encontrarse que se ha incurrido en alguno de los supuestos para la revocación del mandato, las Comisiones Unidas emitirán un dictamen conforme lo establece la normatividad aplicable, cumpliendo estrictamente el plazo legal que en ésta se señala.
Artículo 87. La Comisión Ejecutiva será presidida por un Comisionado quien durará en funciones dos años, renovable por una ocasión y será elegido por los comisionados.

 

Artículo 87. El presidente de la Comisión Ejecutiva durará en su encargo dos años, renovable por una ocasión y será elegido por pleno del Consejo Directivo. Sus facultades serán de carácter administrativo, y para los efectos del cumplimiento del Título Quinto de la presente Ley, estará a las decisiones que tome el Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva, y tendrá voto de calidad exclusivamente en decisiones que afecten de manera directa a la seguridad y el ejercicio de los derechos de las víctimas y cuando éstas se encuentren en riesgo.

 

   
Artículo 88. La Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y facultades:

 

Artículo 88. El Pleno de la Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y facultades:

 

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptadas por el Sistema;

 

II. Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado proporcionará a las víctimas de delitos o por violación a sus derechos humanos, para lograr su reincorporación a la vida social;

 

I. a III. […]

 

III. Elaborar anualmente el proyecto de Programa de Atención Integral a Víctimas con el objeto de crear, reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas públicas en materia de atención a víctimas, y proponerlo para su aprobación al Sistema;

 

 
IV. Proponer al Sistema una política nacional integral y políticas públicas de prevención de delitos y violaciones a derechos humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas u ofendidos de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;

 

IV. Proponer al Sistema una política nacional integral y políticas públicas de prevención de delitos y violaciones a derechos humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas […] de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;

 

V. Instrumentar los mecanismos, medidas, acciones, mejoras y demás políticas acordadas por el Sistema;

 

VI. Proponer al Sistema un mecanismo de seguimiento y evaluación de las obligaciones previstas en esta Ley;

 

VII. Proponer al Sistema las medidas previstas en esta Ley para la protección inmediata de las víctimas cuando su vida o su integridad se encuentre en riesgo;

 

VIII. Coordinar a las instituciones competentes para la atención de una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley, así como los de coordinación, concurrencia y subsidiariedad;

 

IX. Asegurar la participación de las víctimas tanto en las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencias internacionales en materia de derechos humanos dictadas en contra del Estado Mexicano, como en aquellas acciones que permitan garantizar el cumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos no jurisdiccionales;

 

X. Establecer mecanismos para la capacitación, formación, actualización y especialización de funcionarios públicos o dependientes de las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;

 

XI. Realizar las acciones necesarias para la adecuada operación del Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal, y de la Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas;

 

XII. Establecer las directrices para alimentar de información el Registro Nacional de Víctimas. La Comisión Ejecutiva dictará los lineamientos para la transmisión de información de las instituciones que forman parte del Sistema, incluidas las autoridades federales, cuidando la confidencialidad de la información pero permitiendo que pueda haber un seguimiento y revisión de los casos que lo lleguen a requerir;

 

XIII. Rendir un informe anual ante el Sistema, sobre los avances del Programa y demás obligaciones previstas en esta Ley;

 

XIV. Administrar y vigilar el adecuado ejercicio del Fondo y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas;

 

XV. Solicitar al órgano competente se apliquen las medidas disciplinarias y sanciones correspondientes;

 

XVI. Elaborar anualmente las tabulaciones de montos compensatorios en los términos de esta Ley y su Reglamento;

 

XVII. Hacer recomendaciones al Sistema, mismo que deberá dar respuesta oportuna a aquéllas;

 

XVIII. Nombrar a los titulares del Fondo, Asesoría Jurídica Federal y del Registro;

 

XIX. Emitir opinión sobre el proyecto de Reglamento de la presente Ley y sus reformas y adiciones;

 

XX. Formular propuestas de política integral nacional de prevención de violaciones a derechos humanos, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;

 

XXI. Proponer medidas, lineamientos o directrices de carácter obligatorio que faciliten condiciones dignas, integrales y efectivas para la atención y asistencia de las víctimas, que permitan su recuperación y restablecimiento para lograr el pleno ejercicio de su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación integral;

 

XXII. Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones y órganos que integran el Sistema así como los comités de las entidades federativas y del Distrito Federal, cuidando la debida representación de todos sus integrantes y especialmente de las áreas, instituciones, grupos de víctimas u organizaciones que se requieran para el tratamiento de una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley y los de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y delegación;

 

XXIII. Establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de un delito o de la violación de sus derechos humanos;

 

XXIV. Proponer al Sistema las directrices o lineamientos que faciliten el acceso efectivo de las víctimas a la verdad y a la justicia;

 

XXV. Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz de los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios para el cumplimiento de las acciones, planes, proyectos y programas de atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral de las víctimas en los ámbitos federal, estatal, del Distrito Federal y municipal;

 

XXVI. Crear una plataforma que permita integrar, desarrollar y consolidar la información sobre las víctimas a nivel nacional a fin de orientar políticas, programas, planes y demás acciones a favor de las víctimas para la prevención del delito y de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la verdad, justicia y reparación integral con el fin de llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las políticas, acciones y responsabilidades establecidas en esta Ley. La Comisión Ejecutiva dictará los lineamientos para la transmisión de información de las instituciones que forman parte del Sistema, cuidando la confidencialidad de la información pero permitiendo que pueda haber un seguimiento y revisión de los casos que lo lleguen a requerir;

 

XXVII. Adoptar las acciones necesarias para garantizar el ingreso de las víctimas al Registro;

 

XXVIII. Coadyuvar en la elaboración de los protocolos generales de actuación para la prevención, atención e investigación de delitos o violaciones a los derechos humanos.

 

Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno deberán adecuar sus manuales, lineamientos, programas y demás acciones, a lo establecido en estos protocolos, debiendo adaptarlos a la situación local siempre y cuando contengan el mínimo de procedimientos y garantías que los protocolos generales establezcan para las víctimas;

 

XXIX. En casos de graves violaciones a derechos humanos o delitos graves cometidos contra un grupo de víctimas, proponer al Sistema los programas integrales emergentes de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a justicia, a la verdad y reparación integral;

 

V. a XXIX. […]

 

XXX. Crear y coordinar los comités especiales de atención a víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos que requieran prevención, atención e investigación con una perspectiva integral tales como en los casos de desaparición de personas, extravío, ausencia o no localización de personas, trata de personas, tráfico de personas y secuestro, a fin de que además de las acciones, propuestas, planes o programas que se deriven para un grupo de víctimas específicas, se guarde una integralidad respecto al tratamiento de las víctimas y reparación integral, con cargo a su presupuesto autorizado;

 

XXX. Crear y coordinar los comités especiales de atención a víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos que requieran prevención, atención e investigación con una perspectiva integral tales como en los casos de desaparición de personas, extravío, ausencia o no localización de personas, trata de personas, desplazamiento forzado interno, migrantes, tráfico de personas y secuestro, a fin de que además de las acciones, propuestas, planes o programas que se deriven para un grupo de víctimas específicas, se guarde una integralidad respecto al tratamiento de las víctimas y reparación integral, con cargo a su presupuesto autorizado;

 

XXXI. Realizar diagnósticos nacionales que permitan evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las víctimas en términos de prevención del delito o de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la justicia, derecho a la verdad y reparación integral del daño;

 

XXXII. Generar diagnósticos específicos sobre las necesidades de las entidades federativas y municipios en materia de capacitación, recursos humanos y materiales que se requieran para garantizar un estándar mínimo de atención digna a las víctimas cuando requieran acciones de ayuda, apoyo, asistencia o acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de tal manera que sea disponible y efectiva. Estos diagnósticos servirán de base para la canalización o distribución de recursos y servicios que corresponda al Sistema Nacional de Atención a Víctimas;

 

XXXIII. Brindar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la ayuda, atención y asistencia a favor de las víctimas, priorizando aquéllas que se encuentran en lugares donde las condiciones de acceso a la ayuda, asistencia, atención y reparación integral es difícil debido a las condiciones precarias de desarrollo y marginación;

 

XXXIV. Implementar los mecanismos de control, con la participación de la sociedad civil, que permitan supervisar y evaluar las acciones, programas, planes y políticas públicas en materia de víctimas. La supervisión deberá ser permanente y los comités u órganos específicos que se instauren al respecto, deberán emitir recomendaciones que deberán ser respondidas por las instituciones correspondientes;

 

XXXV. Recibir y evaluar los informes rendidos por el titular del Fondo, de la Asesoría Jurídica Federal, así como el Programa y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia, y

 

XXXVI. Las demás que se deriven de la presente Ley.

 

XXXI. a XXXVI. […]

 

  El Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones:

 

  I. Establecer en conjunto con el Comisionado Presidente los lineamientos generales de actuación de la Comisión Ejecutiva;

 

  II. Instruir la elaboración y aprobar, en su caso, los proyectos de normas de carácter interno, manuales, protocolos, políticas públicas, convenios y otros documentos técnicos, operativos o reglamentarios relacionados con la actuación de la Comisión Ejecutiva y el cumplimiento de sus fines, o bien, validar los proyectos sometidos a su consideración por el Comisionado Presidente;

 

  III.- Validar, en su caso, el proyecto de informe anual que rinda el Comisionado Presidente, así como hacer todo tipo de recomendaciones y observaciones sobre el proyecto;

 

  IV. Conocer y validar, en su caso, el informe mensual de ejercicio presupuestal de la Comisión Ejecutiva;

 

  V. Emitir recomendaciones para la actuación de la Comisión Ejecutiva en casos concretos, particularmente cuando haya hechos victimizantes que, por su importancia y gravedad, ameriten su intervención o la del Sistema Nacional de Atención a Víctimas; y

 

  VI. Emitir recomendaciones al Comisionado Presidente para atender adecuadamente algún asunto que sea de interés del Consejo Directivo, en el marco del cumplimiento de esta Ley.

 

   
Artículo 91. Los diagnósticos nacionales que elabore la Comisión Ejecutiva deberán ser situacionales y focalizados a situaciones específicas que se enfrenten en determinado territorio o que enfrentan ciertos grupos de víctimas tales como niños y niñas, indígenas, migrantes, mujeres, personas con discapacidad, de delitos tales como violencia familiar, sexual, secuestro, homicidios o de determinadas violaciones a derechos humanos tales como desaparición forzada, ejecución arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria, entre otros. Artículo 91. Los diagnósticos nacionales que elabore la Comisión Ejecutiva, por iniciativa propia o a solicitud de grupos de víctimas o de la sociedad civil, deberán ser situacionales y focalizados a situaciones específicas que se enfrenten en determinado territorio o que enfrentan ciertos grupos de víctimas tales como niños y niñas, indígenas, migrantes, mujeres, personas con discapacidad, de delitos tales como violencia familiar, sexual, secuestro, homicidios o de determinadas violaciones a derechos humanos tales como desaparición de personas, ejecución arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria, entre otros.

 

Los diagnósticos servirán de base para crear programas especiales, reorganizar o redireccionar acciones, políticas públicas o leyes que de acuerdo a su naturaleza y competencia llevan a cabo los integrantes del Sistema, así como para canalizar o distribuir los recursos necesarios.

 

[…]
Se deberá procurar en todo momento, además de la especialización técnica y científica, el aporte de los grupos de víctimas y organizaciones de base que trabajen directamente con víctimas.

 

[…]
   
Artículo 92. La Comisión Ejecutiva sesionará al menos una vez a la semana y en sesión extraordinaria, cada que la situación urgente así lo requiera. Los integrantes tienen obligación de comparecer a las sesiones. Si un comisionado no asistiera a las sesiones ordinarias en más de tres ocasiones consecutivas durante un año en forma injustificada será removido de su cargo.

 

Artículo 92. […]

 

Las determinaciones de la Comisión Ejecutiva se tomarán por la mayoría de los presentes.

 

Las determinaciones de la Comisión Ejecutiva se tomarán por la mayoría de los presentes; el presidente tendrá voto de calidad en los supuestos establecidos en el artículo 87 de esta Ley.

 

Artículo 93. A fin de lograr una especialización, atención integral y coordinada en temas que requieran ser tratados en todo el país, la Comisión Ejecutiva contará, con los siguientes comités, cuyas atribuciones serán determinadas en el Reglamento de esta Ley:

 

Artículo 93. A fin de lograr una especialización, atención integral y coordinada en temas que requieran ser tratados en todo el país, se establecen las Relatorías Especiales, las cuales contarán con una asignación suficiente de recursos para la realización de consultas, eventos de difusión y publicación de análisis, informes y demás información pertinente derivada de su mandato, así como plenas garantías de independencia para realizar su labor.

 

  Las Relatoras o los Relatores Especiales serán designados directamente por el Pleno de la Comisión a partir de un proceso de convocatoria pública, en la cual las personas candidatas serán postuladas en el proceso por grupos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, debiendo contar con una destacada trayectoria, conocimientos sólidos y demostrables en los temas materia de su mandato, así como una buena reputación y credibilidad entre las víctimas y sus colectivos. La sesión en la cual se discuta y designe a una relatora o un relator especial deberá ser pública.

 

  Serán atribuciones de las relatorías especiales, las siguientes:

 

  I.- Realizar consultas directas a las víctimas para el diseño e impulso de medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de delito o de la violación a sus derechos humanos;

 

  II.- Mantener una constante coordinación con las relatorías especiales de las entidades federativas para el intercambio de información que permitan generar diagnósticos situacionales;

 

  III.- Coadyuvar en la elaboración o modificación de los protocolos generales de actuación para la prevención, atención e investigación de los delitos o violaciones a los derechos humanos, en coordinación con las instancias competentes;

 

  IV.- Elaborar diagnósticos nacionales anuales que permitan evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las víctimas de delitos o de violaciones a los derechos humanos, así como contribuir a la garantía del derecho a la verdad de la sociedad en su conjunto.

 

  Los diagnósticos nacionales deberán publicarse durante el primer trimestre de cada año y reflejar las cifras de atención, registro, cumplimiento de medidas de reparación y, en general, todas las relativas a las actividades de acompañamiento adoptadas a favor de las víctimas en el marco de esta Ley en relación con al mandato temático de la Relatoría de que se trate, durante el año inmediato anterior al de su publicación, así como recomendaciones dirigidas a instituciones públicas u otras que pudieran ser relevantes, a fin de garantizar la transformación de las causas estructurales de la victimización;

 

  V.- Solicitar a las autoridades o instituciones privadas la información que requieran para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

 

  VI.- Coadyuvar en la elaboración del proyecto de Programa de Atención Integral a Víctimas;

 

  VII.- Coadyuvar en la elaboración de medidas, lineamientos o directrices a que se refiere la fracción XXI, del artículo 88 de la Ley;

 

  VIII.- Elaborar propuestas de política pública y normatividad en la materia de su especialización, aplicando para ello los principios contenidos en esta Ley, especialmente el de enfoque transformador, y

 

  IX. Emitir opinión sobre los proyectos de dictamen de reparación emitidos por el Comité Interdisciplinario Evaluador en los casos relacionados con su mandato temático, procurando en todo momento que en la adopción de las medidas de reparación se cumpla con los principios de complementariedad, enfoque diferencial y especializado, enfoque transformador, máxima protección, progresividad y demás aplicables.

 

  La Comisión Ejecutiva contará al menos con las siguientes Relatorías Especiales:

 

I. Comité de violencia familiar;

 

I. Relatoría Especial sobre violencia familiar
II. Comité de violencia sexual; II. Relatoría Especial sobre violencia sexual;

 

III. Comité de trata y tráfico de personas; III. Relatoría Especial sobre trata y tráfico de personas;

 

IV.–Comité de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas; IV. Relatoría Especial sobre personas desaparecidas;

 

V. Comité de personas víctimas de homicidio; V. Relatoría Especial sobre personas víctimas de homicidio;

 

VI. Comité de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes; VI. Relatoría Especial sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes;

 

VII. Comité de detención arbitraria;

 

VII. Relatoría Especial sobre detención arbitraria;

 

VIII. Comité interdisciplinario evaluador, y [Se deroga]

 

IX. Comité de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

 

VIII. Relatoría Especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales;

 

  IX.- Relatoría Especial sobre desplazamiento interno forzado; y

 

  X.- Relatoría Especial sobre migrantes.

 

Se podrán establecer también comités por grupo de víctimas tales como niños y niñas, adultos mayores, mujeres, indígenas, migrantes, personas con discapacidad, entre otros.

 

Se podrán establecer también relatorías especiales por grupo de víctimas, determinados casos cuyo impacto social, gravedad o complejidad lo requieran, o, en general, las que determine el Pleno de la Comisión.

 

  El Pleno de la Comisión se constituye en un Comité Interdisciplinario Evaluador para dictaminar y aprobar los proyectos de reparación integral, atendiendo a la proporción del daño en cada caso, en los términos de los artículos 145 y 146 de esta normatividad.

 

 
Artículo 96. El Registro Nacional de Víctimas, es el mecanismo administrativo y técnico que soporta todo el proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema, creado en esta Ley.

 

Artículo 96. […]

 

El Registro Nacional de Víctimas constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral previstas en esta Ley.

 

[…]
  Para efectos de la inscripción de las víctimas en el Registro, no será necesario que las víctimas exhiban ningún documento en específico, ni podrá exigírseles, en consecuencia, la presentación de denuncia o cualquier otro documento o trámite presentado ante la instancia de procuración de justicia o de protección de derechos humanos que corresponda por motivo de su jurisdicción.

 

EI Registro Nacional de Víctimas será una unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva y contará con un titular designado por el Pleno de la Comisión Ejecutiva.

 

[…]

 

 

El Registro es la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel nacional, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal.

 

[…]

 

  El registro contará con subregistros para cada uno de los tipos de hechos victimizantes, divididos en dos archivos   generales, a saber: un archivo para los hechos victimizantes de fuero federal, y otro para los de fuero común.

 

Los estados y el Distrito Federal contarán con sus propios registros. La Federación, los estados y el Distrito Federal estarán obligados a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del Registro. La integración del registro federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva.

 

Las entidades federativas contarán con sus propios registros. La Federación y las entidades federativas estarán obligados a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del Registro. La integración del registro federal y la conformación del Registro Nacional estarán a cargo de la Comisión Ejecutiva.

 

El Presidente de la Comisión Ejecutiva dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro Nacional de Víctimas, incluida aquella contenida en el registro federal.

 

[…]
Los integrantes del Sistema estarán obligados a compartir la información en materia de víctimas que obren en sus bases de datos con el Registro Nacional de Víctimas.

 

[…]
Artículo 97. El Registro Nacional de Víctimas será integrado por las siguientes fuentes:

 

Artículo 97. […]

 

I. Las solicitudes de ingreso hechas directamente por las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, a través de su representante legal o de algún familiar o persona de confianza ante la Comisión Ejecutiva o ante sus equivalentes en las entidades federativas, según corresponda;

 

II. Las solicitudes de ingreso que presenten cualquiera de las autoridades y particulares señalados en el artículo 99 de esta Ley, como responsables de ingresar el nombre de las víctimas del delito o de violación de derechos humanos al Sistema, y

 

III. Los registros de víctimas existentes al momento de la entrada en vigor de la presente Ley que se encuentren en cualquier institución o entidad del ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, así como de las comisiones públicas de derechos humanos en aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación.

 

 

I.- a III.- […]

 

Las entidades e instituciones generadoras y usuarias de la información sobre las víctimas y que posean actualmente registros de víctimas, pondrán a disposición del Registro Nacional de Víctimas la información que generan y administran, de conformidad con lo establecido en las leyes que regulan el manejo de datos personales, para lo cual se suscribirán los respectivos acuerdos de confidencialidad para el uso de la información.

 

[…]

 

  Las instituciones públicas de protección de los derechos humanos, las instancias de procuración de justicia y los poderes judiciales federal y de las entidades federativas deberán remitir a la Comisión Ejecutiva las bases de datos que obren en su poder y que permitan reunir la información precisada en el formato único de declaración adoptado por el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, a fin de que la información en todos los expedientes en su poder en los cuales haya víctimas como partes en los procedimientos de su competencia, sean incorporados al Registro.
  Por cada uno de los expedientes que se generen, las instituciones obligadas por este artículo deberán remitir de inmediato la información necesaria para nutrir el formato único de declaración. La Dirección del Registro deberá turnar los nuevos expedientes a la Presidencia de la Comisión Ejecutiva para que se determinen las medidas a adoptar en cada caso. Si la revisión de expedientes ha concluido, el Presidente de la Comisión Ejecutiva deberá presentar un proyecto de dictamen de reparación para su discusión, y en su caso, aprobación por parte del Pleno de la Comisión Ejecutiva. Si se trata de un caso que corresponda a una Comisión Ejecutiva de una entidad federativa, se le turnará con un exhorto para su inmediata atención.

 

En los casos en que existiere soporte documental de los registros que reconocen la calidad de víctima, deberá entregarse copia digital al Registro Nacional de Víctimas. En caso que estos soportes no existan, las entidades a que se refiere este artículo certificarán dicha circunstancia.

 

[…]
Dichas entidades serán responsables por el contenido de la información que transmiten al Registro Nacional de Víctimas.

 

[…]
Artículo 101. Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma al Registro, y se procederá a la valoración de la información recogida en el formato único junto con la documentación remitida que acompañe dicho formato.

 

 

Artículo 101. Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma al Registro en un plazo no mayor a cinco días hábiles, y se procederá a la valoración de la información recogida en el formato único junto con la documentación remitida que acompañe dicho formato. Al validarse la inscripción, la Comisión Ejecutiva, a través del área encargada del Registro, deberá informar al solicitante que fue inscrito, expedir y entregarle el comprobante foliado que la acredite como una víctima inscrita en el Registro, con todos los efectos legales correspondientes. Ninguna autoridad condicionará el cumplimiento de las obligaciones que le impone esta ley para con las víctimas a la exhibición del comprobante foliado.

 

Para mejor proveer, la Comisión Ejecutiva y las comisiones de víctimas, podrán solicitar la información que consideren necesaria a cualquiera de las autoridades del orden federal, local y municipal, las que estarán en el deber de suministrarla en un plazo que no supere los diez días hábiles.

 

 

 

La Comisión Ejecutiva y las comisiones de víctimas de las Entidades Federativas, podrán solicitar la información que consideren necesaria a cualquiera de las autoridades del orden federal, local y municipal, las que estarán en el deber de suministrarla en un plazo que no supere los diez días hábiles; no podrán exigirse a las víctimas mayores requisitos de los establecidos en esta Ley ni la realización de gestiones relacionadas con la obtención de la información para su registro.

 

Si hubiera una duda razonable sobre la ocurrencia de los hechos se escuchará a la víctima o a quien haya solicitado la inscripción, quienes podrán asistir ante la comisión respectiva. En caso de hechos probados o de naturaleza pública deberá aplicarse el principio de buena fe a que hace referencia esta Ley.

 

 

[…]

 

La realización del proceso de valoración al que se hace referencia en los párrafos anteriores, no suspende, en ningún caso, las medidas de ayuda de emergencia a las que tiene derecho la víctima, conforme lo establece el Título Tercero de esta Ley.

 

 

[…]

 

No se requerirá la valoración de los hechos de la declaración cuando:

 

[…]
1.- Exista sentencia condenatoria o resolución por parte de la autoridad jurisdiccional o administrativa competente;

 

II.- Exista una determinación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de las comisiones estatales en esta materia que dé cuenta de esos hechos, incluidas recomendaciones, conciliaciones o medidas precautorias;

 

III.- La víctima haya sido reconocida como tal por el Ministerio Público, por una autoridad judicial, o por un organismo público de derechos humanos, aun cuando no se haya dictado sentencia o resolución;

 

IV.- Cuando la víctima cuente con informe que le reconozca tal carácter emitido por algún mecanismo internacional de protección de derechos humanos al que México le reconozca competencia, y

 

V.- Cuando la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos le reconozca tal carácter.

 

I.- a V. […]

 

  Los servidores públicos de la Comisión Ejecutiva no podrán condicionar las ayudas del Título Tercero a estar previamente inscritos en el Registro ni la inscripción al Registro Nacional a que la víctima le entregue los documentos arriba señalados ni a la ejecución de condiciones de cualquier tipo que se establezcan por el Reglamento o resoluciones de la Comisión Ejecutiva que reduzcan los parámetros protectores de esta Ley.

 

Artículo 108. Artículo 108.

 

En el caso de las personas que se encuentren bajo custodia del Estado, estarán obligados de recibir la declaración las autoridades que estén a cargo de los centros de readaptación social. En el caso de las personas que se encuentren bajo custodia del Estado, estarán obligados de recibir la declaración las autoridades que estén a cargo de los centros de reinserción social.

 

Artículo 110. El reconocimiento de la calidad de víctima, para efectos de esta Ley, se realiza por las determinaciones de cualquiera de las siguientes autoridades:

 

 

 

Artículo 110. La calidad de víctima se adquiere por el menoscabo o anulación del ejercicio de los derechos derivado del hecho victimizante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 párrafo cuarto de esta Ley.
  Para efectos del acceso de las víctimas a lo dispuesto en el Título Tercero de esta Ley, bastará con la existencia de un daño objetivo y evidente y el simple dicho de la víctima para que de inmediato las autoridades que tengan conocimiento de los hechos, incluyendo la Comisión Ejecutiva o la comisión de víctimas que por su jurisdicción corresponda, adopten las medidas que sean necesarias, sin exigir mayores requisitos a las víctimas, atendiendo en todo momento a los principios de buena fe, no victimización secundaria, debida diligencia y demás aplicables.

 

  En casos de emergencia médica o psicológica, o de que la vida, integridad o libertad de las víctimas corra riesgo por cualquier causa, toda persona, sea autoridad pública o no, está obligada a prestarles auxilio y solicitar a las autoridades competentes la atención especializada a que tienen derecho sin que medien mayores formalidades o requisitos, en los términos del Título Tercero Capítulos I y IV de esta Ley.

 

  Cualquier persona puede notificar de los hechos a cualquier autoridad, indistintamente de su jurisdicción o competencia. En todo caso, la primera autoridad que tenga noticia de los hechos deberá garantizar de inmediato que tengan lugar las medidas previstas en el párrafo anterior y tan pronto como ello hubiera ocurrido, dar aviso a la Comisión Ejecutiva o comisión de víctimas correspondiente; la cual deberá adoptar todas las gestiones necesarias para entrar en comunicación con la víctima o sus representantes, inscribirla en el Registro, asignarle un asesor jurídico y que se le garantice la adopción de todas las medidas y el respeto de todos los derechos reconocidos por esta Ley, desde el momento en que la Comisión de mérito tenga conocimiento de los hechos hasta que, por medio del efecto conjunto de las medidas que se adopten en su beneficio, supere su condición de victimidad y se reinserte lo más plenamente posible a la sociedad y a la realización de su proyecto de vida.

 

  Por lo que hace al acceso a las medidas contempladas en el Título Cuarto de esta normatividad, bastará con la inscripción de la víctima al Registro, sin que ninguna autoridad deba exigir a las víctimas ningún requisito adicional.

 

El reconocimiento de la calidad de víctima, para efectos de esta Ley, se realiza por las determinaciones de cualquiera de las siguientes autoridades:

 

I. El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada;

 

II. El juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa;

 

III. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima;

 

IV. Los órganos jurisdiccionales internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia, y

 

V. La Comisión Ejecutiva que podrá tomar en consideración las determinaciones de:

 

a) El Ministerio Público;

 

b) La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;

 

c) Los organismos públicos de protección de los derechos humanos, o

 

d) Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia.

 

El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto que la víctima pueda acceder a los recursos del Fondo y a la reparación integral de conformidad con lo previsto en la presente Ley y en el Reglamento.

Artículo reformado DOF 03-05-2013

 

Para garantizar las medidas de reparación integral contempladas en el Título Quinto de esta Ley, además de la inscripción de la víctima al Registro, deberá contarse con la determinación de cualquiera de las siguientes autoridades:

 

I. El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada;

 

II. El juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa;

 

III. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima;

 

IV. Los órganos jurisdiccionales internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia, y

 

I. a IV. […]

 

V. La Comisión Ejecutiva que podrá tomar en consideración las determinaciones de:

 

V. La Comisión Ejecutiva considerará también las determinaciones de:

 

a) El Ministerio Público;

 

[…]
b) La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;

 

[…]

 

c) Los organismos públicos de protección de los derechos humanos, o

 

c) Los organismos públicos de protección de los derechos humanos, […]

 

d) Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia.

 

d) Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia; o

 

  e) Las instituciones de derecho público nacionales o internacionales cuyo mandato expreso tenga conexión directa con la protección, promoción o defensa de los derechos de las víctimas, tales como comisiones de la verdad, grupos de investigación conformados por personas expertas designadas para conocer de un caso por organismos internacionales o instituciones gubernamentales, u otros mecanismos públicos de investigación sobre justicia transicional, que tuvieran conocimiento probado sobre la ocurrencia del hecho victimizante alegado.

 

El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto que la víctima pueda acceder a los recursos del Fondo y a la reparación integral de conformidad con lo previsto en la presente Ley y en el Reglamento.

 

 
Artículo 111. El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto:

 

Artículo 111. El reconocimiento de la calidad de víctima a que se refieren los artículos 4 y 110 de esta Ley, tendrá como efecto:

 

II.- El acceso a los derechos, garantías, acciones, mecanismos y procedimientos, en los términos de esta Ley y las disposiciones reglamentarias, y

 

I. […]

 

II. En el caso de lesiones graves, delitos contra la libertad psicosexual, violencia familiar, trata de personas, secuestro, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición, privación de la libertad y todos aquellos que impidan a la víctima por la naturaleza del daño atender adecuadamente la defensa de sus derechos; que el juez de la causa o la autoridad responsable del procedimiento, de inmediato, suspendan todos los juicios y procedimientos administrativos y detengan los plazos de prescripción y caducidad, así como todos los efectos que de éstos se deriven, en tanto su condición no sea superada, siempre que se justifique la imposibilidad de la víctima de ejercer adecuadamente sus derechos en dichos juicios y procedimientos.

 

II. En el caso de lesiones graves, delitos contra la libertad psicosexual, violencia familiar, trata de personas, secuestro, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición, privación de la libertad, desplazamiento interno forzado y todos aquellos que impidan a la víctima por la naturaleza del daño atender adecuadamente la defensa de sus derechos; que el juez de la causa o la autoridad responsable del procedimiento, de inmediato, suspendan todos los juicios y procedimientos administrativos y detengan los plazos de prescripción y caducidad, así como todos los efectos que de éstos se deriven, en tanto su condición no sea superada, siempre que se justifique la imposibilidad de la víctima de ejercer adecuadamente sus derechos en dichos juicios y procedimientos.

 

Al reconocerse su calidad de víctima, ésta podrá acceder a los recursos del Fondo y a la reparación integral, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y en el Reglamento. El procedimiento y los elementos a acreditar, se determinarán en el Reglamento correspondiente El procedimiento y los elementos a acreditar, se determinarán en el Reglamento correspondiente que no podrá ser invocado para negar o restringir la garantía del otorgamiento de los derechos reconocidos por esta Ley.

 

Artículo 118. Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:

 

Artículo 118. […]

 

I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral, para la adecuada atención y protección a las víctimas;

 

II. Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente Ley;

 

III. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema;

 

IV. Participar en la elaboración del Programa;

 

V. Fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y privadas que prestan atención a las víctimas;

 

VI. Promover, en coordinación con el Gobierno Federal, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las víctimas de acuerdo con el Programa;

 

VII. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres y mejorar su calidad de vida;

 

I. a VII. […]

 

VIII. Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema;

 

VIII. Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema, así como realizar medidas para la prevención y atención del desplazamiento interno forzado y de la migración;

 

 

IX. Promover programas de información a la población en la materia;

 

[…]
X. Impulsar programas reeducativos integrales de los imputados;

 

X. Diseñar y ejecutar programas de prevención social de la violencia y la delincuencia, así como promover la reinserción social tanto de víctimas como de imputados o personas liberadas después de purgar una condena penal, con el fin de favorecer a la no repetición de hechos de violencia;

 

XI. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta Ley;

 

XII. Rendir ante el Sistema un informe anual sobre los avances de los programas locales;

 

XIII. Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales, con base en los resultados de las investigaciones que al efecto se realicen;

 

XIV. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, en la ejecución de los programas estatales;

 

XV. Recibir de las organizaciones privadas, las propuestas y recomendaciones sobre atención y protección de las víctimas, a fin de mejorar los mecanismos en la materia;

 

XVI. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para la elaboración de éstas;

 

XVII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, y

 

XVIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros ordenamientos legales.

 

XI. a XVIII. […]

 

Las autoridades federales harán las gestiones necesarias para propiciar que las autoridades locales reformen su legislación a favor y apoyo a las víctimas.

 

[…]

 

 
Artículo 119. Corresponde a los municipios, de conformidad con esta Ley y las leyes locales en la materia, las atribuciones siguientes:

 

Artículo 119. […]

 

I. Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal, para la adecuada atención y protección a las víctimas;

 

II. Coadyuvar con el Gobierno Federal y las entidades federativas, en la adopción y consolidación del Sistema;

 

III. Promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos de capacitación a las personas que atienden a víctimas;

 

IV. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa;

 

 

I. a V. […]

 

V. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los imputados;

 

V. Diseñar y ejecutar programas de prevención social de la violencia y la delincuencia, así como promover la reinserción social tanto de víctimas como de imputados o personas liberadas después de purgar una condena penal, con el fin de favorecer a la no repetición de hechos de violencia;

 

VI. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas;

 

VI. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas, así como realizar medidas para la prevención y atención del desplazamiento interno forzado y migrantes de manera que se garantice su derecho a un nivel de vida adecuado;

 

VII. Participar y coadyuvar en la protección y atención a las víctimas;

 

VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y

 

IX. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros ordenamientos legales aplicables.

 

VII. a IX. […]

 

 
  Artículo 120. […]

 

  I. a XX. […]

 

  El incumplimiento de los deberes aquí señalados en esta Ley para los servidores públicos, en especial quienes tengan la responsabilidad institucional de cumplir con esta Ley, será sancionado con la responsabilidad administrativa o penal, de conformidad con la legislación aplicable.

 

 
Artículo 123. Corresponde al Ministerio Público, además de los deberes establecidos en el presente ordenamiento, lo siguiente: Artículo 123. […]

 

I. Informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le otorga la Constitución y los tratados internacionales, el código penal y procesal penal respectivo y las demás disposiciones aplicables, así como el alcance de esos derechos, debiendo dejar constancia escrita de la lectura y explicación realizada;

 

II.-Vigilar el cumplimiento de los deberes consagrados en esta Ley, en especial el deber legal de búsqueda e identificación de víctimas desaparecidas;

 

III. Solicitar el embargo precautorio de los bienes susceptibles de aplicarse a la reparación integral del daño sufrido por la víctima, así como el ejercicio de otros derechos;

 

IV.-Solicitar las medidas cautelares o de protección necesarias para la protección de la víctima, sus familiares y/o sus bienes, cuando sea necesario;

 

V. Solicitar las pruebas conducentes a fin de acreditar, determinar y cuantificar el daño de la víctima, especificando lo relativo a daño moral y daño material, siguiendo los criterios de esta Ley;

 

VI. Dirigir los estudios patrimoniales e investigaciones pertinentes a fin de determinar la existencia de bienes susceptibles de extinción de dominio;

 

VII. Solicitar la reparación del daño de acuerdo con los criterios señalados en esta Ley;

 

VIII. Informar sobre las medidas alternativas de resolución de conflictos que ofrece la Ley a través de instituciones como la conciliación y la mediación, y a garantizar que la opción y ejercicio de las mismas se realice con pleno conocimiento y absoluta voluntariedad;

 

IX. Cuando los bienes asegurados sean puestos bajo la custodia de la víctima o le sean devueltos, deberá informar claramente a ésta los alcances de dicha situación, y las consecuencias que acarrea para el proceso;

 

I. a IX. […]

 

X. Cuando se entregue a la víctima el cuerpo o restos humanos del familiar o personas cercanas, y no haya causado ejecutoria, le deberán informar que pesa sobre ella el deber de no someter los mismos a cremación. Dicho deber sólo puede ser impuesto a la víctima en aras de hacer efectivo su derecho a la verdad y a la justicia, y

 

X. Cuando se entregue a la víctima el cuerpo o restos humanos del familiar o personas cercanas, y no haya causado ejecutoria, le deberán informar que pesa sobre ella el deber de no someter los mismos a cremación. Dicho deber sólo puede ser impuesto a la víctima en aras de hacer efectivo su derecho a la verdad y a la justicia, […]

 

XI. Las demás acciones que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de atención integral a víctimas y reparación integral.

 

XI. Iniciar procedimiento de investigación y, eventual sanción penal, al servidor público que incurra en conductas delictivas aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas; y

 

  XII. Las demás acciones que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de atención integral a víctimas y reparación integral.

 

Artículo 131. Para ser beneficiarios del apoyo del Fondo, además de los requisitos que al efecto establezca esta Ley y su Reglamento, las víctimas deberán estar inscritas en el Registro a efecto de que la Comisión Ejecutiva realice una evaluación integral de su entorno familiar y social con el objeto de contar con los elementos suficientes para determinar las medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación.

 

Artículo 131. Para ser beneficiarios del apoyo del Fondo en los términos del Capítulo III del Título Quinto de esta Ley, el Pleno de la Comisión Ejecutiva en su papel de Comité Interdisciplinario Evaluador realizará una evaluación integral del entorno familiar y social de las víctimas con el objeto de contar con los elementos suficientes para determinar las medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación; en dicha evaluación se deberán considerar las condiciones extremas de vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento interno forzado y de desaparición.

 

 
Artículo 132. El Fondo se conformará con:

 

Artículo 132. […]
I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso;

 

I. a VIII. […]

 

El monto que apruebe anualmente la Cámara de Diputados será de 0.014% del Gasto Programable del Presupuesto de Egresos de la Federación.

 

 
II. El producto de la enajenación de los bienes que sean decomisados en los procedimientos penales, en la proporción que corresponda, una vez que se haya cubierto la compensación, en los términos establecidos en el Código Federal de Procedimientos Penales o en la legislación respectiva;

 

III. Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad;

 

IV. El monto de las reparaciones del daño no reclamadas;

 

V. Las aportaciones que a este fin hagan en efectivo o en especie las personas físicas o morales de carácter público, privado o social nacionales o extranjeros de manera altruista;

 

VI. Los rendimientos que generen los recursos que obren en el Fondo;

 

VII. Los montos que se recuperen en virtud del derecho de repetición en los términos de esta Ley, y

 

VIII. Los demás recursos que se determinen en las disposiciones aplicables.

 

 
La constitución del Fondo será con independencia de la existencia de otros ya establecidos para la atención a víctimas. La aplicación de recursos establecidos en otros mecanismos a favor de la víctima y los de esta Ley se hará de manera complementaria, a fin de evitar su duplicidad. El acceso a los recursos a favor de cada víctima no podrá ser superior a los límites establecidos en esta Ley y las disposiciones correspondientes.

 

 

[…]

 

Las compensaciones subsidiarias se cubrirán con los recursos del Fondo correspondiente al ejercicio fiscal vigente al momento de la solicitud. La Comisión Ejecutiva velará por la maximización del uso de los recursos del Fondo, priorizando en todo momento aquellos casos de mayor gravedad.

 

Las compensaciones subsidiarias se cubrirán con los recursos del Fondo correspondiente al ejercicio fiscal vigente al momento de la solicitud, excepto si el subejercicio del Fondo supera el 60% del mismo. La Comisión Ejecutiva velará por la maximización del uso de los recursos del Fondo, priorizando en todo momento aquellos casos de mayor gravedad.

 

   
En el caso de las compensaciones por error judicial, éstas se cubrirán con cargo al presupuesto del Poder Judicial correspondiente.

 

En el caso de las indemnizaciones por error judicial, éstas se cubrirán con cargo al presupuesto del Poder Judicial correspondiente.

 

   
Las determinaciones de las comisiones respecto a cualquier tipo de pago, compensación o reparación del daño tendrán el carácter de resoluciones administrativas definitivas. Contra dichas resoluciones procederá el juicio de amparo.

 

Las determinaciones de las comisiones respecto a cualquier tipo de pago, indemnización o reparación del daño tendrán el carácter de resoluciones administrativas definitivas. Contra dichas resoluciones procederá el juicio de amparo.

 

 
Artículo 150. Las solicitudes que se presenten en términos de este Capítulo se atenderán considerando:

 

Artículo 150. […]

 

I. La condición socioeconómica de la víctima;

 

II. La repercusión del daño en la vida familiar;

 

III. La imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño;

 

I. a III. […]

 

IV. El número y la edad de los dependientes económicos, y

 

IV. El número y la edad de los dependientes económicos, […]

 

V. Los recursos disponibles en el Fondo.

 

V. Las condiciones, en caso de desplazamiento interno forzado y migración, y

 

  VI. Los recursos disponibles en el Fondo.

 

   
  TÍTULO DÉCIMO PRIMERO

 

  CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS SANCIONES

 

  Artículo 190. Para lo no dispuesto en esta Ley se aplicará de manera supletoria para el desarrollo del procedimiento y la fijación de las sanciones que correspondan, la legislación en materia de justicia administrativa y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los asuntos que sean de sus respectivas competencias.

 

  Artículo 191. Al servidor público que actúe de manera omisa, negligente o sin la debida diligencia en la prestación de un servicio o de una medida a una víctima a la que estuvieran obligados por virtud de la presente Ley, se le sancionará con amonestación administrativa y, en caso de reincidencia, será destituido de su cargo. Asimismo, en caso de que, derivado de la omisión, falta de debida diligencia o negligencia en la prestación del servicio o medida, la víctima hubiera sufrido un nuevo daño, o éste se hubiera empeorado, se le sancionará con multa de entre quinientos y mil salarios mínimos e inhabilitación hasta por cinco años para ejercer cualquier cargo público, sin prejuicio de las responsabilidades penales a las que se hicieran acreedores.

 

  Artículo 192. Al servidor público que maltrate emocional o verbalmente a las víctimas mediante ofensas, humillaciones o cualquier falta de respeto que implique la inobservancia de los principios de actuación previstos en el artículo 5 de esta Ley, se le destituirá de inmediato de su cargo.

 

  Artículo 193. Al servidor público que imponga cualquier tipo de costa, gravamen o requiera de las víctimas una contraprestación de cualquier índole por la prestación de servicios o medidas a las que tienen derecho, se les sancionará con la destitución inmediata de su puesto, así como se le obligará a la devolución íntegra de lo pretendido cuando se tratara de bienes materiales, en caso de haberlo cobrado, así como con sanción pecuniaria hasta por tres veces el valor de lo cobrado, e inhabilitación hasta por cinco años para ejercer cualquier función pública, sin menoscabo de las responsabilidades penales que se desprendieran del caso.

 

  Artículo 194. En caso de que se demuestre que el responsable de cualquiera de las conductas previstas en los artículos 191 y 192 de esta Ley hubiera actuado motivado por discriminación en razón de la edad, el sexo, la condición social o económica, el origen nacional, la orientación sexual, el tipo de hecho victimizante, o cualquiera otra, la sanción aplicable consistirá en multa hasta por quinientos salarios mínimos, destitución inmediata del cargo e inhabilitación para ejercer cualquier función pública hasta por cinco años, sin perjuicio de otras responsabilidades penales o administrativas que pudieran derivarse del caso.

 

  Artículo 195. Al servidor público que ponga en riesgo la seguridad de las víctimas mediante intimidación o amenazas, se le sancionará con una pena de entre cuatro y diez años de prisión, multa de entre quinientos y mil salarios mínimos, así como inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público hasta por trece años posteriores a la conclusión de la pena corporal, sin menoscabo de las sanciones que resulten por la comisión de otros delitos.

 

  Artículo 196. Al servidor público que ponga en riesgo la seguridad de las víctimas por filtrar informaciones derivadas de su acceso al expediente a terceras personas, sean particulares u otros servidores públicos, incluyendo a quienes sean señalados como responsables de los hechos victimizantes, o con un tercero implicado que amenace o dañe la vida, integridad personal o libertad de una víctima, se le sancionará con una pena de entre cuatro y diez años de prisión, multa de entre quinientos y mil salarios mínimos, así como inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público hasta por trece años posteriores a la conclusión de la pena corporal, sin menoscabo de las sanciones que resulten por la comisión de otros delitos.

 

  Artículo 197. Al servidor público que ponga en riesgo la seguridad de las víctimas por omitir o actuar negligentemente en la adecuada y pronta implementación de las medidas de protección contempladas en esta Ley, siempre que el riesgo se verifique efectivamente, se le sancionará con una pena de entre tres y siete años de prisión, multa de entre quinientos y mil salarios mínimos, así como inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público hasta por siete años posteriores a la conclusión de la pena corporal, sin menoscabo de las sanciones que resulten por la comisión de otros delitos.

 

 

Así también, se inserta un comparativo sobre la reforma al Reglamento para el Gobierno Interior del Senado que contiene el procedimiento propuesto para la revocación del mandato que se señala en la Iniciativa de Reforma a la Ley General de Víctimas:

 

 

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL SENADO

 

TEXTO VIGENTE

 

PROPUESTA DE REFORMA

 

  ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 50 del Reglamento para el Gobierno Interior del Senado en materia de revocación del mandato de la Comisión Ejecutiva, para quedar como sigue:

 

Artículo 150.-

 

1.        Las decisiones en las comisiones se adoptan con el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes presentes.

 

2.        Las votaciones sobre dictámenes o resoluciones requieren de la mayoría absoluta de los integrantes de la respectiva comisión.

 

Artículo 150.-

 

1.- a 2.- []

3.        Los dictámenes y resoluciones que se producen bajo la modalidad de trabajo en comisiones unidas, son aprobados por la mayoría absoluta de los integrantes de cada una de las comisiones que participan.

 

[…]
  Para efectos de la revocación del mandato de un Comisionado o Comisionados establecida en la Ley General de Víctimas, se aprobará con las dos terceras partes de los integrantes presentes de las comisiones unidas competentes.
4.         Las votaciones nominales se realizan a través del sistema electrónico. […]

 

Por todo lo anterior, en ejercicio de la facultad conferida por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y el artículo 50 del Reglamento para el Gobierno Interior del Senado de la República.

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el primer y cuarto párrafos del artículo 1; las fracciones I y II del artículo 2; el primer y el actual segundo párrafo del artículo 4; el segundo, tercer, quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo octavo, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo tercero, vigésimo cuarto, vigésimo sexto, vigésimo séptimo, vigésimo noveno, trigésimo y trigésimo segundo del artículo 5; la fracción V del 6; el párrafo primero, las fracciones I, III, IV, VII, VIII, XX y XXXIII del 7; primer, segundo y cuarto párrafos del 8; primer, segundo y cuarto párrafos del 9; fracción II del 12; 15; cuarto y quinto párrafos del 21; 23; 26; fracciones III y VI del 27; segundo párrafo del 28; 29; 31; 38; 39; 41, 45; 47; 57; fracciones I y VI del 61; 63; primer párrafo y fracción VIII del 64; primer párrafo del 65; 66; primer y último párrafos del 67; primer párrafo del 69; fracción II del 73; fracciones X y XI del 74; segundo, tercer, cuarto y quinto párrafos del 79; el quinto párrafo del artículo 83; primer párrafo del artículo 84, el quinto párrafo de este artículo se traslada al artículo 79; primer, segundo, tercero y sus fracciones I y II, sexto y séptimos párrafos actuales del 85; primer párrafo, las fracciones III y IV que corresponden al cuarto y quinto, el séptimo y octavo párrafos actuales del 86; 87; primer párrafo y fracciones IV y XXX del 88; primer párrafo del 91; segundo párrafo del 92; primer párrafo y las actuales fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y IX que corresponden a los nuevos párrafos décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo tercero (la actual fracción VIII de este artículo que se deroga, se utiliza para numerar la fracción IX vigente) del 93; el actual quinto párrafo del 96; el primer y segundo párrafo del 101; el segundo párrafo del 108; primer párrafo y los actuales segundo, fracción V, incisos c) y d), que corresponden con los nuevos párrafos 6, 11, 14 y 15 del 110; primer, tercer párrafos que corresponde a la fracción II y cuarto párrafo del 111; fracciones VIII y X del 118; fracciones V y VI del 119; último párrafo del 120; actuales fracciones X, y XI del 123; 131; el último párrafo del 132; actuales fracciones IV y V del 150 y 151; se derogan la actual fracción XVIII del artículo 6 y la fracción VIII que corresponde al noveno párrafo actual del 93 con lo que se recorre la numeración y la fracción IX actual se convierte en la fracción VIII del 93; y se adicionan un segundo y cuarto párrafos al artículo 4 con lo que se recorren los actuales; un segundo párrafo al actual párrafo quinto del artículo 5; la fracción VIII, con lo que se recorre la numeración de las actuales fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y un segundo párrafo a la nueva fracción XVIII del artículo 6; las fracciones XXXIV, XXXV, XXXVI y XXXVII, con lo que se recorre la numeración de la actual fracción XXXIV del 7; un último párrafo al artículo 27; un último párrafo del 34; un inciso c) con numerales i) y ii) y un séptimo párrafo al 67; una fracción IV al 69; una fracción XII al 74; un quinto y sexto párrafos al 79; se adiciona un segundo párrafo al artículo 84, con lo que se recorre la numeración de los párrafos; un sexto párrafo, después de las fracciones I y II del tercero, con lo que se recorren los actuales sexto y séptimo del 85; una fracción V que corresponde al nuevo párrafo sexto, noveno, décimo, décimo primero que corresponde al inciso a), décimo segundo que corresponde al inciso b), un décimo tercero que corresponde al inciso c), un décimo cuarto, un décimo quinto que corresponde al inciso d), un décimo sexto, un décimo séptimo que corresponde a la fracción I, un décimo octavo que corresponde a la fracción II y un décimo noveno que corresponde a la fracción III todos del 86; un séptimo párrafo, un octavo párrafo que corresponde a la fracción I, un noveno párrafo que corresponde a la fracción II, un décimo párrafo que corresponde a la fracción III, un décimo primer párrafo que corresponde a la fracción IV, un décimo segundo que corresponde a la fracción V y un décimo primer párrafo que corresponde a la fracción VI del artículo 88; nuevos segundo y tercer párrafos, un cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero que corresponden a las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del nuevo tercer párrafo, y un décimo cuarto párrafo, todo ello del 93; nuevos tercer y sexto párrafos, con lo que se recorre la secuencia actual del artículo 96; un sexto y séptimo párrafos nuevos con lo que se recorre la secuencia de los párrafos del 97; un último párrafo al 101; los nuevos párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y décimo sexto que corresponde al inciso e) de la fracción V del 110; una nueva fracción XI, con lo que se recorre la actual fracción XI, al 123; una nueva fracción V con lo que se recorre la actual para quedar como VI del 150 y un Título Décimo Primero, Capítulo Uno, De las Sanciones, y de los artículos 190 al 197, para quedar como sigue:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

 

Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por el artículo 1o., párrafo tercero en materia de reparación, 17, y 20, y de conformidad con la fracción XXX del artículo 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.

 

[…]

 

[…]

 

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.

 

 

Artículo 2. […]

 

  1. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y los demás consagrados en esta Ley, en la Constitución, y en las normas sobre derechos humanos en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;

 

  1. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;

 

III.- a V.- […]

 

Artículo 4. Se denominarán víctimas las personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro, lesión a sus bienes jurídicos o anulación de sus derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

 

También se consideran víctimas a las personas que, en términos de la legislación aplicable, tengan parentesco con la persona directamente afectada por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y descendente, sin limitación de grado; en la línea transversal hasta el cuarto grado; el cónyuge, y la concubina o, en su caso, quienes estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas afines, dependan económicamente de la persona desaparecida o sean allegadas.

 

En los casos de hechos victimizantes que por su naturaleza impliquen la desaparición, ausencia, privación de la libertad o muerte de la víctima directa, también se considerarán como tales las personas a las que se refiere el párrafo anterior.

 

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. En todo momento tendrán derecho a que las autoridades faciliten y colaboren con ellas para cumplir con su labor, en los términos de esta Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, así como, en los casos que lo ameriten, a las medidas de protección a las que se refiere el Título Tercero Capítulo IV de esta Ley.

 

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.

 

 

Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:

 

I.– Dignidad.- Las víctimas deben ser tratadas en todo momento como titulares y sujetos de derechos, y a no ser objeto de violencia, discriminación, humillaciones, tratos vejatorios, desinterés o arbitrariedades de cualquier especie por parte del Estado o de los particulares.

 

[…] Todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarlas y tratarlas como fin de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.

 

[…]

 

II.- Buena fe.- Las autoridades presumirán en todo momento la buena fe de lo dicho y actuado por las víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima, ni fundar en cuestionamientos injustificados, razones de jurisdicción u opiniones de ninguna índole la negativa o restricción de brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia que requiera, así como respetar y no obstaculizar el ejercicio efectivo de sus derechos.

 

Este principio no admite excepciones basadas en prejuicios de ninguna especie, así como tampoco en las opiniones técnicas a las que llegue el personal jurídico, psicológico, médico o cualquier otro encargado de la atención a víctimas.

 

III. Complementariedad.- Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Ley, en especial los relacionados con la asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes.

 

Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser adoptadas conforme al principio de complementariedad para alcanzar la integralidad que busca la reparación. Por lo anterior, en ningún caso podrán sustituirse unas medidas de reparación por otras; especialmente las medidas de indemnización no podrán sustituir a las de restitución, rehabilitación, satisfacción y no repetición, ni éstas a las de indemnización. Las reparaciones adoptadas deberán garantizar en conjunto la realización de los derechos a la verdad y a la justicia.

 

  1. Debida diligencia.- El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho.

 

[…]

 

  1. Enfoque diferencial y especializado.- Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.

 

[…]

 

[…]

 

  1. Enfoque transformador.- Las autoridades encargadas de aplicar la presente Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomarán las acciones necesarias para que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación, marginación y violencia que fueran causa de los hechos victimizantes, favoreciendo en todo momento su prevención y no repetición. Las reparaciones que se adopten a favor de las víctimas deberán contribuir a la no repetición de los hechos.

 

VII. Gratuidad.- Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víctima.

 

VIII. Igualdad y no discriminación.- En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial.

 

  1. Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.- Todos los derechos contemplados en esta Ley se encuentran interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio de los mismos sin que a la vez se garantice el resto de los derechos. La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros.

 

[…]

 

  1. Máxima protección.- Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.

 

[…]

 

  1. Mínimo existencial.- Las autoridades encargadas de cumplir esta Ley están obligadas a proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar, en todos los casos en los cuales ello sea necesario, y en las proporciones y duraciones que se precisen, todos los servicios y atenciones que se requieran para la satisfacción de sus necesidades elementales independientemente de otras medidas de ayuda inmediata o asistencia que pudieran estársele brindando en el marco de esta Ley, especialmente si el hecho victimizante produjo o empeoró una situación de precariedad patrimonial o económica a las víctimas, si perdieron su fuente de ingresos o si entre ellos hay niñas, niños o adolescentes que pudieran ser especialmente afectados por el hecho victimizante.

 

XII. No criminalización.- Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.

 

[…]

 

XIII. No victimización secundaria.- Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos.

 

XIV. Participación conjunta.- Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas.

 

[…]

 

  1. Progresividad y no regresividad.- Las autoridades que deben aplicar la presente Ley tendrán la obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados.

 

XVI. Publicidad.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos, adoptados en el marco de esta Ley, incluidos los que señalan los artículos 85 y 86, deberán ser públicos, siempre que esto no vulnere los derechos humanos de las víctimas o las garantías para su protección.

 

El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara, periódica y accesible.

 

XVII. Rendición de cuentas.- Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la Ley, así como de los planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación, especialmente en lo referente al ejercicio presupuestal del Fondo y a la adopción a favor de las víctimas de medidas de ayuda, asistencia o reparación integral a que se refiere esta Ley, que contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas.

 

XVIII. Transparencia.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes.

 

[…]

 

XIX. Trato preferente.- Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas.

 

 

Artículo 6. […]

 

  1. al IV.- […]

 

  1. Compensación: Reparación o indemnización económica a la que la víctima tenga derecho en los términos de esta Ley;

 

VI.- […]

 

VII.- […]

 

 

VIII.- Desplazamiento interno forzado: Condición de las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal mexicana internacionalmente reconocida.

 

  1. Fondo: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral;

 

  1. Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte;

 

  1. Ley: Ley General de Víctimas;

 

XII.    Plan: Plan Anual Integral de Atención a Víctimas;

 

XIII.   Programa: Programa de Atención Integral a Víctimas;

 

XIV.   Procedimiento: Procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas;

 

  1. Registro: Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal y los registros de las entidades federativas;

 

XVI.   Reglamento: Reglamento de la Ley General de Víctimas;

 

XVII.             Sistema: Sistema Nacional de Atención a Víctimas;

 

XVIII. Víctima: Persona física que ha sufrido la anulación, el daño o el menoscabo de sus derechos como consecuencia de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito;

 

También se consideran víctimas a las personas que, en términos de la legislación aplicable, tengan parentesco con la persona desaparecida por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y descendente, sin limitación de grado; en la línea transversal hasta el cuarto grado; el cónyuge, y la concubina o, en su caso, quienes estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas afines, o dependan económicamente de la persona desaparecida.

 

XVIII. Se deroga

 

XIX. a XXII.- […]

 

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos, por tanto, esta ley no podrá ser interpretada de forma tal que limite, modifique o menoscabe las disposiciones de cualquier instrumento internacional aplicable.

 

[…]

 

I.- A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables del hecho victimizante, y a su reparación integral;

 

II.- […]

 

III.-     A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos victimizantes, incluyendo aquéllos en los que hubiera intervenido una autoridad pública, para lo cual la autoridad deberá informar a las víctimas y sus representantes acerca de los resultados de toda investigación practicada, así como hacerlos públicos en los términos de la legislación en la materia;

 

IV.-     A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal, a lo largo de todos los procesos en los que sean parte, indistintamente de la fase procesal en la que se encuentren;

 

V.- y VI.- […]

 

VII.–   A contar con recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces para garantizar su acceso a la ayuda, asistencia, verdad, justicia y reparación integral;

 

VIII.             Al bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a su dignidad y privacidad, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas;

 

IX.- a XIX.- […]

 

  1. A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral; en especial tendrán el derecho de ser consultadas en todo momento por las autoridades integrantes del Sistema con respecto a las políticas, programas y modelos de atención que adopten;

 

XXI.- a XXXII.- […]

 

XXXIII.        A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas;

 

XXXIV.- A ser reconocidas por su calidad de víctimas de desplazamiento interno forzado cuando se cumplan los supuestos establecidos en la fracción VIII del artículo 6 de esta Ley y contar con medidas de asistencia y atención especializada; a no sufrir privación arbitraria, apropiación, ocupación o destrucción de sus propiedades y/o posesiones, sea individual o colectiva, a su identidad y reconocimiento de personalidad jurídica, a transitar de manera libre, a elegir su lugar de residencia, a trámites para la obtención o restitución de su documentación personal, acceso a gozar de condiciones satisfactorias de vida con programas de seguridad, salud e higiene, agua potable, alimentos, alojamientos básicos y vivienda, educación, a ser consultados y participar en la planificación y gestión de soluciones duraderas y al acceso a procesos de procuración y administración de justicia, a medios de defensa efectivos, que permitan su reinserción en condiciones de seguridad al territorio y a la comunidad de la que han sido desplazados forzadamente;

 

XXXV.- A solicitar ayuda internacional humanitaria;

 

XXXVI.- A transitar de manera libre y elegir su lugar de residencia;

 

XXXVII. A que las definiciones, principios, derechos y medidas contemplados en cualquier normatividad que involucre la participación de víctimas sean interpretados de manera tal que favorezcan a la mayor y mejor protección de sus derechos, así como a que, en caso de conflicto normativo, se aplique en todo caso la que más favorezca a la víctima.

 

XXXVIII.     Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición aplicable en la materia o legislación especial.

 

 

Artículo 8. Las víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos a nivel federal, o las del delito o violaciones de derechos humanos de jurisdicción de las entidades federativas, en el caso de que no hubiera comisión estatal de víctimas, e independientemente de que estén inscritas en el Registro Nacional de Víctimas, recibirán de la Comisión Ejecutiva federal ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

 

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la vida, contra la libertad o la integridad, así como de desplazamiento interno forzado, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.

 

[…]

 

Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán exclusivamente por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios en el ámbito de sus competencias, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.

 

[…]

 

 

Artículo 9. Las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, los cuales se garantizarán incluyendo siempre un enfoque transversal restaurativo, transformador, de género y diferencial.

 

Se entiende por asistencia el conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para superar su victimidad, llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política, y a las víctimas de desaparición; tortura, tratos crueles o penas crueles inhumanos degradantes; ejecuciones extrajudiciales o desplazamiento interno forzado, su reintegración y a soluciones duraderas. Entre estas medidas, las víctimas contarán con asistencia médica especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatológica.

 

[…] .

 

Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación integral, por lo tanto, el costo o las erogaciones en que incurra el Estado en la prestación de los servicios de atención y asistencia, en ningún caso serán descontados de la indemnización a que tuvieran derecho las víctimas.

 

 

Artículo 12. […]

 

I.- […]

 

II.- A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a que se refieren los artículos 64 al 72 de esta Ley y de la legislación aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo;

 

III.- a XIII.- […]

 

 

Artículo 15.- Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y trascendencia de los exámenes periciales a los que podrán someterse dependiendo de la naturaleza del caso, y en caso de aceptar su realización a ser acompañadas en todo momento por su Asesor Jurídico, perito independiente acreditado por la víctima, con cargo a los recursos de las comisiones nacional o de las entidades federativas, o la persona que consideren.

 

Artículo 21. […]

 

[…]

 

[…]

 

Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las exhumaciones, por sí y/o a través de sus asesores jurídicos, así como de organizaciones de víctimas u otras personas a voluntad de las víctimas; a ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados; y a designar peritos independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de protección a los derechos humanos, que contribuyan al mejor desarrollo de las mismas.

 

Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la legislación en materia de desapariciones, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.

 

[…]

 

[…]

 

 

Artículo 23. Las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, podrán proporcionar a la autoridad competente, los resultados que arrojen sus investigaciones de violaciones a los derechos humanos, así como peritajes independientes a cargo de los recursos de las comisiones nacional o de las entidades federativas, con el fin de contribuir con la búsqueda y conocimiento de la verdad. Las autoridades deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e independiente.

 

 

CAPÍTULO VI

DEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL

 

Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. Ningún ordenamiento de carácter inferior puede restringir ningún derecho ni medida de reparación integral protegidos por esta ley.

 

 

Artículo 27. […]

 

I.- a II.- […]

 

III.– La compensación, indemnización económica, ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos;

 

IV.- […]

 

  1. […]

 

  1. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo, así como la reinserción y soluciones duraderas que reconozcan la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados.

 

[…]

 

Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con cargo al Fondo o parcialmente en coordinación con las autoridades correspondientes en el ámbito de sus competencias.

 

 

Artículo 28. […]

 

Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de mujeres, menores de edad, adultos mayores, desplazados internos forzados y población indígena.

 

 

Artículo 29. Las instituciones hospitalarias públicas del Gobierno Federal, de las Entidades Federativa y de los municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad, fuero competencial, incorporación a un registro y sin exigir ninguna otra condición previa para su admisión. En caso de que no exista comisión de víctimas en la entidad federativa de que se trate o ésta no garantice la atención requerida, la Comisión Ejecutiva está obligada a cubrir los gastos de la atención médica de emergencia, independientemente de la jurisdicción o competencia.

 

 

Artículo 31. La Federación, las entidades federativas o municipios donde se haya cometido el hecho victimizante, así como las comisiones de atención a víctimas, independientemente del fuero competencial, están obligados a apoyar a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima en todos los casos en los cuales la muerte sobrevenga como resultado directo o indirecto del hecho victimizante. Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias aplicables, mismas que no podrán ser menores a la protección que otorga la presente ley.

 

 

Artículo 34. […]

 

  1. a VI. […]

 

No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo a ninguna víctima que se encuentran fuera de su jurisdicción de derechohabientes.

 

Artículo 38. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o en situación de desplazamiento interno forzado por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia, exista una solución duradera y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar. Para ello, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) deberá asignar de sus recursos presupuestales, una partida emergente.

 

 

Artículo 39. Cuando la víctima se traslade a un lugar distinto de su lugar de residencia y requiera regresar al mismo, las comisiones de víctimas de las entidades federativas o la Comisión Ejecutiva, si se tratara de una diligencia de carácter federal en otra entidad, o se cumpliera el supuesto establecido en el cuarto párrafo del artículo 79 de esta ley, pagarán los gastos correspondientes, garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte usado por la víctima para su regreso es el más seguro y el que le cause menos trauma de acuerdo con sus condiciones.

 

 

Artículo 41. Las medidas adoptadas deberán ser acordes con la amenaza que tratan de conjurar y deberán tener en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de las víctimas, así como respetar, en todos los casos, su dignidad. Las víctimas tendrán derecho a que se apliquen en su favor, conforme a los principios y derechos plasmados en esta Ley y las necesidades específicas del caso, las medidas contempladas en la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

 

 

Artículo 45. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial para las mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; adultos mayores, desplazados internos forzados, migrantes y población indígena.

 

 

Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante, particularmente a quienes se encuentran en situación de desplazamiento interno forzado o migración. La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

 

Artículo 57. La Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello.

 

 

Artículo 61. […]

 

[…]

 

I.- Reestablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición de persona;

 

  1. II. a V. […]

 

  1. Regreso digno y seguro al lugar original de residencia u origen, así como la restitución o indemnización de sus derechos vulnerados en materia de tierra, propiedad o posesiones;

 

VII. a VIII. […]

 

[…]

 

 

Artículo 63. Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará un trato especial a los niños y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y a adultos mayores dependientes de éstas, y a víctimas de desplazamiento interno forzado.

 

 

CAPÍTULO III

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN

 

Artículo 64. La compensación, reparación económica, se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo:

 

  1. a VII. […]

 

VIII. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio a diligencias ministeriales, judiciales o para asistir a su tratamiento, si la víctima reside en municipio o delegación distintos al del enjuiciamiento o donde recibe la atención.

 

[…]

 

[…]

 

 

Artículo 65. Todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán compensadas, en los términos y montos exactos que determine la resolución que emita en su caso:

 

  1. a) a d). […]

 

[…]

 

[…]

 

 

Artículo 66. Cuando se trate de resoluciones judiciales que determinen la compensación o indemnización a la víctima a cargo del sentenciado, la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de éste, o en su defecto, con cargo a los recursos que, en su caso, se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado.

 

 

Artículo 67. Para efectos de otorgar la indemnización a las víctimas del delito, el Pleno de la Comisión Ejecutiva correspondiente determinará el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley o la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:

 

  1. a) y b) […]

 

  1. c) Un acuerdo emitido por el Pleno de la Comisión Ejecutiva, a instancia de parte interesada, aprobado por la mayoría simple de los y las presentes, en el cual se ordene el pago de la compensación, así como las demás medidas de reparación que correspondan, a partir de cumplirse los siguientes supuestos:

 

  1. i) el presunto responsable no cuente con recursos o no sea solvente para cubrir la reparación que corresponda;

 

  1. ii) se venzan los plazos con que cuentan el Ministerio Público o el juez de la causa para cumplir con lo dispuesto en cualquiera de las fracciones a) y b).

 

Los plazos a los que se refiere el ii) de la fracción c) no podrán exceder los noventa días naturales posteriores a la solicitud de la víctima al Ministerio Público o, en su caso, al juez de la causa.

 

[…]

 

El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas unidades de medida y actualización, que ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.

 

Artículo 69. La Comisión Ejecutiva correspondiente ordenará la compensación subsidiaria de una víctima que no haya sido reparada cuando obtenga todos los elementos a su alcance que lo demuestren y se discuta por la Comisión. La Comisión Ejecutiva deberá obtener a través de la Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas, entre otros:

 

  1. a III. […]

 

IV.- Lo establecido en el inciso c) del artículo 67.

 

 

CAPÍTULO IV

MEDIDAS DE SATISFACCIÓN

 

Artículo 73. Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según corresponda:

 

I.- […]

 

  1. La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad, en los términos establecidos en la Ley en materia de desapariciones;

 

I.- a VI.- […]

 

 

CAPÍTULO V

MEDIDAS DE NO REPETICIÓN

 

 

Artículo 74. […]

 

I.- a IX.- […]

 

  1. La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos los conflictos sociales, […]

 

  1. La revisión y reforma de las leyes, normas u ordenamientos legales que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las permitan; y

 

XII.- En el caso de personas desaparecidas, se considerarán además las que señala la Ley en la materia.

 

 

TÍTULO SEXTO

SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

 

CAPÍTULO I

CREACIÓN Y OBJETO

 

Artículo 79. […]

 

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno de la Ciudad de México y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente Título.

 

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas y Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas de las entidades federativas, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables. No podrán argumentarse razones competenciales ni reglamentarias para negar a las víctimas el ejercicio de los derechos y a la reparación integral que otorgan las disposiciones de la presente Ley.

 

Las Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas de las Entidades Federativas tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva […] de Atención a Víctimas cuando no exista aún la comisión de víctimas en la entidad federativa correspondiente; si existiera y la víctima no hubiere recibido respuesta dentro de los quince días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o se hubiere negado la misma.

 

Las entidades federativas contarán con una asesoría jurídica, un registro de víctimas y un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, en los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable.

 

En el caso de víctimas de desplazamiento interno forzado que se encuentren en una entidad federativa distinta de su entidad de origen la Comisión Ejecutiva deberá garantizar su debido registro, atención y reparación.

 

 

CAPÍTULO III

DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

 

Artículo 83. […]

 

[…]

 

[…]

 

[…]

 

[…]

 

Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema o de las comisiones previstas en esta Ley, las instituciones u organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las demás instituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo del Titular de la Comisión Ejecutiva deban participar en la sesión que corresponda.

 

[…]

 

 

Artículo 84. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y de gestión y contará con los recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación. Las medidas y reparaciones que dicte la Ejecutiva en términos de la presente Ley no estarán subordinadas a autoridad alguna. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley, el cual establecerá las atribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva y debe contemplar como mínimo los estándares protectores de esta Ley.

 

La Comisión Ejecutiva tendrá por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia, en términos del artículo 2 de esta Ley; así como desempeñarse como el órgano operativo del Sistema nacional de Atención a Víctimas y las demás que esta Ley señale.

 

[…]

 

[…]

 

[…]

 

 

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará integrada por un Comisionado presidente y un Consejo Directivo conformado por seis víctimas y personas expertas en su atención. El Ejecutivo Federal enviará al Senado, previa convocatoria pública y consulta nacional con los colectivos y organizaciones de víctimas, tres propuestas para la elección de la persona que habrá de cubrir el cargo de Comisionado presidente, y tres propuestas por cada miembro del Consejo Directivo, a elegir. El Senado elegirá por el voto de las dos terceras partes de los presentes.

 

El proceso de selección de los comisionados deberá realizarse conforme el principio de máxima publicidad garantizado que en cada etapa del proceso, desde la emisión de la convocatoria hasta el proceso final de selección en el Senado de la República, se publique la información en dos diarios de circulación nacional y se suba a la página web de la Secretaría de Gobernación.

 

Para garantizar que la Comisión Ejecutiva representa a colectivos de víctimas, especialistas y expertos que hayan desempeñado una labor acreditable y comprobable en la atención a víctimas, las ternas que presente el Ejecutivo federal al Senado, deberán estar conformadas en los siguientes términos:

 

  1. Tres personas provenientes del ámbito académico propuestas por instituciones de educación superior, con actividad acreditada de al menos cinco años en la investigación y docencia especializada en la atención a víctimas;

 

  1. Tres personas provenientes de colectivos de víctimas propuestas por organizaciones no gubernamentales registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, especializadas en la defensa de los derechos humanos, con actividad acreditada en atención a víctimas de al menos cinco años.

 

 

Para la elección de la persona que sea designada como Comisionado Presidente de la Comisión Ejecutiva, la terna que envíe el Ejecutivo federal deberá estar integrada por personas con al menos siete años de experiencia demostrable en atención a víctimas, y acreditar haber sido postuladas por colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos reconocidas por su destacada trayectoria en la defensa de los derechos de las víctimas.

 

Para la elección del Comisionado presidente y de los miembros del Consejo Directivo, el Senado conformará una Comisión Plural integrada por los presidentes de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, que se constituirá en la Comisión responsable de encabezar el proceso de selección y que recibirá las propuestas de comisionados.

 

En la integración del Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva, el Ejecutivo federal y el Senado están obligados a garantizar la representación de las diversas regiones geográficas del país, así como de las diversas especializaciones sobre hechos victimizantes, por lo que los comisionados deberán proceder de diferentes Entidades Federativas y ser expertos o víctimas de distintos tipos de hechos victimizantes.

 

 

Artículo 86. Para ser Comisionado Presidente de la CEAV o miembro del Consejo Directivo de la Comisión Ejecutiva, se requiere:

 

  1. […]

 

  1. […]

 

III. Contar con experiencia acreditada y comprobable en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley con una antigüedad del al menos siete años;

 

  1. No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación; y

 

V. No haber sido señalado en recomendaciones de organismos nacionales o internacionales de derechos humanos por su relación directa con hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos, o que se hubieran señalado contra personal de una institución o unidad administrativa a su cargo sin haberse sancionado y reparado integralmente.

 

En la integración de la Comisión Ejecutiva, el Ejecutivo federal y el Senado están obligados a garantizar la aplicación del principio de enfoque diferencial y especializado, así como representación de las diversas regiones geográficas del país y de las diversas especializaciones sobre hechos victimizantes, por lo que sus integrantes deberán conformarse bajo un criterio de paridad de género, provenir de diferentes Entidades Federativas y haberse destacado en el ejercicio de diversas profesiones.

 

La persona que se desempeñe como Comisionado Presidente y las personas integrantes del Consejo Directivo, se desempeñarán en su cargo por cinco años y se renovarán de forma escalonada cada dos años hasta que concluyan su mandato, sin posibilidad de reelección. Durante el mismo, el Comisionado Presidente no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia ni ser representante de sociedad civil en espacio consultivo derivado de otras leyes

 

Por lo que hace a las personas integrantes del Consejo Directivo, no podrán tener ningún empleo, cargo o comisión gubernamental durante su período, ni podrán ejercer actividades remuneradas que impliquen la representación de víctimas ante las instituciones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas ni participar en espacio consultivo en representación de sociedad civil derivado de otras leyes.

 

El Senado, a través de un procedimiento legislativo que inicia con una proposición de punto de acuerdo con toda la información respectiva adjunta, e involucra a las Comisiones Unidas que procesan la elección, podrá revocar el mandato de las personas que integran la Comisión Ejecutiva, como colectivo o de manera individual, cuando:

 

  1. a) Tengan un subejercicio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral mayor a 60% en el ejercicio presupuestal anual;

 

  1. b) Incumplan con el otorgamiento de las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley y así lo hagan constar por escrito dirigido a las Comisiones Unidas al menos cien víctimas inscritas en el Registro;

 

  1. c) Nieguen a una víctima del delito o de violación de derechos humanos el apoyo con los recursos necesarios para garantizar el acceso a las medidas contempladas en los artículos 28, 29, 30 y 31, de esta Ley.

 

Si de esta negativa, la víctima pierde la vida, se podrá iniciar además un procedimiento de sanción administrativa y penal, de conformidad con la legislación aplicable; y

 

  1. d) Incurran en otras conductas que coloquen a las víctimas del delito o de violación a derechos humanos en situaciones de victimización secundaria o en mayor vulnerabilidad.

 

El procedimiento para la revocación del mandato, previo análisis de la información, deberá seguir el trámite legislativo establecido en la normatividad del Senado; el dictamen respectivo deberá ser emitido en un plazo máximo de 30 días naturales.

 

I.- La Mesa Directiva del Senado turnará a las Comisiones Unidas competentes el punto de acuerdo respectivo:

 

II.- Las Comisiones Unidas analizarán la información que acompañe la proposición con punto de acuerdo y, de ser necesario, recabará más elementos que acrediten lo expresado en dicho punto de acuerdo;

 

III.- De encontrarse que se ha incurrido en alguno de los supuestos para la revocación del mandato, las Comisiones Unidas emitirán un dictamen conforme lo establece la normatividad aplicable, cumpliendo estrictamente el plazo legal que en ésta se señala.

 

Artículo 87. El presidente de la Comisión Ejecutiva durará en su encargo dos años, renovable por una ocasión y será elegido por el pleno del Consejo Directivo. Sus facultades serán de carácter administrativo, y para los efectos del cumplimiento del Título Quinto de la presente Ley, estará a las decisiones que tome el Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva, y tendrá voto de calidad exclusivamente en decisiones que afecten de manera directa a la seguridad y el ejercicio de los derechos de las víctimas y cuando éstas se encuentren en riesgo.

 

 

Artículo 88. El Pleno de la Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y facultades:

 

  1. a III. […]

 

 

  1. I Proponer al Sistema una política nacional integral y políticas públicas de prevención de delitos y violaciones a derechos humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas […] de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;

 

  1. a XXIX. […]

 

XXX. Crear y coordinar los comités especiales de atención a víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos que requieran prevención, atención e investigación con una perspectiva integral tales como en los casos de desaparición de personas, extravío, ausencia o no localización de personas, trata de personas, desplazamiento forzado interno, migrantes, tráfico de personas y secuestro, a fin de que además de las acciones, propuestas, planes o programas que se deriven para un grupo de víctimas específicas, se guarde una integralidad respecto al tratamiento de las víctimas y reparación integral, con cargo a su presupuesto autorizado;

 

XXXI. a XXXVI.

 

El Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones:

 

  1. Establecer en conjunto con el Comisionado Presidente los lineamientos generales de actuación de la Comisión Ejecutiva;

 

  1. Instruir la elaboración y aprobar, en su caso, los proyectos de normas de carácter interno, manuales, protocolos, políticas públicas, convenios y otros documentos técnicos, operativos o reglamentarios relacionados con la actuación de la Comisión Ejecutiva y el cumplimiento de sus fines, o bien, validar los proyectos sometidos a su consideración por el Comisionado Presidente;

 

III.- Validar, en su caso, el proyecto de informe anual que rinda el Comisionado Presidente, así como hacer todo tipo de recomendaciones y observaciones sobre el proyecto;

 

  1. Conocer y validar, en su caso, el informe mensual de ejercicio presupuestal de la Comisión Ejecutiva; y

 

  1. Emitir recomendaciones para la actuación de la Comisión Ejecutiva en casos concretos, particularmente cuando haya hechos victimizantes que, por su importancia y gravedad, ameriten su intervención o la del Sistema Nacional de Atención a Víctimas; y

 

  1. Emitir recomendaciones al Comisionado Presidente para atender adecuadamente algún asunto que sea de interés del Consejo Directivo, en el marco del cumplimiento de esta Ley.

 

 

Artículo 91. Los diagnósticos nacionales que elabore la Comisión Ejecutiva, por iniciativa propia o a solicitud de grupos de víctimas o de la sociedad civil, deberán ser situacionales y focalizados a situaciones específicas que se enfrenten en determinado territorio o que enfrentan ciertos grupos de víctimas tales como niños y niñas, indígenas, migrantes, mujeres, personas con discapacidad, de delitos tales como violencia familiar, sexual, secuestro, homicidios o de determinadas violaciones a derechos humanos tales como desaparición de personas, ejecución arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria, entre otros.

 

[…]

 

[…]

 

 

Artículo 92. […]

 

Las determinaciones de la Comisión Ejecutiva se tomarán por la mayoría de los presentes; el presidente tendrá voto de calidad en los supuestos establecidos en el artículo 87 de esta Ley.

 

 

Artículo 93. A fin de lograr una especialización, atención integral y coordinada en temas que requieran ser tratados en todo el país, se establecen las Relatorías Especiales, las cuales contarán con una asignación suficiente de recursos para la realización de consultas, eventos de difusión y publicación de análisis, informes y demás información pertinente derivada de su mandato, así como plenas garantías de independencia para realizar su labor.

 

Las Relatoras o los Relatores Especiales serán designados directamente por el Pleno de la Comisión a partir de un proceso de convocatoria pública, en la cual las personas candidatas serán postuladas en el proceso por grupos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, debiendo contar con una destacada trayectoria, conocimientos sólidos y demostrables en los temas materia de su mandato, así como una buena reputación y credibilidad entre las víctimas y sus colectivos. La sesión en la cual se discuta y designe a una relatora o un relator especial deberá ser pública.

 

Serán atribuciones de las relatorías especiales, las siguientes:

 

I.- Realizar consultas directas a las víctimas para el diseño e impulso de medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de delito o de la violación a sus derechos humanos;

 

II.- Mantener una constante coordinación con las relatorías especiales de las entidades federativas para el intercambio de información que permitan generar diagnósticos situacionales;

 

III.- Coadyuvar en la elaboración o modificación de los protocolos generales de actuación para la prevención, atención e investigación de los delitos o violaciones a los derechos humanos, en coordinación con las instancias competentes;

 

IV.- Elaborar diagnósticos nacionales anuales que permitan evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las víctimas de delitos o de violaciones a los derechos humanos, así como contribuir a la garantía del derecho a la verdad de la sociedad en su conjunto.

 

Los diagnósticos nacionales deberán publicarse durante el primer trimestre de cada año y reflejar las cifras de atención, registro, cumplimiento de medidas de reparación y, en general, todas las relativas a las actividades de acompañamiento adoptadas a favor de las víctimas en el marco de esta Ley en relación con al mandato temático de la Relatoría de que se trate, durante el año inmediato anterior al de su publicación, así como recomendaciones dirigidas a instituciones públicas u otras que pudieran ser relevantes, a fin de garantizar la transformación de las causas estructurales de la victimización;

 

V.- Solicitar a las autoridades o instituciones privadas la información que requieran para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

 

VI.- Coadyuvar en la elaboración del proyecto de Programa de Atención Integral a Víctimas;

 

VII.- Coadyuvar en la elaboración de medidas, lineamientos o directrices a que se refiere la fracción XXI, del artículo 88 de la Ley;

 

VIII.- Elaborar propuestas de política pública y normatividad en la materia de su especialización, aplicando para ello los principios contenidos en esta Ley, especialmente el de enfoque transformador, y

 

  1. Emitir opinión sobre los proyectos de dictamen de reparación emitidos por el Comité Interdisciplinario Evaluador en los casos relacionados con su mandato temático, procurando en todo momento que en la adopción de las medidas de reparación se cumpla con los principios de complementariedad, enfoque diferencial y especializado, enfoque transformador, máxima protección, progresividad y demás aplicables.

 

La Comisión Ejecutiva contará al menos con las siguientes Relatorías Especiales:

 

  1. Relatoría Especial sobre violencia familiar

 

  1. Relatoría Especial sobre violencia sexual;

 

III. Relatoría Especial sobre trata y tráfico de personas;

 

IV. Relatoría Especial sobre personas desaparecidas;

 

  1. Relatoría Especial sobre personas víctimas de homicidio;

 

  1. Relatoría Especial sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes;

 

VII. Relatoría Especial sobre detención arbitraria;

 

VIII.- Se deroga […]

 

VIII. Relatoría Especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales;

 

IX.- Relatoría Especial sobre desplazamiento interno forzado, y

 

X.- Relatoría Especial sobre migrantes.

 

Se podrán establecer también relatorías especiales por grupo de víctimas, determinados casos cuyo impacto social, gravedad o complejidad lo requieran, o, en general, las que determine el Pleno de la Comisión.

 

El Pleno de la Comisión se constituye en un Comité Interdisciplinario Evaluador para dictaminar y aprobar los proyectos de reparaciónón integral, atendiendo a la proporción del daño en cada caso, el cual deberá someter a la votación del Pleno de la Comisión para su aprobación, en los términos de los artículos 145 y 146 de esta normatividad.

 

 

Artículo 96. […]

 

El Registro Nacional de Víctimas constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral previstas en esta Ley.

Para efectos de la inscripción de las víctimas en el Registro, no será necesario que las víctimas exhiban ningún documento en específico, ni podrá exigírseles, en consecuencia, la presentación de denuncia o cualquier otro documento o trámite presentado ante la instancia de procuración de justicia o de protección de derechos humanos que corresponda por motivo de su jurisdicción.

 

[…]

 

 

[…]

 

El registro contará con subregistros para cada uno de los tipos de hechos victimizantes, divididos en dos archivos generales, a saber: un archivo para los hechos victimizantes de fuero federal, y otro para los de fuero común.

 

Las entidades federativas contarán con sus propios registros. La Federación y las entidades federativas estarán obligados a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del Registro. La integración del registro federal y la conformación del Registro Nacional estarán a cargo de la Comisión Ejecutiva.

 

[…]

 

[…]

 

 

 

Artículo 97. […]

 

I.- a III.- […]

 

[…]

 

Las instituciones públicas de protección de los derechos humanos, las instancias de procuración de justicia y los poderes judiciales federal y de las entidades federativas deberán remitir a la Comisión Ejecutiva las bases de datos que obren en su poder y que permitan reunir la información precisada en el formato único de declaración adoptado por el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, a fin de que la información en todos los expedientes en su poder en los cuales haya víctimas como partes en los procedimientos de su competencia, sean incorporados al Registro.

 

Por cada uno de los expedientes que se generen, las instituciones obligadas por este artículo deberán remitir de inmediato la información necesaria para nutrir el formato único de declaración. La Dirección del Registro deberá turnar los nuevos expedientes a la Presidencia de la Comisión Ejecutiva para que se determinen las medidas a adoptar en cada caso. Si la revisión de expedientes ha concluido, el Presidente de la Comisión Ejecutiva deberá presentar un proyecto de dictamen de reparación para su discusión, y en su caso, aprobación por parte del Pleno de la Comisión Ejecutiva. Si se trata de un caso que corresponda a una Comisión Ejecutiva de una entidad federativa, se le turnará con un exhorto para su inmediata atención.

 

[…]

 

[…]

 

 

 

Artículo 101. Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma al Registro en un plazo no mayor a cinco días hábiles, y se procederá a la valoración de la información recogida en el formato único junto con la documentación remitida que acompañe dicho formato. Al validarse la inscripción, la Comisión Ejecutiva, a través del área encargada del Registro, deberá informar al solicitante que fue inscrito, expedir y entregarle el comprobante foliado que la acredite como una víctima inscrita en el Registro, con todos los efectos legales correspondientes. Ninguna autoridad condicionará el cumplimiento de las obligaciones que le impone esta ley para con las víctimas a la exhibición del comprobante foliado.

 

Para mejor proveer, la Comisión Ejecutiva y las comisiones de víctimas de las Entidades Federativas, podrán solicitar la información que consideren necesaria a cualquiera de las autoridades del orden federal, local y municipal, las que estarán en el deber de suministrarla en un plazo que no supere los diez días hábiles; no podrán exigirse a las víctimas mayores requisitos de los establecidos en esta Ley ni la realización de gestiones relacionadas con la obtención de la información para su registro.

 

[…]

 

[…]

 

[…]

 

I.- a V. […]

 

Los servidores públicos de la Comisión Ejecutiva no podrán condicionar las ayudas del Título Tercero a estar previamente inscritos en el Registro ni la inscripción al Registro Nacional a que la víctima le entregue los documentos arriba señalados ni a la ejecución de condiciones de cualquier tipo que se establezcan por el Reglamento o resoluciones de la Comisión Ejecutiva que reduzcan los parámetros protectores de esta Ley.

 

 

Artículo 108. …

 

En el caso de las personas que se encuentren bajo custodia del Estado, estarán obligados de recibir la declaración las autoridades que estén a cargo de los centros de reinserción social.

 

 

Artículo 110. La calidad de víctima se adquiere por el menoscabo o anulación del ejercicio de los derechos derivado del hecho victimizante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 párrafo cuarto de esta Ley.

 

Para efectos del acceso de las víctimas a lo dispuesto en el Título Tercero de esta Ley, bastará con la existencia de un daño objetivo y evidente y el simple dicho de la víctima para que de inmediato las autoridades que tengan conocimiento de los hechos, incluyendo la Comisión Ejecutiva o la comisión de víctimas que por su jurisdicción corresponda, adopten las medidas que sean necesarias, sin exigir mayores requisitos a las víctimas, atendiendo en todo momento a los principios pro persona, de buena fe, no victimización secundaria, debida diligencia y demás aplicables.

 

En casos de emergencia médica o psicológica, o de que la vida, integridad o libertad de las víctimas corra riesgo por cualquier causa, toda persona, sea autoridad pública o no, está obligada a prestarles auxilio y solicitar a las autoridades competentes la atención especializada a que tienen derecho sin que medien mayores formalidades o requisitos, en los términos del Título Tercero Capítulos I y IV de esta Ley.

 

Cualquier persona puede notificar de los hechos a cualquier autoridad, indistintamente de su jurisdicción o competencia. En todo caso, la primera autoridad que tenga noticia de los hechos deberá garantizar de inmediato que tengan lugar las medidas previstas en el párrafo anterior y tan pronto como ello hubiera ocurrido, dar aviso a la Comisión Ejecutiva o comisión de víctimas correspondiente; la cual deberá adoptar todas las gestiones necesarias para entrar en comunicación con la víctima o sus representantes, inscribirla en el Registro, asignarle un asesor jurídico y que se le garantice la adopción de todas las medidas y el respeto de todos los derechos reconocidos por esta Ley, desde el momento en que la Comisión de mérito tenga conocimiento de los hechos hasta que, por medio del efecto conjunto de las medidas que se adopten en su beneficio, supere su condición de victimidad y se reinserte lo más plenamente posible a la sociedad y a la realización de su proyecto de vida.

 

Por lo que hace al acceso a las medidas contempladas en el Título Cuarto de esta normatividad, bastará con la inscripción de la víctima al Registro, sin que ninguna autoridad deba exigir a las víctimas ningún requisito adicional.

 

Para efectos de garantizar las medidas de reparación integral contempladas en el Título Quinto de esta Ley, además de la inscripción de la víctima al Registro, deberá contarse con la determinación de cualquiera de las siguientes autoridades:

 

  1. a IV. […]

 

  1. La Comisión Ejecutiva considerará también las determinaciones de:

 

[…]

 

[…]

 

  1. c) Los organismos públicos de protección de los derechos humanos, […]

 

  1. d) Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia; o

 

  1. e) Las instituciones de derecho público nacionales o internacionales cuyo mandato expreso tenga conexión directa con la protección, promoción o defensa de los derechos de las víctimas, tales como comisiones de la verdad, grupos de investigación conformados por personas expertas designadas para conocer de un caso por organismos internacionales o instituciones gubernamentales, u otros mecanismos públicos de investigación sobre justicia transicional, que tuvieran conocimiento probado sobre la ocurrencia del hecho victimizante alegado.

 

 

Artículo 111. El reconocimiento de la calidad de víctima a que se refieren los artículos 4 y 110 de esta Ley, tendrá como efecto:

 

  1. […]

 

  1. En el caso de lesiones graves, delitos contra la libertad psicosexual, violencia familiar, trata de personas, secuestro, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición, privación de la libertad, desplazamiento interno forzado y todos aquellos que impidan a la víctima por la naturaleza del daño atender adecuadamente la defensa de sus derechos; que el juez de la causa o la autoridad responsable del procedimiento, de inmediato, suspendan todos los juicios y procedimientos administrativos y detengan los plazos de prescripción y caducidad, así como todos los efectos que de éstos se deriven, en tanto su condición no sea superada, siempre que se justifique la imposibilidad de la víctima de ejercer adecuadamente sus derechos en dichos juicios y procedimientos.

 

El procedimiento y los elementos a acreditar, se determinarán en el Reglamento correspondiente que no podrá ser invocado para negar o restringir la garantía del otorgamiento de los derechos reconocidos por esta Ley.

 

 

Artículo 118. […]

 

  1. a VII. […]

 

VIII. Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema, así como realizar medidas para la prevención y atención del desplazamiento interno forzado y de la migración;

 

[…]

 

X. Diseñar y ejecutar programas de prevención social de la violencia y la delincuencia, así como promover la reinserción social tanto de víctimas como de imputados o personas liberadas después de purgar una condena penal, con el fin de favorecer a la no repetición de hechos de violencia;

 

  1. XI. a XVIII. […]

 

[…]

 

 

Artículo 119. […]

 

  1. a V. […]

 

  1. Diseñar y ejecutar programas de prevención social de la violencia y la delincuencia, así como promover la reinserción social tanto de víctimas como de imputados o personas liberadas después de purgar una condena penal, con el fin de favorecer a la no repetición de hechos de violencia;

 

  1. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas, así como realizar medidas para la prevención y atención del desplazamiento interno forzado y migrantes de manera que se garantice su derecho a un nivel de vida adecuado;

 

VII. a IX. […]

 

 

Artículo 120. […]

 

  1. a XX. […]

 

El incumplimiento de los deberes aquí señalados en esta Ley para los servidores públicos, en especial quienes tengan la responsabilidad institucional de cumplir con esta Ley, será sancionado con la responsabilidad administrativa o penal, de conformidad con la legislación aplicable.

 

 

Artículo 123. […]

 

  1. a IX. […]

 

  1. Cuando se entregue a la víctima el cuerpo o restos humanos del familiar o personas cercanas, y no haya causado ejecutoria, le deberán informar que pesa sobre ella el deber de no someter los mismos a cremación. Dicho deber sólo puede ser impuesto a la víctima en aras de hacer efectivo su derecho a la verdad y a la justicia,

 

[…]

 

  1. Iniciar procedimiento de investigación y, eventual sanción penal, al servidor público que incurra en conductas delictivas aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas; y

 

XII. Las demás acciones que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de atención integral a víctimas y reparación integral.

 

 

Artículo 131. Para ser beneficiarios del apoyo del Fondo en los términos del Capítulo III del Título Quinto de esta Ley, el Pleno de la Comisión Ejecutiva en su papel de Comité Interdisciplinario Evaluador realizará una evaluación integral del entorno familiar y social de las víctimas con el objeto de contar con los elementos suficientes para determinar las medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación; en dicha evaluación se deberán considerar las condiciones extremas de vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento interno forzado y de desaparición.

 

 

Artículo 132. […]

 

  1. I. a VIII. […]

 

[…]

 

Las compensaciones subsidiarias se cubrirán con los recursos del Fondo correspondiente al ejercicio fiscal vigente al momento de la solicitud, excepto si el subejercicio del Fondo supera el 60% del mismo. La Comisión Ejecutiva velará por la maximización del uso de los recursos del Fondo, priorizando en todo momento aquellos casos de mayor gravedad.

 

 

Artículo 150. […]

 

I.- a III.- […]

 

IV.- El número y la edad de los dependientes económicos, […]

 

V.- Las condiciones, en caso de desplazamiento interno forzado y migración, y

 

VI. Los recursos disponibles en el Fondo.

 

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO

 

CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS SANCIONES

 

Artículo 190. Para lo no dispuesto en esta Ley se aplicará de manera supletoria para el desarrollo del procedimiento y la fijación de las sanciones que correspondan, la legislación en materia de justicia administrativa y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los asuntos que sean de sus respectivas competencias.

 

Artículo 191. Al servidor público que actúe de manera omisa, negligente o sin la debida diligencia en la prestación de un servicio o de una medida a una víctima a la que estuvieran obligados por virtud de la presente Ley, se le sancionará con amonestación administrativa y, en caso de reincidencia, será destituido de su cargo. Asimismo, en caso de que, derivado de la omisión, falta de debida diligencia o negligencia en la prestación del servicio o medida, la víctima hubiera sufrido un nuevo daño, o éste se hubiera empeorado, se le sancionará con multa de entre quinientos y mil salarios mínimos e inhabilitación hasta por cinco años para ejercer cualquier cargo público, sin prejuicio de las responsabilidades penales a las que se hicieran acreedores.

 

Artículo 192. Al servidor público que maltrate emocional o verbalmente a las víctimas mediante ofensas, humillaciones o cualquier falta de respeto que implique la inobservancia de los principios de actuación previstos en el artículo 5 de esta Ley, se le destituirá de inmediato de su cargo.

 

Artículo 193. Al servidor público que imponga cualquier tipo de costa, gravamen o requiera de las víctimas una contraprestación de cualquier índole por la prestación de servicios o medidas a las que tienen derecho, se les sancionará con la destitución inmediata de su puesto, así como se le obligará a la devolución íntegra de lo pretendido cuando se tratara de bienes materiales, en caso de haberlo cobrado, así como con sanción pecuniaria hasta por tres veces el valor de lo cobrado, e inhabilitación hasta por cinco años para ejercer cualquier función pública, sin menoscabo de las responsabilidades penales que se desprendieran del caso.

 

Artículo 194. En caso de que se demuestre que el responsable de cualquiera de las conductas previstas en los artículos 191 y 192 de esta Ley hubiera actuado motivado por discriminación en razón de la edad, el sexo, la condición social o económica, el origen nacional, la orientación sexual, el tipo de hecho victimizante, o cualquiera otra, la sanción aplicable consistirá en multa hasta por quinientos salarios mínimos, destitución inmediata del cargo e inhabilitación para ejercer cualquier función pública hasta por cinco años, sin perjuicio de otras responsabilidades penales o administrativas que pudieran derivarse del caso.

 

Artículo 195. Al servidor público que ponga en riesgo la seguridad de las víctimas mediante intimidación o amenazas, se le sancionará con una pena de entre cuatro y diez años de prisión, multa de entre quinientos y mil salarios mínimos, así como inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público hasta por trece años posteriores a la conclusión de la pena corporal, sin menoscabo de las sanciones que resulten por la comisión de otros delitos.

 

Artículo 196. Al servidor público que ponga en riesgo la seguridad de las víctimas por filtrar informaciones derivadas de su acceso al expediente a terceras personas, sean particulares u otros servidores públicos, incluyendo a quienes sean señalados como responsables de los hechos victimizantes, o con un tercero implicado que amenace o dañe la vida, integridad personal o libertad de una víctima, se le sancionará con una pena de entre cuatro y diez años de prisión, multa de entre quinientos y mil salarios mínimos, así como inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público hasta por trece años posteriores a la conclusión de la pena corporal, sin menoscabo de las sanciones que resulten por la comisión de otros delitos.

 

Artículo 197. Al servidor público que ponga en riesgo la seguridad de las víctimas por omitir o actuar negligentemente en la adecuada y pronta implementación de las medidas de protección contempladas en esta Ley, siempre que el riesgo se verifique efectivamente, se le sancionará con una pena de entre tres y siete años de prisión, multa de entre quinientos y mil salarios mínimos, así como inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público hasta por siete años posteriores a la conclusión de la pena corporal, sin menoscabo de las sanciones que resulten por la comisión de otros delitos.

 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 50 del Reglamento para el Gobierno Interior del Senado.

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL SENADO, para quedar como sigue:

 

Artículo 150.-

 

1.- a 2.- […]

 

[…]

 

Para efectos de la revocación del mandato de un Comisionado o Comisionados establecida en la Ley General de Víctimas, se aprobará con las dos terceras partes de los integrantes presentes de las comisiones unidas competentes.

[…]

 

TRANSITORIOS

 

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.

 

TERCERO.- El Reglamento de la presente Ley deberá armonizarse con la presente reforma en un plazo máximo de 180 días siguientes a la fecha en que la Ley entre en vigor.

 

CUARTO.- En un plazo de 180 días naturales los Congresos Locales deberán armonizar todos los ordenamientos locales relacionados con la presente reforma a la Ley.

 

QUINTO.- Si en el plazo señalado en el transitorio anterior, los Congresos locales no hubieran armonizado sus ordenamientos relacionados con la presente reforma a la Ley, estarán a lo que señala esta Ley General para el cumplimiento de la misma.

 

SEXTO. En un plazo no superior a los 60 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo federal y el Senado realizarán las acciones establecidas en esta Ley para nombrar a la totalidad de los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

 

SÉPTIMO. Para el cumplimiento de lo señalado en el artículo 38 relativo a la asignación de una partida presupuestal emergente al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Ejecutivo Federal enviará un rubro presupuestal incorporado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 a la Cámara de Diputados.

OCTAVO.- En un plazo no superior a los 60 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo federal y el Senado realizarán las acciones establecidas en esta Ley para nombrar a la totalidad de los integrantes del Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. No serán elegibles las personas que hubieran laborado previamente en la Comisión Ejecutiva u otras instancias gubernamentales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 fracción IV de esta Ley.

En tanto se cumple con lo señalado en el párrafo anterior, seguirán en funciones quienes detentan actualmente la responsabilidad de integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

 

 

 

 

¿Cuál es el dilema para tipificar el grooming (ciberacoso sexual infantil)?

(una parte de este artículo fue publicado en la revista El mundo del Abogado, noviembre de 2015 y una versión más extensa fue publicada por Iter Críminis).

Hace algunas semanas, la organización Save The Children (México) me invitó a sumarme a la causa para convertir el grooming o ciberacoso sexual infantil en un tipo penal. La causa no sólo me pareció noble sino que empaticé con sus promotoras, por lo que acepté con mucho gusto la empresa sin aceptar retribución económica alguna.

Con la total libertad que me dieron emití al efecto un estudio que sería sometido a otras instituciones y empresas interesadas en el tema, pero en la tarea de tipificar encontré un gran dilema: elevarlo a tipo penal dentro del Código Penal Federal no pasaría de ser una de tantas buenas intenciones poco eficaces para combatir la conducta que nos ocupa. Ese es el dilema y me explico.

Las nuevas tecnologías de la información tienen como primer objetivo elevar la calidad de vida de las personas mediante la facilidad con la que les permiten realizar distintas actividades, entre ellas la comunicación; sin embargo, con el uso indebido de ingeniería social, estas nuevas tecnologías abren un espacio a conductas nocivas como el denominado grooming o ciberacoso sexual infantil. La inmadurez de los menores y el desconocimiento por parte de quienes los acercan a las nuevas tecnologías han dejado ese espacio en el que un depredador virtual puede actuar.

 

Peligros para la infancia. Nativos digitales

 

Hay varios riesgos o peligros en Internet para los niños, niñas y adolescentes. En la red hay depredadores sexuales, pedófilos, redes con contenidos que pueden causar mucho daño. Los casos más frecuentes tienen que ver con la pornografía, el acoso sexual (grooming), el atentado sexual, la violencia, el abuso sexual, la prostitución infantil, el tráfico con propósitos sexuales, el turismo sexual, etc.

Los niños pueden quedar expuestos a recibir o ver pornografía a través de páginas web engañosas que al abrirlas presentan fotos y videos con contenido pornográfico. También circulan páginas que utilizan niños, niñas y adolescentes en material pornográfico, correos electrónicos y lugares de chat que distribuyen imágenes y videos o invitan a participar en conversaciones sobre temas sexuales.

A través de Internet se pueden presentar páginas que reclutan, mediante engaños, a niñas, niños y adolescentes con el propósito de captarlos para el tráfico con propósitos sexuales.

En particular, consideramos que crear un tipo penal a nivel federal sólo tendría un carácter simbólico, dado que su ámbito de aplicación, por cuestiones de competencia, es reducido y no aplica a casos de fuero común que son los que engrosan esta clase de actividades.

El grooming es el acoso cometido por un adulto contra menores de edad con el fin de obtener imágenes de contenido erótico y/o pornográfico. El acosador virtual se oculta gracias a la ingeniería social, y con la facilidad que permite el medio electrónico, en una falsa identidad, con lo que obtiene que el menor confíe en él, de tal manera que se establezca un vínculo de dependencia en el que el infante no pueda librarse por falta de herramientas o madurez suficiente, y así, su voluntad quede sometida al acosador.

El grooming o child grooming es cometido entre particulares y por tanto es una conducta esencialmente del fuero común, la cual puede ser realizada desde y en distintas entidades, por lo que si no existe una regulación uniforme, esto se traduce en impunidad.[1]

Resulta necesario, en primer término, comprender la naturaleza de la conducta por legislar (tipificar como delito) y evitar en lo posible el uso de términos ambiguos que sólo permiten a los justiciables encontrar una puerta para eludir su responsabilidad penal.

El grooming como tal es un proceso que inicia en la red, esencialmente en las redes sociales, adonde los infantes acceden hoy en día sin la supervisión de los padres y sin que los filtros establecidos pongan un freno inmediato. Se trata de la falsa identidad que utiliza un adulto para seducir a un menor y obtener, a través del engaño o la extorsión, imágenes eróticas y, de ser posible, alcanzar un encuentro con la víctima.

También, a partir de este tipo de imágenes pero sin el propósito de obtener mayor material, sino de denostar al menor, existen personas que pudieran chantajearlo (mera extorsión).

Es por ello que resulta necesario contar con un tipo penal que comprenda el grooming en toda legislación local y federal al tiempo que permita la cooperación en la materia y el combate uniforme al delito electrónico.

En particular, la conducta conocida como child grooming es observada como una fase previa para la comisión de un delito (precursora de delitos como pornografía infantil, pederastia, trata, abuso sexual, etc.) y no como una conducta autónoma susceptible de castigo, a pesar de que está fundada en el engaño y la seducción que realiza un adulto con fines erótico-sexuales.

 

ARGUMENTOS PARA LA TIPIFICACIÓN DEL GROOMING EN MÉXICO

 

El grooming es una conducta realizada por un adulto a través de un dispositivo digital (tableta, teléfono inteligente, computadora) o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación haciendo uso del engaño o de propuestas falsas para contactar o enganchar a un menor, con la intención de cometer los delitos descritos a continuación u otra conducta que lesione su normal desarrollo físico y emocional:

  1. trata de personas,
  2. abuso sexual o
  3. pornografía infantil.

De acuerdo con datos revelados por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), la presencia de niñas, niños y adolescentes en Internet ha incrementado en los últimos años; actualmente, el 38% de los usuarios en Internet tiene entre 6 y 18 años de edad, porcentaje que sobrepasa al de adultos jóvenes juntos (19-34 años), y se estima que en promedio la incursión en de los espacios digitales inicia a los 8 años.

Los groommers son un riesgo latente en nuestro país. En lo que va de este año, la Comisión Nacional de Seguridad, a través de la Policía Federal, ha detenido a 6 presuntos responsables del delito de producción y distribución de pornografía infantil, quienes administraban distintos perfiles de orientación pederasta en redes sociales. Y este dato continuará en aumento si esta práctica sigue sin considerarse un delito en México.[2]

El incremento en el uso de las TIC por parte de niñas, niños y adolescentes es un gran paso para garantizar su derecho al acceso a la información, educación y expresión; no obstante, en los últimos años, el Internet se ha visto utilizado para la producción y distribución de materiales que representan violencia sexual contra la niñez. Los ciberacosadores han encontrado en las redes sociales, en los correos electrónicos, los chats, en los ciberjuegos o en los teléfonos inteligentes una nueva ruta más fácil, rápida y prácticamente sin riesgos para contactar y engañar a niños, niñas y adolescentes.[3]

Para que tenga verdadera eficacia el tipo penal de child grooming o ciberacoso sexual infantil, es necesario pasar por distintas etapas legislativas como lo son: la elevación a rango constitucional la protección del bien jurídico tutelado y, posteriormente, legislar sobre el delito en sí. Lo anterior para que no corra la suerte de los delitos informáticos incluidos en el catálogo penal de 1999 y cuya efectividad es casi nula por el limitado alcance del Código Penal Federal en asuntos del fuero común.

 

Rasgos propios del grooming

 

El especialista Luis Torres González, con base en la experiencia internacional, define los rasgos del delito de grooming: [4]

De partida, el child grooming, como se conoce,[5] no es una terminología recogida en nuestro ordenamiento jurídico, sino que se trata de una expresión que describe principalmente un nuevo fenómeno criminológico. En términos generales, su denominación alude principalmente al conjunto de acciones desplegadas por un adulto, para tomar contacto con un niño, a través de cualquier medio tecnológico con el objeto de entablar una relación con él, ganarse su confianza y en definitiva determinarlo a involucrarse en situaciones de carácter sexual. Las conductas realizadas por estos adultos, en sí mismas, son atípicas y, mientras no traspasen los límites de cualquiera de los delitos que protegen la indemnidad sexual, no son punibles. Su naturaleza, más bien, se corresponde con actos preparatorios para la comisión de alguno de los ilícitos ya contemplados en nuestro ordenamiento penal sexual, no existiendo entonces como una figura autónoma propiamente.[6]

La carencia legislativa a que hace referencia la cita anterior resulta aplicable en México, habida cuenta de que no existe disposición que frene los actos preparatorios del depredador sexual en quien debería enfocarse la norma.

Al respecto, el nuevo artículo 183 bis del Código Penal Español dispone que:

el que a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra Tecnología de la Información y la Comunicación contacte con un menor de trece años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 178 a 183 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño.[7]

 

En particular, si bien esta redacción puede constituir un punto de partida para crear el tipo penal, se debe procurar evitar fórmulas ambiguas que eleven el umbral probatorio o que hagan ineficaz la fórmula típica o el delito. Se propone, a diferencia del texto arriba mencionado, realizar un texto que no remita a otro artículo, salvo para agravar la conducta. Así también hacer un tipo penal concreto y sin ambages.

En Chile existe el proyecto de ley 9901-017 de enero de 2015 que tiene como fin modificar el Código penal para sancionar la seducción de menores.

Sin embargo, debemos tomar en consideración que tanto en España como en Chile sólo se aplica un solo código penal en todo el territorio, lo que no acontece en el caso mexicano, y es por ello que se requiere, para alcanzar una eficacia plena, que si el grooming se considerará un delito, antes pase por el tamiz de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la misma manera que ha ocurrido con delitos como el secuestro y la trata cuya única solución de combate ha sido la realización de leyes uniformes para todo el territorio nacional.

 

Aspectos relevantes que deben considerarse en una reforma al Código Penal Federal

 

Los delitos informáticos previstos en el Código Penal Federal sólo son aplicables en los supuestos de los artículos 104 constitucional y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El legislador tiene, entre otros pendientes, legislar y unificar el tratamiento que deberá darle a los llamados “delitos informáticos” con el fin de no dejar vacíos que sean aprovechados por la criminalidad “en línea” o informática.

Antes de que se hiciera un catálogo de conductas, como lo encontramos en el Convenio de Budapest (2001), en 1999 se incorporaron delitos informáticos al Código Penal Federal, los cuales no son aplicables sino cuando se den las condiciones de competencia que señalan los artículos 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que un particular, como ocurriría en la mayor parte de casos de grooming, sólo está protegido por las leyes del fuero común. A pesar de todo, establecer un catálogo claro de delitos informáticos sigue siendo asignatura pendiente.

 

Desde 1999, los delitos informáticos son regulados en el Código Penal Federal

En 1999, cuando el Código Penal Federal regía en el Distrito Federal para los delitos de fuero común, se incluyó un catálogo de delitos del artículo 211 bis 1 al bis 7.

Los tipos penales antes citados han sido duramente criticados por la amplitud de conductas que encierran, por no establecer con claridad el bien jurídico tutelado y por contener fórmulas que pueden tener distintos significados, de tal modo que se vulnera el principio constitucional de exactitud en la ley penal.

 

Conflicto competencial

 

Por lo anterior, si las conductas se despliegan en el ámbito del fuero común, no hay fundamento que permita federalizarlas con la aplicación del Código punitivo federal (véase la tesis Tesis: 1a./j. 3/2000 sobre Competencia Penal, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación).

Estas hipótesis referentes a las reglas que deben tomarse en cuenta para la resolución de un conflicto competencial tienen que concatenarse con los supuestos que un órgano jurisdiccional del fuero federal debe conocer del asunto, esto es, con los supuestos contenidos en el artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Dentro de las hipótesis normativas que le dan la competencia al órgano federal, no se encuentra ubicada la que le permita juzgar supuestos hechos ocurridos entre particulares, cuya calidad de sujetos activos o pasivos no los ubica tampoco en el ámbito federal.

El Código Penal Federal es ¾valga la redundancia¾ una ley federal; no obstante, para poder considerar su contenido como “ley federal” en términos del artículo 104, fracción I constitucional, ¾o dicho de otro modo¾ para poder estimar como federales los tipos que en él se prevén, es necesario que la conducta tipificada como tal corresponda a alguna de las materias respecto de las cuales la federación tiene alguna facultad para legislar en toda la república o porque se trate de un tipo en el que la federación sea el sujeto pasivo, dado que la calidad de “federal” de un delito no proviene de que se encuentre previsto en el mismo, así como tampoco puede considerarse como ley federal el Código Penal Federal por el simple hecho de denominarse así, sino que será ley federal en cuanto prevea delitos relacionados con las fracciones XXI, XXX y demás relacionadas del artículo 73 constitucional.

Así, nuestro máximo tribunal consideró en su momento que para resolver el problema de interpretación se determinó que el artículo 104 constitucional, en su fracción I, cuando alude a “controversias del orden criminal que se susciten sobre el cumplimiento o aplicación del leyes federales”, se refiere a los asuntos que surjan en virtud de tipos penales relacionados con las materias atribuidas a la federación o las facultades para legislar que le estén conferidas constitucionalmente.

Con esa idea, los delitos informáticos son materia de cada legislación estatal o del Distrito Federal, por lo que su ausencia sólo afecta a particulares, y si recurren a la instancia federal para eludir este vacío, no sólo no prosperará su acusación, sino que quedará sujeta a otra decisión que ya ha tomado la Corte respecto de actuaciones realizadas ante una autoridad incompetente: la nulidad de dichas actuaciones y, por ende, el final del camino por cuanto hace a este tema.

Para evitar la impunidad y darle eficacia al tipo penal planteado, se propone su necesaria elevación al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular, adicionar la fracción XXI del artículo 73, y luego, como consecuencia inmediata, legislar sobre el grooming, ya que plasmarlo únicamente dentro del Código Penal Federal podría ser una acción ejemplar, pero no sería aplicable a los casos del fuero común (que serían los únicos, en nuestro parecer) y sólo tendría un carácter simbólico.

Ahora que inicia una nueva legislatura, habrá que pasar por esa línea delgada entre el discurso y la acción. Una gran acción sería reflexionar sobre el alcance que tendrán sus creaciones legislativas y por ahí pasa justo este tema.

 

Conclusiones

 

1.- Si solamente se legisla el grooming en el Código Penal Federal, no tendrá la aplicación esperada, debido a que esta conducta que ocurre en la mayoría de los casos en el ámbito del fuero común.

 

2.- Un tipo penal sin eficacia es sinónimo de impunidad.

 

3.- Se sugiere la inclusión de la protección constitucional de los menores por cuanto hace a su normal desarrollo psicosexual y en particular para prevenir ulteriores conductas como la trata o la pornografía infantil, y por tanto, reservar dichas materias para legislar al Honorable Congreso de la Unión, específicamente en la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[1] Véase Luz del Carmen Martí Capitanachi, “El derecho ¿Insuficiente ante la protección de la juventud y de la infancia en internet?”, Revista Letras Jurídicas, núm. 4, julio de 2001, pp. 1-9 [http://vlex.com/vid/42177782].

[2] Fuente: Save The Children México. Referencias:

  • Según datos oficiales que el Instituto Nacional de Migración, la Fiscalía Especializada para la Violencia contra la Mujer y el Tráfico de Personas, la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada y la Unidad Especializada en Investigación de tráfico de menores, personas y órganos entregaron a la UNODC para este reporte.
  • Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
  • Dato de la PGR en el Senado de la República, Septiembre 2013.
  • Senado de la Republica. “Del Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI, la que contiene punto de acuerdo en contra de la pornografía infantil vía Internet.” Gaceta Parlamentaria. Número 21. Año 2006.
  • Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares.
  • Datos del INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares.

[3] En el proyecto de ley chileno para modificar el Código Penal (enero de 2015) se lee en su exposición de motivos: “El grooming tiene como consecuencia un detrimento moral y psicológico del o de la menor de edad, el abusador tiene como objetivo el conseguir su control emocional del niño o la niña con el objetivo de obtener algún tipo de contacto sexual. En Chile hemos asistido a un aumento en estas conductas, medios de prensa han mostrado muchos casos en que abusadores de menores contactan a sus posibles víctimas a través de Internet, de hecho, solo durante el año 2012 la Brigada del Ciber Crimen de la Policía de Investigaciones detectó 296 casos de grooming, los que respecto al año 2011 habían aumentado en un 33,7%. Esto no considera la ‘cifra negra’ de casos que no son denunciados por niños y niñas que callan estos intentos de contactos. En medios de prensa, Danic Maldonado, subcomisario de la Brigada del Ciber Crimen explicaba el modus operandi de cómo se desarrollaba esta conducta: ‘Un hombre, también se dan casos de mujeres, pero en general son hombres, toma contacto con un menor de edad a través de las redes sociales e inicia un proceso de amistad y comienza a seducir a sus víctimas para lograr su confianza. Luego de eso comienza a pedir videos o fotografías en que aparezca sexy y va subiendo de tenor las peticiones’, agregando que ‘[l]os menores terminan accediendo pensando que van a perder la amistad. Cuando el victimario logra obtener algún video o imagen amenaza con publicarlo o enviarlos a sus colegios. Algunas veces es en este paso donde alertan a sus padres y ellos hacen las denuncias, sin embargo, muchos terminan en abuso sexual tras juntarse con sus agresores’. De hecho, de acuerdo a cifras de la tercera medición del Índice de Generación Digital, que elaboró Educarchile, VTR y Adimark, publicado el año 2011, ha existido un explosivo incremento en el acceso a la Internet entre los estudiantes de nuestro país. Según este estudio, en Chile existe un acceso casi universal a Internet, el 74% de los hogares con niños en edad escolar tiene un computador, el 56% de los niños tiene acceso a Internet en el hogar, número que se amplía a un 96% si consideramos que dichos menores pueden conectarse desde cyber cafés o de sus establecimientos educacionales. Casi un 40% de los niños se conectan a la red los 7 días de la semana, y lo que es preocupante y justifica esta moción, más del 40% de los niños chatea con desconocidos. Por lo anterior es que quienes firmamos el presente proyecto de ley, y en atención a prevenir estas conductas, creemos que se hace necesario establecer en la legislación chilena una norma que persiga a los pedófilos que utilizan Internet para seducir a menores, ya que actualmente en nuestro país existe un vacío legal, debido a que el Código Penal exige que este intento de seducción se dé cuando el adulto esté en presencia física del menor de edad”.

[4] Véase Luis Torres González, ¿Existe el delito de grooming o ciberacoso sexual infantil?: una aproximación desde la óptica jurídico-penal (especial referencia al proyecto de ley que modifica el artículo 366 quáter del Código Penal), Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violentos, Fiscalía Nacional, Santiago de Chile, 2009, disponible en: http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/a-existe-delito-grooming-o-ciber-acoso-sexual-infantil/a-existe-delito-grooming-o-ciber-acoso-sexual-infantil.shtml.

[5] “La palabra grooming proviene de un vocablo de habla inglesa, en referencia al verbo groom, que alude a ‘conductas de acercamientos, preparación, acicalamiento de algo’. Por su parte, la expresión ‘child grooming’, en el uso dado por los anglosajones consiste en ‘las acciones deliberadas que toma un adulto para crear una relación de confianza con un niño, con la intención de tener contacto sexual con posterioridad’”. Definiciones de Félix Inostroza, Francisco Maffioletti, y Macarena Car, “¿Qué es el grooming o ciberacoso sexual a niños a través de Internet?”, Revista Jurídica del Ministerio Público, núm. 35, 2008, pp. 230 y 219, citadas en ibidem, p. 2.

[6] Ibidem, p. 3.

[7] Ibidem, p. 5.

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

La transparencia es un pilar para evitar la corrupción. Recientemente se publicó la ley de la materia cuyo contenido comparto en esta colaboración:

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

 

 

DOF: 04/05/2015

 

 

DECRETO por el que se expide la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

Artículo Único.- Se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I

Objeto de la Ley

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información.

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.

Artículo 2. Son objetivos de esta Ley:

  1. Distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información;
  2. Establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información;

III.        Establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de acceso a la información, mediante procedimientos sencillos y expeditos;

  1. Regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los Organismos garantes;
  2. Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente;
  3. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes;

VII.       Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región;

VIII.      Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia, y

  1. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

  1. Ajustes Razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos;
  2. Áreas: Instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose del sector público, serán aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico respectivo o equivalentes;

III.        Comisionado: Cada uno de los integrantes del Pleno del Instituto y de los Organismos garantes de los Estados y del Distrito Federal;

  1. Comité de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 43 de la presente Ley;
  2. Consejo Nacional: Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales al que hace referencia el artículo 32 de la presente Ley;
  3. Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las siguientes características:
  4. a)Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito;
  5. b)Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios;
  6. c)Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna;
  7. d)No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro;
  8. e)Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen;
  9. f)Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto;
  10. g)Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible;
  11. h)Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática;
  12. i)En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de características técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna;
  13. j)De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente;

VII.       Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;

VIII.      Entidades Federativas: Las partes integrantes de la Federación que son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal;

  1. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados;
  2. Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de la información que

corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios;

  1. Formatos Accesibles: Cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a los solicitantes de información, en forma tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad ni otras dificultades para acceder a cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato convencional en el que la información pueda encontrarse;

XII.       Información de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados;

XIII.      Instituto: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

XIV.      Ley: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

  1. Ley Federal: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

XVI.      Organismos garantes: Aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de acceso a la información y protección de datos personales en términos de los artículos 6o., 116, fracción VIII y 122, apartado C, BASE PRIMERA, Fracción V, inciso ñ) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XVII.     Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace referencia el artículo 49 de la presente Ley;

XVIII.     Servidores Públicos: Los mencionados en el párrafo primero del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus correlativos de las Entidades Federativas y municipios que establezcan las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;

XIX.      Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

  1. Unidad de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 45 de esta Ley, y

XXI.      Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas.

Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley.

Artículo 5. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto del ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e indirectos.

Artículo 6. El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios.

Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley.

En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia.

Capítulo II

De los Principios Generales

Sección Primera

De los principios rectores de los Organismos garantes

Artículo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:

  1. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
  2. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información;

III.        Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;

  1. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;
  2. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables;
  3. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

VII.       Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales;

VIII.      Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y

  1. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

Sección Segunda

De los Principios en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 9. En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, las correspondientes de la Federación, de las Entidades Federativas y demás normatividad aplicable, los sujetos obligados, el Instituto y los Organismos garantes deberán atender a los principios señalados en la presente sección.

Artículo 10. Es obligación de los Organismos garantes otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de condiciones con las demás.

Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados.

Artículo 11. Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

Artículo 12. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, así como demás normas aplicables.

Artículo 13. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona.

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.

Artículo 14. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones, deberán suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Artículo 15. Toda persona tiene derecho de acceso a la información, sin discriminación, por motivo alguno.

Artículo 16. El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad.

Artículo 17. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada.

En ningún caso los Ajustes Razonables que se realicen para el acceso de la información de solicitantes con discapacidad, será con costo a los mismos.

Artículo 18. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

Artículo 19. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia.

Artículo 20. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones.

Artículo 21. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la información deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad con las bases de esta Ley.

Artículo 22. En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información se propiciarán las condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier persona, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo III

De los Sujetos Obligados

Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:

  1. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna;
  2. Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que dependan directamente del titular del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia;

III.        Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los Comités y Unidades de Transparencia;

  1. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la normatividad aplicable;
  2. Promover la generación, documentación y publicación de la información en Formatos Abiertos y Accesibles;
  3. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial;

VII.       Reportar a los Organismos garantes competentes sobre las acciones de implementación de la normatividad en la materia, en los términos que éstos determinen;

VIII.      Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de transparencia y acceso a la información, realicen los Organismos garantes y el Sistema Nacional;

  1. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a éstos;
  2. Cumplir con las resoluciones emitidas por los Organismos garantes;
  3. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia;

XII.       Difundir proactivamente información de interés público;

XIII.      Dar atención a las recomendaciones de los Organismos garantes, y

XIV.      Las demás que resulten de la normatividad aplicable.

Artículo 25. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, en los términos que las mismas determinen.

Artículo 26. Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales deberán dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes a que se refiere el artículo anterior por sí mismos, a través de sus propias áreas, unidades de transparencia y comités de transparencia. En el caso de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, no sean considerados una entidad paraestatal, así como de los mandatos públicos y demás contratos análogos, cumplirán con las obligaciones de esta Ley a través de la unidad administrativa responsable de coordinar su operación.

TÍTULO SEGUNDO

RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Capítulo I

Del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales

Artículo 27. El presente Capítulo tiene por objeto regular la integración, organización y función del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes.

Artículo 28. El Sistema Nacional se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus miembros, procedimientos, instrumentos y políticas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. Tiene como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como establecer e implementar los criterios y lineamientos, de conformidad con lo señalado en la presente Ley y demás normatividad aplicable.

Artículo 29. El Sistema Nacional se conformará a partir de la coordinación que se realice entre las distintas instancias que, en razón de sus ámbitos de competencia, contribuyen a la vigencia de la transparencia a nivel nacional, en los tres órdenes de gobierno. Este esfuerzo conjunto e integral, contribuirá a la generación de información de calidad, a la gestión de la información, al procesamiento de la misma como un medio para facilitar el conocimiento y evaluación de la gestión pública, la promoción del derecho de acceso a la información y la difusión de una cultura de la transparencia y su accesibilidad, así como a una fiscalización y rendición de cuentas efectivas.

Artículo 30. Son parte integrante del Sistema Nacional:

  1. El Instituto;
  2. Los Organismos garantes de las Entidades Federativas;

III.        La Auditoría Superior de la Federación;

  1. El Archivo General de la Nación, y
  2. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Artículo 31. El Sistema Nacional tiene como funciones:

  1. Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de buenas prácticas, modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir con los objetivos de la presente Ley;
  2. Promover e implementar acciones para garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de condiciones, el derecho de acceso a la información;

III.        Desarrollar y establecer programas comunes de alcance nacional, para la promoción, investigación, diagnóstico y difusión en materias de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y apertura gubernamental en el país;

  1. Establecer los criterios para la publicación de los indicadores que permitan a los sujetos obligados rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y resultados obtenidos;
  2. Coadyuvar en la elaboración, fomento y difusión entre los sujetos obligados de los criterios para la sistematización y conservación de archivos que permitan localizar eficientemente la información pública de acuerdo a la normatividad en la materia;
  3. Establecer lineamientos para la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia de conformidad con lo señalado en la presente Ley;

VII.       Establecer políticas en cuanto a la digitalización de la información pública en posesión de los sujetos obligados y el uso de tecnologías de información y la implementación de Ajustes Razonables, que garanticen el pleno acceso a ésta;

VIII.      Diseñar e implementar políticas en materia de generación, actualización, organización, clasificación, publicación, difusión, conservación y accesibilidad de la información pública de conformidad con la normatividad aplicable;

  1. Promover la participación ciudadana a través de mecanismos eficaces en la planeación, implementación y evaluación de políticas en la materia;
  2. Establecer programas de profesionalización, actualización y capacitación de los Servidores Públicos e integrantes de los sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la información pública, así como de protección de datos personales;
  3. Emitir acuerdos y resoluciones generales para el funcionamiento del Sistema Nacional;

XII.       Aprobar, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información;

XIII.      Promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en toda la República mexicana;

XIV.      Promover la coordinación efectiva de las instancias que integran el Sistema Nacional y dar seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan, y

  1. Las demás que se desprendan de esta Ley.

En el desarrollo de los criterios a que se refiere la fracción IV participará, al menos, un representante de cada uno de los integrantes del Sistema Nacional, así como un representante del Consejo Nacional de Armonización Contable, previsto en el artículo 6 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tendrá derecho a voz y podrá presentar observaciones por escrito a dichos criterios, las cuales serán consideradas, pero no tendrán carácter obligatorio. Una vez que el Consejo Nacional apruebe los criterios, éstos serán obligatorios para todos los sujetos obligados.

Artículo 32. El Sistema Nacional contará con un Consejo Nacional, conformado por los integrantes del mismo y será presidido por el Presidente del Instituto.

Los Organismos garantes serán representados por sus titulares o a falta de éstos, por un Comisionado del organismo garante designado por el Pleno del mismo.

Los demás integrantes estarán representados por sus titulares o un suplente que deberá tener nivel mínimo de Director General o similar, quienes tendrán las mismas facultades que los propietarios.

Artículo 33. El Consejo Nacional podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones, representantes de los sujetos obligados y representantes de la sociedad para el desahogo de las reuniones del Sistema Nacional. En todo caso, los sujetos obligados tendrán la potestad de solicitar ser invitados a estas reuniones.

Artículo 34. El Consejo Nacional podrá funcionar en Pleno o en comisiones. El Pleno se reunirá por lo menos cada seis meses a convocatoria de su Presidente o la mitad más uno de sus integrantes. El convocante deberá integrar la agenda de los asuntos a tratar.

El quórum para las reuniones del Consejo Nacional se integrará con la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes.

Corresponderá al Presidente del Consejo Nacional, además, la facultad de promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional.

Artículo 35. Los miembros del Consejo Nacional podrán formular propuestas de acuerdos o reglamentos internos que permitan el mejor funcionamiento del Sistema Nacional.

Artículo 36. El Sistema Nacional contará con un Secretario Ejecutivo designado por el Pleno del Instituto y contará con las siguientes atribuciones:

  1. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y de su Presidente;
  2. Informar periódicamente al Consejo Nacional y a su Presidente de sus actividades;

III.        Verificar el cumplimiento de los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se adopten por el Consejo Nacional;

  1. Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Nacional, y
  2. Colaborar con los integrantes del Sistema Nacional, para fortalecer y garantizar la eficiencia de los mecanismos de coordinación.

Capítulo II

De los Organismos garantes

Artículo 37. Los Organismos garantes son autónomos, especializados, independientes, imparciales y colegiados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

En la Ley Federal y en la de las Entidades Federativas se determinará lo relativo a la estructura y funciones de los Organismos garantes, así como la integración, duración del cargo, requisitos, procedimiento de selección, régimen de incompatibilidades, excusas, renuncias, licencias y suplencias de los integrantes de dichos Organismos garantes, de conformidad con lo señalado en el presente Capítulo.

Artículo 38. El Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de garantizar la integración colegiada y autónoma de los Organismos garantes, deberán prever en su conformación un número impar y sus integrantes se denominarán Comisionados. Procurarán en su conformación privilegiar la experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como procurar la igualdad de género. La duración del cargo no será mayor a siete años y se realizará de manera escalonada para garantizar el principio de autonomía.

En los procedimientos para la selección de los Comisionados se deberá garantizar la transparencia, independencia y participación de la sociedad.

Artículo 39. Los Comisionados sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y serán sujetos de juicio político.

Artículo 40. Los Organismos garantes tendrán la estructura administrativa necesaria para la gestión y el desempeño de sus atribuciones.

El Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán otorgar un presupuesto adecuado y suficiente a los Organismos garantes para el funcionamiento efectivo y cumplimiento de la presente Ley, las leyes federales y de las Entidades Federativas, según corresponda, conforme a las leyes en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria.

Artículo 41. El Instituto, además de lo señalado en la Ley Federal y en el siguiente artículo, tendrá las siguientes atribuciones:

  1. Interpretar, en el ámbito de sus atribuciones, esta Ley;
  2. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito federal en términos de lo dispuesto en el Capítulo I del Título Octavo de la presente Ley;

III.        Conocer y resolver los recursos de inconformidad que interpongan los particulares, en contra de las resoluciones emitidas por los Organismos garantes de las Entidades Federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información en términos de lo dispuesto en el Capítulo II, del Título Octavo de la presente Ley;

  1. Conocer y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en el Capítulo III del Título Octavo de la presente Ley;
  2. Encabezar y coordinar el Sistema Nacional de Transparencia;
  3. Interponer, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como de los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho de acceso a la información;

VII.       Promover, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, las controversias constitucionales en términos del artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VIII.      Establecer y ejecutar las medidas de apremio y sanciones, según corresponda, de conformidad con lo señalado en la presente Ley;

  1. Suscribir convenios de colaboración con los Organismos garantes de las Entidades Federativas o con los sujetos obligados, con el objeto de vigilar el cumplimiento de la presente Ley y promover mejores prácticas en la materia;
  2. Elaborar y presentar un informe anual de actividades y de la evaluación general en materia de acceso a la información pública en el país, así como del ejercicio de su actuación y presentarlo ante la Cámara de Senadores, dentro de la segunda quincena del mes de enero, y hacerlo público, y
  3. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones en la materia.

Artículo 42. Los Organismos garantes tendrán, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones:

  1. Interpretar los ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de esta Ley y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
  2. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito local, en términos de lo dispuesto en el Capítulo I del Título Octavo de la presente Ley;

III.        Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones;

  1. Presentar petición fundada al Instituto para que conozca de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten;
  2. Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información;
  3. Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo;

VII.       Capacitar a los Servidores Públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información;

VIII.      Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales;

  1. Suscribir convenios con los sujetos obligados que propicien la publicación de información en el marco de las políticas de transparencia proactiva;
  1. Suscribir convenios de colaboración con particulares o sectores de la sociedad cuando sus actividades o productos resulten de interés público o relevancia social;
  2. Suscribir convenios de colaboración con otros Organismos garantes para el cumplimiento de sus atribuciones y promover mejores prácticas en la materia;

XII.       Promover la igualdad sustantiva;

XIII.      Coordinarse con las autoridades competentes para que en los procedimientos de acceso a la información, así como en los medios de impugnación, se contemple contar con la información necesaria en lenguas indígenas y Formatos Accesibles, para que sean sustanciados y atendidos en la misma lengua y, en su caso, se promuevan los Ajustes Razonables necesarios si se tratara de personas con discapacidad;

XIV.      Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la información;

  1. Según corresponda, interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que vulneren el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales;

XVI.      Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de acceso a la información;

XVII.     Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables;

XVIII.     Determinar y ejecutar, según corresponda, las sanciones, de conformidad con lo señalado en la presente Ley;

XIX.      Promover la participación y colaboración con organismos internacionales, en el análisis y mejores prácticas en materia de acceso a la información pública;

  1. Los Organismos garantes, en el ejercicio de sus atribuciones y para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, fomentarán los principios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica;

XXI.      Los Organismos garantes podrán emitir recomendaciones a los sujetos obligados para diseñar, implementar y evaluar acciones de apertura gubernamental que permitan orientar las políticas internas en la materia, y

XXII.     Las demás que les confieran esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Capítulo III

De los Comités de Transparencia

Artículo 43. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un número impar.

El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.

Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera; el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la Armada, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica y la del Instituto Federal de Telecomunicaciones o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, no estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere el presente artículo, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o

unidad administrativa.

La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la presente Ley y a los protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello.

Artículo 44. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

  1. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;
  2. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

III.        Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones;

  1. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la información;
  2. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscritos a las Unidades de Transparencia;
  3. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores Públicos o integrantes del sujeto obligado;

VII.       Recabar y enviar al organismo garante, de conformidad con los lineamientos que estos expidan, los datos necesarios para la elaboración del informe anual;

VIII.      Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere el artículo 101 de la presente Ley, y

  1. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.

Capítulo IV

De las Unidades de Transparencia

Artículo 45. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que tendrá las siguientes funciones:

  1. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III, IV y V del Título Quinto de esta Ley, así como la correspondiente de la Ley Federal y de las Entidades Federativas y propiciar que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable;
  2. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;

III.        Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;

  1. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información;
  2. Efectuar las notificaciones a los solicitantes;
  3. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable;

VII.       Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;

VIII.      Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío;

  1. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad;
  2. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;
  3. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables, y

XII.       Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.

Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente.

Artículo 46. Cuando alguna Área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la Unidad de Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las acciones conducentes.

Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.

Capítulo V

Del Consejo Consultivo de los Organismos garantes

Artículo 47. Los Organismos garantes contarán con un Consejo Consultivo, que estará integrado por consejeros que serán honoríficos y por un plazo que no exceda a siete años. La Ley Federal y la de las Entidades Federativas contemplarán lo relativo a la integración, funcionamiento, procedimientos transparentes de designación, temporalidad en el cargo y su renovación.

En la integración del Consejo Consultivo se deberá garantizar la igualdad de género y la inclusión de personas con experiencia en la materia de esta Ley y en derechos humanos, provenientes de organizaciones de la sociedad civil y la academia.

Artículo 48. Los Consejos Consultivos contarán con las siguientes facultades:

  1. Opinar sobre el programa anual de trabajo y su cumplimiento;
  2. Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente;

III.        Conocer el informe de los Organismos garantes sobre el presupuesto asignado a programas y el ejercicio presupuestal y emitir las observaciones correspondientes;

  1. Emitir opiniones no vinculantes, a petición de los Organismos garantes o por iniciativa propia, sobre temas relevantes en las materias de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales;
  2. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas de los Organismos garantes;
  3. Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva, y

VII.       Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con la materia de transparencia y acceso a la información y su accesibilidad.

TÍTULO TERCERO

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

Capítulo Único

De la Plataforma Nacional de Transparencia

Artículo 49. Los Organismos garantes desarrollarán, administrarán, implementarán y pondrán en funcionamiento la plataforma electrónica que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la presente Ley para los sujetos obligados y Organismos garantes, de conformidad con la normatividad que establezca el Sistema Nacional, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios.

Artículo 50. La Plataforma Nacional de Transparencia estará conformada por, al menos, los siguientes sistemas:

  1. Sistema de solicitudes de acceso a la información;
  2. Sistema de gestión de medios de impugnación;

III.        Sistema de portales de obligaciones de transparencia, y

  1. Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados.

Artículo 51. Los Organismos garantes promoverán la publicación de la información de Datos Abiertos y Accesibles.

Artículo 52. El Sistema Nacional establecerá las medidas necesarias para garantizar la estabilidad y seguridad de la plataforma, promoviendo la homologación de procesos y la simplicidad del uso de los sistemas por parte de los usuarios.

TÍTULO CUARTO

CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA GUBERNAMENTAL

Capítulo I

De la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la información

Artículo 53. Los sujetos obligados deberán cooperar con los Organismos garantes competentes para capacitar y actualizar, de forma permanente, a todos sus Servidores Públicos en materia del derecho de acceso a la información, a través de los medios que se considere pertinente.

Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información entre los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, los Organismos garantes deberán promover, en colaboración con instituciones educativas y culturales del sector público o privado, actividades, mesas de trabajo, exposiciones y concursos relativos a la transparencia y acceso a la información.

Artículo 54. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus respectivas competencias o a través de los mecanismos de coordinación que al efecto establezcan, podrán:

  1. Proponer, a las autoridades educativas competentes que incluyan contenidos sobre la importancia social del derecho de acceso a la información en los planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica en sus respectivas jurisdicciones;
  2. Promover, entre las instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior, la inclusión, dentro de sus programas de estudio, actividades académicas curriculares y extracurriculares, de temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la información y rendición de cuentas;

III.        Promover, que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia de archivos se prevea la instalación de módulos de información pública, que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información y la consulta de la información derivada de las obligaciones de transparencia a que se refiere esta Ley;

  1. Proponer, entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, la creación de centros de investigación, difusión y docencia sobre transparencia, derecho de acceso a la información y rendición de cuentas;
  2. Establecer, entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para la elaboración y publicación de materiales que fomenten la cultura del derecho de acceso a la información y rendición de cuentas;
  3. Promover, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, la participación ciudadana y de organizaciones sociales en talleres, seminarios y actividades que tengan por objeto la difusión de los temas de transparencia y derecho de acceso a la información;

VII.       Desarrollar, programas de formación de usuarios de este derecho para incrementar su ejercicio y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de sectores vulnerables o marginados de la población;

VIII.      Impulsar, estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la sociedad los medios para el ejercicio del derecho de acceso a la información, acordes a su contexto sociocultural, y

  1. Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y bibliotecas públicas, universitarias, gubernamentales y especializadas, programas para la asesoría y orientación de sus usuarios en el ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información.

Artículo 55. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, los sujetos obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros sujetos obligados, esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto:

  1. Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley;
  2. Armonizar el acceso a la información por sectores;

III.        Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información a las personas, y

  1. Procurar la accesibilidad de la información.

Capítulo II

De la Transparencia Proactiva

Artículo 56. Los Organismos garantes emitirán políticas de transparencia proactiva, en atención a los lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a los sujetos obligados a publicar información adicional a la que establece como mínimo la presente Ley. Dichas políticas tendrán por objeto, entre otros, promover la reutilización de la información que generan los sujetos obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las metodologías previamente establecidas.

Artículo 57. La información publicada por los sujetos obligados, en el marco de la política de transparencia proactiva, se difundirá en los medios y formatos que más convengan al público al que va dirigida.

Artículo 58. El Sistema Nacional emitirá los criterios para evaluar la efectividad de la política de la transparencia proactiva, considerando como base, la reutilización que la sociedad haga a la información.

La información que se publique, como resultado de las políticas de transparencia, deberá permitir la generación de conocimiento público útil, para disminuir asimetrías de la información, mejorar los accesos a trámites y servicios, optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá tener un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables.

Capítulo III

Del Gobierno Abierto

Artículo 59. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán, con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental.

TÍTULO QUINTO

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

Capítulo I

De las disposiciones generales

Artículo 60. Las leyes en materia de transparencia y acceso a la información, en el orden federal y en las Entidades Federativas, establecerán la obligación de los sujetos obligados de poner a disposición de los particulares la información a que se refiere este Título en los sitios de Internet correspondientes de los sujetos obligados y a través de la Plataforma Nacional.

Artículo 61. Los lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional establecerán los formatos de publicación de la información para asegurar que la información sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible, verificable.

Estos lineamientos contemplarán la homologación en la presentación de la información a la que hace referencia este Título por parte de los sujetos obligados.

Artículo 62. La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un plazo diverso. El Sistema Nacional emitirá los criterios para determinar el plazo mínimo que deberá permanecer disponible y accesible la información, atendiendo a las cualidades de la misma.

La publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de generarla, así como la fecha de su última actualización.

Artículo 63. Los Organismos garantes, de oficio o a petición de los particulares, verificarán el cumplimiento que los sujetos obligados den a las disposiciones previstas en este Título.

Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley.

Artículo 64. La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados tendrá un vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere este Título, el cual deberá contar con un buscador.

La información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva de género y discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza.

Artículo 65. Los Organismos garantes y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad y se procurará que la información publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua indígena.

Por lo que, por sí mismos o a través del Sistema Nacional, deberán promover y desarrollar de forma progresiva, políticas y programas tendientes a garantizar la accesibilidad de la información en la máxima medida posible.

Se promoverá la homogeneidad y la estandarización de la información, a través de la emisión de lineamientos y de formatos por parte del Sistema Nacional.

Artículo 66. Los sujetos obligados pondrán a disposición de las personas interesadas equipos de cómputo con acceso a Internet, que permitan a los particulares consultar la información o utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y comprensión.

Artículo 67. La información publicada por los sujetos obligados, en términos del presente Título, no constituye propaganda gubernamental. Los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán mantener accesible la información en el portal de obligaciones de transparencia, salvo disposición expresa en contrario en la normatividad electoral.

Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán:

  1. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea procedente, así como capacitar a los Servidores Públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de conformidad con la normatividad aplicable;
  2. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;

III.        Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos de la normatividad aplicable, excepto en casos en que el tratamiento de los datos se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;

  1. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;
  2. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación, y
  3. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley.

Artículo 69. Los particulares, sin perjuicio de que sean considerados sujetos obligados de conformidad con la presente Ley, serán responsables de los datos personales de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares.

Capítulo II

De las obligaciones de transparencia comunes

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

  1. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros;
  2. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;

III.        Las facultades de cada Área;

  1. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos;
  2. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer;
  3. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;

VII.       El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales;

VIII.      La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;

  1. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente;
  2. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;
  3. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación;

XII.       La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable;

XIII.      El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información;

XIV.      Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos;

  1. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:
  1. a)Área;
  2. b)Denominación del programa;
  3. c)Periodo de vigencia;
  4. d)Diseño, objetivos y alcances;
  5. e)Metas físicas;
  6. f)Población beneficiada estimada;
  7. g)Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal;
  8. h)Requisitos y procedimientos de acceso;
  9. i)Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;
  10. j)Mecanismos de exigibilidad;
  11. k)Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones;
  12. l)Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo;
  13. m)Formas de participación social;
  14. n)Articulación con otros programas sociales;
  15. o)Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente;
  16. p)Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, y
  17. q)Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo;

XVI.      Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos;

XVII.     La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto;

XVIII.     El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición;

XIX.      Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos;

  1. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;

XXI.      La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable;

XXII.     La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable;

XXIII.     Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña;

XXIV.    Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;

XXV.     El resultado de la dictaminación de los estados financieros;

XXVI.    Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas

personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;

XXVII.   Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;

XXVIII.   La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

  1. a)De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
  2. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
  3. Los nombres de los participantes o invitados;
  4. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
  5. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;
  6. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
  7. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
  8. El contrato y, en su caso, sus anexos;
  9. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
  10. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable;
  11. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;
  12. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración;
  13. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
  14. El convenio de terminación, y
  15. El finiquito;
  16. b)De las adjudicaciones directas:
  17. La propuesta enviada por el participante;
  18. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
  19. La autorización del ejercicio de la opción;
  20. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los montos;
  21. El nombre de la persona física o moral adjudicada;
  22. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
  23. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra;
  24. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
  25. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
  26. El convenio de terminación, y
  27. El finiquito;

XXIX.    Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;

XXX.     Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible;

XXXI.    Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero;

XXXII.   Padrón de proveedores y contratistas;

XXXIII.   Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado;

XXXIV.  El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;

XXXV.   Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención;

XXXVI.  Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio;

XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana;

XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;

XXXIX.  Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados;

  1. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos;

XLI.      Los estudios financiados con recursos públicos;

XLII.      El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;

XLIII.     Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos;

XLIV.     Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;

XLV.     El catálogo de disposición y guía de archivo documental;

XLVI.     Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos;

XLVII.    Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente, y

XLVIII.   Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes y verificar que se publiquen en la Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado.

Capítulo III

De las obligaciones de transparencia específicas de los sujetos obligados

Artículo 71. Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, los sujetos obligados de los Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas y municipales, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

  1. En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las Entidades Federativas, el Órgano Ejecutivo del Distrito Federal y los municipios:
  2. a)El Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales de desarrollo o el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, según corresponda;
  3. b)El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados;
  1. c)El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales;
  2. d)El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales;
  3. e)Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y notarios públicos, así como sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado;
  4. f)La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales, y
  5. g)Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones.
  6. Adicionalmente, en el caso de los municipios:
  7. a)El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y acuerdos aprobados por los ayuntamientos, y
  8. b)Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o acuerdos.

Artículo 72. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados de los Poderes Legislativos Federal, de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

  1. Agenda legislativa;
  2. Gaceta Parlamentaria;

III.        Orden del Día;

  1. El Diario de Debates;
  2. Las versiones estenográficas;
  3. La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las Comisiones y Comités;

VII.       Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las Comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas;

VIII.      Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo;

  1. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y comités y de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración;
  2. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia;
  3. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro;

XII.       Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación;

XIII.      El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación;

XIV.      Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realicen los centros de estudio o investigación legislativa, y

  1. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable.

Artículo 73. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados de los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

  1. Las tesis y ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación o en la Gaceta respectiva de cada tribunal administrativo, incluyendo, tesis jurisprudenciales y aisladas;
  2. Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público;

III.        Las versiones estenográficas de las sesiones públicas;

  1. La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron designados los jueces y magistrados, y
  2. La lista de acuerdos que diariamente se publiquen.

Artículo 74. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los órganos autónomos deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

  1. Instituto Nacional Electoral y organismos públicos locales electorales de las Entidades Federativas:
  2. a)Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos registrados ante la autoridad electoral;
  3. b)Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos;
  4. c)La geografía y cartografía electoral;
  5. d)El registro de candidatos a cargos de elección popular;
  6. e)El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de transmisión, versiones de spots de los institutos electorales y de los partidos políticos;
  7. f)Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y específicas otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos y demás asociaciones políticas, así como los montos autorizados de financiamiento privado y los topes de los gastos de campañas;
  8. g)La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por muestreo, encuestas de salida y conteos rápidos financiados por las autoridades electorales competentes;
  9. h)La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares Electorales;
  10. i)Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana;
  11. j)Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones;
  12. k)Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político para el cumplimiento de sus funciones;
  13. l)La información sobre votos de mexicanos residentes en el extranjero;
  14. m)Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del patrimonio de los partidos políticos nacionales y locales, y
  15. n)El monitoreo de medios;
  16. Organismos de protección de los derechos humanos Nacional y de las Entidades federativas:
  17. a)El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, su destinatario o autoridad a la que se recomienda y el estado que guarda su atención, incluyendo, en su caso, las minutas de comparecencias de los titulares que se negaron a aceptar las

recomendaciones;

  1. b)Las quejas y denuncias presentadas ante las autoridades administrativas y penales respectivas, señalando el estado procesal en que se encuentran y, en su caso, el sentido en el que se resolvieron;
  2. c)Las versiones públicas del acuerdo de conciliación, previo consentimiento del quejoso;
  3. d)Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes giradas, una vez concluido el Expediente;
  4. e)Toda la información con que cuente, relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por la autoridad competente, incluyendo, en su caso, las acciones de reparación del daño, atención a víctimas y de no repetición;
  5. f)La información relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y protección de los derechos humanos;
  6. g)Las actas y versiones estenográficas de las sesiones del consejo consultivo, así como las opiniones que emite;
  7. h)Los resultados de los estudios, publicaciones o investigaciones que realicen;
  8. i)Los programas de prevención y promoción en materia de derechos humanos;
  9. j)El estado que guardan los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país;
  10. k)El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
  11. l)Los programas y las acciones de coordinación con las dependencias competentes para impulsar el cumplimiento de tratados de los que el Estado mexicano sea parte, en materia de Derechos Humanos, y
  12. m)Los lineamientos generales de la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y recomendaciones emitidas por el Consejo Consultivo;

III.        Organismos garantes del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales:

  1. a)La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada una de ellas, incluyendo las respuestas entregadas por los sujetos obligados a los solicitantes en cumplimiento de las resoluciones;
  2. b)Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones;
  3. c)Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas;
  4. d)Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente Ley por parte de los sujetos obligados;
  5. e)Los estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión;
  6. f)En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en contra de sus resoluciones, y
  7. g)El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los sujetos obligados.

Artículo 75. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, las instituciones de educación superior públicas dotadas de autonomía deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

  1. Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea escolarizado o abierto, con las áreas de conocimiento, el perfil profesional de quien cursa el plan de estudios, la duración del programa con las asignaturas, su valor en créditos;
  2. Toda la información relacionada con sus procedimientos administrativos;

III.        La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos al desempeño, nivel y monto;

  1. La lista con los profesores con licencia o en año sabático;
  1. El listado de las becas y apoyos que otorgan, así como los procedimientos y requisitos para obtenerlos;
  2. Las convocatorias de los concursos de oposición;

VII.       La información relativa a los procesos de selección de los consejos;

VIII.      Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente, y

  1. El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación.

Artículo 76. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los partidos políticos nacionales y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, según corresponda, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

  1. El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia;
  2. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos;

III.        Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil;

  1. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios;
  2. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos;
  3. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos;

VII.       Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político;

VIII.      Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes;

  1. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los aportantes vinculados con los montos aportados;
  2. El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas;
  3. El acta de la asamblea constitutiva;

XII.       Las demarcaciones electorales en las que participen;

XIII.      Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión;

XIV.      Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los mecanismos de designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos;

  1. El directorio de sus órganos de dirección nacionales, estatales, municipales, del Distrito Federal y, en su caso, regionales, delegacionales y distritales;

XVI.      El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere la fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el directorio y estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido;

XVII.     El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, con el cargo al que se postula, el distrito electoral y la entidad federativa;

XVIII.     El currículo de los dirigentes a nivel nacional, estatal y municipal;

XIX.      Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación electoral que realicen con agrupaciones políticas nacionales;

  1. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular y, en su caso, el registro correspondiente;

XXI.      Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de elección popular, conforme a su normatividad interna;

XXII.     Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres;

XXIII.     Las resoluciones dictadas por los órganos de control;

XXIV.    Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como los descuentos correspondientes a sanciones;

XXV.     El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores;

XXVI.    Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan causado estado;

XXVII.   Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente;

XXVIII.   Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de candidatos;

XXIX.    El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos destinados para tal efecto, y

XXX.     Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de ingresos y gastos.

Artículo 77. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, en lo que resulte aplicable a cada contrato, la siguiente información:

  1. El nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente al fideicomitente, al fiduciario y al fideicomisario;
  2. La unidad administrativa responsable del fideicomiso;

III.        El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las aportaciones públicas y fuente de los recursos, los subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversiones realizadas y aportaciones o subvenciones que reciban;

  1. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás informes que deban presentarse en los términos de las disposiciones aplicables;
  2. Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de constitución del fideicomiso o del fondo público;
  3. El padrón de beneficiarios, en su caso;

VII.       Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o extinción del fideicomiso o fondo público, especificando, de manera detallada, los recursos financieros destinados para tal efecto, y

VIII.      Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del fideicomiso, así como los honorarios derivados de los servicios y operaciones que realice la institución de crédito o la fiduciaria.

Artículo 78. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, la siguiente información de los sindicatos:

  1. Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre otros:
  2. a)El domicilio;
  3. b)Número de registro;
  4. c)Nombre del sindicato;
  5. d)Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de vigilancia;
  6. e)Fecha de vigencia del comité ejecutivo;
  7. f)Número de socios;
  8. g)Centro de trabajo al que pertenezcan, y
  9. h)Central a la que pertenezcan, en su caso;
  10. Las tomas de nota;

III.        El estatuto;

  1. El padrón de socios;
  2. Las actas de asamblea;
  3. Los reglamentos interiores de trabajo;

VII.       Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones generales de trabajo, y

VIII.      Todos los documentos contenidos en el Expediente de registro sindical y de contratos colectivos de trabajo.

Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán expedir copias de los documentos que obren en los Expedientes de los registros a los solicitantes que los requieran, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información.

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios.

Artículo 79. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la información aplicable del artículo 70 de esta Ley, la señalada en el artículo anterior y la siguiente:

  1. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades;
  2. El directorio del Comité Ejecutivo;

III.        El padrón de socios, y

  1. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan.

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios.

Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un espacio en sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo momento el sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información.

Artículo 80. Para determinar la información adicional que publicarán todos los sujetos obligados de manera obligatoria, los Organismos garantes deberán:

  1. Solicitar a los sujetos obligados que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público;
  2. Revisar el listado que remitió el sujeto obligado con base en las funciones, atribuciones y competencias que la normatividad aplicable le otorgue, y

III.        Determinar el catálogo de información que el sujeto obligado deberá publicar como obligación de transparencia.

Capítulo IV

De las obligaciones específicas de las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos

públicos o ejercen actos de autoridad

Artículo 81. Los Organismos garantes, dentro de sus respectivas competencias, determinarán los casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad.

Los sujetos obligados correspondientes deberán enviar a los Organismos garantes competentes un listado de las personas físicas o morales a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos o, en los términos que establezcan las disposiciones aplicables, ejercen actos de autoridad.

Para resolver sobre el cumplimento de lo señalado en el párrafo anterior, los Organismos garantes tomarán en cuenta si realiza una función gubernamental, el nivel de financiamiento público, el nivel de regulación e involucramiento gubernamental y si el gobierno participó en su creación.

Artículo 82. Para determinar la información que deberán hacer pública las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, los Organismos garantes competentes deberán:

  1. Solicitar a las personas físicas o morales que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público;
  2. Revisar el listado que remitió la persona física o moral en la medida en que reciban y ejerzan recursos o realicen actos de autoridad que la normatividad aplicable le otorgue, y

III.        Determinar las obligaciones de transparencia que deben cumplir y los plazos para ello.

Capítulo V

De las obligaciones específicas en materia energética

Artículo 83. Adicionalmente a la información señalada en el artículo 70 de esta Ley, los sujetos obligados del sector energético deberán garantizar la máxima transparencia de la información relacionada con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el Estado suscriba u otorgue a particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales o que se celebren entre ellos en materia de las actividades de planeación y control del sistema eléctrico nacional; del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; de exploración y extracción de hidrocarburos, a través de mecanismos que garanticen su difusión y la consulta pública, por lo que deberán incluir, cuando menos, las bases, reglas, ingresos, costos, límites de costos, contraprestaciones, contribuciones y pagos realizados y de los procedimientos que se lleven a cabo para tal efecto.

Lo anterior, de conformidad con las obligaciones de transparencia previstas en la Ley Federal y lo dispuesto en las leyes de Hidrocarburos; de la Industria Eléctrica; de Ingresos sobre Hidrocarburos; de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, en esta materia.

Capítulo VI

De la verificación de las obligaciones de transparencia

Artículo 84. Las determinaciones que emitan los Organismos garantes deberán establecer los requerimientos, recomendaciones u observaciones que formulen y los términos y plazos en los que los sujetos obligados deberán atenderlas. El incumplimiento a los requerimientos formulados, será motivo para aplicar las medidas de apremio, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

Artículo 85. Los Organismos garantes vigilarán que las obligaciones de transparencia que publiquen los sujetos obligados cumplan con lo dispuesto en los artículos 70 a 83 de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 86. Las acciones de vigilancia a que se refiere este Capítulo, se realizarán a través de la verificación virtual. Esta vigilancia surgirá de los resultados de la verificación que se lleve a cabo de manera oficiosa por los Organismos garantes al portal de Internet de los sujetos obligados o de la Plataforma Nacional, ya sea de forma aleatoria o muestral y periódica.

Artículo 87. La verificación tendrá por objeto revisar y constatar el debido cumplimiento a las obligaciones de transparencia en términos de lo previsto en los artículos 70 a 83 de esta Ley, según corresponda a cada sujeto obligado y demás disposiciones aplicables.

Artículo 88. La verificación que realicen los Organismos garantes en el ámbito de sus respectivas competencias, se sujetará a lo siguiente:

  1. Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma;
  2. Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el sujeto obligado se ajusta a lo establecido por esta Ley y demás disposiciones, o contrariamente determinar que existe incumplimiento a lo previsto por la Ley y demás normatividad aplicable, en cuyo caso formulará los requerimientos que procedan a efecto de que el sujeto obligado subsane las inconsistencias detectadas dentro de un plazo no mayor a veinte días;

III.        El sujeto obligado deberá informar al organismo garante sobre el cumplimento de los requerimientos del dictamen, y

  1. Los Organismos garantes verificarán el cumplimiento a la resolución una vez transcurrido el plazo y si consideran que se dio cumplimiento los requerimientos del dictamen, se emitirá un acuerdo

de cumplimiento.

Los Organismos garantes podrán solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que requiera para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para llevar a cabo la verificación.

Cuando los Organismos garantes consideren que existe un incumplimiento total o parcial de la determinación, le notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia, al superior jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a los requerimientos del dictamen.

En caso de que los Organismos garantes consideren que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días, se informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de apremio o sanciones, conforme a lo establecido por esta Ley.

Capítulo VII

De la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia

Artículo 89. Cualquier persona podrá denunciar ante los Organismos garantes la falta de publicación de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de esta Ley y demás disposiciones aplicables, en sus respectivos ámbitos de competencia.

Artículo 90. El procedimiento de la denuncia se integra por las siguientes etapas:

  1. Presentación de la denuncia ante los Organismos garantes;
  2. Solicitud por parte del organismo garante de un informe al sujeto obligado;

III.        Resolución de la denuncia, y

  1. Ejecución de la resolución de la denuncia.

Artículo 91. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos:

  1. Nombre del sujeto obligado denunciado;
  2. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III.        El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar el incumplimiento denunciado;

  1. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Instituto u Organismo garante de las Entidades Federativas o del Distrito Federal competente, y
  2. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la denuncia.

Artículo 92. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente:

  1. Por medio electrónico:
  2. a)A través de la Plataforma Nacional, o
  3. b)Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al efecto se establezca.
  4. Por escrito, presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia de los Organismos garantes, según corresponda.

Artículo 93. Los Organismos garantes pondrán a disposición de los particulares el formato de denuncia correspondiente, a efecto de que éstos, si así lo deciden, puedan utilizarlos. Asimismo, los particulares podrán optar por un escrito libre, conforme a lo previsto en esta Ley.

Artículo 94. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben resolver sobre la admisión de la denuncia, dentro de los tres días siguientes a su recepción.

Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben notificar al sujeto obligado la denuncia dentro de los tres días siguientes a su admisión.

Artículo 95. El sujeto obligado debe enviar al organismo garante correspondiente, un informe con justificación respecto de los hechos o motivos de la denuncia dentro de los tres días siguientes a la notificación anterior.

Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, pueden realizar las verificaciones virtuales que procedan, así como solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que requiera, para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para resolver la denuncia.

En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder a los mismos, en el término de tres días siguientes a la notificación correspondiente.

Artículo 96. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias deben resolver la denuncia, dentro de los veinte días siguientes al término del plazo en que el sujeto obligado debe presentar su informe o, en su caso, los informes complementarios.

La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el cumplimiento de la publicación de la información por parte del sujeto obligado.

Artículo 97. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben notificar la resolución al denunciante y al sujeto obligado, dentro de los tres días siguientes a su emisión.

Las resoluciones que emitan los Organismos garantes, a que se refiere este Capítulo, son definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El particular podrá impugnar la resolución por la vía del juicio de amparo que corresponda, en los términos de la legislación aplicable.

El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días, a partir del día siguiente al en que se le notifique la misma.

Artículo 98. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar al organismo garante correspondiente sobre el cumplimento de la resolución.

Los Organismos garantes, según corresponda, verificarán el cumplimiento a la resolución; si consideran que se dio cumplimiento a la resolución, se emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el cierre del Expediente.

Cuando los Organismos garantes de los Estados o del Distrito Federal, según corresponda, consideren que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución, le notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al superior jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución.

Artículo 99. En caso de que el Instituto o los Organismos garantes, según corresponda, consideren que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días posteriores al aviso de incumplimiento al superior jerárquico del servidor público responsable del mismo, se emitirá un acuerdo de incumplimiento y se informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de apremio o determinaciones que resulten procedentes.

TÍTULO SEXTO

INFORMACIÓN CLASIFICADA

Capítulo I

De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información

Artículo 100. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla.

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la Ley Federal y de las Entidades Federativas.

Artículo 101. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando:

  1. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;
  2. Expire el plazo de clasificación;

III.        Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información, o

  1. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad con lo señalado en el presente Título.

La información clasificada como reservada, según el artículo 113 de esta Ley, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el documento.

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño.

Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión de bienes o servicios públicos, o bien se refiera a las circunstancias expuestas en la fracción IV del artículo 113 de esta Ley y que a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información; el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al organismo garante competente, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipación al vencimiento del periodo.

Artículo 102. Cada Área del sujeto obligado elaborará un índice de los Expedientes clasificados como reservados, por Área responsable de la información y tema.

El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en Formatos Abiertos al día siguiente de su elaboración. Dicho índice deberá indicar el Área que generó la información, el nombre del Documento, si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del Documento que se reservan y si se encuentra en prórroga.

En ningún caso el índice será considerado como información reservada.

Artículo 103. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.

Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:

  1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;
  2. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y

III.        La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Artículo 105. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar su procedencia.

La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados.

Artículo 106. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:

  1. Se reciba una solicitud de acceso a la información;
  2. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o

III.        Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia

previstas en esta Ley.

Artículo 107. Los Documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva.

Artículo 108. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada.

En ningún caso se podrán clasificar Documentos antes de que se genere la información.

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.

Artículo 109. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados.

Artículo 110. Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados, conforme a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, a los lineamientos que expida el Sistema Nacional.

Artículo 111. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.

Artículo 112. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en las versiones públicas.

Capítulo II

De la Información Reservada

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

  1. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;
  2. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;

III.        Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;

  1. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal;
  2. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
  3. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;

VII.       Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

VIII.      La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

  1. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;
  2. Afecte los derechos del debido proceso;
  3. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

XII.       Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

XIII.      Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.

Artículo 114. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título.

Artículo 115. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando:

  1. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o
  2. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.

Capítulo III

De la Información Confidencial

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

Artículo 117. Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación que prevé la presente Ley.

Artículo 118. Los sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como institución bancaria en operaciones que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación que prevé la presente Ley.

Artículo 119. Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o como autoridades en materia tributaria, no podrán clasificar la información relativa al ejercicio de recursos públicos como secreto fiscal.

Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.

No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:

  1. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
  2. Por ley tenga el carácter de pública;

III.        Exista una orden judicial;

  1. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación, o
  2. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos.

Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público de la información.

TÍTULO SÉPTIMO

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Capítulo I

Del Procedimiento de Acceso a la Información

Artículo 121. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de las mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente Título.

Artículo 122. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.

Artículo 123. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la Plataforma Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables.

Artículo 124. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes:

  1. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante;
  2. Domicilio o medio para recibir notificaciones;

III.        La descripción de la información solicitada;

  1. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y
  2. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.

En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley.

La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud.

Artículo 125. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones.

En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen un domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia.

Artículo 126. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se practiquen.

Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, éstos se entenderán como hábiles.

Artículo 127. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en consulta directa, salvo la información clasificada.

En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante.

Artículo 128. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información.

Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 132 de la presente Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del particular. En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el requerimiento de información adicional.

La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del requerimiento.

Artículo 129. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos.

Artículo 130. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días.

Artículo 131. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.

Artículo 132. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla.

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento.

Artículo 133. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega.

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.

Artículo 134. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la información.

La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado.

Artículo 135. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un plazo mínimo de sesenta días, contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días.

Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información.

Artículo 136. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes.

Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual es

incompetente se procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Artículo 137. En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información deba ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:

  1. a)Confirmar la clasificación;
  2. b)Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y
  3. c)Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 132 de la presente Ley.

Artículo 138. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia:

  1. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;
  2. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento;

III.        Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia, y

  1. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.

Artículo 139. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma.

Artículo 140. Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso a la información.

Capítulo II

De las Cuotas de Acceso

Artículo 141. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:

  1. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;
  2. El costo de envío, en su caso, y

III.        El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda.

Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley Federal de Derechos, los cuales se publicarán en los sitios de Internet de los sujetos obligados. En su determinación se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, asimismo se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante realice el pago íntegro del costo de la información que solicitó.

Los sujetos obligados a los que no les sea aplicable la Ley Federal de Derechos deberán establecer cuotas que no deberán ser mayores a las dispuestas en dicha ley.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante.

TÍTULO OCTAVO

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

Capítulo I

Del Recurso de Revisión ante los Organismos garantes

Artículo 142. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el organismo garante que corresponda o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.

En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al organismo garante que corresponda a más tardar al día siguiente de haberlo recibido.

Artículo 143. El recurso de revisión procederá en contra de:

  1. La clasificación de la información;
  2. La declaración de inexistencia de información;

III.        La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;

  1. La entrega de información incompleta;
  2. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
  3. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley;

VII.       La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado;

VIII.      La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante;

  1. Los costos o tiempos de entrega de la información;
  2. La falta de trámite a una solicitud;
  3. La negativa a permitir la consulta directa de la información;

XII.       La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, o

XIII.      La orientación a un trámite específico.

La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el organismo garante correspondiente.

Artículo 144. El recurso de revisión deberá contener:

  1. El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
  2. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, así como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones;

III.        El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso;

  1. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
  2. El acto que se recurre;
  3. Las razones o motivos de inconformidad, y

VII.       La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo

en el caso de respuesta de la solicitud.

Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a juicio del organismo garante correspondiente.

En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.

Artículo 145. Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el artículo anterior y el organismo garante que corresponda no cuenta con elementos para subsanarlos, se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión y a través del medio que haya elegido para recibir notificaciones, con el objeto de que subsane las omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revisión.

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tienen los Organismos garantes para resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo.

No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante.

Artículo 146. El organismo garante resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de cuarenta días, contados a partir de la admisión del mismo, en los términos que establezca la ley respectiva, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo de veinte días.

Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones.

Artículo 147. En todo momento, los Comisionados deberán tener acceso a la información clasificada para determinar su naturaleza según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.

Artículo 148. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por los Comisionados, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la desclasificación de dicha información y continuara bajo el resguardo del sujeto obligado en el que originalmente se encontraba o cuando se requiera, por ser violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Artículo 149. El organismo garante, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista una colisión de derechos.

Para estos efectos, se entenderá por:

  1. Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido;
  2. Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para satisfacer el interés público, y

III.        Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.

Artículo 150. Los Organismos garantes resolverán el recurso de revisión conforme a lo siguiente:

  1. Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del organismo garante lo turnará al Comisionado ponente que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión o su desechamiento;
  2. Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que a su derecho convenga;

III.        Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente artículo, las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos excepto la confesional por parte de los sujetos obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho;

  1. El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las partes durante la sustanciación del recurso de revisión;
  1. Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar el cierre de instrucción;
  2. El organismo garante no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de instrucción, y

VII.       Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, en un plazo que no podrá exceder de veinte días.

Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:

  1. Desechar o sobreseer el recurso;
  2. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o

III.        Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

Artículo 152. En las resoluciones los Organismos garantes podrán señalarle a los sujetos obligados que la información que deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de conformidad con el Capítulo II del Título Quinto, denominado De las obligaciones de transparencia comunes en la presente Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones.

Artículo 153. Los Organismos garantes deberán notificar a las partes y publicar las resoluciones, a más tardar, al tercer día siguiente de su aprobación.

Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes de que se trate el cumplimiento de sus resoluciones en un plazo no mayor a tres días.

Artículo 154. Cuando los Organismos garantes determinen durante la sustanciación del recurso de revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley y las demás disposiciones aplicables en la materia, deberán hacerlo del conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.

Artículo 155. El recurso será desechado por improcedente cuando:

  1. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 142 de la presente Ley;
  2. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente;

III.        No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 143 de la presente Ley;

  1. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 145 de la presente Ley;
  2. Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
  3. Se trate de una consulta, o

VII.       El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos.

Artículo 156. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:

  1. El recurrente se desista;
  2. El recurrente fallezca;

III.        El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia, o

  1. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del

presente Capítulo.

Artículo 157. Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.

Únicamente el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos que se establecen en el Capítulo IV denominado Del Recurso de Revisión en materia de Seguridad Nacional, en el presente Título, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional.

Artículo 158. Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones de los Organismos garantes ante el Poder Judicial de la Federación.

Capítulo II

Del Recurso de Inconformidad ante el Instituto

Artículo 159. Tratándose de las resoluciones a los recursos de revisión de los Organismos garantes de las Entidades Federativas, los particulares podrán optar por acudir ante el Instituto o ante el Poder Judicial de la Federación.

Artículo 160. El recurso de inconformidad procede contra las resoluciones emitidas por los Organismos garantes de las Entidades Federativas que:

  1. Confirmen o modifiquen la clasificación de la información, o
  2. Confirmen la inexistencia o negativa de información.

Se entenderá como negativa de acceso a la información la falta de resolución de los Organismos garantes de las Entidades Federativas dentro del plazo previsto para ello.

Artículo 161. El recurso de inconformidad deberá presentarse dentro de los quince días posteriores a que se tuvo conocimiento de la resolución o que se venza el plazo para que fuera emitido, mediante el sistema electrónico que al efecto establezca el Instituto, o por escrito, ante el Instituto o el organismo garante que hubiere emitido la resolución.

En caso de presentarse recurso de inconformidad por escrito ante el organismo garante de la Entidad Federativa, éste deberá hacerlo del conocimiento del Instituto al día siguiente de su recepción, acompañándolo con la resolución impugnada, a través de la Plataforma Nacional.

Independientemente de la vía a través de la cual sea interpuesto el recurso de inconformidad, el Expediente respectivo deberá obrar en la Plataforma Nacional.

Artículo 162. El recurso de inconformidad deberá contener:

  1. El sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud;
  2. El número de la resolución del recurso de revisión de la resolución impugnada;

III.        El organismo garante que emitió la resolución que se impugna;

  1. El nombre del inconforme y, en su caso, del tercero interesado, así como las correspondientes direcciones o medios para recibir notificaciones;
  2. La fecha en que fue notificada la resolución impugnada;
  3. El acto que se recurre;

VII.       Las razones o motivos de la inconformidad, y

VIII.      La copia de la resolución que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente.

El recurrente podrá anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a consideración del organismo garante.

Artículo 163. Una vez que el Instituto reciba el recurso de inconformidad examinará su procedencia y, en su caso, requerirá los elementos que considere necesarios al organismo garante responsable.

Artículo 164. Si el escrito de interposición del recurso de inconformidad no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 162 de esta Ley y el Instituto no cuenta con elementos para subsanarlos, se prevendrá al inconforme en un plazo que no excederá de cinco días, por una sola ocasión y a través del medio que haya elegido para recibir notificaciones, para que subsane las omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de quince días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la prevención, con el apercibimiento de que, de no desahogar la prevención en tiempo y forma, se tendrá por no presentado el recurso de inconformidad.

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver el recurso de inconformidad, por lo que éste comenzará a computarse nuevamente a partir del día siguiente a su desahogo.

No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el inconforme.

Artículo 165. El Instituto resolverá el recurso de inconformidad en un plazo que no podrá exceder de treinta días, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo igual.

Interpuesto el recurso de inconformidad por falta de resolución, en términos del segundo párrafo del artículo 160 de esta Ley, el Instituto dará vista, en el término de tres días siguientes, contados a partir del día en que fue recibido el recurso, al organismo garante de la Entidad Federativa según se trate, para que alegue lo que a su derecho convenga en un plazo de cinco días.

Recibida la contestación, el Instituto deberá emitir su resolución en un plazo no mayor a quince días. En caso de no recibir la contestación por parte del Organismo garante de la Entidad Federativa o que éste no pruebe fehacientemente que dictó resolución o no exponga de manera fundada y motivada, a criterio del Instituto, que se trata de información reservada o confidencial, el Instituto resolverá a favor del solicitante.

Artículo 166. Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la deficiencia de la queja, sin cambiar los hechos, a favor del recurrente y se deberá asegurar que las partes puedan presentar los argumentos y constancias que funden y motiven sus pretensiones y formular sus alegatos.

Artículo 167. En todo caso, el Comisionado ponente del Instituto tendrá acceso a la información clasificada para determinar su naturaleza.

La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por el Comisionado ponente del Instituto, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la desclasificación de dicha información, continuando bajo el resguardo del sujeto obligado en el que originalmente se encontraba.

Artículo 168. Admitido el recurso de inconformidad, se correrá traslado del mismo al organismo garante responsable, a fin de que en un plazo máximo de diez días rinda su informe justificado.

El recurrente podrá manifestar lo que a su derecho convenga y aportar los elementos que considere pertinentes, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la admisión del recurso de inconformidad. Concluido este plazo, se decretará el cierre de instrucción y el Expediente pasará a resolución.

El recurrente podrá solicitar la ampliación del plazo, antes del cierre de instrucción, hasta por un periodo de diez días adicionales para manifestar lo que a su derecho convenga.

Artículo 169. Después del cierre de instrucción y hasta antes de dictada la resolución, sólo serán admisibles las pruebas supervenientes y la petición de ampliación de informes a los Organismos garantes y sujetos obligados.

En caso de existir tercero interesado, se le notificará la admisión del recurso de inconformidad para que, en un plazo no mayor a cinco días, acredite su carácter y alegue lo que a su derecho convenga.

Artículo 170. Las resoluciones del Instituto podrán:

  1. Desechar o sobreseer el recurso de inconformidad;
  2. Confirmar la resolución del organismo garante, o

III.        Revocar o modificar la resolución del organismo garante.

La resolución será notificada al inconforme, al sujeto obligado, al organismo garante responsable y, en su caso, al tercero interesado, a través de la Plataforma Nacional.

Artículo 171. Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recurso de inconformidad que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.

Artículo 172. En los casos en que a través del recurso de inconformidad se modifique o revoque lo decidido en el recurso de revisión, el organismo garante señalado como responsable y que fuera el que dictó la resolución recurrida, procederá a emitir un nuevo fallo, atendiendo los lineamientos que se fijaron al resolver la inconformidad, dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que se hubiere notificado o se tenga conocimiento de la resolución dictada en la inconformidad.

Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales de cada caso en concreto, los Organismos garantes, de manera fundada y motivada, podrán solicitar al Instituto una ampliación de plazo para la emisión de la nueva resolución, la cual deberá realizarse a más tardar cinco días antes de que venza el plazo otorgado para el cumplimiento de la resolución, a efecto de que el Instituto resuelva sobre la procedencia de la misma dentro de los tres días siguientes de realizada la petición.

Artículo 173. Una vez emitida la nueva resolución por el Organismo garante responsable de la Entidad Federativa, según corresponda, en cumplimiento al fallo del recurso de inconformidad, la notificará sin demora, a través de la Plataforma Nacional al Instituto, así como al sujeto obligado que corresponda, a través de su Unidad de Transparencia, para efecto del cumplimiento.

Artículo 174. El sujeto obligado, a través de la Unidad de Transparencia deberá cumplir con la nueva resolución que le hubiere notificado el organismo garante en cumplimiento al fallo del recurso de inconformidad, en un plazo no mayor a diez días, a menos de que en la misma se hubiere determinado un plazo mayor para su cumplimiento. En el propio acto en que se haga la notificación al sujeto obligado, se le requerirá para que informe sobre el cumplimiento que se dé a la resolución de referencia.

Artículo 175. Una vez cumplimentada la resolución a que se refiere el artículo anterior por parte del sujeto obligado, éste deberá informar al organismo garante de las Entidades Federativas o del Distrito Federal, según corresponda, respecto de su cumplimiento, lo cual deberá hacer dentro del plazo previsto en el artículo anterior.

Artículo 176. Corresponderá a los Organismos garantes de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, realizar el seguimiento y vigilancia del debido cumplimiento por parte del sujeto obligado respectivo de la nueva resolución emitida como consecuencia de la inconformidad, en términos del Capítulo IV del presente Título.

Artículo 177. Las medidas de apremio previstas en esta Ley, resultarán aplicables para efectos del cumplimiento de las resoluciones que recaigan a los recursos de inconformidad. Estas medidas de apremio deberán establecerse en la propia resolución.

Artículo 178. El recurso de inconformidad será desechado por improcedente cuando:

  1. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 161 de la presente Ley;
  2. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el inconforme o, en su caso, por el tercero interesado, en contra del acto recurrido ante el Instituto;

III.        No se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 160 de la presente Ley;

  1. Cuando la pretensión del recurrente vaya más allá de los agravios planteados inicialmente ante el organismo garante correspondiente;
  2. El Instituto no sea competente, o
  3. Se actualice cualquier otra hipótesis de improcedencia prevista en la presente Ley.

Artículo 179. El recurso de inconformidad será sobreseído cuando, una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:

  1. El inconforme se desista expresamente del recurso;
  2. El recurrente fallezca;

III.        El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de inconformidad quede sin materia, o

  1. Admitido el recurso de inconformidad, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del presente Capítulo.

Artículo 180. La resolución del Instituto será definitiva e inatacable para el organismo garante y el sujeto obligado de que se trate.

Los particulares podrán impugnar las resoluciones del Instituto ante el Poder Judicial de la Federación.

Capítulo III

De la atracción de los Recursos de Revisión

Artículo 181. El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, de oficio o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un interés y trascendencia para ser conocidos.

Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos de revisión que de oficio podría conocer.

Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información.

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo.

Artículo 183. Las razones emitidas por el Instituto para ejercer la facultad de atracción de un caso, únicamente constituirán un estudio preliminar para determinar si el asunto reúne los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia, conforme al precepto anterior, por lo que no será necesario que formen parte del análisis de fondo del asunto.

Artículo 184. El Instituto emitirá lineamientos y criterios generales de observancia obligatoria que permitan determinar los recursos de revisión de interés y trascendencia que estará obligado a conocer, así como los procedimientos internos para su tramitación, atendiendo a los plazos máximos señalados para el recurso de revisión.

Artículo 185. La facultad de atracción conferida al Instituto se deberá ejercer conforme a las siguientes reglas:

  1. Cuando se efectúe de oficio, el Pleno del Instituto, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, podrá ejercer la atracción en cualquier momento, en tanto no haya sido resuelto el recurso de revisión por el organismo garante competente, para lo cual notificará a las partes y requerirá el Expediente al organismo garante correspondiente, o
  2. Cuando la petición de atracción sea formulada por el organismo garante de la Entidad Federativa, éste contará con un plazo no mayor a cinco días, salvo lo dispuesto en el último párrafo del artículo 182 de esta Ley, para solicitar al Instituto que analice y, en su caso, ejerza la facultad de atracción sobre el asunto puesto a su consideración.

Transcurrido dicho plazo se tendrá por precluido el derecho del organismo garante respectivo para hacer la solicitud de atracción.

El Instituto contará con un plazo no mayor a diez días para determinar si ejerce la facultad de atracción, en cuyo caso, notificará a las partes y solicitará el Expediente del recurso de revisión respectivo.

Artículo 186. La solicitud de atracción del recurso de revisión interrumpirá el plazo que tienen los Organismos garantes locales para resolverlo. El cómputo continuará a partir del día siguiente al en que el Instituto haya notificado la determinación de no atraer el recurso de revisión.

Artículo 187. Previo a la decisión del Instituto sobre el ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere el artículo anterior, el organismo garante de la Entidad Federativa a quien corresponda el conocimiento originario del asunto, deberá agotar el análisis de todos los aspectos cuyo estudio sea previo al fondo del asunto, hecha excepción del caso en que los aspectos de importancia y trascendencia deriven de la procedencia del recurso.

Si el Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, decide ejercer la facultad de atracción se avocará al conocimiento o estudio de fondo del asunto materia del recurso de revisión atraído.

El o los Comisionados que en su momento hubiesen votado en contra de ejercer la facultad de atracción, no estarán impedidos para pronunciarse respecto del fondo del asunto.

Artículo 188. La resolución del Instituto será definitiva e inatacable para el organismo garante y para el sujeto obligado de que se trate.

En todo momento, los particulares podrán impugnar las resoluciones del Instituto ante el Poder Judicial de la Federación.

Capítulo IV

Del Recurso de Revisión en materia de Seguridad Nacional

Artículo 189. El Consejero Jurídico del Gobierno Federal podrá interponer recurso de revisión en materia de seguridad nacional directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando considere que las resoluciones emitidas por el Instituto ponen en peligro la seguridad nacional.

El recurso deberá interponerse durante los siete días siguientes a aquél en el que el organismo garante notifique la resolución al sujeto obligado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará, de inmediato, en su caso, la suspensión de la ejecución de la resolución y dentro de los cinco días siguientes a la interposición del recurso resolverá sobre su admisión o improcedencia.

Artículo 190. En el escrito del recurso, el Consejero Jurídico del Gobierno Federal deberá señalar la resolución que se impugna, los fundamentos y motivos por los cuales considera que se pone en peligro la seguridad nacional, así como los elementos de prueba necesarios.

Artículo 191. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea solicitada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en el Expediente, salvo en las excepciones previstas en el artículo 120 de la presente Ley.

En todo momento, los Ministros deberán tener acceso a la información clasificada para determinar su naturaleza, según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la normatividad previamente establecida para el resguardo o salvaguarda de la información por parte de los sujetos obligados.

Artículo 192. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá con plenitud de jurisdicción, y en ningún caso, procederá el reenvío.

Artículo 193. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma el sentido de la resolución recurrida, el sujeto obligado deberá dar cumplimiento y entregar la información en los términos que establece el artículo 196 de esta Ley.

En caso de que se revoque la resolución, el Instituto deberá actuar en los términos que ordene la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Capítulo V

Del Recurso de Revisión de Asuntos Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Artículo 194. En la aplicación de las disposiciones de la presente Ley, relacionadas con la información de asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deberá crear un comité especializado en materia de acceso a la información integrado por tres ministros.

Para resolver los recursos de revisión relacionados con la información de asuntos jurisdiccionales, dicho comité atenderá a los principios, reglas y procedimientos de resolución establecidos en la presente Ley y tendrá las atribuciones de los Organismos garantes.

Artículo 195. Se entenderán como asuntos jurisdiccionales, aquellos que estén relacionados con el ejercicio de la función constitucional de impartición de justicia competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos que precise la Ley Federal.

Capítulo VI

Del Cumplimiento

Artículo 196. Los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia, darán estricto cumplimiento a las resoluciones de los Organismos garantes y deberán informar a estos sobre su cumplimiento.

Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos obligados podrán solicitar a los Organismos garantes, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo para el cumplimiento de la resolución.

Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres días del plazo otorgado para el cumplimiento, a efecto de que los Organismos garantes resuelvan sobre la procedencia de la misma dentro de los cinco días siguientes.

Artículo 197. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar al organismo garante sobre el cumplimento de la resolución.

El organismo garante verificará de oficio la calidad de la información y, a más tardar al día siguiente de recibir el informe, dará vista al recurrente para que, dentro de los cinco días siguientes, manifieste lo que a su derecho convenga. Si dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta que el cumplimiento no corresponde a lo ordenado por el organismo garante, deberá expresar las causas específicas por las cuales así lo considera.

Artículo 198. El organismo garante deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco días, sobre todas las causas que el recurrente manifieste así como del resultado de la verificación realizada. Si el organismo garante considera que se dio cumplimiento a la resolución, emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el archivo del Expediente. En caso contrario, el organismo garante:

  1. Emitirá un acuerdo de incumplimiento;
  2. Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución, y

III.        Determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el siguiente Título.

Capítulo VII

De los criterios de interpretación

Artículo 199. Una vez que hayan causado ejecutoria las resoluciones dictadas en los recursos que se sometan a su competencia, el Instituto podrá emitir los criterios de interpretación que estime pertinentes y que deriven de lo resuelto en dichos asuntos.

El Instituto podrá emitir criterios de carácter orientador para los Organismos garantes locales, que se establecerán por reiteración al resolver tres casos análogos de manera consecutiva en el mismo sentido, por al menos dos terceras partes del Pleno del Instituto, derivados de resoluciones que hayan causado estado.

Artículo 200. Los criterios se compondrán de un rubro, un texto y el precedente o precedentes que, en su caso, hayan originado su emisión.

Todo criterio que emita el Instituto deberá contener una clave de control para su debida identificación.

TÍTULO NOVENO

MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES

Capítulo I

De las Medidas de Apremio

Artículo 201. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, podrán imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable, las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones:

  1. Amonestación pública, o
  2. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Área geográfica de que se trate.

La Ley Federal y las de las Entidades Federativas establecerán los criterios para calificar las medidas de apremio, conforme a la gravedad de la falta y, en su caso, las condiciones económicas del infractor y la reincidencia.

El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en los portales de obligaciones de transparencia de los Organismos garantes y considerados en las evaluaciones que realicen éstos.

En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de los Organismos garantes implique la presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en el artículo 206 de esta Ley, el organismo garante respectivo deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.

Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.

Artículo 202. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el artículo anterior no se cumple con la determinación, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para que en un plazo de cinco días lo instruya a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se aplicarán sobre el superior jerárquico las medidas de apremio establecidas en el artículo anterior.

Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se determinarán las sanciones que correspondan.

Artículo 203. Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas por los Organismos garantes y ejecutadas por sí mismos o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.

Las multas que fijen el Instituto y los Organismos garantes se harán efectivas ante el Servicio de Administración Tributaria o las Secretarías de finanzas de las Entidades Federativas, según corresponda, a través de los procedimientos que las leyes establezcan.

Artículo 204. La Ley Federal y las de las Entidades Federativas deberán establecer los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución a los Organismos garantes de las medidas de apremio que se apliquen en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea notificada la medida de apremio.

Artículo 205. Además de las medidas de apremio previstas en el presente Capítulo, las leyes de la materia podrán establecer aquéllas otras que consideren necesarias.

Capítulo II

De las Sanciones

Artículo 206. La Ley Federal y de las Entidades Federativas, contemplarán como causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, al menos las siguientes:

  1. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable;
  2. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en materia de acceso a la información o bien, al no difundir la información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la presente Ley;

III.        Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley;

  1. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus Servidores Públicos o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;
  2. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la información, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en esta Ley;
  3. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la presente Ley;

VII.       Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones;

VIII.      Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos;

  1. No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o actos de autoridad, de conformidad con la normatividad aplicable;
  2. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del derecho;
  3. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o confidencial;

XII.       Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las características señaladas en la presente Ley. La sanción procederá cuando exista una resolución previa del organismo garante, que haya quedado firme;

XIII.      No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando el organismo garante determine que existe una causa de interés público que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia;

XIV.      No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por los Organismos garantes, o

  1. No acatar las resoluciones emitidas por los Organismos garantes, en ejercicio de sus funciones.

La Ley Federal y las de las Entidades Federativas establecerán los criterios para calificar las sanciones conforme a la gravedad de la falta, en su caso, las condiciones económicas del infractor y la reincidencia. Asimismo, contemplarán el tipo de sanciones, los procedimientos y plazos para su ejecución.

Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.

Artículo 207. Las conductas a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas por los Organismos garantes, según corresponda y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.

Artículo 208. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos correspondientes derivados de la violación a lo dispuesto por el artículo 206 de esta Ley, son independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos hechos.

Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los procedimientos previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su caso, se impongan por las autoridades competentes, también se ejecutarán de manera independiente.

Para tales efectos, el Instituto o los Organismos garantes podrán denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas que consideren pertinentes, en los términos de las leyes aplicables.

Artículo 209. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte de los partidos políticos, el Instituto u organismo garante competente dará vista, según corresponda, al Instituto Nacional Electoral o a los organismos públicos locales electorales de las Entidades Federativas competentes, para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables.

En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, sindicatos o personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, el Instituto u organismo garante competente deberá dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado relacionado con éstos, cuando sean Servidores Públicos, con el fin de que instrumenten los procedimientos administrativos a que haya lugar.

Artículo 210. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de Servidor Público, el Instituto o el organismo garante deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia correspondiente, un expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad administrativa.

La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del procedimiento y en su caso, de la ejecución de la sanción al Instituto o al organismo garante, según corresponda.

Artículo 211. Cuando se trate de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con la calidad de Servidor Público, el Instituto o los Organismos garantes de las Entidades Federativas, serán las autoridades facultadas para conocer y desahogar el procedimiento sancionatorio conforme a esta Ley; y deberá llevar a cabo las acciones conducentes para la imposición y ejecución de las sanciones.

Artículo 212. El procedimiento a que se refiere el artículo anterior dará comienzo con la notificación que efectúe el Instituto o los Organismos garantes de las Entidades Federativas al presunto infractor, sobre los hechos e imputaciones que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgarán un término de quince días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no hacerlo, el Instituto o el organismo garante correspondiente, de inmediato, resolverá con los elementos de convicción que disponga.

El Instituto o el organismo garante correspondiente, admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo; y concluido que esto sea, notificará al presunto infractor el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente sus alegatos dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

Una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción, el Instituto o el organismo garante correspondiente, resolverá, en definitiva, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que inició el procedimiento sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada al presunto infractor y, dentro de los diez días siguientes a la notificación, se hará pública la resolución correspondiente.

Cuando haya causa justificada por acuerdo indelegable del Pleno del Instituto o del organismo garante correspondiente, podrá ampliar por una sola vez y hasta por un periodo igual el plazo de resolución.

Artículo 213. En las normas respectivas, del Instituto y de los Organismos garantes de las Entidades Federativas, se precisará toda circunstancia relativa a la forma, términos y cumplimiento de los plazos a que se refiere el procedimiento sancionatorio previsto en esta Ley, incluyendo la presentación de pruebas y alegatos, la celebración de audiencias, el cierre de instrucción y la ejecución de sanciones. En todo caso, será supletorio a este procedimiento sancionador lo dispuesto en las leyes en materia de procedimiento administrativo del orden jurídico que corresponda.

Artículo 214. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley por parte de sujetos obligados que no cuenten con la calidad de servidor público, serán sancionadas con:

  1. El apercibimiento, por única ocasión, para que el sujeto obligado cumpla su obligación de manera inmediata, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I, III, V, VI y X del artículo 206 de esta Ley.

Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con la obligación, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos mencionados en esta fracción, se aplicará multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate;

  1. Multa de doscientos cincuenta a ochocientos días de salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate, en los casos previstos en las fracciones II y IV del artículo 206 de esta Ley, y

III.        Multa de ochocientos a mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate, en los casos previstos en las fracciones VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 206 de esta Ley.

Se aplicará multa adicional de hasta cincuenta días de salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate, por día, a quien persista en las infracciones citadas en los incisos anteriores.

Artículo 215. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de los Organismos garantes implique la presunta comisión de un delito, el organismo garante respectivo deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.

Artículo 216. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos de autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que corresponda, cumplir con sus obligaciones de trasparencia y para atender las solicitudes de acceso correspondientes.

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Queda derogada cualquier disposición que contravenga los principios, bases, procedimientos y derechos reconocidos en la presente Ley, sin perjuicio de lo previsto en los siguientes Transitorios.

Tercero. En tanto no se expida la ley general en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados, permanecerá vigente la normatividad federal y local en la materia, en sus respectivos ámbitos de aplicación.

Cuarto. El Instituto expedirá los lineamientos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con lo previsto en la presente Ley, dentro de los seis meses siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto.

Quinto. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para armonizar las leyes relativas, conforme a lo establecido en esta Ley. Transcurrido dicho plazo, el Instituto será competente para conocer de los medios de impugnación que se presenten de conformidad con la presente Ley.

Sexto. El Instituto podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción a que se refiere la ley,

transcurrido un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Séptimo. No se podrán reducir o ampliar en la normatividad federal y de las Entidades Federativas, los plazos vigentes en la normatividad de la materia en perjuicio de los solicitantes de información.

Octavo. Los sujetos obligados se incorporarán a la Plataforma Nacional de Transparencia, en los términos que establezcan los lineamientos referidos en la fracción VI del artículo 31 de la presente Ley.

En tanto entren en vigor los lineamientos que se refieren en el párrafo siguiente, los sujetos obligados deberán mantener y actualizar en sus respectivas páginas de Internet la información conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las leyes de transparencia de las Entidades Federativas vigentes.

El Presidente del Consejo Nacional, en un periodo que no podrá exceder de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual el Sistema Nacional aprueba los lineamientos que regularán la forma, términos y plazos en que los sujetos obligados deberán cumplir con las obligaciones de transparencia, a que se refieren los Capítulos del I al V del Título Quinto de la presente Ley.

Las nuevas obligaciones establecidas en los artículos 70 a 83 de la presente Ley no contempladas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en las leyes de transparencia de las Entidades Federativas vigentes, serán aplicables solo respecto de la información que se genere a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Noveno. La información que hasta la fecha de entrada en vigor del presente decreto obra en los sistemas electrónicos de los Organismos garantes, formará parte de la Plataforma Nacional de Transparencia, conforme a los lineamientos que, para el efecto, emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Décimo. Sin perjuicio de que la información que generen y posean es considerada pública, de conformidad con lo señalado en la presente Ley General y que le son aplicables los procedimientos, principios y bases de la misma; en tanto el Sistema Nacional emite los lineamientos, mecanismos y criterios correspondientes para determinar las acciones a tomar, los municipios con población menor a 70,000 habitantes cumplirán con las obligaciones de transparencia de conformidad con sus posibilidades presupuestarias.

Lo anterior, sin perjuicio de que dichos municipios continuarán cumpliendo con las obligaciones de información a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones que emanan de ésta, en los plazos, términos y condiciones previstas en dicha ley y en las disposiciones referidas.

Dichos municipios podrán solicitar al Organismo garante de la Entidad Federativa correspondiente, que, de manera subsidiaria, divulgue vía Internet las obligaciones de transparencia correspondientes.

Undécimo. El Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales deberá instalarse a más tardar en sesenta días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, previa convocatoria que al efecto emita el Instituto, debiendo informar y notificar al Senado de la República de ello.

Duodécimo. El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales deberá emitir los lineamientos a que se refiere esta Ley y publicarlos en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar en un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Décimo Tercero. Para el efecto del cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas a las que se refiere la presente Ley, cada Cámara del Congreso de la Unión aprobará, a más tardar el 30 de agosto de 2015, un programa de reorganización administrativa que deberá, comprender, al menos, las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios; las obligaciones de las Cámaras y de los grupos parlamentarios en cuanto sujetos obligados respecto a los recursos que a través de éstos se asigna a los legisladores; el tratamiento fiscal y presupuestal de los ingresos, prestaciones, apoyos y recursos, en dinero o especie, que reciban los legisladores para realizar la función legislativa y de gestión; el régimen laboral del personal adscrito a los grupos parlamentarios, las comisiones y los legisladores, así como las reglas relativas al uso, custodia, administración y disposición de los recursos públicos que no tengan la condición de dietas o contraprestaciones laborales, incluidas las relativas a las modalidades de acceso. Las obligaciones genéricas y específicas que corresponden a las Cámaras del Congreso de la Unión se harán efectivas conforme se implementen los programas de reorganización administrativa.

México, D.F., a 16 de abril de 2015.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. Julio César Moreno Rivera, Presidente.- Sen. Lucero Saldaña Pérez, Secretaria.- Dip. Sergio Augusto Chan Lugo, Secretario.- Rúbricas.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a cuatro de mayo de dos mil quince.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.