80 años de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Recuento de su historia y sus personajes.

La Academia Mexicana de Ciencias Penales, presidida por el doctor Luis Rodríguez Manzanera, celebró su 80 aniversario a través de la plataforma del INACIPE (tal vez el mejor de los productos logrados por esta academia, a la par de su revista Criminalia).

Asistimos vía remota, acorde a los tiempos que vivimos. Toda reunión se debe llevar a cabo así dada la pandemia por Covid 19. Sin embargo, fue una ceremonia solemne y emotiva donde hablaron, según el programa los representantes de los miembros numerarios, así como los correspondientes nacionales y extranjeros. Poco tiempo para rememorar tanta historia.

participaron:

Bienvenida Gerardo Laveaga

Sergio García Ramírez

Eugenio Raúl Zaffaroni

Ruth Villanueva Castilleja

Ricardo Franco Guzmán

Miguel Ontiveros Alonso

Luis Arroyo Zapatero

Manuel Vidaurri Aréchiga

Luis Rodríguez Manzanera

Clausura Video Conmemorativo

(En la sala de espera de la plataforma zoom estábamos los integrantes de la Academia)

En la página web de la Academia se da cuenta de su fundación. Asimismo en el estupendo libro de Sergio Correa se hace un gran recuento de quienes han pertenecido a la misma. Solo queda entonces, recordar las palabras del doctor Franco Guzmán que refiere:

“Para referirme al aniversario número 80 de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, debo relatar previamente cómo me enteré de su existencia.

Recuerdo que después de haber terminado la escuela secundaria en 1942, me acerqué a mi padre y le pregunté que para hacer los estudios universitarios, en qué área de la Escuela Nacional Preparatoria debía inscribirme, a lo cual, después de meditar unos minutos me sugirió que lo hiciera en la de “Ciencias Sociales”, para después seguir la carrera de licenciado en Derecho.

Seguí el consejo de mi padre y en 1943 y 1944 cursé los dos años que en ese entonces se impartían en la Escuela Nacional Preparatoria y, en 1945, me inscribí en el primer año en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, ubicada en la antigua casona de la esquina que forman las calles de San Ildefonso y República Argentina, en el Centro Histórico del Distrito Federal, sin tener vocación alguna por la carrera de abogado.

Lo anterior se reflejó en las calificaciones finales de las cinco materias del primer año:  en cuatro de ellas obtuve 6 y en Derecho Civil 5 (o sea reprobado); en el examen extraordinario pasé con 6, por lo que era notable mi desinterés por la carrera de licenciado en Derecho.

Sin embargo, en 1946 me inscribí en el segundo año en el que en la materia Derecho Penal, Parte General, me tocó tener como profesor al maestro Raul Carrancá y Trujillo, originario de Campeche y que había obtenido el grado de Doctor en Derecho en la Universidad Central de Madrid y era Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

Desde la primera clase que escuché del maestro Carrancá, quedé impactado de su personalidad y de lo interesante que era el Derecho Penal, por lo que puedo decir que desde entonces quedé enamorado de dicha materia.  EI resultado de esto fue que en el examen final obtuve 10 y, en las cuatro materias restantes también logré 10.

En 1947, al ingresar al tercer año de la carrera me inscribí en Derecho Penal Delitos en Particular, con el maestro Francisco Gonzalez de la Vega, quien también me calificó con 10 en el examen final. 

En 1947 el maestro Carrancá dejó de ser Presidente del Tribunal Superior de Justicia, por haberse jubilado y abrió su bufete de abogado litigante en el despacho 201 del edificio ubicado en las calles de Motolinia 8 en el Distrito Federal.  Enterado de ello por los periódicos, fui a verlo a su oficina y, después de felicitarlo por su decisión, me atreví a pedirle que me permitiera ser su pasante. 

Con la franqueza que siempre tuvo conmigo, el maestro Carrancá me indicó que no tenía asuntos y, por tanto, no podía contratarme como pasante, a lo cual le contesté que no pretendía retribución económica alguna, pues lo que deseaba era aprender a litigar y a estar cerca de él como jurista. Así me aceptó en su despacho, por lo que el mismo día caminé tres cuadras hasta llegar al Monte de Piedad, donde compré un escritorio y una silla usados, que uno de los cargadores que estaban en la puerta, me los llevó a la oficina del maestro, quien se impresionó de la forma en la que había actuado. 

Recuerdo el hecho coincidente de que el maestro Carrancá me presentó con su vecino pared de por medio, ocupante del despacho número 200, el licenciado Luis Chávez Hayhoe, notario número 52 del Distrito Federal, quien me dijo el maestro Carrancá, había sido ante el cual se había constituido la Academia Mexicana de Ciencias Penales, el 21 de diciembre de 1940 y con el cual comencé a tener amistad.

Fue así como tuve las primeras noticias de la existencia de la Academia, pues el maestro Carrancá me relató con mucho orgullo y detalle la historia de cómo apareció la revista Criminalia en 1933 y, pasados 7 años, se constituyó la Academia Mexicana de Ciencias Penales.  Incluso me mostró un testimonio notarial de la escritura constitutiva, en donde aparecían los nombres de los 12 fundadores de la Academia:

1.  José Ángel Ceniceros 

2.  Francisco Gonzalez de la Vega 

3.  Alfonso Teja Zabre 

4. Raúl Carrancá y Trujillo 

5. Luis Garrido Díaz 

6.  Emilio Pardo Aspe 

7. Carlos Franco Sodi 

8.  José Ortiz Tirado 

9. Javier Piña y Palacios

10.  Francisco Argüelles 

11.  José Gómez Robleda 

12.  José Torres Torija.

Puedo decir con orgullo, que por mi cercanía con el maestro Carrancá, conocí a todos los mencionados miembros fundadores de la Academia y, con algunos de ellos tuve una cercana amistad y agradecimiento.

Así transcurrieron 1948 y 1949, en que veía todos los días al maestro Carrancá en la mañana en la Escuela y en la oficina y, en las tardes en ésta.  En esos años prácticamente casi todas las actividades de los abogados se desarrollaban en el Centro de la Ciudad:  la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía poco tiempo de haberse instalado en el edificio que forman en esquina las calles de Corregidora y Pino Suarez, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en las calles de Donceles, la mayoría de los despachos de abogados en las calles de Palma, Donceles, 5 de Mayo, Motolinía y otras más.

Era notable lo que ocurría cuando salíamos del despacho el maestro Carrancá y yo, para ir a alguna de las oficinas señaladas: no podía dar dos pasos, sin que alguno de los profesores de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, de los miembros de los Tribunales o abogados litigantes y alumnos de la Escuela, o los señores Porrúa, dueños de la hoy centenaria Librería Porrúa, ubicada en la esquina de Donceles y Argentina, lo detuvieran con alegría para felicitarlo, abrazarlo y conversar unos momentos con él. 

De igual modo, a la oficina de Motolinía acudían con frecuencia los juristas que habían fundado en 1940 la Academia Mexicana de Ciencias Penales, y que el maestro Carrancá me presentó y con los cuales también tuve amistad. 

A principios de 1949, se creó la materia optativa de “Criminología”, dentro de las asignaturas del quinto año de la carrera, que fue inaugurada por el insigne maestro don Constancio Bernaldo de Quirós (refugiado español que después supe había sido recibido en la Academia Mexicana de Ciencias Penales, el 11 de agosto de 1959) reconocido como uno de los más destacados criminólogos del mundo, en cuyas clases yo estaba siempre en la primera fila, absorto escuchándolo. 

En diciembre de 1949 concluí la carrera iniciada en 1945 y, en los primeros meses de 1950, bajo la dirección del maestro Carrancá elaboré un trabajo intitulado “Delito e Injusto, Formación del Concepto de Antijuridicidad”, que presenté como tesis para obtener el grado de licenciado en Derecho, el 7 de junio de 1950, ante un jurado integrado por el Maestro Carrancá, don Juan José Gonzalez Bustamante, don Mariano Jiménez Huerta, don Constancio Bernaldo de Quirós y don Ramón Palacios Vargas, todos miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, yo tenía 22 años.

Debo reconocer y agradecer que, por instrucciones de don Luis Garrido, Presidente de la Academia y Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, mi mencionada tesis se hizo en la Imprenta Universitaria, aunque no apareció en la caratula el nombre de ésta, dado que se trataba de la obra de un estudiante y si se conocía este hecho, se pensó que entonces no habría obstáculo alguno para que otros alumnos de la Universidad pidieran lo mismo, lo que no era correcto. 

Ya recibido de licenciado en Derecho, la Universidad Nacional Autónoma de México, con el decidido apoyo de don Luis Garrido, de don Juan José González Bustamante (Secretario General de la UNAM), del maestro Carrancá, y de don Constancio Bernaldo de Quirós, me otorgó una beca para estudiar Derecho Penal en Italia.  En el fondo, yo agradecí dicha beca a la Academia, a la que pertenecían cuatro de sus distinguidos miembros.

Así salí en ferrocarril hasta Nuevo Laredo y de allí a Nueva York, desde donde partí en el precioso transatlántico “Queen Mary” hacia Europa (en tercera clase, porque no había cuarta), donde estuve dos años en Italia, realizando el curso de “Perfeccionamiento en Derecho Penal”, en la Universidad de Roma, Italia. 

En 1951, encontrándome en Italia, envié a la Academia dos trabajos escritos en italiano por dos de mis profesores en la mencionada Escuela, traducidos por mí al español, como sigue: 

“La confesión en estado hipnótico en la investigación judicial”, de Gislero Flesh, en “Criminalia”, año XVII, México, noviembre de 1951, Núm. 11, páginas 624-630.

“EI problema de la lucha contra la delincuencia infantil en Italia”, de Gislero Flesh, en “Criminalia”: año XVII, México, diciembre de 1951.  Núm. 12, páginas 668-685. 

En 1952, encontrándome todavía en Italia, recibí la triste noticia del fallecimiento de uno de los fundadores de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, el doctor José Torres Torija, quien había nacido el 15 de junio de 1885 y murió el 21 de abril de 1952, a los 67 años.

Asimismo, en 1952 apareció otro trabajo mío de traducción al español, escrito por mi profesor Felipe Grispigni, quien era el Director de la Escuela de Perfeccionamiento en Derecho Penal:  “La nueva sistemática del delito en la doctrina alemana más reciente”, en “Criminalia”, año XVIII, México, junio de 1952, Núm. 6, págs. 296-307.

Como se puede ver, mi primera relación que podríamos llamar “oficial”, con la Academia, a través de “Criminalia”, fueron los citados trabajos de traducción.

El 5 de junio de 1952, presenté el examen final, ante los 14 profesores que habían impartido el curso, los cuales me otorgaron la máxima calificación (70 sobre 70) y mención honorífica.  En ese momento, también recordé con agradecimiento a los miembros de la Academia que me apoyaron con la beca.  Los profesores y materias son los siguientes:  

1.  Ejercicios científicos y prácticos de Derecho Penal: Filippo Grispigni.

2.  Ejercicios prácticos de Derecho Procesal Penal: Alfredo Jannitti Piromallo.

3.  Derecho de Policia:  Pantaleo Grabrielli

4.  Ejercicios Científicos de Derecho Procesal Penal: Alfredo de Marsico.

5.  Derecho Penitenciario: Giuseppe Velotti.

6.  Antropología Criminal:  Benigno di Tullio.

7.  Psicología Judicial y Criminal: Mario Ponzo.

8.  Psicopatología Criminal:  Francesco Bonfiglio.

9.  Medicina Legal aplicada al Derecho Penal:  Cesare Gerin.

10.  Sociología Criminal: Alfredo Nicéforo.

11.  Técnica y Medicina Penitenciaria: Filippo Saporito.

12.  Policía Científica:  Ugo Sorrentino.

13.  Derecho Penal Canónico: Pío Cipriotti.

14.  Derecho Penal Romano:  P. Dianelli.

En el momento en que terminé el curso de Roma, de nuevo recordé agradecido a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, la que intervino a través de sus miembros, en el otorgamiento de una beca para estudiar en Italia.

Regresé a México en septiembre de 1952 y, en visita que hice a don Francisco González de la Vega, en su oficina de Procurador General de la República, después de relatarle mi estancia en Roma, me preguntó en qué pensaba trabajar y, al indicarle que no tenía idea alguna, me propuso nombrarme agente del Ministerio Público Federal, y me adscribió a la Dirección General de Averiguaciones Previas, que estaba al mando del licenciado Francisco Pavón Vasconcelos, a quien me presentó e inicié una amistad que posteriormente se convirtió en fraternal, hasta su fallecimiento. 

Lo anterior significa que el primer empleo que tuve después de mi regreso a México, se lo debí a un miembro de la Academia, continuó mi relación con la misma y con Criminalia, pues el 26 de enero de 1953, dicté una conferencia sobre “Las nuevas teorías criminológicas italianas”, en la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que se publicó en “Criminalia”, año XIX, México, mayo de 1953, núm. 5, páginas 251-266.

Ya en México, se publicó otra traducción mía del italiano al español: “La Escuela de Policía Científica de Roma”, de Ugo Sorrentino, en “Criminalia”: año XIX, México, junio de 1953, Núm 6, páginas 313-322.

El 1 de julio de 1953, tuve conocimiento que había fallecido en nuestro país otro de miembros de la Academia, al cual tenía gran aprecio, don Mariano Ruiz Funes, quien había nacido el 24 de febrero de 1889 en la Ciudad de Murcia, España, y había venido a México con el nutrido grupo de grandes juristas republicanos, invitado por el general Lázaro Cárdenas, entonces Presidente de la República.

Recuerdo una anécdota humorística cuando nos veíamos en la Facultad de Derecho don Mariano Ruiz Funes y yo, me tomaba del brazo y me decía:  “Mi querido Ricardo no tiene usted idea de cómo me es simpático… lástima de apellido”.

En febrero de 1953 el maestro Bernaldo de Quirós cayó gravemente enfermo, por lo que pidió licencia para no impartir su curso de Criminología durante ese año y me propuso para que yo lo sustituyera en su cátedra, lo que acepté gustoso, pero con la condición de que el maestro siguiera percibiendo sus prestaciones económicas. 

Lo anterior significa que por las circunstancias especiales mencionadas, yo sustituí a uno de los miembros de la Academia durante 1953 en su cátedra de Criminología. 

EI 4 de mayo de 1954, oficialmente fui contratado por la Universidad Nacional Autónoma de México, como profesor de Derecho Penal, adscrito a la Facultad de Derecho”, por lo que en 2019 cumplí 65 años de antigüedad.

En 1954 apareció otro artículo mío: “Los elementos subjetivos del injusto en la teoría finalista de la acción”, en Cri minalia, año XX, octubre de 1954, Núm. 10, págs. 524-531. 

En 1955 apareció otro artículo mío: “EI tratamiento de la mujer delincuente”, en Criminalia, año XXI, México, enero de 1955, Núm. 1, págs. 2-5.

En febrero de 1955 se publicó otro artículo mío: “La Escuela de Perfeccionamiento en Derecho Penal de Roma, Italia”, en Criminalia, año XXI, febrero de 1955, págs. 124-131.

Mi cercanía con los miembros de la Academia era tal, que en 1955, don Francisco González de la Vega me invitó a formar parte como delegado de la Comisión de México que asistiría al Primer Congreso de las Naciones Unidas en Materia de Prevención del Delito y Tratamiento de los Delincuentes a celebrarse  en Ginebra, Suiza, del 22 de agosto al 3 de septiembre de 1955. 

Dicha Comisión que presidía el maestro González de la Vega, se integraba también por Alfonso Quiroz Cuarón y Guillermo Colín Sánchez, de los cuales el primero ya era miembro de la Academia. 

EI maestro González de la Vega, en ese viaje a Ginebra, iba en compañía de su esposa Angelita Zevada, quienes me presentaron a su sobrina Delfina Zevada Moreno, hija de don Ricardo José Zevada (hermano de Angelita) y Guadalupe Moreno.  Pasados unos años, en 1959 contraje matrimonio con Finita Zevada Moreno. 

Terminado el Congreso en Ginebra, el académico Alfonso Quiroz Cuarón y yo asistimos como delegados de México a la XXIV Asamblea de la Asociación Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), celebrada en Estambul, Turquía, del 5 al 9 de septiembre de 1955.

Pasados unos días, de nuevo el académico Alfonso Quiróz Cuarón y yo asistimos como delegados de México al Tercer Congreso de la Sociedad Internacional de Criminología, realizado en Londres, Inglaterra, del 12 al 18 de septiembre de 1955. A dicho congreso también participó el miembro de la Academia don Luis Jiménez de Asúa.

Después de los citados Congresos, varios de los académicos me dijeron que en virtud de ser ya un frecuente colaborador en la revista Criminalia, habían conversado sobre la posibilidad de proponerme como miembro de la Asociación y para comenzar me invitaron a la reunión de ingreso de don Mariano Jiménez Huerta, que se efectuó el 12 de agosto de 1956, quien disertó sobre: “Corpus delicti y tipo penal”. 

Pasados unos días, recibí una comunicación oficial de la Academia, en el sentido de que, debido a todos los antecedentes de mi relación con Criminalia y con los miembros de la Academia, me proponían admitirme en la misma, por lo que se fijó fecha para tal acontecimiento. 

EI 7 de septiembre de 1956, en el Salón de Actos de la Academia, ubicado en el despacho 202 del edificio de Seguros de México, ubicado en la calle de San Juan de Letrán número 9 (ahora Eje Central Lázaro Cárdenas), leí mi trabajo de ingreso intitulado “Ensayo de una teoría sobre la culpabilidad en los menores”, que fue contestado por don Luis Garrido, Presidente de la misma.  Yo tenía 28 años.

Dicho trabajo se publicó en Criminalia, año XXIII, México, D.F., noviembre de 1957, págs. 746-758.

Después del acto, pasamos a la acera de enfrente, al bellísimo y recién construido edificio de la Torre Latinoamericana, al piso 27, donde departimos en una comida todos los miembros de la Academia. 

A partir de mi ingreso a nuestra Asociación recuerdo que propuse, impulsé y aprobé a todos los que la componen en la actualidad, y a algunos que fallecieron. 

Ya como integrante de nuestra Asociación, a partir de 1956, se han publicado mis siguientes colaboraciones:

“El delito de estupro”, en Criminalia, México, año XXII, agosto de 1956, Núm. 7, págs.. 569-578.

“EI Derecho Penal” por Francesco Antolisei, en Criminalia, México, año XXIII, junio de 1957, Núm. 6, págs. 362-385, traducción del italiano al español. 

“Unidad y pluralidad de sujetos activos en la estructura del delito”, por Gian Domenico Pisapia, en “Criminalia”, año XXIV, México, enero de 1958, Núm. 1, pags, 26-38, traducción del italiano al español. 

En 1958, en unión de Francisco Pavón Vasconcelos,  Celestino Porte Petit y Manuel del Rio Govea, intervine en la elaboración de un “Anteproyecto de Código Penal, para el Distrito Federal”, que se publicó íntegro en Criminalia, año XXIV, México, octubre de 1958, núm. 10, págs. 598-671.

El 11 de agosto de 1959, falleció otro de los miembros de la Academia, don Constancio Bernaldo de Quirós, a quien ya me he referido y con el que cultivé una gran amistad.  No pude asistir a la ceremonia luctuosa a la que se refiere el artículo 57 de los estatutos de la Academia, en razón de que me encontraba en mi viaje de luna de miel (que se inició el 25 de julio de 1959), con mi esposa Finita, de quien ya he hablado y que duró tres meses.

En 1960 se publicó el libro “Estudios a la memoria de don Constancio Bernaldo de Quirós” en cuya página primera intitulada “Causa y razón de este libro”, sus hijos escribieron:

“Estamos ciertos, que si la obligación de un hijo es obedecer y respetar en vida a los padres, en muerte, no menor es su deber honrar y perdurar su memoria.  Y pensándolo así, y en deseo de que por boca y pluma de quienes están autorizados, se prolongue y difunda lo que fue una existencia humana y estudiosa, se recogen en este libro, las muestras de afecto y consideración expresadas con motivo de lo que fue para nosotros irreparable pérdida y que fueron ya recopiladas en un número especial de la revista “Criminalia”.

“En ambos casos, tanto en lo que se refiere a la dedicación del número especial de “Criminalia”, como en el particular de este libro, que conserva el orden y formato de la Revista, su edición ha sido posible gracias al interés de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y muchas veces le oímos decir, que en ninguna de las aulas o salones en que había disertado se sentía tan a gusto, tan a sus anchas, como en el salón de conferencias de la Academia, tan recoleto y acogedor, y en el que ahora, al lado de Maestros ya idos, se encuentra su retrato.

“Así pues, tanto a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, como a las personalidades que colaboran en él, en nombre de nuestra madre, todos nosotros, sus hijos, agradecemos emocionados esta prueba de afecto que nos conmueve, honra y obliga por toda la vida.” 

Y al reverso de esa página, de su puño y letra, sus hijos escribieron:  “A la memoria de nuestro padre, como recuerdo a su vida ejemplar, ofrecemos su último libro, que no llegó a ver, pero sí dedicó al Lic. Ricardo Franco Guzmán, su discípulo predilecto.  México, D.F., 18-X-59, C. Bernaldo de Quirós hijo, Juan B. de Quirós.” 

En 1960 impulsé y voté a favor de don Luis Fernández Doblado, don Francisco Pavón Vasconcelos y don Fernando Castellanos Tena, como nuevos miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.

La Academia me nombró para participar en su nombre, en las “Jornadas de Derecho Penal”, que tuvieron lugar del 22 al 27 de agosto de 1960, en Buenos Aires, Argentina, en términos de una carta de 28 de julio de 1960, dirigida a los organizadores de dicho evento.

El 24 de abril de 1961, falleció otro de los miembros fundadores de la Academia, Carlos Franco Sodi, nacido en Oaxaca el 31 de marzo de 1904, a los 57 años,  y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

El 29 de febrero de 1962, falleció otro de los miembros fundadores de la Academia, Alfonso Teja Zabre, nacido el 23 de diciembre de 1888, por lo que tenía 74 años, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

El 21 de febrero de 1964, falleció otro de los miembros fundadores de la Academia, Emilio Pardo Aspe, nacido el 28 de septiembre de 1885, en la Ciudad de México, tenía 79 años, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

El 29 de diciembre de 1967, falleció otro de los miembros de la Academia, Rafael Matos Escobedo, nacido en Yucatán el 28 de julio de 1889, y tenía 78 años, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.  Criminalia destinó un ejemplar para honrar su memoria en 1968.

El 13 de agosto de 1968, falleció otro de los miembros fundadores de la Academia, Raúl Carrancá y Trujillo, nacido en Campeche el 27 de agosto de 1897, tenía 70 años, mi queridísimo maestro al que tanto debo en todos sentidos, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

En 1968 falleció otro de los miembros fundadores de la Academia, José María Ortiz Tirado, nacido el 8 de agosto 1894, en Álamos, Sonora, y tenía 74 años, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

El 16 de noviembre de 1970, falleció en Buenos Aires, Argentina, otro de los miembros de la Academia, Luis Jiménez de Asúa, nacido el 19 de junio de 1889 en Madrid España, y tenía 81 años, mi queridísimo maestro al que tanto debo en todos sentidos, y al que me he referido por haber asistido en su compañía a varios congresos y haber viajado juntos en Europa y en Latino América.

El 12 de febrero de 1972, falleció en la Ciudad de México, otro de los miembros de la Academia, Juan José González Bustamante, nacido el 16 de mayo de 1890, en Matehuala, San Luis Potosí, tenía 81 años, muy querido maestro al que agradezco tantos favores que ya he relatado y que influyó para mi ingreso a la Academia, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

El 19 de octubre de 1973, falleció en la Gare du Nord, París, Francia, otro de los miembros fundadores de la Academia, Luis Garrido Díaz, nacido el 15 de mayo de 1898 en la Ciudad de México, tenía 75 años, mi queridísimo maestro al que agradezco tantos favores que ya he relatado y que influyó para mi ingreso a la Academia, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

El 3 de marzo de 1976, falleció otro de los miembros fundadores de la Academia, Francisco González de la Vega, nacido el 3 de diciembre de 1901 en Durango, y tenía 74 años, mi queridísimo maestro al que agradezco tantos favores que ya he relatado y que influyó para mi ingreso a la Academia, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.  Recuerdo que en esa ceremonia tomó la palabra el académico Sergio García Ramírez, quien pronunció unas emocionadas palabras que estremecieron a quienes estábamos presentes.

El 16 de noviembre de 1978, falleció otro de los miembros de la Academia, Alfonso Quiroz Cuarón, nacido el 19 de febrero de 1910, en Ciudad Jiménez, Chihuahua, tenía 68 años, mi queridísimo amigo, con el cual hice varios viajes que he relatado y gocé de su amistad fraterna tantos años.  Casi una vez al mes nos reunía a varios amigos en su casa de Valerio Trujano, colonia del Valle, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

Mi querido amigo Alfonso Quiroz falleció en una forma que envidio, pues ocurrió su muerte cuando estaba impartiendo su clase de Criminología en uno de los salones de la planta baja de la Facultad de Derecho.  Interesante fue saber que cuando se desmayó, lo transportaron todavía con vida en ambulancia al Hospital Adolfo López Mateos ubicado muy cerca de la Ciudad Universitaria, en la avenida Universidad casi esquina con Río de Churubusco, y que cuando lo estaban examinando, sonó la alarma de su reloj a las 10:00 a.m. exactamente, que era la hora en que terminaba la clase y en ese instante falleció.

El 24 de abril de 1979, falleció otro de los miembros fundadores de la Academia, José Ángel Ceniceros, quien había nacido el 8 de junio de 1900 en Ciudad Victoria, Durango tenía 78 años, querido maestro que influyó para mi ingreso a la Academia, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

El 23 de enero de 1983, falleció otro de los miembros fundadores de la Academia, Javier Piña y Palacios, quien había nacido el 19 de agosto de 1897 en la Ciudad de México, y tenía 85 años, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

En febrero de 1983, participé en la Mesa Redonda organizada por la Academia Mexicana de Ciencias Penales y el Instituto Nacional de Ciencias Penales sobre “La responsabilidad de los servidores públicos”, en el Auditorio de la Escuela Libre de Derecho.

El 4 de diciembre de 1987, falleció otro de los miembros fundadores de la Academia, el doctor José Gómez Robleda, quien había nacido en Orizaba, Veracruz, el 24 de julio de 1904, tenía 83 años, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

Del 4 al 6 de febrero de 1992, participé en el ciclo de mesas redondas sobre: “Las recientes reformas al Código Penal”, organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Academia Mexicana Ciencias Penales, llevadas a cabo en el aula Magna “Jacinto Pallares”.

EI 17 de septiembre de 1992, pronuncié el discurso de contestación al ingreso formal del doctor Moisés Moreno Hernández, como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, en el “Auditorio México” de la Procuraduría General de la Republica. 

Al año siguiente, en enero de 1993, con motivo de mi nombramiento como Subprocurador de Control de Procesos de la Procuraduría General de la República, invité al recién miembro de la Academia doctor Moisés Moreno Hernández, a colaborar conmigo como Coordinador de Asesores.

EI 29 de agosto de 1996, participé en la conferencia: “Imputabilidad y justicia de menores”, dentro del Programa Anual de Actualización en Materia de Impartición de Justicia de Menores Infractores, organizada por la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaria de Protección Civil y de Prevención y Readaptación Social, el Consejo de Menores del Distrito Federal y la Academia Mexicana de Ciencias Penales, celebrada en 
el Auditorio del Consejo de Menores del Distrito Federal. 

En noviembre de 1997, escribí un trabajo sobre: “Imputabilidad y justicia de menores”, en “Memoria del curso de actualización en materia de impartición de justicia de menores infractores”, publicado por la Secretaría de Gobernación y la Academia Mexicana de Ciencias Penales, México, D.F., noviembre de 1997, pp. 75-82. 

EI 8 de julio de 1997, dicté una conferencia sobre: “Teoría de los elementos subjetivos del injusto”, dentro de las “Jornadas de Derecho Penal México-España”, organizadas por la Academia Mexicana de Ciencias Penales y la Asociación de Egresados de Postgrado de la Universidad de Salamanca, España, realizadas en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional, Siglo XXI. 

EI 19 y 20 de febrero de 1998, intervine en el “Seminario Internacional, Política de Justicia de Menores Infractores”, organizado por la Academia Mexicana de Ciencias Penales, la Unión Europea y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, efectuado en la Secretaría de Gobernación.

En septiembre de 2000, en sesión de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, se recibió una comunicación del Instituto Nacional de Ciencias Penales, del cual aquélla forma parte de su Junta de Gobierno, en la que le informaba que con motivo de la celebración de los 100 años de la Procuraduría General de la República, se había tomado el acuerdo de otorgar el grado de doctor Honoris Causa, a tres juristas y pedía a la Academia proponer el nombre de uno de sus miembros, por lo que por unanimidad se propuso el nombre de Ricardo Franco Guzmán.

Asimismo, se tomó la determinación de que el doctor Jesús Zamora Pierce, Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, interviniera en la Ceremonia respectiva, haciendo la laudatio de Franco Guzmán.

El 4 de septiembre de 2000, dentro del marco de la conmemoración de los 100 años de la Procuraduría General de la República, se llevó a cabo la ceremonia de investidura de doctorados Honoris Causa, en el Museo Nacional de Antropología, que recibieron: el doctor Claus Roxin, de Alemania, José Cerezo Mir, de España y Ricardo Franco Guzmán de México, de manos del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa ocasión, el licenciado Jorge Madrazo Cuellar, Procurador General de la República, en lo referente expresó:

“Este año, la Procuraduría General de la República cumple un siglo de existencia.  Hace 100 años, precisamente el día 22 de mayo de 1900, se publicaron las reformas a los artículos 91 y 96 de la Ley Fundamental de 1857, con lo que arrancaba la vida de esta Institución.

“Es para nosotros un extraordinario privilegio el que los doctores Roxin, Cerezo Mir y Franco Guzmán, hayan aceptado la designación de doctores honoris causa del Instituto Nacional de Ciencias Penales de México.

“El doctor Ricardo  Franco Guzmán, de nacionalidad mexicana, no necesita de presentación alguna en el mundo de la ciencia jurídica de nuestro país, doctor en Derecho por la UNAM, cuenta con una especialización en Derecho Penal en la Universidad de Roma, Italia; catedrático de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace casi 50 años, donde ha formado muchas generaciones de abogados mexicanos;  autor de múltiples artículos sobre Derecho Penal;  Subprocurador y Fiscal de la Procuraduría General de la República;  también ha sido objeto de incontables distinciones en México y en el extranjero.”

En la misma ceremonia, en la laudatio del doctor Jesús Zamora Pierce, Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, hizo un resumen de las actividades de Ricardo  Franco Guzmán, en el que destacó lo siguiente:

“Por su labor en la formación académica de los juristas mexicanos, así como por su invaluable obra científica, que es fundamental para el Derecho Penal Mexicano.

“Obtuvo el grado de licenciado en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM.  En Italia fue discípulo de Filippo Grispigni, gloria del penalismo italiano; y de Alfredo de Marsico, Benigno di Tullio y Alfredo Nicéforo.

“En 1971 obtuvo el grado de doctor en Derecho de la UNAM con mención honorífica.

“Ha dedicado su vida al ejercicio libre de su profesión y a la Universidad.  Durante casi medio siglo han pasado por su cátedra miles de alumnos que, después, han diseminado sus enseñanzas por toda la República.

“En la Procuraduría General de la República ha ocupado los cargos de Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, Subprocurador Jurídico y Subprocurador de Control de Procesos.  En este último cargo recibió la encomienda de coordinar los trabajos de una comisión que dieron como resultado la reforma de más de 400 artículos de doce leyes, entre ellas la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Cuando recibí las insignias de doctor Honoris Causa de manos del Presidente de la República, mentalmente agradecí a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, el haberme elegido como su representante, que fue para mí un gran honor.

En 2001, en sesión formal de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, presidida por el doctor Jesús Zamora Pierce, se tomó el acuerdo de hacer una publicación en homenaje de nuestra Asociación, por lo que todos los asistentes se comprometieron a aportar artículos jurídicos, entre ellos Ricardo Franco Guzmán, quien escribió:  “EI caos de la legislación penal en México y la necesidad de transformarla en federal”, publicado en “Estudios en homenaje a la Academia Mexicana de Ciencias Penales”, Editorial Porrúa, México, 2001, pp. 131-138. 

Del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2004, intervine como representante de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, en el congreso organizado por Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional, y pronuncié una conferencia sobre la: “Unificación del Derecho Penal”. 

Artículo intitulado “Unificación del Derecho Penal”, en “Hacia la Unificación del Derecho Penal.  Logros y desafíos de la armonización y homologación en México y en el Mundo.” Instituto Nacional de Ciencias Penales, Academia Mexicana de Ciencias Penales y Max Planck Institut, México, mayo 2006. págs. 27-41.

EI 20 de agosto de 2007, participé en el programa de televisión denominado “Expediente INACIPE”, transmitido por el Canal Judicial, organizado por el INACIPE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Academia Mexicana de Ciencias Penales. 

EI 7 enero de 2008, participé como ponente en el Foro: “La reforma constitucional en materia penal y seguridad pública”, con el tema: “Los alcances de la oralidad en el proceso”, organizado por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Academia Mexicana de Ciencias Penales. 

En el mismo año 2008, cuando el doctor Moisés Moreno Hernández era el Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, recibí el más grande homenaje que pude imaginar me rindió nuestra Asociación, con motivo de haber cumplido más de 50 años de haber ingresado como miembro numerario de la misma, en unión del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en un libro que así se denominó: “Homenaje a Ricardo Franco Guzmán.  50 años de vida académica”, 2008.

El libro ostenta en la carátula y en el interior, los logotipos de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y del Instituto Nacional de Ciencias Penales, compuesto de 750 hojas en la que escribieron 27 miembros de la Academia, con una bella presentación del doctor Moisés Moreno Hernández, Presidente de la misma, que transcribo:

“Presentación.  1) La Academia Mexicana de Ciencias Penales acordó rendir homenaje al doctor Ricardo  Franco Guzmán, con motivo de haber cumplido 50 años como Académico de Número de la misma.  Con ello, la Academia ha querido reconocer la aportación que Franco Guzmán ha tenido tanto en la enseñanza del Derecho Penal como en el foro, así como destacar su amplia participación en actividades relacionadas con la reforma al sistema de justicia penal.

“Este libro homenaje al doctor Ricardo  Franco Guzmán constituye uno de los aspectos importantes de ese reconocimiento, en el que se contienen, además de la colaboración de miembros de la Academia, las aportaciones de profesores e investigadores de Derecho Penal y Procesal Penal, Criminología y Criminalística, nacionales y extranjeros, que no sólo abordan temas de interés para las ciencias penales, sino que también destacan algunos aspectos de la vida del académico homenajeado.  Por ello, en nombre de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que es el organismo que promovió la realización de esta obra colectiva, quisiera agradecer a todos los profesores e investigadores en las áreas de las ciencias penales, así como a los discípulos del homenajeado, que respondieron positivamente a la convocatoria para participar en este homenaje.

“Asimismo, deseo expresar a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales y al director general del INACIPE, por haber autorizado que este libro-homenaje se publique por la editorial del Instituto en coedición con la Academia.

“Las anteriores consideraciones y la estrecha vinculación que desde siempre ha existido entre la Academia Mexicana de Ciencias Penales y el INACIPE, son motivo suficiente para que en esta ocasión la Academia rinda un merecido homenaje a uno de sus destacados miembros, quien, además de ser el decano de los académicos vivos, es el que ha superado ya el medio siglo de vida académica.  Felicidades.”

EI 16 de marzo de 2010, participé en la presentación del libro “EI Derecho Penal a Juicio, Diccionario Crítico”, editado por la Academia Mexicana de Ciencias Penales y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. 

Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2010, intervine como comentarista por parte de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, en las “XI Jornadas sobre Justicia Penal, la Situación actual del Sistema Penal en México”, organizadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

EI 19 de enero de 2012, participé en la Ceremonia de Develación de la Placa que conmemora la presencia de la Academia Mexicana de Ciencias Penales en la Facultad de Derecho de la UNAM desde 1940. 

EI 26 de febrero de 2014, participé en la conferencia de “Comentarios al Código Nacional de Procedimientos Penales”, organizada por la Academia Mexicana de Ciencias Penales, con la intervención de la licenciada Arely Gómez, senadora de la República.

EI 28 de mayo de 2014, participé como representante de nuestra Asociación, en la presentación y mesa redonda de un “Número especial de la revista Criminalia:  La Unificación de la legislación penal y la Academia Mexicana de Ciencias Pena-les.  Debate Histórico e Ideas Actuales”, organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

En noviembre de 2016, apareció el libro “Ricardo  Franco Guzmán.  Homenaje por sus 60 años de vida académica”, con el sello de la prestigiada Editorial Porrúa, a la cual debemos reconocer la pulcra impresión que hizo durante varias décadas de la revista Criminalia.

En dicho libro de homenaje, aparecen las bellas palabras, anécdotas y recuerdos de los siguientes miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales: Victoria Adato Green, Alicia Beatriz Azzolini Bincaz, Constancio Bernaldo de Quirós, Raúl Carrancá y Rivas, Marco Antonio Díaz de León, Luis Fernández Doblado, René González de la Vega, Raúl González Salas-Campos, Luis Jiménez de Asúa, María de Luz Lima Malvido, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Moisés Moreno Hernández, Alberto Enrique Nava Garcés, Luis Rodríguez Manzanera, Antonio Sánchez Galindo, Juan N. Silva Meza, Sebastián Soler, Juan Velásquez, Ruth Villanueva Castilleja, Eugenio Raúl Zaffaroni, Jesús Zamora Pierce.

El 5 de julio de 2018 contesté a la lectura que dio el doctor Miguel Ángel Aguilar López, de su trabajo “EI efecto reparador de la prueba ilícita (originaria y derivada)”, en la ceremonia de formal ingreso como miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. 

Como podrá verse, prácticamente toda mi vida, desde estudiante en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, hasta la fecha, he estado unido, primero a la revista Criminalia y, después, a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, como miembro numerario desde el 7 de septiembre de 1956, hasta el día de hoy 21 de diciembre de 2020, en que celebramos el aniversario número 80 de la fundación de nuestra insigne asociación. 

1.  José Ángel Ceniceros (8 junio 1900) 24 abril 1979 (78) 

2.  Francisco Gonzalez de la Vega (3 dic. 1901) 3 mar. 1976

3.  Alfonso Teja Zabre (23 di

c. 1888) 29 feb. 1962 (74)

4. Raúl Carrancá y Trujillo (27 ago. 1897) 13 ago. 1968 (70) 

5. Luis Garrido Díaz (15 mayo 1898) 19 octubre 1973. (75)

6.  Emilio Pardo Aspe (28 sept. 1885) 21 feb. 1964 (79 años) 

7. Carlos Franco Sodi (31 marzo 1904) 24 abril 1961 (57 años) 

8.  José Ortiz Tirado (8 agosto 1894) Sonora 1968 (74 años)

9. Javier Piña y Palacios (19 agosto 1897) 23 enero 1983) (85) 

10.  Francisco Argüelles (10 octubre 1908) 

11.  José Gómez Robleda (24 julio 1904) 14 dic. 1987 (83 años) 

12.  José Torres Torija (15 junio 1885) 21 abril 1952 (67) 

1940 Alfonso Quiroz Cuarón (19 feb. 1910) 16 nov. 1978 (68) 1941 Mariano Ruiz Funes (24 febrero 1889) 1 julio 1953 (64) 1942 Juan J. González Bust. (16 mayo 1890) 12 feb. 1972 (81)

1943 Celestino Porte Petit (2 Nov. 1910) 22 enero 2002 (91)

1943 Luis Jiménez de A. (19 jun. 1889) 16 nov. 1970 (81) 

1948 Constancio B. de Q (12 dic. 1873) 11 agost. 1959 (86) 

1951 José R. Palacios Vargas (ingresó sept. 1951) 

Rafael Matos Escobedo (28 julio 1889) 29 dic. 1967 (78) 

Guillermo Colín Sánchez (11 feb. 1929) 16 enero 1999 (74) 

Antonio Sánchez Galindo (24 dic. 1933) 

Luis Rodríguez Manzanera (13 jun. 1939) 

Raúl F. Cárdenas Cordero (25 de marzo 1909)

Guillermo Corona Uhink (

Ángel González de la Vega (26 sep. 1895) 17 sept. 1979″

por supuesto, se hizo hincapié en el recuerdo de Don Luis Jiménez de Asúa. Un gigante del Derecho Penal que perteneció a la Academia.

 Académicos de Número: 

1. Victoria Adato Green 

2. Miguel Ángel Aguilar López 

3. Miguel Oscar Aguilar Ruiz 

4. Alicia Azzolini Bincaz 

5. Pedro Pablo Carmona Sánchez 

6. Raúl Carrancá y Rivas 

7. Sergio Correa García 

8. Luis De la Barreda Solórzano 

9. Enrique Díaz Aranda 

10. Rodolfo Félix Cárdenas 

11. Ricardo Franco Guzmán 

12. Sergio García Ramírez 

13. Olga Islas Magallanes de González Mariscal 

14. María Elena Leguízamo Ferrer 

15. María de la Luz Lima Malvido 

16. Sara Mónica Medina Alegría 

17. Rafael Moreno González 

18. Moisés Moreno Hernández 

19. Jorge Nader Kuri 

20. Alberto Enrique Nava Garcés 

21. Roberto Ochoa Romero 

22. Ricardo Ojeda Bohórquez 

23. Miguel Ontiveros Alonso 

24. Mercedes Peláez Ferrusca 

25. Raúl Plascencia Villanueva 

26. Luis Rodríguez Manzanera 

27. Juan Silva Meza 

28. Elisa Speckman Guerra 

29. Ruth Villanueva Castilleja 

30. Jesús Zamora Pierce 

31. René González de la Vega

32. Raúl González Salas Campos

33. Luis Fernández Doblado

34. Miguel Ángel Mancera Espinosa

35. Fernando García Cordero

Correspondientes nacionales

Correspondientes extranjeros IN MEMORIAM

 Enrico AltavillaItalia

 
Lola Aniyar de CastroVenezuela
 Francesco AntoliseiItalia
 Charles AssoFrancia
 Noé AzevedoBrasil
 Carlos A. BambarénPerú
 Marino Barbero SantosEspaña
 Héctor Beeche LujánCosta Rica
 Bernardo BeidermanArgentina
 Armida Bergamini MiottoBrasil
 Antonio Beristain IpiñaEspaña
 Giuseppe Maria BettiolItalia
 Francisco Blasco y Fernández de MoredaArgentina
 Pierre BouzatFrancia
 Doris BrasolEUA
 Giuseppe BussianteItalia
 Julián CalvoChile
 Miguel Ángel CarbonellCuba
 Federico CastejónEspaña
 Israel CastellanosCuba
 Manuel Cobo del RosalEspaña
 Haim CohnIsrael
 Jean ConstantBélgica
 Andrés F. CórdobaEcuador
 Juan Córdoba RodaEspaña
 Luis Cousiño Mac IverChile
 Luis Guillermo Cornejo CuadrosPerú
 Paul CornilBélgica
 Luis Cova GarcíaVenezuela
 Anselmo CrisafulliItalia
 Eugenio Cuello CalónEspaña
 Emirto de LimaColombia
 F. de Sola CañizaresFrancia
 Rosa del OlmoVenezuela
 José del Picchio FiloBrasil
 Juan del RosalEspaña
 Benigno Di TullioItalia
 José A. DíazCuba
 Henri Donnadieu de VabresFrancia
 Israel DrapkinChile
 Manuel DuránBolivia
 Guillermo Fernández DávilaPerú
 Rafael Fernández RuenesCuba
 Rafael FontecillaChile
 Aldo FranchiniItalia
 J. Carlos García BasaloArgentina
 Eleanor Touroff GlueckEUA
 Sheldon GlueckEUA
 Eusebio GómezArgentina
 Filippo GramaticaItalia
 Luis Gracia MartinEspaña
 Jean GravenSuiza
 José Enrique Gutiérrez AnzolaColombia
 Rafael HernándezEUA
 Miguel Herrera FigueroaArgentina
 Jacques-Bernard Herzog Francia
 Louis HugueneyFrancia
 Nelson HungríaBrasil
 Rafael Isava NúñezVenezuela
 Luis Jiménez de AsúaArgentina
 Victoria KentEspaña
 Francisco T. LaplazaArgentina
 Leone LattesItalia
 Jacques LeautteFrancia
 José Lemos BrittoBrasil
 Bolívar LeónEcuador
 José Antonio León ReyColombia
 Bernardino León y LeónPerú
 Ricardo LeveneArgentina
 Edmond LocardFrancia
 Manuel López-Rey y ArrojoInglaterra
 José Agustín MartínezCuba
 José Rafael Mendoza TroconisVenezuela
 Jean Moruzi-Strada LainisiRumania
 Gilberto Mosquera PozoCuba
 Eduardo Novoa MonrealChile
 Fernando OrtizCuba
 José PecoArgentina
 Luis Pereyra de MeloBrasil
 Luis Carlos PérezColombia
 Avelino Pessoa CabalcantiBrasil
 Roberto PettinatoArgentina
 Pedro Pineda LópezVenezuela
 Francisco Ponte DomínguezCuba
 Leonidio RibeiroBrasil
 José Rodríguez DevesaEspaña
 Nerio RojasArgentina
 J. A. RouxFrancia
 J. A. César SalgadoBrasil
 Luis Sandoval SmartChile
 Miguel Scheweitzer S.Chile
 Thorsten SellinEUA
 Galdino SiqueiraBrasil
 Sebastián SolerArgentina
 Vasile V. StanciuFrancia
 Evelio TabioCuba
 Ugo G. TomassiniVenezuela
 Gino TovazziItalia
 Guillermo Uribe CoallaColombia
 Giuliano VassalliItalia
 Armando VidalBrasil
 Roberto VouienFrancia
 Jorge E. Zavala BaquerizoEcuador

CORRESPONDIENTES EXTRANJEROS VIGENTES:

1.                                                                     

Prof. Dr. LUIS ARROYO ZAPATERO

España

2.                                                                     

Prof. ADELA ASÚA BATARRITA

España

3.                                                                     

Prof. Dr. Enrique BACIGALUPO

Argentina

4.                                                                     

Prof. Dr. César Oliveira de BARROS LEAL

Brasil

5.                                                                     

Prof. Dr. Edgar IVÁN COLINARAMÍREZ

España

6.                                                                     

Prof. Dr. José Luis de la CUESTA ARZAMENDI

España

7.                                                                     

Prof. Dr. Pedro Rubens DAVID

Argentina

8.                                                                     

Prof. Dra. MIREILLE DELMAS-MARTY

Francia

9.                                                                     

Prof. Dr. ENRIQUE GIMBERNATORDEIG

España

10.                                                                  

Prof. Dr. Juan-LUIS GÓMEZ COLOMER

España

11.                                                                  

Dra. HILDA MARCHIORI

Argentina

12.                                                                  

Prof. Dr. FRANCISCO MUÑOZ CONDE

España

13.                                                                  

Prof. Dr. CLAUS ROXIN

Alemania

14.                                                                  

Prof. Dr. Jan-MICHAEL SIMON

Alemania

15.                                                                  

Prof. Dr. Fernando M. VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ

Colombia

16.                                                                  

Prof. Dr. Eugenio RAÚL ZAFFARONI

Argentina

Por último, compartimos el video de la ceremonia:

80 aniversario de la Academia Mexicana de Ciencias Penales

Este 21 de diciembre se llevará a cabo la ceremonia solemne con motivo del 80 aniversario de la Academia Mexicana de Ciencias Penales

Habrá transmisión por medio de la plataforma del Instituto Nacional de Ciencias Penales

¡Acompáñenos!

Hoja criminológica en honor a la Dra. Emma Mendoza Bremauntz

La Sociedad Mexicana de Criminología, a través de su órgano de difusión: la hoja criminológica, rinde un muy merecido homenaje a la Dra. Emma Mendoza Bremauntz.

Ricardo Franco Guzmán: 70 años de abogacía

El pasado 7 de junio de  2020 se cumplieron 70 años del examen de titulación del Dr. Ricardo Franco Guzmán, con ese motivo convocamos al INACIPE, a la Facultad de Derecho de la UNAM, a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y a la Academia Mexicana de Ciencias Penales para rendirle un breve y emotivo homenaje al gran penalista mexicano.

 

La pandemia nos obligo al encierro, pero no nos podíamos quedar con el festejo entre los pendientes.

 

 

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Dr RFG

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Usurpación de identidad

En la a revista Contaduría Pública (mayo de 2020) que publica el Instituto Mexicano de Contadores Públicos aparece un artículo sobre la usurpación de identidad.

 

Espero sea de su interés

 

 

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Delito de peligro de contagio

Delito de peligro de contagio

 

1.- El delito de peligro de contagio se establece en el Código Penal Federal (solo aplicable si la víctima o el activo son funcionarios federales en ejercicio de sus funciones) en el artículo 199 bis:

 

Del peligro de contagio

Artículo 199-Bis.- El que a sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, será sancionado de tres días a tres años de prisión y hasta cuarenta días de multa.

Si la enfermedad padecida fuera incurable se impondrá la pena de seis meses a cinco años de prisión.

Cuando se trate de cónyuges, concubinas, sólo podrá procederse por querella del ofendido.

 

2.- De una manera muy similar se encuentra regulado en el Código Penal para el Distrito Federal

PELIGRO DE CONTAGIO

ARTÍCULO 159. Al que sabiendo que padece una enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, siempre y cuando la víctima no tenga conocimiento de esa circunstancia, se le impondrán prisión de tres meses a tres años y de cincuenta a trescientos días multa.

Si la enfermedad padecida fuera incurable, se impondrán prisión de tres meses a diez años y de quinientos a dos mil días multa. Este delito se perseguirá por querella de la víctima u ofendido.

 

3.- Si el sujeto pasivo (persona a quien va dirigido el contagio) es contagiada, entonces ya no estaremos ante un delito de peligro sino ante lesiones (alteración en la salud) y peor tanto se excluye el delito de peligro de contagio.[1]

 

4.- características especiales. El delito de contagio tiene características particulares:

 

A.- El sujeto activo debe saber que tiene la enfermedad, por tanto, debe estar diagnosticado e informado de la enfermedad que padece y de su potencial para contagiar dicha enfermedad.

 

No es necesario lograr el contagio sino desplegar la conducta para que ocurra.

 

B.- ¿Quién o qué institución determina la enfermedad grave? Debe tratarse de una enfermedad venérea (lo cual no es difícil establecer, pues la Organización Mundial de la salud y las leyes de Salud de la entidad deben establecer el cuadro de enfermedades venéreas) o grave en período infectante, para lo cual no hay un catálogo y eso hace que el tipo penal esté en blanco (requiere de una interpretación en otra disposición legal que así declare a la enfermedad.)

 

La Ley General de Salud señala el catálogo de enfermedades transmisibles

 

ARTÍCULO 134. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles:

 

  1. Cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea, shigelosis, amibiasis, hepatitis virales y otras enfermedades infecciosas del aparato digestivo;
  2. Influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, infecciones meningocóccicas y enfermedades causadas por estreptococos;
  • Tuberculosis;
  1. Difteria, tosferina, tétanos, sarampión, poliomielitis, rubeola y parotiditis infecciosa;
  2. Rabia, peste, brucelosis y otras zoonosis. En estos casos la Secretaría de Salud coordinará sus actividades con la de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural;
  3. Fiebre amarilla, dengue y otras enfermedades virales transmitidas por artrópodos;
  • Paludismo,tifo,fiebrerecurrentetransmitidaporpiojo,otrasrickettsiosis,leishamaniasis,tripanosomiasis,

y oncocercosis;

  • Sífilis, infecciones gonocóccicas y otras enfermedades de transmisión sexual;
  1. Lepra y mal del pinto;
  2. Micosis profundas;
  3. Helmintiasis intestinales y extraintestinales;
  • Toxoplasmosis;

XIII. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), y

XIV.Las demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

 

C.- El tipo penal es de carácter doloso, requiere que, con el conocimiento de la enfermedad que padece, el sujeto despliegue su conducta con la intención de contagiar a otra u otras personas.

 

Por un error en la técnica legislativa, en el art. 76, del CPDF se prevé para castigar culposamente una conducta que no está prevista en el propio código “lesiones por contagio previstas en el artículo 159” (SIC), lo que está previsto es el peligro de y en otro artículo las lesiones.[2]

 

D.- El delito en comento es de oficio en el Código Penal Federal (con excepción para cónyuge y / o concubina[3]) y de querella en el Distrito Federal

 

E.- Si una persona estuviese enferma, y realzara esta conducta, por tratarse de una enfermedad en período infectante, sería deber del agente del Ministerio Público ordenar su inmediata atención médica antes de tomar su declaración.

 

5.- Debemos pensar en dos supuestos:

 

  1. El jefe de un hospital que coloca a su personal en riesgo al no dotarlo del equipo necesario para evitar un contagio. Su conocimiento sobre el período infectante y la posibilidad de muerte de quienes coloca en ese riesgo lo hacen responsable del resultado.

 

  1. El paciente asíntomático que deambula transmitiendo la enfermedad. Su desconocimiento de la portación de la enfermedad lo hace impune.

[1] Época: Octava Época

Registro: 909735

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Apéndice 2000

Tomo II, Penal, P.R. TCC

Materia(s): Penal

Tesis: 4794

Página: 2414

LESIONES Y PELIGRO DE CONTAGIO, DELITOS DE. NO COEXISTEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).-

El delito de lesiones previsto en el artículo 113 del Código Penal para el Estado de Veracruz, no puede coexistir con el de peligro de contagio, habida cuenta de que el artículo 138 del propio código, establece: “al que padeciendo alguna enfermedad grave y transmisible ponga en peligro de contagio a otro …”, y si en el caso se produjo el contagio, debe considerarse que éste fue el medio para originar las lesiones apreciadas al ofendido, por lo que no se puede estar en presencia, legalmente, de un concurso real de ilícitos. De ahí que la acumulación de las penas correspondientes a los delitos de lesiones y peligro de contagio, está en contravención del artículo 8o. del mismo cuerpo de leyes, que contempla el principio de consunción y, por lo tanto, en este aspecto la sentencia reclamada es violatoria de garantías individuales en perjuicio del quejoso.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 308/90.-Guadalupe Magaña de la Cruz.-29 de abril de 1991.-Unanimidad de votos.-Ponente: Omar Losson Ovando.-Secretario: Alejandro Gabriel Hernández Viveros.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, febrero de 1992, página 216, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis VII.4o.8 P.

[2] ARTÍCULO 76 (Punibilidad del delito culposo). En los casos de delitos culposos, se impondrá la cuarta parte de las penas y medidas de seguridad asignadas por la ley al tipo básico del delito doloso, con excepción de aquellos para los que la ley señale una pena específica o un tratamiento diverso regulado por ordenamiento legal distinto a este Código. Además se impondrá, en su caso, suspensión o privación definitiva de derechos para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o permiso, por un término igual a la pena de prisión impuesta.

Siempre que al delito doloso corresponda sanción alternativa que incluya una pena no privativa de libertad, aprovechará esta situación al responsable del delito culposo.

Sólo se sancionarán como delitos culposos los siguientes: Homicidio, a que se refiere el artículo 123; Lesiones, a que se refiere el artículo 130 fracciones II a VII; Aborto, a que se refiere la primera parte del párrafo segundo del artículo 145; Lesiones por Contagio, a que se refiere el artículo 159; Daños, a que se refiere el artículo 239; Ejercicio Ilegal del Servicio Público, a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 259, en las hipótesis siguientes: destruir, alterar o inutilizar información o documentación bajo su custodia o a la cual tenga acceso; propicie daños, pérdida o sustracción en los supuestos de la fracción IV del artículo 259; Evasión de Presos, a que se refieren los artículos 304, 305, 306 fracción II y 309 segundo párrafo; Suministro de Medicinas Nocivas o Inapropiadas a que se refieren los artículos 328 y 329; Ataques a las Vías y a los Medios de Comunicación a que se refieren los artículos 330, 331 y 332; Delitos contra el Ambiente a que se refieren los artículos 343, 343 bis, 344, 345, 345 bis y 346; Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos a que se refieren los artículos 350 Bis y 350 Ter, y los demás casos contemplados específicamente en el presente Código y otras disposiciones legales.

[3] Ésta puede colocarse en una autopuesta en peligro si conociendo la enfermedad de su pareja, realiza actos que la pongan en posibilidad de contagio.

Lecciones que nos ha dejado la tecnología vs Covid 19

La receta de las autoridades ante la llegada de una enfermedad en masa de alto grado de contagio (y por sus características, de no contar con la infraestructura hospitalaria necesaria) ha sido la de aislar, en lo posible a la población. Bajo la orden “Quédate en casa” se pretende disminuir la demanda de atención médica.

Una vez en casa las personas, que tienen la posibilidad y los recursos económicos asegurados para hacerlo, pueden continuar realizando sus actividades con el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Con el uso de computadoras o teléfonos celulares y las aplicaciones correspondientes se desarrollan videollamadas, conferencias, organización de eventos, recepción de instrucciones y, recepción y distribución de noticias, realización de chats en grupo, elaboración de trabajos a distancia.

Imaginemos que la pandemia hubiese ocurrido hace apenas 30 años, la información no ocurriría en tiempo real y probablemente no hubiéramos sabido de la enfermedad que venía sino hasta muy tarde. Un Estado previsor podría haber hecho la compra del equipo necesario de darse cuenta, con las proyecciones matemáticas existentes, de qué tamaño sería el problema que enfrentaríamos en estos días.

Pero también la tecnología ha servido no solo para mantener informadas a las personas, más allá de los canales habituales. Una de sus bondades es proveer de entretenimiento al alcance de un click.

Ante los problemas de comunicación, aparecieron o despuntaron aplicaciones para mantener reunidas a las personas (ZOOM es un claro ejemplo de ello). La obtención de materiales como libros (Ebook) o  películas de estreno (Itunes, Netflix) y poderlas ver vía streaming es un paliativo para la necesidad de mantener la mente ocupada.

         Sin embargo, detrás de todo ello, en esta historia también se escriben páginas del delito en contra de los usuarios.

Fraudes. Las personas son atrapadas por sus miedos o por su búsqueda de entretenimiento. Ya sea por el motivo que ingresen a la red, existen delincuentes dentro de la misma al acecho: ponen trampas basadas en la ingeniería social  y la tecnología solo es un vehículo que potencia su trabajo. Ofrecen información sobre la pandemia, medicinas, equipos, venta de análisis para detectar la enfermedad y, contra el pago y aportación de datos personales, el usuario no recibe absolutamente nada y además ha quedado expuesto a el uso indebido de su información. 

Lo mismo ocurre para aquellas personas que, abren correos de procedencia dudosa pero cuya oferta de materiales de entretenimiento se antojaba imposible de no aceptar. Se trata de correos que han servido para pescar (Pishing) incautos.

Pero los peligros no terminan ahí, el trabajo en la red desde domicilios particulares no era tan atractivo para la comisión de un delito como ahora, pues el objetivo de los hackers (crackers, en realidad) se orientaba a grandes objetivos. Ahora, al estar diseminado el trabajo, la actividad ilícita se orienta hacia los particulares que no poseen antivirus o que tienen contraseñas débiles. Todos están en la red y sí, hasta los delincuentes han migrado hacia el ámbito virtual.

Es importante que en estos tiempos:

No se difunda información falsa. Ya la pandemia es un problema muy serio como para incrementarlo en este ámbito donde navegan niños y adultos.

No redistribuya información que usted no haya verificado. Porque al hacerlo, quienes reciben el mensaje, piensan que proviene de una persona como usted, honesta, y no solo hacen caso, también lo reenviarán a sus contactos. Y si se trata de información falsa, todos al final terminan siendo utilizados.

Procure mantener su información a salvo, no la proporcione ante ofertas de último minuto, ni abra ofertas de procedencia desconocida.

Procure tener su antivirus al día. Y revise que sus contraseñas sean verdaderamente un muro ante cualquier ataque. Si su dispositivo fuese objeto de inmovilización (extorsión virtual) no dude en dar aviso a las autoridades. Con mucha frecuencia la información es recuperada.

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Libertad y Culpabilidad (cátedra del Dr. Diego Luzón Peña en la Universidad de Salamanca. 29 de enero de 2020)

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Audio:

 

 

Vídeo:

El INACIPE otorgó el Doctorado Honoris Causa al Dr. Jesús Zamora Pierce

El 23 de octubre de 2019 se llevó al cabo la ceremonia de investidura del doctorado Honoris Causa que le confirió el Instituto Nacional de Ciencias Penales al Dr. Jesús Zamora Pierce.

Antes de entregarle el pergamino y la venera correspondiente, tuve el honor de pronunciar la Laudatio correspondiente, la cual se reproduce a continuación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y este es el momento en que es investido:

 

 

 

 

Algunas imágenes de aquel día:

 

 

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Foro Combate a la Corrupción

El 5 de junio de 2019, nos reunimos en la Sala de Seminarios Mariano Jiménez Huerta, del Instituto Nacional de Ciencias Penales para disertar sobre el programa de gobierno, las iniciativas y los actos en contra de la corrupción.

 

Dentro de la agenda del gobierno, hablar de corrupción ha sido la constante, pero no creemos que se estén dando los pasos, debidamente articulados para contar con una legislación adecuada que responda al problema ni se estén fortaleciendo las instituciones competentes para tal tarea.

Por el contrario, al abordar temas como la pretendida tercera sala de ls Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Unidad de Inteligencia Financiera (órgano de la SHCP), de la Fiscalía Anticorrupción, de los delitos relacionados con la corrupción y del propio sistema que deriva del texto constitucional, hallamos distintos aspectos por corregir, cuestiones urgentes y por supuesto, no se trató de un foro que se concentrara en la crítica sin propuestas. Considero que hay observaciones puntuales por atender que deben ser tomadas en cuenta para lograr la eficacia de las normas y la eficiencia de las instituciones.

 

A continuación, comparto la liga donde aparece la participación de quienes fuimos convocados: Adrián Franco, Juliette Núñez, Jorge Lara, Carlos Requena, Mario Alberto Torres López y Alberto Nava, moderados por Jorge Carreón.

 

 

Foro Combate a la Corrupción (INACIPE 5 de junio de 2019)

 

 

 

 

 

Asimismo, estas son algunas imágenes del evento:

 

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“Manipulación electoral con Facebook ya hubiera ocurrido, si fuera el caso”: Alberto Nava

Comparto en esta ocasión una entrevista derivada del caso Cambridge Analytica, realizada por Luciano Franco para el periódico La Crónica

 

2018-03-26 – 00:00:00

Alberto Nava. investigador del Inacipe. Estrategias como la ocurrida en las elecciones de EU se preparan con tiempo, no faltando 100 días, que son los que faltan para la votación presidencial en México, afirma el especialista en entrevista con Crónica. Aclara que riesgo siempre habrá, pero actualmente en el país los comicios se observan literalmente con lupa

A 99 días de las elecciones presidenciales en México, “si fuera el caso, ya debía haber ocurrido el uso indebido y abusivo” de datos personales a través de Facebook, señala convencido el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Alberto Nava, especialista en cibercriminalidad.

En entrevista con Crónica, explica que, sin embargo, ello no garantiza que una intervención de ese tipo, como sucedió en las pasadas elecciones de Estados Unidos, esté completamente descartada, “pero parece que hay ya poco tiempo para poner en marcha en México un asunto de esa magnitud”.

 

 

—¿Qué tan grave puede ser el uso de datos personales por parte de Facebook a alguna aplicación?

—Primero, para dimensionar las cosas, hay que tener en cuenta que la red social Facebook es la más grande del planeta, con más de mil 100 millones de usuarios, de los cuales 80 millones están en México, lo que da una dimensión del grado de datos e información personal que maneja esa plataforma. Una de cada seis personas en el mundo pertenece a esa comunidad.

—¿Cómo es que diferentes aplicaciones pueden hacer uso de los millones de datos personales que tiene en su poder Facebook?

—Facebook, en su política internacional, permite a terceros acceder a la propia red, a esos datos, para conformar patrones de comportamiento, análisis sociales y asuntos de corte académico, como ocurrió con Cambridge Analytica, en el asunto de Estados Unidos, donde finalmente esa aplicación le dio a la información un uso diferente, con fines de manipulación electoral”.

—¿Qué tan complejo es realizar una manipulación de ese tipo?

—Muy complicada, porque a partir del análisis hecho, la aplicación, en este caso Cambridge Analytica, envió a cada persona, de acuerdo a sus filias y sus fobias, cuestiones tendientes a debilitar o aminorar las aversiones en torno a algún candidato, y a fortalecer o aumentar las simpatías por quién fuera más a fin a sus intereses”.

—Esta situación no es nueva…

—No, ¡qué va! Siempre ha existido sólo que ahora, con el surgimiento del internet y las redes sociales, estamos hablando de un potencial enorme, sobre todo, en este caso, tratándose de un país como EU, que siempre confió en sus elecciones, que ahora se vieron vulneradas por aquella aplicación, debido al relajamiento que tuvieron”.

—Ahora bien, ¿en qué consiste el convenio de Facebook con el Instituto Nacional Electoral?

—Se trata básicamente que Facebook publique como prioridad las noticias oficiales que le suministre el INE, sin que ello signifique que los usuarios puedan subir a esa plataforma lo que deseen. Facebook no puede censurar en ese sentido. El convenio es un derecho de deferencia hacia el INE, es decir, colocar la información oficial que el instituto le vaya suministrando durante la jornada a fin de que los usuarios de esa red conozcan los datos oficiales y no únicamente lo que entre ellos mismos publican y que, no en pocas ocasiones, resultan noticias falsas o fake news.

—¿Observa riesgo en México, como sucedió en Estados Unidos, de que alguna empresa pudiera hacer uso de los datos personales a través de Facebook o alguna otra red social?

—Particularmente sería Facebook o Instagram, que son las redes sociales a las que millones de mexicanos, probablemente la inmensa mayoría, le hemos entregado nuestros datos personales de manera totalmente voluntaria. Whatsapp no porque no tiene un mercado o perfiles que le permitan realizar estudios de mercado de carácter social, económico o político”.

—¿Algún riesgo?

—Riesgo siempre lo hay. Pero si esto iba a ocurrir, ya es tiempo de que estuviera sucediendo. Ese tipo de estrategias se preparan con tiempo, no faltando escasos 100 días para las elecciones. Ahora, en México hace muchos años que las elecciones se observan literalmente con lupa, sin que ello signifique que estemos blindados, pero el Instituto Nacional Electoral deberá atender dos cosas de manera permanente: Estar atento a eventuales ataques en su contra, o bien, que las elecciones en su organización queden expuestas a una situación de esa naturaleza”.

—EU, se supone, también blinda sus elecciones desde siempre…

—Pero en el caso de la intromisión de terceros, a través de Facebook, éste es el primer caso que se presenta. Afortunadamente en México, antes de que inicien las campañas electorales, particularmente las presidenciales, han quedado anuladas”.

—¿Las campañas negras en las redes sociales no son parte de esas noticias falsas?

—Las campañas negras están, lamentablemente, íntima y creo que indisolublemente ligadas a la disputa electoral, pero no necesariamente son producto de intromisiones y uso de datos indebido por parte de empresas que utilizan las redes sociales. Pero en todo caso, el Instituto Nacional Electoral ha podido desarrollar, a lo largo de varios años, diversas herramientas que le permiten detectar el origen de dichas campañas de lodo y tratar de aminorar su efectividad”.

—Pero no deja de llamar la atención que hoy los políticos utilicen las redes sociales para tratar de hacerse daño entre sí, ¿no lo ve así?-

—“Esto tiene que ver con que internet siempre ha estado fuera de la mira de quienes organizan las elecciones. Por eso, esta sacudida a nivel mundial que significa la operación de Cambridge Analytica es un llamado a tiempo para evitar que permee en México la manipulación que acaba de ocurrir en Estados Unidos e incluso en un pueblo supuestamente con mayor cultura como es la Gran Bretaña, donde una situación similar, aparentemente, le hizo salir de la Unión Europea, el famoso Brexit”

—¿Hay manera de protegernos de una situación de esa naturaleza?

—“Bueno, existen los instrumentos y las instituciones, pero siempre habrá un riesgo. En México tenemos al Instituto Nacional Electoral, que cuenta con el mayor padrón electoral y es responsable de cuidar los datos personales de millones de mexicanos, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, cuya función primaria, su nombre lo dice, es vigilar que no haya mal uso de la información de los mexicanos”.

—El presidente del INE, Lorenzo Córdova, garantiza que el convenio con Facebook no pone en riesgo los datos personales de los mexicanos, ¿cuál es su opinión?

—“Vamos a ver. Eso lo tiene que decir el tiempo…”.

 

El convenio INE-Facebook, para publicar noticias oficiales

“El convenio es un derecho de deferencia hacia el INE, es decir, colocar la información oficial que el Instituto le vaya suministrando durante la jornada a fin de que los usuarios de esa red conozcan los datos oficiales y no únicamente lo que entre ellos mismos publican y que, no en pocas ocasiones, resultan noticias falsas o ‘fake news’”.

 

Protección de datos

“En México tenemos al Instituto Nacional Electoral, que cuenta con el mayor padrón electoral y es responsable de cuidar los datos personales de millones de mexicanos, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuya función primaria, su nombre lo dice, es vigilar que no haya mal uso de la información de los mexicanos”.

 

http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1071275.html

 

En Reporte Índigo se publicó sobre el particular la siguiente entrevista:

 

 

 

¿CÓMO PROTEGERNOS ANTE LA MANIPULACIÓN EN EL TERRENO DIGITAL?

Carlos Salazar

Para Alberto Nava en México no hay una cultura ciudadana ni un marco legal adecuado para poder enfrentar un fenómeno como el que se ha dado en Estados Unidos o el Reino Unido

 

Mar 30, 2018

Lectura 3 min

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El reciente escándalo de manipulación de información para fines electorales perpetrada por la firma Cambridge Analytica, por medio de Facebook, podría no ser suficiente para cambiar la forma en que compartimos nuestra información a través de las redes; sin embargo, debería sentar un precedente en México sobre todo por la cercanía de las elecciones federales.

En el país, el único marco normativo que protege a los usuarios sobre la vulneración de sus datos personales Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, una legislación cuyo garante es el INAI, así como la legislación en materia penal sobre delitos cibernéticos, la cual está obsoleta, según los expertos.

Para Alberto Nava, experto en cibercriminalidad del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), en México no hay una cultura ciudadana ni un marco legal adecuado para poder enfrentar un fenómeno como el que se ha dado en Estados Unidos o el Reino Unido, donde presuntamente se han utilizado datos personales para manipular procesos electorales.

“Debemos también tomar en cuenta que este tipo de cosas, como lo que sucedió con Cambridge Analytica, no van a inhibir el hecho de que las personas sigan subiendo su vida en las redes. Creo que la lección que debemos aprender es que la información que recibimos en las redes no siempre es fidedigna, y hay que aprender a corroborarla.

De ninguna manera la legislación es suficiente. Hace falta realmente sentarse a ver realmente el impacto que han tenido las redes en nuestra vida cotidiana. El hecho de que no vamos a cambiar ciertos patrones de uso, no se van a dejar de usar las redes de la forma que se usan actualmente, van a seguir influyendo en nuestra vida, así que ya llegó el tiempo de realmente revisar el marco regulatorio”.

El especialista del Inacipe asegura que casos como el de Cambridge Analytica, a pesar de que no se ha documentado una práctica similar en el país, deberían servir para tomar acciones preventivas y no solamente esperar a un acontecimiento de dicha naturaleza para actuar en consecuencia, sobre todo ahora que se aproximan cambios en el Consejo del INAI.

“En los próximos días, porque el INAI va a cambiar de Comisionados, y será importante observar si le entran a un tema tan urgente como este, o solo van a dejar pasar el tiempo. Esto no ha ocurrido como tal en el país, no se ha formado un precedente y sería muy interesante ver al INAI realmente responder a esto; yo los he visto callados, porque no saben si realmente el golpe le pegó a los usuarios en México”.

De igual forma, Nava argumenta que la legislación en materia de ciberdelitos en el Código Penal Federal tiene un rezago de al menos 12 años, ya que el impacto cotidiano que tienen las redes sociales data de 2006, y ha ido creciendo con los años sin que el marco regulatorio se haya modificado en consecuencia.

“Llegó el tiempo de realmente revisar el marco regulatorio y, de paso, revisemos cuál es el impacto de las tecnologías en nuestras leyes penales, que también se han quedado rezagadas en ese tema y que en muchas ocasiones nos damos cuentea de que el catálogo de delitos informáticos que hay en el Código Penal no han sido lo eficaces que debieran ser”.

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/protegernos-ante-la-manipulacion-en-terreno-digital/

 

Opiniones publicadas en torno a una resolución de la Suprema Corte, respecto de la revisión de personas y vehículos en el Código Nacional de Procedimientos Penales

 

El País

Polémica en México por un fallo del Supremo que avala las inspecciones policiales sin orden judicial

Expertos en seguridad consideran que la decisión de la Corte es preocupante en el contexto de violencia e impunidad que se vive en algunas regiones del país

ZORAYDA GALLEGOS

México 15 MAR 2018 – 01:36 CET

Policías y militares realizan una inspección a camiones de carga en el Estado de México. CUARTOSCURO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México avaló las inspecciones policiales sin orden judicial. Los ministros que integran el máximo órgano de justicia aprobaron por mayoría de votos que las revisiones a personas y vehículos por parte de agentes de la Policía sin que haya una orden escrita son constitucionales. “Siempre que exista sospecha razonable de que se estaba cometiendo un delito”, justificó el ministro ponente Javier Láynez. Para expertos en el tema de seguridad la decisión de la Corte es preocupante en el contexto de violencia e impunidad que se vive en México, donde cada vez son más frecuentes los casos de policías en contubernio con el crimen organizado involucrados en asesinatos o desapariciones de personas.

En marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto queexpide el Código Nacional de Procedimientos Penales, el marco con el que se instrumentaría el Nuevo Sistema de Justica Penal en todo el país. El nuevo andamiaje legal detallaba los derechos y obligaciones que tendrían las víctimas, acusados, policías, fiscales, peritos y jueces, entre otros, en el sistema acusatorio. Sin embargo, organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) advirtieron desde entonces que algunos de los 490 artículos eran violatorios a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La CNDH y el IFAI (ahora llamado INAI) presentaron en abril de 2014 acciones de inconstitucionalidad en contra de varios artículos del código. El IFAI se inconformó por el 303 referente a la geolocalización de aparatos telefónicos relacionados a un delito sin orden judicial. La CNDH impugnó 13 artículos relativos a las facultades del ministerio público para asegurar las cuentas bancarias y embargar los bienes de los involucrados en un delito, así como las atribuciones policiales en la investigación de los ilícitos. Algunos de estos artículos, como el 132, 147, 251, 266 y 268 fueron analizados ayer por la SCJN.

La CNDH argumentaba que estos apartados eran inconstitucionales por ser violatorios de los derechos humanos a la libertad personal, a la libertad de tránsito, a la seguridad jurídica, a la privacidad, a la integridad personal, así como de los principios de legalidad y de certeza jurídica. El artículo más polémico que analizó la SCJN fue el 251, referente a las actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa de un juez.

La ministra Margarita Luna Ramos argumentó que el artículo 251, que permite la revisión de personas y vehículos por parte de la Policía, no puede estimarse inconstitucional. Ejemplificó que si en algún momento dado se comete un delito y los agentes tratan de evitar que se escape quien delinquió y tratan de detenerlo en flagrancia tendrían que controlar la salida de las personas y hacer una revisión. “Para esa inspección de personas ¿necesitan autorización de un juzgador?, en mi opinión no la necesitan y está dentro de las posibilidades que los policías tienen que llevar a cabo”, afirmó durante la sesión del pleno.

Para Alejandro Madrazo Lajous, académico del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), es preocupante que la Corte en vez de establecer los criterios más rigurosos para el uso de la fuerza, esté adoptando sentencias que relajen los criterios y autoricen el despliegue de la autoridad. “Sin conocer los detalles argumentativos de la sentencia, podemos decir que la consecuencia de esta sentencia es que mande la señal a las autoridades para que mantengan o profundicen sus prácticas de abuso de autoridad y sobre todo de impunidad y falta de investigación en el uso de la fuerza pública”, manifestó.

La decisión de la SCJN le da un mayor respaldo jurídico a las prácticas abusivas que se han vuelto recurrentes por parte de las autoridades en el contexto de la guerra contra las drogas, explica el experto en derecho. “Vivimos un momento particularmente duro. El año pasado se aprobó la Ley de Seguridad Interior (que perpetua la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles). Con esa ley el Congreso y la autoridad mandó la señal de que están dispuestos a encuerar a la ciudadanía de sus derechos, y ahora se da este fallo”, menciona.

La decisión de la SCJN es un hecho sin precedentes en la historia reciente del país y se explica por los altos niveles de impunidad, inseguridad y violencia que se viven en algunas regiones, considera Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en temas de seguridad nacional. El fallo de la Corte que avala las revisiones policiales debe ajustarse a protocolos de uso de la fuerza y de intervención a la privacidad de las personas, expuso el académico, a fin de evitar que se continúen extendiendo los casos de violaciones a los derechos humanos por parte de policías municipales, estatales y federales. “Me preocupa que esta decisión de la Corte esté en contra de lo que dice la propia Constitución de que nadie puede ser molestado en su persona o familia sino en virtud de algún mandamiento escrito por la autoridad competente, en este caso la autoridad judicial”, destaca.

Alberto Nava, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), considera que si los ministros hubiesen declarado inconstitucionales los cinco artículos analizados le habrían quitado un margen de maniobra “tremendo” a la policía. “Eso sería preocupante porque imagínese que a una persona detenida la suben a una patrulla sin saber si trae un arma entre sus posesiones, la cual podía activar en contra de las personas o de sí mismo”, expone. Los artículos han estado vigentes desde 2014, agrega, sin que hayan ocurrido acciones ilegales. “Si de alguna manera la preocupación de la población fuese el grado de actos de molestia o la posibilidad de un acto arbitrario estos hubieses ocurrido hace cuatro años”, destaca.

Estos preceptos del Código Nacional se encuentran en el contexto de persecución e investigación de un delito y para que se pueda llevar a cabo la inspección de personas o de vehículos se debe de cumplir con un estándar mínimo de protección a los derechos humanos de las personas, asegura. “No se puede partir del grado de la desconfianza cuando se habla de leyes, las leyes tienen que partir de un principio de buena fe. Si se le quita este radio de acción a la policía luego se le va a quitar la posibilidad de investigar, de detener y de participar en el proceso porque no confiamos en los policías y eso sería lo grave”.

 

La crónica

Inspección policiaca sin orden judicial no afectará DH, afirma experto del Inacipe

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Alberto Nava señaló que quien se sienta afectado puede recurrir a los tribunales y eventualmente ganar el caso. Las revisiones tendrán que seguir un protocolo

Alberto Nava considera que para una resolución de este tipo, “es indispensable dejar atrás los tiempos de las detenciones arbitrarias y la mala fe de la policía”.

Las inspecciones policíacas en personas y vehículos sin orden judicial de por medio, que validó el martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no ponen en riesgo los derechos humanos; son totalmente ajenas a los cateos, los cuales tienen otra regulación, y permitirán a las autoridades recolectar datos de prueba que podrán servir a la investigación de delitos.

Así lo señaló el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), y doctor en Derecho, Alberto Nava, al referirse a la declaratoria de constitucionalidad que sobre ese tema declaró la SCJN, para así desechar la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en contra de esa norma vigente desde 2014.

En entrevista con Crónica, el especialista consideró que lo contrario, es decir, de haber decretado la inconstitucionalidad de esas medidas, “hubiera dejado nulo el radio de acción de las policías” en ese ámbito del combate a la delincuencia.

Puso como ejemplo lo ocurrido meses atrás, cuando policías en la Ciudad de México inspeccionaron un vehículo y descubrieron en su interior algunas granadas de mano, pero los tripulantes de la unidad se quejaron de violación a sus derechos humanos “porque los uniformados carecían de una orden judicial para ello”.

De este modo, el doctor Nava se congratuló de la decisión asumida por el máximo Tribunal de Justicia del país y resaltó que, pese a la sentencia, quedó a salvó la posibilidad de que aquel que se sienta afectado en sus derechos por una eventual situación de esta naturaleza, pueda recurrir a los tribunales y, eventualmente, ganar el caso.

Nava aseguró que, para una resolución de este tipo, “es indispensable dejar atrás los tiempos de las detenciones arbitrarias y la mala fe de la policía”, ya que en el nuevo Sistema de Justicia Penal se actúa bajo criterios diferentes, aseguró.

Resaltó la importancia que representa para el combate a la delincuencia una medida de esta naturaleza, porque será posible, a partir de ella, disminuir la acción del crimen organizado o la delincuencia común en todo el país.

Alberto Nava explicó a los lectores de Crónica que las inspecciones aprobadas por la SCJN “no pueden ser arbitrarias”, es decir, que no se harán sólo por la voluntad de las policías, sino que se rigen por un marco legal, es decir, bajo criterios y protocolos perfectamente establecidos.

“Si se ve a una persona empistolada o con cualquier otro tipo de armas, en un auto o motocicleta sin placas, sospechosa de que la unidad sea robada, que transporte drogas o quizás a un plagiado, claro que la autoridad tiene la autorización legal de detenerlos y revisarlos, sin que ello viole los derechos humanos de las personas”, detalló.

 

 

24 horas

Inspecciones no violan derechos de tránsito, asegura especialista

Revisiones no son al “antojo” de policías: SCJN

15 DE MARZO, 2018 ALEJANDRO GRANADOS

Foto: Rodolfo Angulo | Vigilancia. Rechaza que éstas generen un abuso, pues un juez de Control dará seguimiento a cada uno de los casos

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional que los cuerpos policiacos del país practiquen revisiones a personas y vehículos sin orden judicial únicamente en casos de sospecha razonable o flagrancia, el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Alberto Nava Garcés, dijo que dicha decisión no viola los derechos de tránsito de los ciudadanos, ya que ningún derecho humano es absoluto.

“En los tiempos que estamos viviendo en nuestros país, no podemos dejar ciertos vacíos en aras del derecho humano individual cuando la colectividad está sufriendo un agravio en la cuestión de su seguridad”, señaló en una entrevista para 24 HORAS.

El especialista en derecho Penal y Amparo resaltó que a la Policía se le tiene que dar un marco de “actuación en la medida que pueda hacer una acción eficaz en el combate al delito”.

En ese sentido, comentó que los artículos que fueron materia de análisis en la SCJN están vigentes desde 2014, cuando se promulgó el Código de Procedimientos Penalesy rechazó que esto genere un abuso por parte de la Policía, ya que habrá un juez de Control que haga el seguimiento o análisis de cada caso.

“Este tipo de revisión se vive de manera natural en muchos aspectos en nuestra vida, por ejemplo, en la revisión en los aeropuertos o cuando uno ingresa a algunas instituciones, ahí permitimos que nos revisen nuestra cosas sin mayor problema”.

Del mismo modo, dijo que es importante señalar que la Primera Sala de la Corte ya había establecido criterios y estándares para que este tipo de actos no incurran de manera arbitraria. “Hay un marco legal que no se está analizado en su contexto. Mucha gente lo confunde con órdenes de cateo y nada tiene que ver con ello”, refirió.
Respecto a la impunidad que se vive en el país, dijo que ésta tiene que ver con el sistema de seguridad pública, pues no existen mecanismos de prevención del delito y falta contar con policías más capacitados.

EN FLAGRANCIA O POR INVESTIGACIÓN
La SCJN señaló, mediante un comunicado, que la resolución no implica que un policía pueda inspeccionar a personas y vehículos a su antojo.

“La policía únicamente puede realizar estos actos de inspección, si y sólo si, se encuentra ya en el marco de una investigación criminal. Esto ocurre cuando hay una denuncia de hechos, aunque sea formal ante el MP o la Policía, o informal directamente ante los agentes de seguridad y puede suceder en dos momentos o situaciones: Cuando se avisa a la autoridad de que en ese mismo momento se está cometiendo un delito y se le solicita su intervención, y Cuando se denuncia un delito que ya fue cometido y la policía y el MP inician una investigación”.

LAS DIFERENCIAS
Cateo: Tiene que ser bajo una orden judicial, regularmente es para localizar objetos o personas pero con una petición física que hace el Ministerio Público. En el artículo 252 del Código Penal de Procedimientos Penales, se explica que el cateo son actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de Control.

Inspección: Se trata de hacer una revisión en lugar donde se supone ocurrió un delito o está por ocurrir un delito, la cual es una revisión netamente superficial, no puede ser invasiva, no puede ingresarse a un domicilio. En el artículo 251 se dice que son actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del juez de Control.

 

 

 

La Jornada

 

La resolución de la SCJN no permite inspecciones al antojo de los agentes

En una tarjeta informativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó ayer los alcances del fallo acerca de las revisiones policiacas sin orden judicialFoto Jesús Villaseca

 

Néstor Jiménez y Alma Muñoz
Jueves 15 de marzo de 2018, p. 5

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante la cual ratificó la constitucionalidad de las revisiones policiacas a personas y vehículos sin orden judicial, no permite a los policías realizar inspecciones a su antojo, sostuvo el máximo tribunal del país.

La medida no implica que un policía pueda inspeccionar a personas y vehículos a su antojo. Por el contrario, lo que se dice en la resolución es que ese tipo de conductas están prohibidas, indicó en una tarjeta informativa.

Dichas acciones están previstas desde 2014 en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El tema fue parte de una serie de impugnaciones presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al considerarlas inconstitucionales. Al analizar el caso, la Corte ratificó la constitucionalidad de esa medida.

Explicó que las inspecciones sólo pueden realizarse cuando exista una denuncia de hechos delictivos, ya sea de manera informal ante un policía o de manera formal ante el Ministerio Público.

Por ejemplo, cuando se avisa a la autoridad de que en ese mismo momento se está cometiendo un delito y se solicita su intervención. Es decir, se trata de delito flagrante. En estos casos el agente puede practicar una inspección sólo si tiene una sospecha razonable de que la persona coincide con las características denunciadas, explicó la SCJN.

Cualquier inspección que se practique fuera de estos parámetros será ilegal y arbitraria, recalcó.

Dijo que si al momento de detener un automóvil por una infracción de tránsito se detectan posibles conductas delictivas, como portación de armas o droga, o un posible secuestro, se puede realizar una inspección. Una multa de tránsito, por sí misma, no es justificante para una revisión.

De esta manera actúan las policías en todo el mundo. No es un concepto exclusivo de México. Varios tribunales internacionales han adoptado esto como guía para la actuación de las policías, agregó.

Tras realizar una acción de este tipo, el policía está obligado a rendir declaración ante un juez para explicar el hecho. El juzgador debe validarlo o declarar ilegal la inspección.

El investigador Alberto Nava, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, sostuvo que esa legislación es necesaria para dar viabilidad y margen de maniobra a la acción policiaca. Un ejemplo, señaló, es cuando una persona denuncia un robo a un policía. Sin esa ley no se podría proceder a inspeccionar a un sospechoso, a pesar de ser detenido en flagrancia. Recalcó que prohibir las inspecciones impediría revisiones en aeropuertos, estadios, actos masivos u operativos como el alcoholímetro.

El Partido del Trabajo condenó el aval de la Corte a las revisiones policiacas sin orden judicial, al considerar que son violatorias de los derechos humanos.

Con estas acciones se quebrantan los preceptos pro persona, de presunción de inocencia, libertad personal y de tránsito, el debido proceso, y el de privacidad, entre otros, afirmó la dirigencia nacional petista.

 

Entrevista para canal ius multimedia (Facultad de Derecho, UNAM)

El 31 de enero fui entrevistado por el Dr. Carlos Daza para el programa que tiene en Canal ius multimedia.

 

Aquí parte de la conversación

 

 

 

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Los exgobernadores a proceso. Retos de la procuración de justicia (primera parte)

 

El día de ayer, 7 de octubre de 2017, distintos medios de comunicación hacían el recuento de cuántos exgobernadores están sujetos a algún proceso de carácter penal. Ocho detenidos (algunos de ellos, dentro del territorio nacional  otros, sujetos a procesos de extradición) y uno más en fuga, más los que se acumulen en los meses por venir, conforme vayan concluyendo sus mandatos o bien, conforme se integren las averiguaciones o carpetas de investigación, según sea el caso.

Es un momento inédito del cual el lector tendrá la mejor opinión sobre el contexto en que esto ocurre, por mi parte, trataré de abonar las cuestiones que pocas veces leemos en los medios, tal vez por el carácter técnico de las mismas, pero que son necesarias para entender cómo y porqué se dan esta clase de procesos y explicar los retos del Estado frente a este fenómeno que va más allá de solo nueve personajes.

¿A qué me refiero? En particular a las instancias de investigación y de litigio necesarias para poder llevar ante la justicia a esta clase de personas que detentaron el más alto mandato en sus respectivas entidades.

 

Los delitos

 

Los delitos imputados a la mayoría de los exgobernadores tienen que ver con su período de gobierno y los caudales o las propiedades del Estado que se distrajeron de su objeto y terminaron en manos de terceros o en el caso de grandes extensiones de tierra que fueron ofertadas en precios muy lejanos de su valor real. Es por ello que escuchamos sobre delitos que impactan en la propia federación o en el ámbito de las legislaciones penales de cada estado.

El peculado, la operación con recursos de procedencia ilícita, el ejercicio indebido de la administración pública, el cohecho, son los tipos penales más frecuentes y, según sea su naturaleza, son investigados por las fiscalías locales o por la Procuraduría General de la República. Por eso, en un primer apuntamiento podemos observar el hecho que, al carecer de una legislación penal homologada, cada exgobernador se enfrentará a distintos tratamientos penales sobre conductas similares, lo que de suyo comienza por complicar este trabajo, ya sea de la acusación o de su defensa.

Cada estado tiene su propio catálogo de delitos y la Federación uno más. Con ese panorama, las distintas autoridades no solo interpretan los hechos a la luz de normas diferentes, sino que además, este problema contribuye a una deficiente coordinación entre autoridades investigadoras de fueros distintos (estatal y federal)

 

Mecanismos de supervisión y control del ejercicio de gobierno.

 

Derivado de la soberanía de cada estado y, en ocasiones amparados por ella, los gobernadores solo tienen como método de control las legislaturas locales y el Congreso de la Unión por cuanto hace a los caudales que le son ministrados, por lo que los mecanismos de vigilancia pueden no ser los suficientes para evitar las conductas que finalmente son detectadas y denunciadas.

Asimismo, para cuando esto ocurre, existen distintos candados legales que imposibilitan una actuación más eficaz para contrarrestar esta clase de actos. De ahí la urgente necesidad de contar con una fiscalía anticorrupción y que desaparezca el fuero para los gobernantes para esta clase de actos. Las fiscalías autónomas de cada estado no están exentas del poder que ejerce un gobernador en su entidad.

Las Unidades de investigación financiera deben contar con la capacidad para detectar no solo el caudal faltante, sino el empleo que se le haya dado al dinero público (“follow the money” seguir la ruta del dinero) o a los bienes ofertados de manera indebida, así como detectar los contratos derivados de licitaciones hechas a modo o adjudicaciones de contratos de manera directa que se realizan para evitar el proceso legal respectivo. Y una vez hecho lo anterior, identificar quién o quiénes participaron en este tipo de actos, pues la corrupción no es un acto unipersonal, implica la participación de redes que han sabido actuar contra la Ley y por supuesto, contra el Estado.

La labor no es simple, pues esta clase de actos, en muchas ocasiones no están documentadas por los altos mandos, sino realizadas por mandos de menor jerarquía y por tanto, se dificulta imputar a una persona del nivel de un gobernador.

El poder legislativo tiene una asignatura pendiente al respecto. Ha sido omiso en el nombramiento del fiscal anticorrupción.

 

(continuará…)

 

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Novedad editorial: El abogado actual

Un libro más para cerrar el año

Agradezco desde aquí la invitación de la maestra Evelyn Téllez para participar en este libro editado por la Universidad Veracruzana y el INFOTEC

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