palabras con motivo del proyecto de Ley de la Fiscalía General de la República

Una vez que fue aprobado en el Senado de la República el proyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y, habiendo pasado a la Cámara de Diputados para su revisión, fui invitado para hablar en especial de un tema que tanto nos preocupa en la academia: el futuro del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Estas fueron las palabras en la breve intervención:

Agradezco enormemente esta invitación para hablar del proyecto de Ley de la Fiscalía General de la República

No podría mejorar lo ya manifestado por el doctor Sergio García Ramírez, por lo que es doble mi gratitud para este foro.

A pesar de ser miembro del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de sentirme profundamente comprometido con su historia y sus fines, comparezco a título personal y no en su representación para manifestar la preocupación por el futuro del INACIPE y también, en especial, por quienes laboran incansablemente desde muy temprano para hacer de este lugar un sitio sin par en América Latina.

      Hablo y quiero hablar por los investigadores, pero también por el personal administrativo que, en su conjunto le han dado brillo a las Ciencias Penales en nuestro País. Para tener certeza en el ámbito laboral a la luz de un nuevo estatuto.

      Hablo por ese lugar que hoy no cuenta con el liderazgo del maestro Gerardo Laveaga y que sin embargo continúa con una labor de excelencia en el ámbito de la educación y la investigación.

      Y me refiero en específico a esa posibilidad que se le da en la ley de ser un organismo con autonomía técnica y de gestión pero cuyo órgano de gobierno se prevé quede a cargo de la designación de la Fiscalía. 

      Una autonomía técnica y de gestión que obliga a renunciar a seguir siendo considerado como centro público de investigación, cuando lo deseable es que se mantuviera esa coordinación.

      Una autonomía relativa que anuncia en su artículo quinto transitorio a la terminación de relaciones laborales y en su caso, dispone de un servicio profesional de carrera, que no debería ser contrario de la continuación de las relaciones laborales y, que dada la naturaleza del instituto, no debería seguir las reglas del juego por no tener la misma naturaleza ni los fines que una fiscalía.

      Hablar de reclutamiento, capacitación, certificación inicial y permanente para los investigadores que leen, producen y dan conferencias sobre la frontera del conocimiento es algo impensable. 

      El Instituto Nacional de Ciencias Penales tuvo el infortunio de desaparecer de 1993 a 1996, la historia nos cuenta la necesidad que hubo de volverlo a crear, en las mismas instalaciones que ha ocupado desde 1976. 

Por sus aulas pasan como docentes y como alumnos, todos quienes intervenimos en el drama penal: jueces, magistrados, ministros, fiscales, defensores y, bajo ese ámbito, aprendemos de manera igualitaria las reglas del juego.

      Si la óptica cambia hacia el punto de vista de una fiscalía, y no hacia el Estado, se perderá más de lo que se gane. Se perderá esa visión crítica y constructiva con la que, como cuando llegamos a este lugar, solo pedimos un cubículo para hacer investigación independiente, para aportar, para construir, para dar miras de largo alcance, por supuesto, para buscar las soluciones a los problemas que vive nuestro país, no solo con la propuesta de endurecer procesos, aumentar penas, sino a través de mecanismos que incidan en la justicia penal.

Pasar por el INACIPE ha sido timbre de orgullo. Llevamos con nosotros esa responsabilidad y lo único que deseamos es que exista certeza en el ámbito en el que nos desarrollamos.

El INACIPE, como lo dijera Teodoro Roosevelt, hoy por hoy, hace lo que puede con lo que se tiene y de ello pueden dar cuenta sus miles de egresados, las publicaciones que salen de manera continua y las tantas instituciones federales y estatales que reciben capacitación para entender el sistema de justicia. 

No perdamos la oportunidad de seguir contando con una institución que, sin sesgos políticos, ha abierto sus puertas a todos y a todas y es orgullo de México en el concierto internacional.

No vengo a defender una causa perdida, pero quedaré satisfecho si puedo sembrar la posibilidad de que se reflexione sobre estos aspectos.

Muchas gracias

hacemos votos porque no sea un asunto de obvia resolución.

Aqui podrán encontrar la liga que permite el acceso al proyecto de ley como al programa del 14 de abril de 2021

¿Qué es la violencia digital?

En la revista conmemorativa de los 80 años de la Academia Mexicana de Ciencias Penales (publicada en diciembre de 2020), tuve el honor de colaborar con un artículo que hace referencia a la violencia digital y, en particular, al origen de la ya conocida Ley Olimpia.

En esta breve cápsula retomo el tema. Espero sea de su interés.

80 años de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Recuento de su historia y sus personajes.

La Academia Mexicana de Ciencias Penales, presidida por el doctor Luis Rodríguez Manzanera, celebró su 80 aniversario a través de la plataforma del INACIPE (tal vez el mejor de los productos logrados por esta academia, a la par de su revista Criminalia).

Asistimos vía remota, acorde a los tiempos que vivimos. Toda reunión se debe llevar a cabo así dada la pandemia por Covid 19. Sin embargo, fue una ceremonia solemne y emotiva donde hablaron, según el programa los representantes de los miembros numerarios, así como los correspondientes nacionales y extranjeros. Poco tiempo para rememorar tanta historia.

participaron:

Bienvenida Gerardo Laveaga

Sergio García Ramírez

Eugenio Raúl Zaffaroni

Ruth Villanueva Castilleja

Ricardo Franco Guzmán

Miguel Ontiveros Alonso

Luis Arroyo Zapatero

Manuel Vidaurri Aréchiga

Luis Rodríguez Manzanera

Clausura Video Conmemorativo

(En la sala de espera de la plataforma zoom estábamos los integrantes de la Academia)

En la página web de la Academia se da cuenta de su fundación. Asimismo en el estupendo libro de Sergio Correa se hace un gran recuento de quienes han pertenecido a la misma. Solo queda entonces, recordar las palabras del doctor Franco Guzmán que refiere:

“Para referirme al aniversario número 80 de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, debo relatar previamente cómo me enteré de su existencia.

Recuerdo que después de haber terminado la escuela secundaria en 1942, me acerqué a mi padre y le pregunté que para hacer los estudios universitarios, en qué área de la Escuela Nacional Preparatoria debía inscribirme, a lo cual, después de meditar unos minutos me sugirió que lo hiciera en la de “Ciencias Sociales”, para después seguir la carrera de licenciado en Derecho.

Seguí el consejo de mi padre y en 1943 y 1944 cursé los dos años que en ese entonces se impartían en la Escuela Nacional Preparatoria y, en 1945, me inscribí en el primer año en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, ubicada en la antigua casona de la esquina que forman las calles de San Ildefonso y República Argentina, en el Centro Histórico del Distrito Federal, sin tener vocación alguna por la carrera de abogado.

Lo anterior se reflejó en las calificaciones finales de las cinco materias del primer año:  en cuatro de ellas obtuve 6 y en Derecho Civil 5 (o sea reprobado); en el examen extraordinario pasé con 6, por lo que era notable mi desinterés por la carrera de licenciado en Derecho.

Sin embargo, en 1946 me inscribí en el segundo año en el que en la materia Derecho Penal, Parte General, me tocó tener como profesor al maestro Raul Carrancá y Trujillo, originario de Campeche y que había obtenido el grado de Doctor en Derecho en la Universidad Central de Madrid y era Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

Desde la primera clase que escuché del maestro Carrancá, quedé impactado de su personalidad y de lo interesante que era el Derecho Penal, por lo que puedo decir que desde entonces quedé enamorado de dicha materia.  EI resultado de esto fue que en el examen final obtuve 10 y, en las cuatro materias restantes también logré 10.

En 1947, al ingresar al tercer año de la carrera me inscribí en Derecho Penal Delitos en Particular, con el maestro Francisco Gonzalez de la Vega, quien también me calificó con 10 en el examen final. 

En 1947 el maestro Carrancá dejó de ser Presidente del Tribunal Superior de Justicia, por haberse jubilado y abrió su bufete de abogado litigante en el despacho 201 del edificio ubicado en las calles de Motolinia 8 en el Distrito Federal.  Enterado de ello por los periódicos, fui a verlo a su oficina y, después de felicitarlo por su decisión, me atreví a pedirle que me permitiera ser su pasante. 

Con la franqueza que siempre tuvo conmigo, el maestro Carrancá me indicó que no tenía asuntos y, por tanto, no podía contratarme como pasante, a lo cual le contesté que no pretendía retribución económica alguna, pues lo que deseaba era aprender a litigar y a estar cerca de él como jurista. Así me aceptó en su despacho, por lo que el mismo día caminé tres cuadras hasta llegar al Monte de Piedad, donde compré un escritorio y una silla usados, que uno de los cargadores que estaban en la puerta, me los llevó a la oficina del maestro, quien se impresionó de la forma en la que había actuado. 

Recuerdo el hecho coincidente de que el maestro Carrancá me presentó con su vecino pared de por medio, ocupante del despacho número 200, el licenciado Luis Chávez Hayhoe, notario número 52 del Distrito Federal, quien me dijo el maestro Carrancá, había sido ante el cual se había constituido la Academia Mexicana de Ciencias Penales, el 21 de diciembre de 1940 y con el cual comencé a tener amistad.

Fue así como tuve las primeras noticias de la existencia de la Academia, pues el maestro Carrancá me relató con mucho orgullo y detalle la historia de cómo apareció la revista Criminalia en 1933 y, pasados 7 años, se constituyó la Academia Mexicana de Ciencias Penales.  Incluso me mostró un testimonio notarial de la escritura constitutiva, en donde aparecían los nombres de los 12 fundadores de la Academia:

1.  José Ángel Ceniceros 

2.  Francisco Gonzalez de la Vega 

3.  Alfonso Teja Zabre 

4. Raúl Carrancá y Trujillo 

5. Luis Garrido Díaz 

6.  Emilio Pardo Aspe 

7. Carlos Franco Sodi 

8.  José Ortiz Tirado 

9. Javier Piña y Palacios

10.  Francisco Argüelles 

11.  José Gómez Robleda 

12.  José Torres Torija.

Puedo decir con orgullo, que por mi cercanía con el maestro Carrancá, conocí a todos los mencionados miembros fundadores de la Academia y, con algunos de ellos tuve una cercana amistad y agradecimiento.

Así transcurrieron 1948 y 1949, en que veía todos los días al maestro Carrancá en la mañana en la Escuela y en la oficina y, en las tardes en ésta.  En esos años prácticamente casi todas las actividades de los abogados se desarrollaban en el Centro de la Ciudad:  la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía poco tiempo de haberse instalado en el edificio que forman en esquina las calles de Corregidora y Pino Suarez, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en las calles de Donceles, la mayoría de los despachos de abogados en las calles de Palma, Donceles, 5 de Mayo, Motolinía y otras más.

Era notable lo que ocurría cuando salíamos del despacho el maestro Carrancá y yo, para ir a alguna de las oficinas señaladas: no podía dar dos pasos, sin que alguno de los profesores de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, de los miembros de los Tribunales o abogados litigantes y alumnos de la Escuela, o los señores Porrúa, dueños de la hoy centenaria Librería Porrúa, ubicada en la esquina de Donceles y Argentina, lo detuvieran con alegría para felicitarlo, abrazarlo y conversar unos momentos con él. 

De igual modo, a la oficina de Motolinía acudían con frecuencia los juristas que habían fundado en 1940 la Academia Mexicana de Ciencias Penales, y que el maestro Carrancá me presentó y con los cuales también tuve amistad. 

A principios de 1949, se creó la materia optativa de “Criminología”, dentro de las asignaturas del quinto año de la carrera, que fue inaugurada por el insigne maestro don Constancio Bernaldo de Quirós (refugiado español que después supe había sido recibido en la Academia Mexicana de Ciencias Penales, el 11 de agosto de 1959) reconocido como uno de los más destacados criminólogos del mundo, en cuyas clases yo estaba siempre en la primera fila, absorto escuchándolo. 

En diciembre de 1949 concluí la carrera iniciada en 1945 y, en los primeros meses de 1950, bajo la dirección del maestro Carrancá elaboré un trabajo intitulado “Delito e Injusto, Formación del Concepto de Antijuridicidad”, que presenté como tesis para obtener el grado de licenciado en Derecho, el 7 de junio de 1950, ante un jurado integrado por el Maestro Carrancá, don Juan José Gonzalez Bustamante, don Mariano Jiménez Huerta, don Constancio Bernaldo de Quirós y don Ramón Palacios Vargas, todos miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, yo tenía 22 años.

Debo reconocer y agradecer que, por instrucciones de don Luis Garrido, Presidente de la Academia y Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, mi mencionada tesis se hizo en la Imprenta Universitaria, aunque no apareció en la caratula el nombre de ésta, dado que se trataba de la obra de un estudiante y si se conocía este hecho, se pensó que entonces no habría obstáculo alguno para que otros alumnos de la Universidad pidieran lo mismo, lo que no era correcto. 

Ya recibido de licenciado en Derecho, la Universidad Nacional Autónoma de México, con el decidido apoyo de don Luis Garrido, de don Juan José González Bustamante (Secretario General de la UNAM), del maestro Carrancá, y de don Constancio Bernaldo de Quirós, me otorgó una beca para estudiar Derecho Penal en Italia.  En el fondo, yo agradecí dicha beca a la Academia, a la que pertenecían cuatro de sus distinguidos miembros.

Así salí en ferrocarril hasta Nuevo Laredo y de allí a Nueva York, desde donde partí en el precioso transatlántico “Queen Mary” hacia Europa (en tercera clase, porque no había cuarta), donde estuve dos años en Italia, realizando el curso de “Perfeccionamiento en Derecho Penal”, en la Universidad de Roma, Italia. 

En 1951, encontrándome en Italia, envié a la Academia dos trabajos escritos en italiano por dos de mis profesores en la mencionada Escuela, traducidos por mí al español, como sigue: 

“La confesión en estado hipnótico en la investigación judicial”, de Gislero Flesh, en “Criminalia”, año XVII, México, noviembre de 1951, Núm. 11, páginas 624-630.

“EI problema de la lucha contra la delincuencia infantil en Italia”, de Gislero Flesh, en “Criminalia”: año XVII, México, diciembre de 1951.  Núm. 12, páginas 668-685. 

En 1952, encontrándome todavía en Italia, recibí la triste noticia del fallecimiento de uno de los fundadores de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, el doctor José Torres Torija, quien había nacido el 15 de junio de 1885 y murió el 21 de abril de 1952, a los 67 años.

Asimismo, en 1952 apareció otro trabajo mío de traducción al español, escrito por mi profesor Felipe Grispigni, quien era el Director de la Escuela de Perfeccionamiento en Derecho Penal:  “La nueva sistemática del delito en la doctrina alemana más reciente”, en “Criminalia”, año XVIII, México, junio de 1952, Núm. 6, págs. 296-307.

Como se puede ver, mi primera relación que podríamos llamar “oficial”, con la Academia, a través de “Criminalia”, fueron los citados trabajos de traducción.

El 5 de junio de 1952, presenté el examen final, ante los 14 profesores que habían impartido el curso, los cuales me otorgaron la máxima calificación (70 sobre 70) y mención honorífica.  En ese momento, también recordé con agradecimiento a los miembros de la Academia que me apoyaron con la beca.  Los profesores y materias son los siguientes:  

1.  Ejercicios científicos y prácticos de Derecho Penal: Filippo Grispigni.

2.  Ejercicios prácticos de Derecho Procesal Penal: Alfredo Jannitti Piromallo.

3.  Derecho de Policia:  Pantaleo Grabrielli

4.  Ejercicios Científicos de Derecho Procesal Penal: Alfredo de Marsico.

5.  Derecho Penitenciario: Giuseppe Velotti.

6.  Antropología Criminal:  Benigno di Tullio.

7.  Psicología Judicial y Criminal: Mario Ponzo.

8.  Psicopatología Criminal:  Francesco Bonfiglio.

9.  Medicina Legal aplicada al Derecho Penal:  Cesare Gerin.

10.  Sociología Criminal: Alfredo Nicéforo.

11.  Técnica y Medicina Penitenciaria: Filippo Saporito.

12.  Policía Científica:  Ugo Sorrentino.

13.  Derecho Penal Canónico: Pío Cipriotti.

14.  Derecho Penal Romano:  P. Dianelli.

En el momento en que terminé el curso de Roma, de nuevo recordé agradecido a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, la que intervino a través de sus miembros, en el otorgamiento de una beca para estudiar en Italia.

Regresé a México en septiembre de 1952 y, en visita que hice a don Francisco González de la Vega, en su oficina de Procurador General de la República, después de relatarle mi estancia en Roma, me preguntó en qué pensaba trabajar y, al indicarle que no tenía idea alguna, me propuso nombrarme agente del Ministerio Público Federal, y me adscribió a la Dirección General de Averiguaciones Previas, que estaba al mando del licenciado Francisco Pavón Vasconcelos, a quien me presentó e inicié una amistad que posteriormente se convirtió en fraternal, hasta su fallecimiento. 

Lo anterior significa que el primer empleo que tuve después de mi regreso a México, se lo debí a un miembro de la Academia, continuó mi relación con la misma y con Criminalia, pues el 26 de enero de 1953, dicté una conferencia sobre “Las nuevas teorías criminológicas italianas”, en la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que se publicó en “Criminalia”, año XIX, México, mayo de 1953, núm. 5, páginas 251-266.

Ya en México, se publicó otra traducción mía del italiano al español: “La Escuela de Policía Científica de Roma”, de Ugo Sorrentino, en “Criminalia”: año XIX, México, junio de 1953, Núm 6, páginas 313-322.

El 1 de julio de 1953, tuve conocimiento que había fallecido en nuestro país otro de miembros de la Academia, al cual tenía gran aprecio, don Mariano Ruiz Funes, quien había nacido el 24 de febrero de 1889 en la Ciudad de Murcia, España, y había venido a México con el nutrido grupo de grandes juristas republicanos, invitado por el general Lázaro Cárdenas, entonces Presidente de la República.

Recuerdo una anécdota humorística cuando nos veíamos en la Facultad de Derecho don Mariano Ruiz Funes y yo, me tomaba del brazo y me decía:  “Mi querido Ricardo no tiene usted idea de cómo me es simpático… lástima de apellido”.

En febrero de 1953 el maestro Bernaldo de Quirós cayó gravemente enfermo, por lo que pidió licencia para no impartir su curso de Criminología durante ese año y me propuso para que yo lo sustituyera en su cátedra, lo que acepté gustoso, pero con la condición de que el maestro siguiera percibiendo sus prestaciones económicas. 

Lo anterior significa que por las circunstancias especiales mencionadas, yo sustituí a uno de los miembros de la Academia durante 1953 en su cátedra de Criminología. 

EI 4 de mayo de 1954, oficialmente fui contratado por la Universidad Nacional Autónoma de México, como profesor de Derecho Penal, adscrito a la Facultad de Derecho”, por lo que en 2019 cumplí 65 años de antigüedad.

En 1954 apareció otro artículo mío: “Los elementos subjetivos del injusto en la teoría finalista de la acción”, en Cri minalia, año XX, octubre de 1954, Núm. 10, págs. 524-531. 

En 1955 apareció otro artículo mío: “EI tratamiento de la mujer delincuente”, en Criminalia, año XXI, México, enero de 1955, Núm. 1, págs. 2-5.

En febrero de 1955 se publicó otro artículo mío: “La Escuela de Perfeccionamiento en Derecho Penal de Roma, Italia”, en Criminalia, año XXI, febrero de 1955, págs. 124-131.

Mi cercanía con los miembros de la Academia era tal, que en 1955, don Francisco González de la Vega me invitó a formar parte como delegado de la Comisión de México que asistiría al Primer Congreso de las Naciones Unidas en Materia de Prevención del Delito y Tratamiento de los Delincuentes a celebrarse  en Ginebra, Suiza, del 22 de agosto al 3 de septiembre de 1955. 

Dicha Comisión que presidía el maestro González de la Vega, se integraba también por Alfonso Quiroz Cuarón y Guillermo Colín Sánchez, de los cuales el primero ya era miembro de la Academia. 

EI maestro González de la Vega, en ese viaje a Ginebra, iba en compañía de su esposa Angelita Zevada, quienes me presentaron a su sobrina Delfina Zevada Moreno, hija de don Ricardo José Zevada (hermano de Angelita) y Guadalupe Moreno.  Pasados unos años, en 1959 contraje matrimonio con Finita Zevada Moreno. 

Terminado el Congreso en Ginebra, el académico Alfonso Quiroz Cuarón y yo asistimos como delegados de México a la XXIV Asamblea de la Asociación Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), celebrada en Estambul, Turquía, del 5 al 9 de septiembre de 1955.

Pasados unos días, de nuevo el académico Alfonso Quiróz Cuarón y yo asistimos como delegados de México al Tercer Congreso de la Sociedad Internacional de Criminología, realizado en Londres, Inglaterra, del 12 al 18 de septiembre de 1955. A dicho congreso también participó el miembro de la Academia don Luis Jiménez de Asúa.

Después de los citados Congresos, varios de los académicos me dijeron que en virtud de ser ya un frecuente colaborador en la revista Criminalia, habían conversado sobre la posibilidad de proponerme como miembro de la Asociación y para comenzar me invitaron a la reunión de ingreso de don Mariano Jiménez Huerta, que se efectuó el 12 de agosto de 1956, quien disertó sobre: “Corpus delicti y tipo penal”. 

Pasados unos días, recibí una comunicación oficial de la Academia, en el sentido de que, debido a todos los antecedentes de mi relación con Criminalia y con los miembros de la Academia, me proponían admitirme en la misma, por lo que se fijó fecha para tal acontecimiento. 

EI 7 de septiembre de 1956, en el Salón de Actos de la Academia, ubicado en el despacho 202 del edificio de Seguros de México, ubicado en la calle de San Juan de Letrán número 9 (ahora Eje Central Lázaro Cárdenas), leí mi trabajo de ingreso intitulado “Ensayo de una teoría sobre la culpabilidad en los menores”, que fue contestado por don Luis Garrido, Presidente de la misma.  Yo tenía 28 años.

Dicho trabajo se publicó en Criminalia, año XXIII, México, D.F., noviembre de 1957, págs. 746-758.

Después del acto, pasamos a la acera de enfrente, al bellísimo y recién construido edificio de la Torre Latinoamericana, al piso 27, donde departimos en una comida todos los miembros de la Academia. 

A partir de mi ingreso a nuestra Asociación recuerdo que propuse, impulsé y aprobé a todos los que la componen en la actualidad, y a algunos que fallecieron. 

Ya como integrante de nuestra Asociación, a partir de 1956, se han publicado mis siguientes colaboraciones:

“El delito de estupro”, en Criminalia, México, año XXII, agosto de 1956, Núm. 7, págs.. 569-578.

“EI Derecho Penal” por Francesco Antolisei, en Criminalia, México, año XXIII, junio de 1957, Núm. 6, págs. 362-385, traducción del italiano al español. 

“Unidad y pluralidad de sujetos activos en la estructura del delito”, por Gian Domenico Pisapia, en “Criminalia”, año XXIV, México, enero de 1958, Núm. 1, pags, 26-38, traducción del italiano al español. 

En 1958, en unión de Francisco Pavón Vasconcelos,  Celestino Porte Petit y Manuel del Rio Govea, intervine en la elaboración de un “Anteproyecto de Código Penal, para el Distrito Federal”, que se publicó íntegro en Criminalia, año XXIV, México, octubre de 1958, núm. 10, págs. 598-671.

El 11 de agosto de 1959, falleció otro de los miembros de la Academia, don Constancio Bernaldo de Quirós, a quien ya me he referido y con el que cultivé una gran amistad.  No pude asistir a la ceremonia luctuosa a la que se refiere el artículo 57 de los estatutos de la Academia, en razón de que me encontraba en mi viaje de luna de miel (que se inició el 25 de julio de 1959), con mi esposa Finita, de quien ya he hablado y que duró tres meses.

En 1960 se publicó el libro “Estudios a la memoria de don Constancio Bernaldo de Quirós” en cuya página primera intitulada “Causa y razón de este libro”, sus hijos escribieron:

“Estamos ciertos, que si la obligación de un hijo es obedecer y respetar en vida a los padres, en muerte, no menor es su deber honrar y perdurar su memoria.  Y pensándolo así, y en deseo de que por boca y pluma de quienes están autorizados, se prolongue y difunda lo que fue una existencia humana y estudiosa, se recogen en este libro, las muestras de afecto y consideración expresadas con motivo de lo que fue para nosotros irreparable pérdida y que fueron ya recopiladas en un número especial de la revista “Criminalia”.

“En ambos casos, tanto en lo que se refiere a la dedicación del número especial de “Criminalia”, como en el particular de este libro, que conserva el orden y formato de la Revista, su edición ha sido posible gracias al interés de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y muchas veces le oímos decir, que en ninguna de las aulas o salones en que había disertado se sentía tan a gusto, tan a sus anchas, como en el salón de conferencias de la Academia, tan recoleto y acogedor, y en el que ahora, al lado de Maestros ya idos, se encuentra su retrato.

“Así pues, tanto a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, como a las personalidades que colaboran en él, en nombre de nuestra madre, todos nosotros, sus hijos, agradecemos emocionados esta prueba de afecto que nos conmueve, honra y obliga por toda la vida.” 

Y al reverso de esa página, de su puño y letra, sus hijos escribieron:  “A la memoria de nuestro padre, como recuerdo a su vida ejemplar, ofrecemos su último libro, que no llegó a ver, pero sí dedicó al Lic. Ricardo Franco Guzmán, su discípulo predilecto.  México, D.F., 18-X-59, C. Bernaldo de Quirós hijo, Juan B. de Quirós.” 

En 1960 impulsé y voté a favor de don Luis Fernández Doblado, don Francisco Pavón Vasconcelos y don Fernando Castellanos Tena, como nuevos miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.

La Academia me nombró para participar en su nombre, en las “Jornadas de Derecho Penal”, que tuvieron lugar del 22 al 27 de agosto de 1960, en Buenos Aires, Argentina, en términos de una carta de 28 de julio de 1960, dirigida a los organizadores de dicho evento.

El 24 de abril de 1961, falleció otro de los miembros fundadores de la Academia, Carlos Franco Sodi, nacido en Oaxaca el 31 de marzo de 1904, a los 57 años,  y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

El 29 de febrero de 1962, falleció otro de los miembros fundadores de la Academia, Alfonso Teja Zabre, nacido el 23 de diciembre de 1888, por lo que tenía 74 años, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

El 21 de febrero de 1964, falleció otro de los miembros fundadores de la Academia, Emilio Pardo Aspe, nacido el 28 de septiembre de 1885, en la Ciudad de México, tenía 79 años, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

El 29 de diciembre de 1967, falleció otro de los miembros de la Academia, Rafael Matos Escobedo, nacido en Yucatán el 28 de julio de 1889, y tenía 78 años, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.  Criminalia destinó un ejemplar para honrar su memoria en 1968.

El 13 de agosto de 1968, falleció otro de los miembros fundadores de la Academia, Raúl Carrancá y Trujillo, nacido en Campeche el 27 de agosto de 1897, tenía 70 años, mi queridísimo maestro al que tanto debo en todos sentidos, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

En 1968 falleció otro de los miembros fundadores de la Academia, José María Ortiz Tirado, nacido el 8 de agosto 1894, en Álamos, Sonora, y tenía 74 años, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

El 16 de noviembre de 1970, falleció en Buenos Aires, Argentina, otro de los miembros de la Academia, Luis Jiménez de Asúa, nacido el 19 de junio de 1889 en Madrid España, y tenía 81 años, mi queridísimo maestro al que tanto debo en todos sentidos, y al que me he referido por haber asistido en su compañía a varios congresos y haber viajado juntos en Europa y en Latino América.

El 12 de febrero de 1972, falleció en la Ciudad de México, otro de los miembros de la Academia, Juan José González Bustamante, nacido el 16 de mayo de 1890, en Matehuala, San Luis Potosí, tenía 81 años, muy querido maestro al que agradezco tantos favores que ya he relatado y que influyó para mi ingreso a la Academia, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

El 19 de octubre de 1973, falleció en la Gare du Nord, París, Francia, otro de los miembros fundadores de la Academia, Luis Garrido Díaz, nacido el 15 de mayo de 1898 en la Ciudad de México, tenía 75 años, mi queridísimo maestro al que agradezco tantos favores que ya he relatado y que influyó para mi ingreso a la Academia, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

El 3 de marzo de 1976, falleció otro de los miembros fundadores de la Academia, Francisco González de la Vega, nacido el 3 de diciembre de 1901 en Durango, y tenía 74 años, mi queridísimo maestro al que agradezco tantos favores que ya he relatado y que influyó para mi ingreso a la Academia, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.  Recuerdo que en esa ceremonia tomó la palabra el académico Sergio García Ramírez, quien pronunció unas emocionadas palabras que estremecieron a quienes estábamos presentes.

El 16 de noviembre de 1978, falleció otro de los miembros de la Academia, Alfonso Quiroz Cuarón, nacido el 19 de febrero de 1910, en Ciudad Jiménez, Chihuahua, tenía 68 años, mi queridísimo amigo, con el cual hice varios viajes que he relatado y gocé de su amistad fraterna tantos años.  Casi una vez al mes nos reunía a varios amigos en su casa de Valerio Trujano, colonia del Valle, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

Mi querido amigo Alfonso Quiroz falleció en una forma que envidio, pues ocurrió su muerte cuando estaba impartiendo su clase de Criminología en uno de los salones de la planta baja de la Facultad de Derecho.  Interesante fue saber que cuando se desmayó, lo transportaron todavía con vida en ambulancia al Hospital Adolfo López Mateos ubicado muy cerca de la Ciudad Universitaria, en la avenida Universidad casi esquina con Río de Churubusco, y que cuando lo estaban examinando, sonó la alarma de su reloj a las 10:00 a.m. exactamente, que era la hora en que terminaba la clase y en ese instante falleció.

El 24 de abril de 1979, falleció otro de los miembros fundadores de la Academia, José Ángel Ceniceros, quien había nacido el 8 de junio de 1900 en Ciudad Victoria, Durango tenía 78 años, querido maestro que influyó para mi ingreso a la Academia, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

El 23 de enero de 1983, falleció otro de los miembros fundadores de la Academia, Javier Piña y Palacios, quien había nacido el 19 de agosto de 1897 en la Ciudad de México, y tenía 85 años, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

En febrero de 1983, participé en la Mesa Redonda organizada por la Academia Mexicana de Ciencias Penales y el Instituto Nacional de Ciencias Penales sobre “La responsabilidad de los servidores públicos”, en el Auditorio de la Escuela Libre de Derecho.

El 4 de diciembre de 1987, falleció otro de los miembros fundadores de la Academia, el doctor José Gómez Robleda, quien había nacido en Orizaba, Veracruz, el 24 de julio de 1904, tenía 83 años, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

Del 4 al 6 de febrero de 1992, participé en el ciclo de mesas redondas sobre: “Las recientes reformas al Código Penal”, organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Academia Mexicana Ciencias Penales, llevadas a cabo en el aula Magna “Jacinto Pallares”.

EI 17 de septiembre de 1992, pronuncié el discurso de contestación al ingreso formal del doctor Moisés Moreno Hernández, como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, en el “Auditorio México” de la Procuraduría General de la Republica. 

Al año siguiente, en enero de 1993, con motivo de mi nombramiento como Subprocurador de Control de Procesos de la Procuraduría General de la República, invité al recién miembro de la Academia doctor Moisés Moreno Hernández, a colaborar conmigo como Coordinador de Asesores.

EI 29 de agosto de 1996, participé en la conferencia: “Imputabilidad y justicia de menores”, dentro del Programa Anual de Actualización en Materia de Impartición de Justicia de Menores Infractores, organizada por la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaria de Protección Civil y de Prevención y Readaptación Social, el Consejo de Menores del Distrito Federal y la Academia Mexicana de Ciencias Penales, celebrada en 
el Auditorio del Consejo de Menores del Distrito Federal. 

En noviembre de 1997, escribí un trabajo sobre: “Imputabilidad y justicia de menores”, en “Memoria del curso de actualización en materia de impartición de justicia de menores infractores”, publicado por la Secretaría de Gobernación y la Academia Mexicana de Ciencias Penales, México, D.F., noviembre de 1997, pp. 75-82. 

EI 8 de julio de 1997, dicté una conferencia sobre: “Teoría de los elementos subjetivos del injusto”, dentro de las “Jornadas de Derecho Penal México-España”, organizadas por la Academia Mexicana de Ciencias Penales y la Asociación de Egresados de Postgrado de la Universidad de Salamanca, España, realizadas en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional, Siglo XXI. 

EI 19 y 20 de febrero de 1998, intervine en el “Seminario Internacional, Política de Justicia de Menores Infractores”, organizado por la Academia Mexicana de Ciencias Penales, la Unión Europea y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, efectuado en la Secretaría de Gobernación.

En septiembre de 2000, en sesión de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, se recibió una comunicación del Instituto Nacional de Ciencias Penales, del cual aquélla forma parte de su Junta de Gobierno, en la que le informaba que con motivo de la celebración de los 100 años de la Procuraduría General de la República, se había tomado el acuerdo de otorgar el grado de doctor Honoris Causa, a tres juristas y pedía a la Academia proponer el nombre de uno de sus miembros, por lo que por unanimidad se propuso el nombre de Ricardo Franco Guzmán.

Asimismo, se tomó la determinación de que el doctor Jesús Zamora Pierce, Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, interviniera en la Ceremonia respectiva, haciendo la laudatio de Franco Guzmán.

El 4 de septiembre de 2000, dentro del marco de la conmemoración de los 100 años de la Procuraduría General de la República, se llevó a cabo la ceremonia de investidura de doctorados Honoris Causa, en el Museo Nacional de Antropología, que recibieron: el doctor Claus Roxin, de Alemania, José Cerezo Mir, de España y Ricardo Franco Guzmán de México, de manos del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa ocasión, el licenciado Jorge Madrazo Cuellar, Procurador General de la República, en lo referente expresó:

“Este año, la Procuraduría General de la República cumple un siglo de existencia.  Hace 100 años, precisamente el día 22 de mayo de 1900, se publicaron las reformas a los artículos 91 y 96 de la Ley Fundamental de 1857, con lo que arrancaba la vida de esta Institución.

“Es para nosotros un extraordinario privilegio el que los doctores Roxin, Cerezo Mir y Franco Guzmán, hayan aceptado la designación de doctores honoris causa del Instituto Nacional de Ciencias Penales de México.

“El doctor Ricardo  Franco Guzmán, de nacionalidad mexicana, no necesita de presentación alguna en el mundo de la ciencia jurídica de nuestro país, doctor en Derecho por la UNAM, cuenta con una especialización en Derecho Penal en la Universidad de Roma, Italia; catedrático de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace casi 50 años, donde ha formado muchas generaciones de abogados mexicanos;  autor de múltiples artículos sobre Derecho Penal;  Subprocurador y Fiscal de la Procuraduría General de la República;  también ha sido objeto de incontables distinciones en México y en el extranjero.”

En la misma ceremonia, en la laudatio del doctor Jesús Zamora Pierce, Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, hizo un resumen de las actividades de Ricardo  Franco Guzmán, en el que destacó lo siguiente:

“Por su labor en la formación académica de los juristas mexicanos, así como por su invaluable obra científica, que es fundamental para el Derecho Penal Mexicano.

“Obtuvo el grado de licenciado en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM.  En Italia fue discípulo de Filippo Grispigni, gloria del penalismo italiano; y de Alfredo de Marsico, Benigno di Tullio y Alfredo Nicéforo.

“En 1971 obtuvo el grado de doctor en Derecho de la UNAM con mención honorífica.

“Ha dedicado su vida al ejercicio libre de su profesión y a la Universidad.  Durante casi medio siglo han pasado por su cátedra miles de alumnos que, después, han diseminado sus enseñanzas por toda la República.

“En la Procuraduría General de la República ha ocupado los cargos de Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, Subprocurador Jurídico y Subprocurador de Control de Procesos.  En este último cargo recibió la encomienda de coordinar los trabajos de una comisión que dieron como resultado la reforma de más de 400 artículos de doce leyes, entre ellas la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Cuando recibí las insignias de doctor Honoris Causa de manos del Presidente de la República, mentalmente agradecí a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, el haberme elegido como su representante, que fue para mí un gran honor.

En 2001, en sesión formal de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, presidida por el doctor Jesús Zamora Pierce, se tomó el acuerdo de hacer una publicación en homenaje de nuestra Asociación, por lo que todos los asistentes se comprometieron a aportar artículos jurídicos, entre ellos Ricardo Franco Guzmán, quien escribió:  “EI caos de la legislación penal en México y la necesidad de transformarla en federal”, publicado en “Estudios en homenaje a la Academia Mexicana de Ciencias Penales”, Editorial Porrúa, México, 2001, pp. 131-138. 

Del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2004, intervine como representante de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, en el congreso organizado por Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional, y pronuncié una conferencia sobre la: “Unificación del Derecho Penal”. 

Artículo intitulado “Unificación del Derecho Penal”, en “Hacia la Unificación del Derecho Penal.  Logros y desafíos de la armonización y homologación en México y en el Mundo.” Instituto Nacional de Ciencias Penales, Academia Mexicana de Ciencias Penales y Max Planck Institut, México, mayo 2006. págs. 27-41.

EI 20 de agosto de 2007, participé en el programa de televisión denominado “Expediente INACIPE”, transmitido por el Canal Judicial, organizado por el INACIPE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Academia Mexicana de Ciencias Penales. 

EI 7 enero de 2008, participé como ponente en el Foro: “La reforma constitucional en materia penal y seguridad pública”, con el tema: “Los alcances de la oralidad en el proceso”, organizado por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Academia Mexicana de Ciencias Penales. 

En el mismo año 2008, cuando el doctor Moisés Moreno Hernández era el Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, recibí el más grande homenaje que pude imaginar me rindió nuestra Asociación, con motivo de haber cumplido más de 50 años de haber ingresado como miembro numerario de la misma, en unión del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en un libro que así se denominó: “Homenaje a Ricardo Franco Guzmán.  50 años de vida académica”, 2008.

El libro ostenta en la carátula y en el interior, los logotipos de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y del Instituto Nacional de Ciencias Penales, compuesto de 750 hojas en la que escribieron 27 miembros de la Academia, con una bella presentación del doctor Moisés Moreno Hernández, Presidente de la misma, que transcribo:

“Presentación.  1) La Academia Mexicana de Ciencias Penales acordó rendir homenaje al doctor Ricardo  Franco Guzmán, con motivo de haber cumplido 50 años como Académico de Número de la misma.  Con ello, la Academia ha querido reconocer la aportación que Franco Guzmán ha tenido tanto en la enseñanza del Derecho Penal como en el foro, así como destacar su amplia participación en actividades relacionadas con la reforma al sistema de justicia penal.

“Este libro homenaje al doctor Ricardo  Franco Guzmán constituye uno de los aspectos importantes de ese reconocimiento, en el que se contienen, además de la colaboración de miembros de la Academia, las aportaciones de profesores e investigadores de Derecho Penal y Procesal Penal, Criminología y Criminalística, nacionales y extranjeros, que no sólo abordan temas de interés para las ciencias penales, sino que también destacan algunos aspectos de la vida del académico homenajeado.  Por ello, en nombre de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que es el organismo que promovió la realización de esta obra colectiva, quisiera agradecer a todos los profesores e investigadores en las áreas de las ciencias penales, así como a los discípulos del homenajeado, que respondieron positivamente a la convocatoria para participar en este homenaje.

“Asimismo, deseo expresar a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales y al director general del INACIPE, por haber autorizado que este libro-homenaje se publique por la editorial del Instituto en coedición con la Academia.

“Las anteriores consideraciones y la estrecha vinculación que desde siempre ha existido entre la Academia Mexicana de Ciencias Penales y el INACIPE, son motivo suficiente para que en esta ocasión la Academia rinda un merecido homenaje a uno de sus destacados miembros, quien, además de ser el decano de los académicos vivos, es el que ha superado ya el medio siglo de vida académica.  Felicidades.”

EI 16 de marzo de 2010, participé en la presentación del libro “EI Derecho Penal a Juicio, Diccionario Crítico”, editado por la Academia Mexicana de Ciencias Penales y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. 

Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2010, intervine como comentarista por parte de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, en las “XI Jornadas sobre Justicia Penal, la Situación actual del Sistema Penal en México”, organizadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

EI 19 de enero de 2012, participé en la Ceremonia de Develación de la Placa que conmemora la presencia de la Academia Mexicana de Ciencias Penales en la Facultad de Derecho de la UNAM desde 1940. 

EI 26 de febrero de 2014, participé en la conferencia de “Comentarios al Código Nacional de Procedimientos Penales”, organizada por la Academia Mexicana de Ciencias Penales, con la intervención de la licenciada Arely Gómez, senadora de la República.

EI 28 de mayo de 2014, participé como representante de nuestra Asociación, en la presentación y mesa redonda de un “Número especial de la revista Criminalia:  La Unificación de la legislación penal y la Academia Mexicana de Ciencias Pena-les.  Debate Histórico e Ideas Actuales”, organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

En noviembre de 2016, apareció el libro “Ricardo  Franco Guzmán.  Homenaje por sus 60 años de vida académica”, con el sello de la prestigiada Editorial Porrúa, a la cual debemos reconocer la pulcra impresión que hizo durante varias décadas de la revista Criminalia.

En dicho libro de homenaje, aparecen las bellas palabras, anécdotas y recuerdos de los siguientes miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales: Victoria Adato Green, Alicia Beatriz Azzolini Bincaz, Constancio Bernaldo de Quirós, Raúl Carrancá y Rivas, Marco Antonio Díaz de León, Luis Fernández Doblado, René González de la Vega, Raúl González Salas-Campos, Luis Jiménez de Asúa, María de Luz Lima Malvido, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Moisés Moreno Hernández, Alberto Enrique Nava Garcés, Luis Rodríguez Manzanera, Antonio Sánchez Galindo, Juan N. Silva Meza, Sebastián Soler, Juan Velásquez, Ruth Villanueva Castilleja, Eugenio Raúl Zaffaroni, Jesús Zamora Pierce.

El 5 de julio de 2018 contesté a la lectura que dio el doctor Miguel Ángel Aguilar López, de su trabajo “EI efecto reparador de la prueba ilícita (originaria y derivada)”, en la ceremonia de formal ingreso como miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. 

Como podrá verse, prácticamente toda mi vida, desde estudiante en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, hasta la fecha, he estado unido, primero a la revista Criminalia y, después, a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, como miembro numerario desde el 7 de septiembre de 1956, hasta el día de hoy 21 de diciembre de 2020, en que celebramos el aniversario número 80 de la fundación de nuestra insigne asociación. 

1.  José Ángel Ceniceros (8 junio 1900) 24 abril 1979 (78) 

2.  Francisco Gonzalez de la Vega (3 dic. 1901) 3 mar. 1976

3.  Alfonso Teja Zabre (23 di

c. 1888) 29 feb. 1962 (74)

4. Raúl Carrancá y Trujillo (27 ago. 1897) 13 ago. 1968 (70) 

5. Luis Garrido Díaz (15 mayo 1898) 19 octubre 1973. (75)

6.  Emilio Pardo Aspe (28 sept. 1885) 21 feb. 1964 (79 años) 

7. Carlos Franco Sodi (31 marzo 1904) 24 abril 1961 (57 años) 

8.  José Ortiz Tirado (8 agosto 1894) Sonora 1968 (74 años)

9. Javier Piña y Palacios (19 agosto 1897) 23 enero 1983) (85) 

10.  Francisco Argüelles (10 octubre 1908) 

11.  José Gómez Robleda (24 julio 1904) 14 dic. 1987 (83 años) 

12.  José Torres Torija (15 junio 1885) 21 abril 1952 (67) 

1940 Alfonso Quiroz Cuarón (19 feb. 1910) 16 nov. 1978 (68) 1941 Mariano Ruiz Funes (24 febrero 1889) 1 julio 1953 (64) 1942 Juan J. González Bust. (16 mayo 1890) 12 feb. 1972 (81)

1943 Celestino Porte Petit (2 Nov. 1910) 22 enero 2002 (91)

1943 Luis Jiménez de A. (19 jun. 1889) 16 nov. 1970 (81) 

1948 Constancio B. de Q (12 dic. 1873) 11 agost. 1959 (86) 

1951 José R. Palacios Vargas (ingresó sept. 1951) 

Rafael Matos Escobedo (28 julio 1889) 29 dic. 1967 (78) 

Guillermo Colín Sánchez (11 feb. 1929) 16 enero 1999 (74) 

Antonio Sánchez Galindo (24 dic. 1933) 

Luis Rodríguez Manzanera (13 jun. 1939) 

Raúl F. Cárdenas Cordero (25 de marzo 1909)

Guillermo Corona Uhink (

Ángel González de la Vega (26 sep. 1895) 17 sept. 1979″

por supuesto, se hizo hincapié en el recuerdo de Don Luis Jiménez de Asúa. Un gigante del Derecho Penal que perteneció a la Academia.

 Académicos de Número: 

1. Victoria Adato Green 

2. Miguel Ángel Aguilar López 

3. Miguel Oscar Aguilar Ruiz 

4. Alicia Azzolini Bincaz 

5. Pedro Pablo Carmona Sánchez 

6. Raúl Carrancá y Rivas 

7. Sergio Correa García 

8. Luis De la Barreda Solórzano 

9. Enrique Díaz Aranda 

10. Rodolfo Félix Cárdenas 

11. Ricardo Franco Guzmán 

12. Sergio García Ramírez 

13. Olga Islas Magallanes de González Mariscal 

14. María Elena Leguízamo Ferrer 

15. María de la Luz Lima Malvido 

16. Sara Mónica Medina Alegría 

17. Rafael Moreno González 

18. Moisés Moreno Hernández 

19. Jorge Nader Kuri 

20. Alberto Enrique Nava Garcés 

21. Roberto Ochoa Romero 

22. Ricardo Ojeda Bohórquez 

23. Miguel Ontiveros Alonso 

24. Mercedes Peláez Ferrusca 

25. Raúl Plascencia Villanueva 

26. Luis Rodríguez Manzanera 

27. Juan Silva Meza 

28. Elisa Speckman Guerra 

29. Ruth Villanueva Castilleja 

30. Jesús Zamora Pierce 

31. René González de la Vega

32. Jorge Ojeda Velázquez

33. Luis Fernández Doblado

34. Miguel Ángel Mancera Espinosa

35. Mario Alva Rodríguez

Correspondientes nacionales

Correspondientes extranjeros IN MEMORIAM

 Enrico AltavillaItalia

 
Lola Aniyar de CastroVenezuela
 Francesco AntoliseiItalia
 Charles AssoFrancia
 Noé AzevedoBrasil
 Carlos A. BambarénPerú
 Marino Barbero SantosEspaña
 Héctor Beeche LujánCosta Rica
 Bernardo BeidermanArgentina
 Armida Bergamini MiottoBrasil
 Antonio Beristain IpiñaEspaña
 Giuseppe Maria BettiolItalia
 Francisco Blasco y Fernández de MoredaArgentina
 Pierre BouzatFrancia
 Doris BrasolEUA
 Giuseppe BussianteItalia
 Julián CalvoChile
 Miguel Ángel CarbonellCuba
 Federico CastejónEspaña
 Israel CastellanosCuba
 Manuel Cobo del RosalEspaña
 Haim CohnIsrael
 Jean ConstantBélgica
 Andrés F. CórdobaEcuador
 Juan Córdoba RodaEspaña
 Luis Cousiño Mac IverChile
 Luis Guillermo Cornejo CuadrosPerú
 Paul CornilBélgica
 Luis Cova GarcíaVenezuela
 Anselmo CrisafulliItalia
 Eugenio Cuello CalónEspaña
 Emirto de LimaColombia
 F. de Sola CañizaresFrancia
 Rosa del OlmoVenezuela
 José del Picchio FiloBrasil
 Juan del RosalEspaña
 Benigno Di TullioItalia
 José A. DíazCuba
 Henri Donnadieu de VabresFrancia
 Israel DrapkinChile
 Manuel DuránBolivia
 Guillermo Fernández DávilaPerú
 Rafael Fernández RuenesCuba
 Rafael FontecillaChile
 Aldo FranchiniItalia
 J. Carlos García BasaloArgentina
 Eleanor Touroff GlueckEUA
 Sheldon GlueckEUA
 Eusebio GómezArgentina
 Filippo GramaticaItalia
 Luis Gracia MartinEspaña
 Jean GravenSuiza
 José Enrique Gutiérrez AnzolaColombia
 Rafael HernándezEUA
 Miguel Herrera FigueroaArgentina
 Jacques-Bernard Herzog Francia
 Louis HugueneyFrancia
 Nelson HungríaBrasil
 Rafael Isava NúñezVenezuela
 Luis Jiménez de AsúaArgentina
 Victoria KentEspaña
 Francisco T. LaplazaArgentina
 Leone LattesItalia
 Jacques LeautteFrancia
 José Lemos BrittoBrasil
 Bolívar LeónEcuador
 José Antonio León ReyColombia
 Bernardino León y LeónPerú
 Ricardo LeveneArgentina
 Edmond LocardFrancia
 Manuel López-Rey y ArrojoInglaterra
 José Agustín MartínezCuba
 José Rafael Mendoza TroconisVenezuela
 Jean Moruzi-Strada LainisiRumania
 Gilberto Mosquera PozoCuba
 Eduardo Novoa MonrealChile
 Fernando OrtizCuba
 José PecoArgentina
 Luis Pereyra de MeloBrasil
 Luis Carlos PérezColombia
 Avelino Pessoa CabalcantiBrasil
 Roberto PettinatoArgentina
 Pedro Pineda LópezVenezuela
 Francisco Ponte DomínguezCuba
 Leonidio RibeiroBrasil
 José Rodríguez DevesaEspaña
 Nerio RojasArgentina
 J. A. RouxFrancia
 J. A. César SalgadoBrasil
 Luis Sandoval SmartChile
 Miguel Scheweitzer S.Chile
 Thorsten SellinEUA
 Galdino SiqueiraBrasil
 Sebastián SolerArgentina
 Vasile V. StanciuFrancia
 Evelio TabioCuba
 Ugo G. TomassiniVenezuela
 Gino TovazziItalia
 Guillermo Uribe CoallaColombia
 Giuliano VassalliItalia
 Armando VidalBrasil
 Roberto VouienFrancia
 Jorge E. Zavala BaquerizoEcuador

CORRESPONDIENTES EXTRANJEROS VIGENTES:

1.                                                                     

Prof. Dr. LUIS ARROYO ZAPATERO

España

2.                                                                     

Prof. ADELA ASÚA BATARRITA

España

3.                                                                     

Prof. Dr. Enrique BACIGALUPO

Argentina

4.                                                                     

Prof. Dr. César Oliveira de BARROS LEAL

Brasil

5.                                                                     

Prof. Dr. Edgar IVÁN COLINARAMÍREZ

España

6.                                                                     

Prof. Dr. José Luis de la CUESTA ARZAMENDI

España

7.                                                                     

Prof. Dr. Pedro Rubens DAVID

Argentina

8.                                                                     

Prof. Dra. MIREILLE DELMAS-MARTY

Francia

9.                                                                     

Prof. Dr. ENRIQUE GIMBERNATORDEIG

España

10.                                                                  

Prof. Dr. Juan-LUIS GÓMEZ COLOMER

España

11.                                                                  

Dra. HILDA MARCHIORI

Argentina

12.                                                                  

Prof. Dr. FRANCISCO MUÑOZ CONDE

España

13.                                                                  

Prof. Dr. CLAUS ROXIN

Alemania

14.                                                                  

Prof. Dr. Jan-MICHAEL SIMON

Alemania

15.                                                                  

Prof. Dr. Fernando M. VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ

Colombia

16.                                                                  

Prof. Dr. Eugenio RAÚL ZAFFARONI

Argentina

Por último, compartimos el video de la ceremonia:

Hoja criminológica (septiembre de 2020)

La Sociedad Mexicana de Criminología publica puntualmente su hoja, mediante la cual da las noticias sobre las actividades de la propia sociedad y sus integrantes.

En esta ocasión aparecen distintos eventos en los que tuve el honor de participar, tales como el Congreso (virtual) de Derecho Penal organizado por la Facultad de Derecho (UNAM), en la mesa 18 sobre delitos informáticos, así como en el homenaje pedido por sus setenta años como abogado del Dr. Ricardo Franco Guzmán.

Agradezco enormemente al Dr. Rodríguez Manzanera por la cálida felicitación con motivo de mi ingreso a la Academia Mexicana de Ciencias Penales.

Así como agradezco a quienes hacen realidad la hoja criminológica por la reseña al libro

La responsabilidad penal de las personas morales y las nuevas tecnologías, publicado por Porrúa (2020)

esta es la hoja en su versión PDF:

Pandemia y Derecho Penal (delitos contagio, saqueos, delitos en la red, amnistía) Conferencia

 

 

Conferencia a distancia (Cuarentena por Coronavirus COVID 19) “Covid 19 y Derecho Penal”, transmitida por medios virtuales (Facebook y Zoom), organizada por el Colegio de profesores de Derecho Penal, Facultad de Derecho, UNAM, 27 de abril de 2020.

 

Comparto algunos fragmentos en audio y video de la conferencia:

 

 

 

 

 

 

09777d6f-ad72-4294-9cc6-ac6622cf46b5.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delito de peligro de contagio

Delito de peligro de contagio

 

1.- El delito de peligro de contagio se establece en el Código Penal Federal (solo aplicable si la víctima o el activo son funcionarios federales en ejercicio de sus funciones) en el artículo 199 bis:

 

Del peligro de contagio

Artículo 199-Bis.- El que a sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, será sancionado de tres días a tres años de prisión y hasta cuarenta días de multa.

Si la enfermedad padecida fuera incurable se impondrá la pena de seis meses a cinco años de prisión.

Cuando se trate de cónyuges, concubinas, sólo podrá procederse por querella del ofendido.

 

2.- De una manera muy similar se encuentra regulado en el Código Penal para el Distrito Federal

PELIGRO DE CONTAGIO

ARTÍCULO 159. Al que sabiendo que padece una enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, siempre y cuando la víctima no tenga conocimiento de esa circunstancia, se le impondrán prisión de tres meses a tres años y de cincuenta a trescientos días multa.

Si la enfermedad padecida fuera incurable, se impondrán prisión de tres meses a diez años y de quinientos a dos mil días multa. Este delito se perseguirá por querella de la víctima u ofendido.

 

3.- Si el sujeto pasivo (persona a quien va dirigido el contagio) es contagiada, entonces ya no estaremos ante un delito de peligro sino ante lesiones (alteración en la salud) y peor tanto se excluye el delito de peligro de contagio.[1]

 

4.- características especiales. El delito de contagio tiene características particulares:

 

A.- El sujeto activo debe saber que tiene la enfermedad, por tanto, debe estar diagnosticado e informado de la enfermedad que padece y de su potencial para contagiar dicha enfermedad.

 

No es necesario lograr el contagio sino desplegar la conducta para que ocurra.

 

B.- ¿Quién o qué institución determina la enfermedad grave? Debe tratarse de una enfermedad venérea (lo cual no es difícil establecer, pues la Organización Mundial de la salud y las leyes de Salud de la entidad deben establecer el cuadro de enfermedades venéreas) o grave en período infectante, para lo cual no hay un catálogo y eso hace que el tipo penal esté en blanco (requiere de una interpretación en otra disposición legal que así declare a la enfermedad.)

 

La Ley General de Salud señala el catálogo de enfermedades transmisibles

 

ARTÍCULO 134. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles:

 

  1. Cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea, shigelosis, amibiasis, hepatitis virales y otras enfermedades infecciosas del aparato digestivo;
  2. Influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, infecciones meningocóccicas y enfermedades causadas por estreptococos;
  • Tuberculosis;
  1. Difteria, tosferina, tétanos, sarampión, poliomielitis, rubeola y parotiditis infecciosa;
  2. Rabia, peste, brucelosis y otras zoonosis. En estos casos la Secretaría de Salud coordinará sus actividades con la de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural;
  3. Fiebre amarilla, dengue y otras enfermedades virales transmitidas por artrópodos;
  • Paludismo,tifo,fiebrerecurrentetransmitidaporpiojo,otrasrickettsiosis,leishamaniasis,tripanosomiasis,

y oncocercosis;

  • Sífilis, infecciones gonocóccicas y otras enfermedades de transmisión sexual;
  1. Lepra y mal del pinto;
  2. Micosis profundas;
  3. Helmintiasis intestinales y extraintestinales;
  • Toxoplasmosis;

XIII. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), y

XIV.Las demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

 

C.- El tipo penal es de carácter doloso, requiere que, con el conocimiento de la enfermedad que padece, el sujeto despliegue su conducta con la intención de contagiar a otra u otras personas.

 

Por un error en la técnica legislativa, en el art. 76, del CPDF se prevé para castigar culposamente una conducta que no está prevista en el propio código “lesiones por contagio previstas en el artículo 159” (SIC), lo que está previsto es el peligro de y en otro artículo las lesiones.[2]

 

D.- El delito en comento es de oficio en el Código Penal Federal (con excepción para cónyuge y / o concubina[3]) y de querella en el Distrito Federal

 

E.- Si una persona estuviese enferma, y realzara esta conducta, por tratarse de una enfermedad en período infectante, sería deber del agente del Ministerio Público ordenar su inmediata atención médica antes de tomar su declaración.

 

5.- Debemos pensar en dos supuestos:

 

  1. El jefe de un hospital que coloca a su personal en riesgo al no dotarlo del equipo necesario para evitar un contagio. Su conocimiento sobre el período infectante y la posibilidad de muerte de quienes coloca en ese riesgo lo hacen responsable del resultado.

 

  1. El paciente asíntomático que deambula transmitiendo la enfermedad. Su desconocimiento de la portación de la enfermedad lo hace impune.

[1] Época: Octava Época

Registro: 909735

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Apéndice 2000

Tomo II, Penal, P.R. TCC

Materia(s): Penal

Tesis: 4794

Página: 2414

LESIONES Y PELIGRO DE CONTAGIO, DELITOS DE. NO COEXISTEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).-

El delito de lesiones previsto en el artículo 113 del Código Penal para el Estado de Veracruz, no puede coexistir con el de peligro de contagio, habida cuenta de que el artículo 138 del propio código, establece: “al que padeciendo alguna enfermedad grave y transmisible ponga en peligro de contagio a otro …”, y si en el caso se produjo el contagio, debe considerarse que éste fue el medio para originar las lesiones apreciadas al ofendido, por lo que no se puede estar en presencia, legalmente, de un concurso real de ilícitos. De ahí que la acumulación de las penas correspondientes a los delitos de lesiones y peligro de contagio, está en contravención del artículo 8o. del mismo cuerpo de leyes, que contempla el principio de consunción y, por lo tanto, en este aspecto la sentencia reclamada es violatoria de garantías individuales en perjuicio del quejoso.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 308/90.-Guadalupe Magaña de la Cruz.-29 de abril de 1991.-Unanimidad de votos.-Ponente: Omar Losson Ovando.-Secretario: Alejandro Gabriel Hernández Viveros.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, febrero de 1992, página 216, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis VII.4o.8 P.

[2] ARTÍCULO 76 (Punibilidad del delito culposo). En los casos de delitos culposos, se impondrá la cuarta parte de las penas y medidas de seguridad asignadas por la ley al tipo básico del delito doloso, con excepción de aquellos para los que la ley señale una pena específica o un tratamiento diverso regulado por ordenamiento legal distinto a este Código. Además se impondrá, en su caso, suspensión o privación definitiva de derechos para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o permiso, por un término igual a la pena de prisión impuesta.

Siempre que al delito doloso corresponda sanción alternativa que incluya una pena no privativa de libertad, aprovechará esta situación al responsable del delito culposo.

Sólo se sancionarán como delitos culposos los siguientes: Homicidio, a que se refiere el artículo 123; Lesiones, a que se refiere el artículo 130 fracciones II a VII; Aborto, a que se refiere la primera parte del párrafo segundo del artículo 145; Lesiones por Contagio, a que se refiere el artículo 159; Daños, a que se refiere el artículo 239; Ejercicio Ilegal del Servicio Público, a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 259, en las hipótesis siguientes: destruir, alterar o inutilizar información o documentación bajo su custodia o a la cual tenga acceso; propicie daños, pérdida o sustracción en los supuestos de la fracción IV del artículo 259; Evasión de Presos, a que se refieren los artículos 304, 305, 306 fracción II y 309 segundo párrafo; Suministro de Medicinas Nocivas o Inapropiadas a que se refieren los artículos 328 y 329; Ataques a las Vías y a los Medios de Comunicación a que se refieren los artículos 330, 331 y 332; Delitos contra el Ambiente a que se refieren los artículos 343, 343 bis, 344, 345, 345 bis y 346; Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos a que se refieren los artículos 350 Bis y 350 Ter, y los demás casos contemplados específicamente en el presente Código y otras disposiciones legales.

[3] Ésta puede colocarse en una autopuesta en peligro si conociendo la enfermedad de su pareja, realiza actos que la pongan en posibilidad de contagio.

El INACIPE otorgó el Doctorado Honoris Causa al Dr. Jesús Zamora Pierce

El 23 de octubre de 2019 se llevó al cabo la ceremonia de investidura del doctorado Honoris Causa que le confirió el Instituto Nacional de Ciencias Penales al Dr. Jesús Zamora Pierce.

Antes de entregarle el pergamino y la venera correspondiente, tuve el honor de pronunciar la Laudatio correspondiente, la cual se reproduce a continuación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y este es el momento en que es investido:

 

 

 

 

Algunas imágenes de aquel día:

 

 

IMG_2637.jpeg

 

 

 

 

IMG_2635.jpeg

 

 

IMG_2648.jpeg

 

IMG_2666.jpeg

 

IMG_2663.jpeg

 

EDAI6521.jpeg

 

NKQY6302.jpeg

 

RNCO2140.jpeg

 

 

IMG_2671.jpeg

 

 

NMDG0269.jpeg

 

CIBERDELITOS

 

 

Recientemente, el INACIPE y Tirant lo Blanch dieron a conocer un proyecto editorial denominado “desafíos de la justicia” dentro del cual está el  volumen dedicado a los Ciberdelitos. Una vez que apareció este ejemplar, se presentó en la Feria Internacional del libro de Guadalajara y, paulatinamente se hicieron otras presentaciones en distintos recintos.

Hace 20 años estos delitos eran novedad y plantearon determinados retos que no se vieron a tiempo. Hace 20 años no éramos esclavos de los teléfonos inteligentes, no teníamos el problema de no convivir socialmente por estar al pendiente de lo que pasa en el teléfono y lo que sucede de manera remota. Las redes sociales no tenían el mismo impacto en la cotidianidad. Usar un plástico para pagar no tenía mayores riesgos, no implicaba el robo de nuestros datos o de nuestro patrimonio.

En la actualidad ya no son una novedad las nuevas tecnologías y mucho menos la necesidad de que el derecho penal las tome en cuenta para saber hasta dónde y cómo regularlas sin perder vigencia ante los cambios tecnológicos que ocurren a pasos galopantes

El video que presentamos a continuación, deriva de la invitación de Expediente Inacipe para el coordinador y dos de los participantes en el libro Alicia Rubí Guerra Valdivia y Daniel Córdova.

 

 

 

 

 

 

IMG_9396

 

 

 

 

 

10a61a81-8de1-4503-a48d-dd33b0ba0bb1

 

 

 

 

enlace al programa:

Expediente Inacipe

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Castresana, Doctor Honoris Causa por el Instituto Nacional de Ciencias Penales

por Alberto E. Nava Garcés

 

(Publicado en la revista El Mundo del abogado, mayo de 2018)

 

introito

 

Es difícil en ocasiones establecer en un breve texto si debemos felicitar al recipiendario de un reconocimiento como el que ahora nos convoca, o bien, felicitar a la institución por su impecable elección, pues con esta distinción, el propio INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES se distingue.

 

Cuando se trata de reconocer a un fiscal, con más razón hay motivos para celebrarlo, pues les confesaré que cada que un fiscal concluye su tarea, lo imagino igual que al cuadro que pintara Carbonero sobre Carlos de Viana, derrotado en su sillón, no por no haber podido ser rey, sino por el magnífico desgaste que implica la función.

 

Pocos, pero muy pocos son los fiscales que salen airosos y es por ello que debemos reconocer en Carlos Castresana a un jurista más allá del papel que le ha tocado y más allá de los resultados que han hecho de su trayectoria algo ejemplar.

 

El reconocimiento que esta mañana le es concedido debe servir no solo para su ámbito personal, ni para colocar una fotografía al lado de los distinguidos penalistas que le han precedido, sino para el lustre institucional y para que las nuevas generaciones se pregunten cuáles fueron sus méritos.

 

Por tal motivo, habré de referir algunos lugares comunes que nos darán cierta luz sobre el periplo de Carlos Castresana, doctorado honoris causa.

 

 

Carlos Castresana

 

El 16 de octubre de 1998, pudimos observar con enorme asombro la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet por las eficaces autoridades británicas en cumplimiento de un mandato judicial español.

 

Fue en entonces cuando saltaron a la luz, de este lado de Iberoamérica, nombres tales como el de Baltazar Garzón y, por supuesto, de Carlos Castresana, quien presidía la Unión Progresista de Fiscales y quien había llevado a cabo una investigación sobre los actos realizados por el expresidente chileno y que podían constituirse como delitos. Investigación realizada entonces al amparo del interesante principio de jurisdicción universal previsto de la Ley Orgánica del Poder Judicial en España.[1]

 

Notas de una biografía

 

Carlos Castresana Fernández nació en Madrid en 1957

 

Según la biografía (que puede consultarse en la página del diario español El País),Castresana ejerció como abogado antes de ingresar en la carrera fiscal en 1989 e ingresó en la Fiscalía Anticorrupción desde su creación en 1995, donde estuvo dedicado a investigar casos de gran relevancia.

Encabezó investigaciones tan famosas como el llamado “caso Gil”, relativo a los actos imputados al entonces alcalde de Marbella y ex presidente del club de fútbol Atlético de Madrid.

 

(Es curioso cómo el fútbol y el derecho penal se entrelazan de manera continua, ya que hace tan solo unos meses en este mismo espacio, animábamos la defensa de un colega que defendía a un eminente futbolista mexicano).

 

Pinochet

 

Pero, como lo establecí líneas arriba, la investigación que colocó en la mira de todos los penalistas a castresana fue sin duda la causa pendiente contra el exdictador chileno Augusto Pinochet, que el gobierno mexicano reprobó desde aquel 11 de septiembre de 1973 y con el que no mantuvo relaciones diplomáticas, sino hasta la restauración de la democracia.

 

En esa investigación, presentada ante la Audiencia Nacional, acusó al viejo dictador de los delitos de genocidio, tortura y terrorismo, así como a los militares que gobernaron Argentina desde 1976 y, aunque no era un gobernante como tal, para México fue paradigmática la entrega de Ricardo Miguel Cavallo a la justicia española, cuyas imputaciones derivaban de los casos anteriores.[2]

 

Lo demás es historia, con sus claroscuros. Pinochet no fue entregado por el gobierno británico, pero de ninguna manera desanimó a nuestro homenajeado para continuar con su estupenda carrera.

 

Como no lo fue cuando el mismo refiere la frutración de suspender una acusación porque su investigado fue electo como primer ministro italiano, me refiero por supuesto al caso de Berlusconi, que más que dinero e influencias, gozaba de una suerte que rebasaba toda probabilidad.[3]

 

Guatemala

 

Castresana logró llevar a juicio a un expresidente de Guatemala, lo que se traduce en que su prestigo lo ha llevado a procurar justicia más allá de las latitudes de costumbre.

 

En septiembre de 2007, recibió, de manos de la Secretaría general de la ONU, el encargo de dirigir la Comisión Internacional con el objeto de investigar y llevar a juicio a las organizaciones criminales y en particular a las que operaban desde el interior de las instituciones guatemaltecas.

 

Los principales casos en que estuvo al frente la comisión encabezada por Castresana fueron los de Rosemberg y Alfonso Portillo, expresidente guatemalteco.

 

Sin embargo, en junio de 2010, Carlos Castresana renunció a dicha encomienda, por el “incumplimiento” del Estado guatemalteco en su compromiso de combatir la impunidad.

 

Al renunciar, recordó las palabras de otro eminente fiscal Giovanni Falcone: “En estos trabajos, cuando te quedas solo, te conviertes en un coleccionista de balas”.

 

Su formación académica

 

Probablemente durante su presentación ya se haya señalado que carlos Castresana es Profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid y profesor invitado de Derecho Penal Internacional en la University of San Francisco, California entre 2003 y 2005, asimismo que fue director de Programas de Derechos Humanos de su Center for Law and Global Justice.

 

Entre sus reconocimientos están el Premio Nacional de Derechos Humanos en España, que recibió en 1997; así también recibió el Premio de Derechos Humanos de la Asociación Argentina de Derechos Humanos; el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Guadalajara, México; el Certificate of Honor del City Council of San Francisco, California y, paradójicamente, recibió la Medalla de Honor de la Vicepresidencia del Senado de la República de Chile y le fue concedido el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Central de Santiago de Chile, el país donde alguna vez gobernó Pinochet.

 

         Su lucha contra la corrupción

 

Para los que amamos las ciencias penales es muy importante encontrarnos con personajes de esta talla, que, con su trayectoria demuestran que la fiscalía requiere de sujetos valientes, pero sobre todo de sujetos inteligentes que, pese a los recovecos de la ley o los retruécanos procedimentales, se puede llegar a buen puerto con conocimiento y estrategia.

 

Su clara vocación para combatir el crimen lo han convertido en un referente internacional cuando se abordan temas tales como la lucha contra la corrupción y la impunidad.

 

Por tales motivos es que celebro su investidura y celebro que el INACIPE pueble sus muros con personajes de los que nos podamos sentir legítimamente orgullosos.

 

 

[1]Durante mucho tiempo el concepto de jurisdicción universal y la posibilidad que los tribunales nacionales pudieran perseguir y sancionar crímenes internacionales cometidos fuera de su competencia territorial han sido prácticamente desconocidos. Y aunque los orígenes del principio de jurisdicción universal son anteriores a la Segunda Guerra Mundial, se podría decir que este principio repentinamente cobró vigencia el 16 de octubre de 1998, cuando una circunstancia inesperada hizo convulsionar la opinión pública: el dictador, general retirado y senador vitalicio de Chile, Augusto Pinochet fue detenido en Londres —donde convalecía de una operación quirúrgica— a requerimiento del titular del Juzgado de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional (AN) española, Baltasar Garzón, y quedó sometido a un procedimiento de extradición instado por España ante el Gobierno británico. Sobre el reclamado pesaba la acusación de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de genocidio, terrorismo y tortura.

En el “Caso Pinochet”, una de las cuestiones más polémicas fue justamente el título jurídico utilizado por el órgano jurisdiccional español para iniciar el proceso penal por los crímenes internacionales cometidos durante el periodo de la dictadura chilena. Al solicitar la extradición, el juez Baltasar Garzón se basó en el principio de la jurisdicción universal. Asimismo, el pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, en sendos autos del 4 y 5 de noviembre de 1998, confirmó la jurisdicción de España para conocer de los hechos objeto de ambos procesos y en tal sentido afirmó que:

España tiene jurisdicción para conocer de los hechos, derivada del principio de persecución universal de determinados delitos —categoría de Derecho Internacional— acogida por nuestra legislación interna. Tiene también un interés legítimo en el ejercicio de dicha jurisdicción, ya que son más de quinientos los españoles muertos o desaparecidos en Argentina, y cincuenta los muertos o desaparecidos en Chile, víctimas de la represión denunciada en los autos.

Sin duda uno de los aspectos jurídicos más relevantes de este caso, así como de otros que le han seguido, reside, en nuestra opinión, en haber reactivado el debate doctrinal en torno a la validez del principio de jurisdicción universal en particular, y al ejercicio extraterritorial de la jurisdicción penal de los Estados en general, una de las cuestiones más clásicas y controvertidas del derecho internacional, tal y como demuestra la sentencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI) en el caso delLotus.

Además, desde entonces se ha generado una amplia práctica española en el ejercicio de la jurisdicción universal que ha situado a nuestro país en la vanguardia de la persecución de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, y se ha favorecido la proliferación de esta práctica por parte de otros países, en particular en el ámbito europeo. Incluso se ha producido una concatenación de actuaciones nacionales e internacionales que se ha dado en llamar “la cascada de la justicia” (consultable en MARQUEZ CARRASCO, Carmen  y  MARTIN MARTINEZ, Magdalena. El principio de jurisdicción universal en el ordenamiento jurídico español: pasado, presente y futuro.Anu. Mex. Der. Inter [online]. 2011, vol.11 [citado  2018-04-25], pp.251-303. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46542011000100009&lng=es&nrm=iso&gt;.ISSN 1870-4654. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46542011000100009)

 

[2]Una declaración que parece confirmar que los tiempos judiciales correrán en una sola dirección. México, dicen aquí, está “jurídicamente obliga do” a conceder esta extradición ya que suscribió leyes internacionales como la Convención contra la Tortura. El problema, según especulan en la propia Justicia, son los tiempos políticos: en definitiva, la última palabra la tendrá el gobierno mexicano, ya que —así lo estipula la ley— los jueces sólo le entregarán una recomendación a la Secretaría de Relaciones Exteriores y allí se decidirá si Cavallo pasa los próximos años de su vida en una cárcel española. México está “jurídicamente obligado” a extraditar o juzgar aquí a Cavallo, según dijo el fiscal español Carlos Castresana y ya comienzan a admitir en los pasillos de los tribunales mexicanos. Castresana dijo, además, que podrían corresponderle 100 años de prisión si se le comprueban casos de tortura. (https://www.clarin.com/politica/gesto-mexicano-apunta-extradicion-cavallo_0_SkHwGcgCYx.html)

[3]Véase la entrevista concedida por Carlos Castresana: http://www.abogacia.es/2016/10/07/carlos-castresana-abogado-y-ex-fiscal-anticorrupcion-la-corrupcion-vulnera-los-derechos-humanos/

 

 

IMG_3412.jpg

 

IMG_3404.jpg

 

 

IMG_3370.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los litigantes en Expediente Inacipe 

Comparto con ustedes la liga del programa transmitido aquel martes 19 de septiembre de 2017
Para acceder al programa :

 

 

Los litigantes (conversaciones con los grandes penalistas de México) novedad editorial

Tengo el gusto de informarles que el libro Los litigantes, conversaciones con los grandes penalistas de México
Estará disponible a partir de esta semana en la matriz de la Editorial Porrúa (Argentina y Justo Sierra, Centro, Ciudad de México)

Espero sea de su interés

 

 

 

 

 

Entrevista para el programa “Sí es penal”

Comparto con mucho gusto la charla que sostuvimos el equipo del maestro Carlos Barragán Salvatierra (Director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM)   y un servidor el 4 de abril de 2017, sobre tópicos de Derecho Penal.

 

IMG_8899.JPG

 

IMG_8900

 

IMG_8902

 

 

 

liga del audio:

Pasos para un código penal único

Pasos para un Código Penal ÚnicoLa propuesta de un solo código penal es algo que debemos celebrar y por supuesto contribuir para que sea una realidad.

Es tiempo de someter a juicio a nuestras leyes, para saber su contenido y alcance. A partir de entonces sabremos si son suficientes para encarar los retos que presenta el nuevo siglo. Es el penalista Francisco González quien en su libro El Código Penal Comentado, nos hace una recapitulación de la legislación penal:

Puede notarse que se trata de una legislación uniforme para todo el territorio nacional, lo que comenzó a cambiar al establecerse en la Constitución de 1824, en su artículo 161, fracción II, la facultad de los Estados para expedir sus propias leyes.

Son los constituyentes de 1857 los que establecen de forma sistematizada las bases del Derecho Penal mexicano, las que luego fueron aplicadas por leyes del 4 de diciembre de 1860 y del 14 de diciembre de 1864. La necesidad urgente de emprender la tarea codificadora, principalmente en materia penal, es de continuo señalada por los Ministerios de justicia y por la Suprema Corte. Se reconoce la urgencia de clasificar los delitos y las penas, empresa que califica de ardua el Presidente Gómez Farías, si bien añadiendo que es menester arrostrarla, darle principio, aun cuando quede al futuro el logro de su completa realización.

Vencida la intervención francesa, el Presidente Juárez, al ocupar la capital de la República y organizar su gobierno (1867), tras la terrible lucha armada, llevó a la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública al licenciado Antonio Martínez de Castro, el notable jurista a quien correspondió presidir la Comisión Redactora del primer Código Penal mexicano federal para toda la República y común para el Distrito y Territorios Federales.

La federalización trajo consigo la imitación legislativa de los Estados Unidos de América, aun cuando su sistema legal deviene de una familia distinta a la de nuestro Derecho y, aun cuando hubo concordancias, la impunidad estaba cobrando su primer fruto.(1)

Hace ya algunos años en Dr. Franco Guzmán* escribió sobre el particular:

I. Idea de la unificación penal en México. Desde hace más de medio siglo, en 1946, para ser más exacto, en la cátedra de Derecho Penal, primer curso, que impartía el maestro Raúl Carrancá y Trujillo, escuché por primera vez que en México teníamos tantos códigos penales como estados de la Federación, además, un Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal y, un Código de Justicia Militar para los delitos castrenses.

Agregaba el maestro Carrancá, que existían diferencias entre los diversos ordenamientos punitivos, en razón de que algunos se habían elaborado siguiendo los principios de la Escuela Clásica, plasmada en el Código Penal de 1871, otros en la Escuela Positiva, que dieron lugar al Código Penal de 1929 y unos más que adoptaron los lineamientos del Código Penal de 1931.

Terminó su exposición el doctor Carrancá urgiendo la necesidad de crear un solo Código Penal para toda la República, que aplicarían tanto los tribunales federales, como los del orden común, según se tratase de delitos federales o comunes.

Desde hace más de 50 años, decidí apoyar la idea del maestro y ahora, plenamente convencido de la bondad de la misma y de los beneficios que aportaría a la justicia penal de México, en cuantos foros, nacionales e internacionales he tenido oportunidad de exponerla, lo he hecho con verdadera pasión, como ahora la presento en este importantísimo Congreso de Reforma Penal en México.(2)

Más allá de toda polémica, esta oportunidad parece haber cristalizado en la propuesta del actual gobierno. Los pasos para llevar a cabo esta tarea son:

A) Federalizar la materia penal en el artículo 73 y para ello se debe cumplir con el procedimiento previsto para modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El procedimiento está previsto en el artículo 135 de la CPEUM que establece:

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

1.- iniciativa para federalizar la materia en el artículo 73, de la CPEUM

2.- Votar en Congreso por votación calificada.

3.- Enviar a las legislaturas locales para su aprobación.

B) Preparar el proyecto de un Código Penal Único, aplicable en materia federal y en el fuero común.

¿Qué institución presidirá los trabajos? o ¿Acaso serán varios proyectos?

Promover un solo código es quitarle la tentación a cada gobierno local para castigar conductas a modo, que en ocasiones carecen de un bien jurídico legítimo, lo cual no será tarea sencilla.

El nuevo código deberá tomar en cuenta que las penas no son prenda electoral y que no pueden desfasarse sin antes cumplir un objetivo real. No debe existir demagogia en la pena que se establezca.

La proporcionalidad debe ser una guía para tasar las penas.

Es tiempo de recoger los tantos delitos que están dispersos. Ese es el cometido de un Código.

Se debe atender al sistema de justicia que está por implementarse en todo el país. En el cual ya no se tasan los delitos como graves y no graves.

Por tanto, también deben tomarse en cuenta las penas que permitan la aplicación de una justicia alternativa.

El primer paso definitivo ocurrió cuando se unificó la legislación procesal penal. El tiempo corre a favor de un solo código punitivo. 
Por lo pronto estas son unas cuantas ideas que nos pueden dar una idea de que apenas estamos por comenzar esta serie de pasos… El tiempo lo tendrá, como siempre, el legislador.

(1)..González de la Vega, Francisco, El Código Penal Comentado, 13ª ed., Porrúa, México, 2002, pp. XVII – XX. *Licenciado (1950) y doctor en Derecho (1971) de la Universidad Nacional Autónoma de México. De la Scuola di Perfezionamento in Diritto Penale dell’Università degli Studi di Roma, cum laude, (1952). Doctor honoris causa por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (2000). Miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales desde 1956. Profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México desde casi 60 años.

(2)..Franco Guzmán, Ricardo, Breve Antología penal, (prólogo y compilación de Alberto E. Nava Garcés), Porrúa, México, 2012.

 

Una pésima forma de celebrar el centenario de la Constitución de 1917

(publicado en la revista El Mundo del abogado de febrero de 2017)

 

El 18 de junio de 2008 se incorporó en la Constitución General de la República una ingente reforma en la que se cambió el sistema de justicia penal. Un cambio paradigmático que abrió una vacatio legis de ocho años para dar tiempo a su implementación.

Entre acérrimos críticos, y los trámites burocráticos, la reforma penal parecía imposible. A esto se añadió una capacitación desigual en todo el país y la salida tardía del Código Nacional de Procedimientos Penales que terminó por homologar los procedimientos del propio sistema.

Casi al final de la vacatio legis señalada, apareció la legislación relativa a los mecanismos alternos de justicia. El daño estaba hecho. Por tal motivo distintas instancias implementadoras incorporaron a su discurso el argumento de que el 18 de junio de 2016 (día en que debía entrar en vigor en todo el país el nuevo sistema de justicia) no era una fecha definitiva y que llevaría toda una generación para adoptar el nuevo sistema.

Como toda ley que no ha tenido un tamiz de prueba, tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como los principios constitucionales de los que parte están sujetos a ajustes. Pero éstos no deben ni pueden ocurrir para solventar errores de alguna de las partes, porque al final del día una corrección legislativa para favorecer a la parte acusadora degrada al sistema, lo trastoca y por tanto, se podría traducir en actos arbitrarios que en nada abonan al espíritu con el que se abandonó el antiguo sistema.

Escribo lo anterior porque en la actualidad existe una iniciativa de reforma constitucional que pretende echar para atrás lo avanzado, con la infortuna de disminuir los derechos humanos ahí contenidos.

Uno de los temas más importantes, entre otros que trae la iniciativa de reforma, es el relativo al artículo 16, mediante el cual se pretende cambiar la existencia de un hecho que la ley señale como delito por la sola probabilidad de que éste haya ocurrido, lo cual es impensable. Pues bajo el mundo de las probabilidades todo es posible, y en ese tenor, librar una orden de aprehensión será un acto de autoridad sin límites y sin posibilidad de defensa. Porque todo hecho ya no estará sujeto a su existencia sino a su probabilidad y, no olvidemos que en este país, todo es probable.

La reforma penal de 2008 merece una revisión, en tanto que sus procesos son nuevos y merecen ajustes diversos pero, llevar esas correcciones o modificaciones al punto en que el derecho penal sea la primera salida y no la última ratio, sólo servirá para que el propio sistema colapse en un término muy breve

Por otra parte, la referida iniciativa pretende limitar el amparo penal estableciendo como una característica novedosa que sea de estricto derecho, es decir, suprime la suplencia de la queja para que, supuestamente, el indiciado o la víctima, cuenten con una representación técnica más sólida, lo cual solo dejaría más vulnerables a las partes y haría nugatorio el acceso a la justicia.

Así también, la citada iniciativa pretende incorporar el tema de la geolocalización en tiempo real al texto constitucional (como en su momento se hizo con otras figuras polémicas como el arraigo o la intervención de comunicaciones) para acabar con tanta impugnación sobre su naturaleza jurídica y alcances. La incorporación de actos de investigación, que son materia de leyes secundarias, no puede ser la fórmula adoptada para evitar su debate ante las instancias constitucionales.

Esta iniciativa de reforma constitucional es una mera ocurrencia que, de aprobarse, sería la peor forma de celebrar que contamos con un instrumento garante de derechos humanos.

 

 

 

Esta es la propuesta legislativa:

 

Texto Vigente Reforma Propuesta
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. … No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días. …

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella y, se establezca la probabilidad de la existencia del hecho que la Ley señale como delito y de la intervención de la persona en él.

Sólo en casos urgentes, ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, siempre que se actualicen los mismos supuestos para solicitar una orden de aprehensión, determinar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

DEROGADO …

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de geolocalización en tiempo real, medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. …

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley.

La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.

Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.

Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal.

Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin

Artículo 19.DEROGADO

 

Solo podrán imponerse medidas cautelares con arreglo a los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y subsidiariedad, para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad.

 

Para la aplicación de medidas cautelares la parte acusadora deberá justificar la probabilidad de la existencia del hecho que la Ley señale como delito y de la intervención de la persona en él.

 

La sentencia definitiva deberá guardar congruencia con el hecho o hechos formulados en la acusación.

 

DEROGADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEROGADO

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. De los principios generales:

I. …VI.

VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad;

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A.     De los principios generales:

II. …VI.

VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la acusación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad;

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXI. Para expedir:

c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXI. Para expedir:

c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas, de justicia penal para adolescentes y delincuencia organizada, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. …

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

I.               …

II.              …

En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria.

 

III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) …

b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.

c) …

IV. …

V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:

a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares.

b) …. d)

VI. … XI. …

XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII. Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca;

XIII. … XVIII. …

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

I.               …

II.              …

En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria. EL amparo en materia penal será de estricto derecho.

III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

a) …

b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.

En materia penal sólo será procedente contra actos u omisiones fuera del juicio oral que priven de la libertad personal de modo irreparable y una vez que hayan sido agotados los recursos procedentes, y

c) …

IV. …

V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:

a) En materia penal, contra la sentencia definitiva dictada en el juicio oral o contra el sobreseimiento definitivo, sea en el orden federal, común o militar.

b) …. d)

VI. … XI. …

XII.DEROGADO

 

 

XIII. … XVIII. …

 

 

IMG_6759

 

Delitos informáticos (Video de la presentación del libro)

El 14 de marzo se presentó en el INACIPE el libro Delitos informáticos

 

Me acompañaron para tal efecto los maestros:

Javier Figueroa Joaquín Elizalde Mario Gómez y Gil Antonio Ramirez