80 años de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Recuento de su historia y sus personajes.

La Academia Mexicana de Ciencias Penales, presidida por el doctor Luis Rodríguez Manzanera, celebró su 80 aniversario a través de la plataforma del INACIPE (tal vez el mejor de los productos logrados por esta academia, a la par de su revista Criminalia).

Asistimos vía remota, acorde a los tiempos que vivimos. Toda reunión se debe llevar a cabo así dada la pandemia por Covid 19. Sin embargo, fue una ceremonia solemne y emotiva donde hablaron, según el programa los representantes de los miembros numerarios, así como los correspondientes nacionales y extranjeros. Poco tiempo para rememorar tanta historia.

participaron:

Bienvenida Gerardo Laveaga

Sergio García Ramírez

Eugenio Raúl Zaffaroni

Ruth Villanueva Castilleja

Ricardo Franco Guzmán

Miguel Ontiveros Alonso

Luis Arroyo Zapatero

Manuel Vidaurri Aréchiga

Luis Rodríguez Manzanera

Clausura Video Conmemorativo

(En la sala de espera de la plataforma zoom estábamos los integrantes de la Academia)

En la página web de la Academia se da cuenta de su fundación. Asimismo en el estupendo libro de Sergio Correa se hace un gran recuento de quienes han pertenecido a la misma. Solo queda entonces, recordar las palabras del doctor Franco Guzmán que refiere:

“Para referirme al aniversario número 80 de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, debo relatar previamente cómo me enteré de su existencia.

Recuerdo que después de haber terminado la escuela secundaria en 1942, me acerqué a mi padre y le pregunté que para hacer los estudios universitarios, en qué área de la Escuela Nacional Preparatoria debía inscribirme, a lo cual, después de meditar unos minutos me sugirió que lo hiciera en la de “Ciencias Sociales”, para después seguir la carrera de licenciado en Derecho.

Seguí el consejo de mi padre y en 1943 y 1944 cursé los dos años que en ese entonces se impartían en la Escuela Nacional Preparatoria y, en 1945, me inscribí en el primer año en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, ubicada en la antigua casona de la esquina que forman las calles de San Ildefonso y República Argentina, en el Centro Histórico del Distrito Federal, sin tener vocación alguna por la carrera de abogado.

Lo anterior se reflejó en las calificaciones finales de las cinco materias del primer año:  en cuatro de ellas obtuve 6 y en Derecho Civil 5 (o sea reprobado); en el examen extraordinario pasé con 6, por lo que era notable mi desinterés por la carrera de licenciado en Derecho.

Sin embargo, en 1946 me inscribí en el segundo año en el que en la materia Derecho Penal, Parte General, me tocó tener como profesor al maestro Raul Carrancá y Trujillo, originario de Campeche y que había obtenido el grado de Doctor en Derecho en la Universidad Central de Madrid y era Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

Desde la primera clase que escuché del maestro Carrancá, quedé impactado de su personalidad y de lo interesante que era el Derecho Penal, por lo que puedo decir que desde entonces quedé enamorado de dicha materia.  EI resultado de esto fue que en el examen final obtuve 10 y, en las cuatro materias restantes también logré 10.

En 1947, al ingresar al tercer año de la carrera me inscribí en Derecho Penal Delitos en Particular, con el maestro Francisco Gonzalez de la Vega, quien también me calificó con 10 en el examen final. 

En 1947 el maestro Carrancá dejó de ser Presidente del Tribunal Superior de Justicia, por haberse jubilado y abrió su bufete de abogado litigante en el despacho 201 del edificio ubicado en las calles de Motolinia 8 en el Distrito Federal.  Enterado de ello por los periódicos, fui a verlo a su oficina y, después de felicitarlo por su decisión, me atreví a pedirle que me permitiera ser su pasante. 

Con la franqueza que siempre tuvo conmigo, el maestro Carrancá me indicó que no tenía asuntos y, por tanto, no podía contratarme como pasante, a lo cual le contesté que no pretendía retribución económica alguna, pues lo que deseaba era aprender a litigar y a estar cerca de él como jurista. Así me aceptó en su despacho, por lo que el mismo día caminé tres cuadras hasta llegar al Monte de Piedad, donde compré un escritorio y una silla usados, que uno de los cargadores que estaban en la puerta, me los llevó a la oficina del maestro, quien se impresionó de la forma en la que había actuado. 

Recuerdo el hecho coincidente de que el maestro Carrancá me presentó con su vecino pared de por medio, ocupante del despacho número 200, el licenciado Luis Chávez Hayhoe, notario número 52 del Distrito Federal, quien me dijo el maestro Carrancá, había sido ante el cual se había constituido la Academia Mexicana de Ciencias Penales, el 21 de diciembre de 1940 y con el cual comencé a tener amistad.

Fue así como tuve las primeras noticias de la existencia de la Academia, pues el maestro Carrancá me relató con mucho orgullo y detalle la historia de cómo apareció la revista Criminalia en 1933 y, pasados 7 años, se constituyó la Academia Mexicana de Ciencias Penales.  Incluso me mostró un testimonio notarial de la escritura constitutiva, en donde aparecían los nombres de los 12 fundadores de la Academia:

1.  José Ángel Ceniceros 

2.  Francisco Gonzalez de la Vega 

3.  Alfonso Teja Zabre 

4. Raúl Carrancá y Trujillo 

5. Luis Garrido Díaz 

6.  Emilio Pardo Aspe 

7. Carlos Franco Sodi 

8.  José Ortiz Tirado 

9. Javier Piña y Palacios

10.  Francisco Argüelles 

11.  José Gómez Robleda 

12.  José Torres Torija.

Puedo decir con orgullo, que por mi cercanía con el maestro Carrancá, conocí a todos los mencionados miembros fundadores de la Academia y, con algunos de ellos tuve una cercana amistad y agradecimiento.

Así transcurrieron 1948 y 1949, en que veía todos los días al maestro Carrancá en la mañana en la Escuela y en la oficina y, en las tardes en ésta.  En esos años prácticamente casi todas las actividades de los abogados se desarrollaban en el Centro de la Ciudad:  la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía poco tiempo de haberse instalado en el edificio que forman en esquina las calles de Corregidora y Pino Suarez, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en las calles de Donceles, la mayoría de los despachos de abogados en las calles de Palma, Donceles, 5 de Mayo, Motolinía y otras más.

Era notable lo que ocurría cuando salíamos del despacho el maestro Carrancá y yo, para ir a alguna de las oficinas señaladas: no podía dar dos pasos, sin que alguno de los profesores de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, de los miembros de los Tribunales o abogados litigantes y alumnos de la Escuela, o los señores Porrúa, dueños de la hoy centenaria Librería Porrúa, ubicada en la esquina de Donceles y Argentina, lo detuvieran con alegría para felicitarlo, abrazarlo y conversar unos momentos con él. 

De igual modo, a la oficina de Motolinía acudían con frecuencia los juristas que habían fundado en 1940 la Academia Mexicana de Ciencias Penales, y que el maestro Carrancá me presentó y con los cuales también tuve amistad. 

A principios de 1949, se creó la materia optativa de “Criminología”, dentro de las asignaturas del quinto año de la carrera, que fue inaugurada por el insigne maestro don Constancio Bernaldo de Quirós (refugiado español que después supe había sido recibido en la Academia Mexicana de Ciencias Penales, el 11 de agosto de 1959) reconocido como uno de los más destacados criminólogos del mundo, en cuyas clases yo estaba siempre en la primera fila, absorto escuchándolo. 

En diciembre de 1949 concluí la carrera iniciada en 1945 y, en los primeros meses de 1950, bajo la dirección del maestro Carrancá elaboré un trabajo intitulado “Delito e Injusto, Formación del Concepto de Antijuridicidad”, que presenté como tesis para obtener el grado de licenciado en Derecho, el 7 de junio de 1950, ante un jurado integrado por el Maestro Carrancá, don Juan José Gonzalez Bustamante, don Mariano Jiménez Huerta, don Constancio Bernaldo de Quirós y don Ramón Palacios Vargas, todos miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, yo tenía 22 años.

Debo reconocer y agradecer que, por instrucciones de don Luis Garrido, Presidente de la Academia y Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, mi mencionada tesis se hizo en la Imprenta Universitaria, aunque no apareció en la caratula el nombre de ésta, dado que se trataba de la obra de un estudiante y si se conocía este hecho, se pensó que entonces no habría obstáculo alguno para que otros alumnos de la Universidad pidieran lo mismo, lo que no era correcto. 

Ya recibido de licenciado en Derecho, la Universidad Nacional Autónoma de México, con el decidido apoyo de don Luis Garrido, de don Juan José González Bustamante (Secretario General de la UNAM), del maestro Carrancá, y de don Constancio Bernaldo de Quirós, me otorgó una beca para estudiar Derecho Penal en Italia.  En el fondo, yo agradecí dicha beca a la Academia, a la que pertenecían cuatro de sus distinguidos miembros.

Así salí en ferrocarril hasta Nuevo Laredo y de allí a Nueva York, desde donde partí en el precioso transatlántico “Queen Mary” hacia Europa (en tercera clase, porque no había cuarta), donde estuve dos años en Italia, realizando el curso de “Perfeccionamiento en Derecho Penal”, en la Universidad de Roma, Italia. 

En 1951, encontrándome en Italia, envié a la Academia dos trabajos escritos en italiano por dos de mis profesores en la mencionada Escuela, traducidos por mí al español, como sigue: 

“La confesión en estado hipnótico en la investigación judicial”, de Gislero Flesh, en “Criminalia”, año XVII, México, noviembre de 1951, Núm. 11, páginas 624-630.

“EI problema de la lucha contra la delincuencia infantil en Italia”, de Gislero Flesh, en “Criminalia”: año XVII, México, diciembre de 1951.  Núm. 12, páginas 668-685. 

En 1952, encontrándome todavía en Italia, recibí la triste noticia del fallecimiento de uno de los fundadores de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, el doctor José Torres Torija, quien había nacido el 15 de junio de 1885 y murió el 21 de abril de 1952, a los 67 años.

Asimismo, en 1952 apareció otro trabajo mío de traducción al español, escrito por mi profesor Felipe Grispigni, quien era el Director de la Escuela de Perfeccionamiento en Derecho Penal:  “La nueva sistemática del delito en la doctrina alemana más reciente”, en “Criminalia”, año XVIII, México, junio de 1952, Núm. 6, págs. 296-307.

Como se puede ver, mi primera relación que podríamos llamar “oficial”, con la Academia, a través de “Criminalia”, fueron los citados trabajos de traducción.

El 5 de junio de 1952, presenté el examen final, ante los 14 profesores que habían impartido el curso, los cuales me otorgaron la máxima calificación (70 sobre 70) y mención honorífica.  En ese momento, también recordé con agradecimiento a los miembros de la Academia que me apoyaron con la beca.  Los profesores y materias son los siguientes:  

1.  Ejercicios científicos y prácticos de Derecho Penal: Filippo Grispigni.

2.  Ejercicios prácticos de Derecho Procesal Penal: Alfredo Jannitti Piromallo.

3.  Derecho de Policia:  Pantaleo Grabrielli

4.  Ejercicios Científicos de Derecho Procesal Penal: Alfredo de Marsico.

5.  Derecho Penitenciario: Giuseppe Velotti.

6.  Antropología Criminal:  Benigno di Tullio.

7.  Psicología Judicial y Criminal: Mario Ponzo.

8.  Psicopatología Criminal:  Francesco Bonfiglio.

9.  Medicina Legal aplicada al Derecho Penal:  Cesare Gerin.

10.  Sociología Criminal: Alfredo Nicéforo.

11.  Técnica y Medicina Penitenciaria: Filippo Saporito.

12.  Policía Científica:  Ugo Sorrentino.

13.  Derecho Penal Canónico: Pío Cipriotti.

14.  Derecho Penal Romano:  P. Dianelli.

En el momento en que terminé el curso de Roma, de nuevo recordé agradecido a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, la que intervino a través de sus miembros, en el otorgamiento de una beca para estudiar en Italia.

Regresé a México en septiembre de 1952 y, en visita que hice a don Francisco González de la Vega, en su oficina de Procurador General de la República, después de relatarle mi estancia en Roma, me preguntó en qué pensaba trabajar y, al indicarle que no tenía idea alguna, me propuso nombrarme agente del Ministerio Público Federal, y me adscribió a la Dirección General de Averiguaciones Previas, que estaba al mando del licenciado Francisco Pavón Vasconcelos, a quien me presentó e inicié una amistad que posteriormente se convirtió en fraternal, hasta su fallecimiento. 

Lo anterior significa que el primer empleo que tuve después de mi regreso a México, se lo debí a un miembro de la Academia, continuó mi relación con la misma y con Criminalia, pues el 26 de enero de 1953, dicté una conferencia sobre “Las nuevas teorías criminológicas italianas”, en la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que se publicó en “Criminalia”, año XIX, México, mayo de 1953, núm. 5, páginas 251-266.

Ya en México, se publicó otra traducción mía del italiano al español: “La Escuela de Policía Científica de Roma”, de Ugo Sorrentino, en “Criminalia”: año XIX, México, junio de 1953, Núm 6, páginas 313-322.

El 1 de julio de 1953, tuve conocimiento que había fallecido en nuestro país otro de miembros de la Academia, al cual tenía gran aprecio, don Mariano Ruiz Funes, quien había nacido el 24 de febrero de 1889 en la Ciudad de Murcia, España, y había venido a México con el nutrido grupo de grandes juristas republicanos, invitado por el general Lázaro Cárdenas, entonces Presidente de la República.

Recuerdo una anécdota humorística cuando nos veíamos en la Facultad de Derecho don Mariano Ruiz Funes y yo, me tomaba del brazo y me decía:  “Mi querido Ricardo no tiene usted idea de cómo me es simpático… lástima de apellido”.

En febrero de 1953 el maestro Bernaldo de Quirós cayó gravemente enfermo, por lo que pidió licencia para no impartir su curso de Criminología durante ese año y me propuso para que yo lo sustituyera en su cátedra, lo que acepté gustoso, pero con la condición de que el maestro siguiera percibiendo sus prestaciones económicas. 

Lo anterior significa que por las circunstancias especiales mencionadas, yo sustituí a uno de los miembros de la Academia durante 1953 en su cátedra de Criminología. 

EI 4 de mayo de 1954, oficialmente fui contratado por la Universidad Nacional Autónoma de México, como profesor de Derecho Penal, adscrito a la Facultad de Derecho”, por lo que en 2019 cumplí 65 años de antigüedad.

En 1954 apareció otro artículo mío: “Los elementos subjetivos del injusto en la teoría finalista de la acción”, en Cri minalia, año XX, octubre de 1954, Núm. 10, págs. 524-531. 

En 1955 apareció otro artículo mío: “EI tratamiento de la mujer delincuente”, en Criminalia, año XXI, México, enero de 1955, Núm. 1, págs. 2-5.

En febrero de 1955 se publicó otro artículo mío: “La Escuela de Perfeccionamiento en Derecho Penal de Roma, Italia”, en Criminalia, año XXI, febrero de 1955, págs. 124-131.

Mi cercanía con los miembros de la Academia era tal, que en 1955, don Francisco González de la Vega me invitó a formar parte como delegado de la Comisión de México que asistiría al Primer Congreso de las Naciones Unidas en Materia de Prevención del Delito y Tratamiento de los Delincuentes a celebrarse  en Ginebra, Suiza, del 22 de agosto al 3 de septiembre de 1955. 

Dicha Comisión que presidía el maestro González de la Vega, se integraba también por Alfonso Quiroz Cuarón y Guillermo Colín Sánchez, de los cuales el primero ya era miembro de la Academia. 

EI maestro González de la Vega, en ese viaje a Ginebra, iba en compañía de su esposa Angelita Zevada, quienes me presentaron a su sobrina Delfina Zevada Moreno, hija de don Ricardo José Zevada (hermano de Angelita) y Guadalupe Moreno.  Pasados unos años, en 1959 contraje matrimonio con Finita Zevada Moreno. 

Terminado el Congreso en Ginebra, el académico Alfonso Quiroz Cuarón y yo asistimos como delegados de México a la XXIV Asamblea de la Asociación Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), celebrada en Estambul, Turquía, del 5 al 9 de septiembre de 1955.

Pasados unos días, de nuevo el académico Alfonso Quiróz Cuarón y yo asistimos como delegados de México al Tercer Congreso de la Sociedad Internacional de Criminología, realizado en Londres, Inglaterra, del 12 al 18 de septiembre de 1955. A dicho congreso también participó el miembro de la Academia don Luis Jiménez de Asúa.

Después de los citados Congresos, varios de los académicos me dijeron que en virtud de ser ya un frecuente colaborador en la revista Criminalia, habían conversado sobre la posibilidad de proponerme como miembro de la Asociación y para comenzar me invitaron a la reunión de ingreso de don Mariano Jiménez Huerta, que se efectuó el 12 de agosto de 1956, quien disertó sobre: “Corpus delicti y tipo penal”. 

Pasados unos días, recibí una comunicación oficial de la Academia, en el sentido de que, debido a todos los antecedentes de mi relación con Criminalia y con los miembros de la Academia, me proponían admitirme en la misma, por lo que se fijó fecha para tal acontecimiento. 

EI 7 de septiembre de 1956, en el Salón de Actos de la Academia, ubicado en el despacho 202 del edificio de Seguros de México, ubicado en la calle de San Juan de Letrán número 9 (ahora Eje Central Lázaro Cárdenas), leí mi trabajo de ingreso intitulado “Ensayo de una teoría sobre la culpabilidad en los menores”, que fue contestado por don Luis Garrido, Presidente de la misma.  Yo tenía 28 años.

Dicho trabajo se publicó en Criminalia, año XXIII, México, D.F., noviembre de 1957, págs. 746-758.

Después del acto, pasamos a la acera de enfrente, al bellísimo y recién construido edificio de la Torre Latinoamericana, al piso 27, donde departimos en una comida todos los miembros de la Academia. 

A partir de mi ingreso a nuestra Asociación recuerdo que propuse, impulsé y aprobé a todos los que la componen en la actualidad, y a algunos que fallecieron. 

Ya como integrante de nuestra Asociación, a partir de 1956, se han publicado mis siguientes colaboraciones:

“El delito de estupro”, en Criminalia, México, año XXII, agosto de 1956, Núm. 7, págs.. 569-578.

“EI Derecho Penal” por Francesco Antolisei, en Criminalia, México, año XXIII, junio de 1957, Núm. 6, págs. 362-385, traducción del italiano al español. 

“Unidad y pluralidad de sujetos activos en la estructura del delito”, por Gian Domenico Pisapia, en “Criminalia”, año XXIV, México, enero de 1958, Núm. 1, pags, 26-38, traducción del italiano al español. 

En 1958, en unión de Francisco Pavón Vasconcelos,  Celestino Porte Petit y Manuel del Rio Govea, intervine en la elaboración de un “Anteproyecto de Código Penal, para el Distrito Federal”, que se publicó íntegro en Criminalia, año XXIV, México, octubre de 1958, núm. 10, págs. 598-671.

El 11 de agosto de 1959, falleció otro de los miembros de la Academia, don Constancio Bernaldo de Quirós, a quien ya me he referido y con el que cultivé una gran amistad.  No pude asistir a la ceremonia luctuosa a la que se refiere el artículo 57 de los estatutos de la Academia, en razón de que me encontraba en mi viaje de luna de miel (que se inició el 25 de julio de 1959), con mi esposa Finita, de quien ya he hablado y que duró tres meses.

En 1960 se publicó el libro “Estudios a la memoria de don Constancio Bernaldo de Quirós” en cuya página primera intitulada “Causa y razón de este libro”, sus hijos escribieron:

“Estamos ciertos, que si la obligación de un hijo es obedecer y respetar en vida a los padres, en muerte, no menor es su deber honrar y perdurar su memoria.  Y pensándolo así, y en deseo de que por boca y pluma de quienes están autorizados, se prolongue y difunda lo que fue una existencia humana y estudiosa, se recogen en este libro, las muestras de afecto y consideración expresadas con motivo de lo que fue para nosotros irreparable pérdida y que fueron ya recopiladas en un número especial de la revista “Criminalia”.

“En ambos casos, tanto en lo que se refiere a la dedicación del número especial de “Criminalia”, como en el particular de este libro, que conserva el orden y formato de la Revista, su edición ha sido posible gracias al interés de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y muchas veces le oímos decir, que en ninguna de las aulas o salones en que había disertado se sentía tan a gusto, tan a sus anchas, como en el salón de conferencias de la Academia, tan recoleto y acogedor, y en el que ahora, al lado de Maestros ya idos, se encuentra su retrato.

“Así pues, tanto a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, como a las personalidades que colaboran en él, en nombre de nuestra madre, todos nosotros, sus hijos, agradecemos emocionados esta prueba de afecto que nos conmueve, honra y obliga por toda la vida.” 

Y al reverso de esa página, de su puño y letra, sus hijos escribieron:  “A la memoria de nuestro padre, como recuerdo a su vida ejemplar, ofrecemos su último libro, que no llegó a ver, pero sí dedicó al Lic. Ricardo Franco Guzmán, su discípulo predilecto.  México, D.F., 18-X-59, C. Bernaldo de Quirós hijo, Juan B. de Quirós.” 

En 1960 impulsé y voté a favor de don Luis Fernández Doblado, don Francisco Pavón Vasconcelos y don Fernando Castellanos Tena, como nuevos miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.

La Academia me nombró para participar en su nombre, en las “Jornadas de Derecho Penal”, que tuvieron lugar del 22 al 27 de agosto de 1960, en Buenos Aires, Argentina, en términos de una carta de 28 de julio de 1960, dirigida a los organizadores de dicho evento.

El 24 de abril de 1961, falleció otro de los miembros fundadores de la Academia, Carlos Franco Sodi, nacido en Oaxaca el 31 de marzo de 1904, a los 57 años,  y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

El 29 de febrero de 1962, falleció otro de los miembros fundadores de la Academia, Alfonso Teja Zabre, nacido el 23 de diciembre de 1888, por lo que tenía 74 años, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

El 21 de febrero de 1964, falleció otro de los miembros fundadores de la Academia, Emilio Pardo Aspe, nacido el 28 de septiembre de 1885, en la Ciudad de México, tenía 79 años, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

El 29 de diciembre de 1967, falleció otro de los miembros de la Academia, Rafael Matos Escobedo, nacido en Yucatán el 28 de julio de 1889, y tenía 78 años, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.  Criminalia destinó un ejemplar para honrar su memoria en 1968.

El 13 de agosto de 1968, falleció otro de los miembros fundadores de la Academia, Raúl Carrancá y Trujillo, nacido en Campeche el 27 de agosto de 1897, tenía 70 años, mi queridísimo maestro al que tanto debo en todos sentidos, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

En 1968 falleció otro de los miembros fundadores de la Academia, José María Ortiz Tirado, nacido el 8 de agosto 1894, en Álamos, Sonora, y tenía 74 años, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

El 16 de noviembre de 1970, falleció en Buenos Aires, Argentina, otro de los miembros de la Academia, Luis Jiménez de Asúa, nacido el 19 de junio de 1889 en Madrid España, y tenía 81 años, mi queridísimo maestro al que tanto debo en todos sentidos, y al que me he referido por haber asistido en su compañía a varios congresos y haber viajado juntos en Europa y en Latino América.

El 12 de febrero de 1972, falleció en la Ciudad de México, otro de los miembros de la Academia, Juan José González Bustamante, nacido el 16 de mayo de 1890, en Matehuala, San Luis Potosí, tenía 81 años, muy querido maestro al que agradezco tantos favores que ya he relatado y que influyó para mi ingreso a la Academia, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

El 19 de octubre de 1973, falleció en la Gare du Nord, París, Francia, otro de los miembros fundadores de la Academia, Luis Garrido Díaz, nacido el 15 de mayo de 1898 en la Ciudad de México, tenía 75 años, mi queridísimo maestro al que agradezco tantos favores que ya he relatado y que influyó para mi ingreso a la Academia, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

El 3 de marzo de 1976, falleció otro de los miembros fundadores de la Academia, Francisco González de la Vega, nacido el 3 de diciembre de 1901 en Durango, y tenía 74 años, mi queridísimo maestro al que agradezco tantos favores que ya he relatado y que influyó para mi ingreso a la Academia, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.  Recuerdo que en esa ceremonia tomó la palabra el académico Sergio García Ramírez, quien pronunció unas emocionadas palabras que estremecieron a quienes estábamos presentes.

El 16 de noviembre de 1978, falleció otro de los miembros de la Academia, Alfonso Quiroz Cuarón, nacido el 19 de febrero de 1910, en Ciudad Jiménez, Chihuahua, tenía 68 años, mi queridísimo amigo, con el cual hice varios viajes que he relatado y gocé de su amistad fraterna tantos años.  Casi una vez al mes nos reunía a varios amigos en su casa de Valerio Trujano, colonia del Valle, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

Mi querido amigo Alfonso Quiroz falleció en una forma que envidio, pues ocurrió su muerte cuando estaba impartiendo su clase de Criminología en uno de los salones de la planta baja de la Facultad de Derecho.  Interesante fue saber que cuando se desmayó, lo transportaron todavía con vida en ambulancia al Hospital Adolfo López Mateos ubicado muy cerca de la Ciudad Universitaria, en la avenida Universidad casi esquina con Río de Churubusco, y que cuando lo estaban examinando, sonó la alarma de su reloj a las 10:00 a.m. exactamente, que era la hora en que terminaba la clase y en ese instante falleció.

El 24 de abril de 1979, falleció otro de los miembros fundadores de la Academia, José Ángel Ceniceros, quien había nacido el 8 de junio de 1900 en Ciudad Victoria, Durango tenía 78 años, querido maestro que influyó para mi ingreso a la Academia, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

El 23 de enero de 1983, falleció otro de los miembros fundadores de la Academia, Javier Piña y Palacios, quien había nacido el 19 de agosto de 1897 en la Ciudad de México, y tenía 85 años, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

En febrero de 1983, participé en la Mesa Redonda organizada por la Academia Mexicana de Ciencias Penales y el Instituto Nacional de Ciencias Penales sobre “La responsabilidad de los servidores públicos”, en el Auditorio de la Escuela Libre de Derecho.

El 4 de diciembre de 1987, falleció otro de los miembros fundadores de la Academia, el doctor José Gómez Robleda, quien había nacido en Orizaba, Veracruz, el 24 de julio de 1904, tenía 83 años, y asistí a la sesión solemne de nuestra asociación.

Del 4 al 6 de febrero de 1992, participé en el ciclo de mesas redondas sobre: “Las recientes reformas al Código Penal”, organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Academia Mexicana Ciencias Penales, llevadas a cabo en el aula Magna “Jacinto Pallares”.

EI 17 de septiembre de 1992, pronuncié el discurso de contestación al ingreso formal del doctor Moisés Moreno Hernández, como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, en el “Auditorio México” de la Procuraduría General de la Republica. 

Al año siguiente, en enero de 1993, con motivo de mi nombramiento como Subprocurador de Control de Procesos de la Procuraduría General de la República, invité al recién miembro de la Academia doctor Moisés Moreno Hernández, a colaborar conmigo como Coordinador de Asesores.

EI 29 de agosto de 1996, participé en la conferencia: “Imputabilidad y justicia de menores”, dentro del Programa Anual de Actualización en Materia de Impartición de Justicia de Menores Infractores, organizada por la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaria de Protección Civil y de Prevención y Readaptación Social, el Consejo de Menores del Distrito Federal y la Academia Mexicana de Ciencias Penales, celebrada en 
el Auditorio del Consejo de Menores del Distrito Federal. 

En noviembre de 1997, escribí un trabajo sobre: “Imputabilidad y justicia de menores”, en “Memoria del curso de actualización en materia de impartición de justicia de menores infractores”, publicado por la Secretaría de Gobernación y la Academia Mexicana de Ciencias Penales, México, D.F., noviembre de 1997, pp. 75-82. 

EI 8 de julio de 1997, dicté una conferencia sobre: “Teoría de los elementos subjetivos del injusto”, dentro de las “Jornadas de Derecho Penal México-España”, organizadas por la Academia Mexicana de Ciencias Penales y la Asociación de Egresados de Postgrado de la Universidad de Salamanca, España, realizadas en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional, Siglo XXI. 

EI 19 y 20 de febrero de 1998, intervine en el “Seminario Internacional, Política de Justicia de Menores Infractores”, organizado por la Academia Mexicana de Ciencias Penales, la Unión Europea y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, efectuado en la Secretaría de Gobernación.

En septiembre de 2000, en sesión de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, se recibió una comunicación del Instituto Nacional de Ciencias Penales, del cual aquélla forma parte de su Junta de Gobierno, en la que le informaba que con motivo de la celebración de los 100 años de la Procuraduría General de la República, se había tomado el acuerdo de otorgar el grado de doctor Honoris Causa, a tres juristas y pedía a la Academia proponer el nombre de uno de sus miembros, por lo que por unanimidad se propuso el nombre de Ricardo Franco Guzmán.

Asimismo, se tomó la determinación de que el doctor Jesús Zamora Pierce, Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, interviniera en la Ceremonia respectiva, haciendo la laudatio de Franco Guzmán.

El 4 de septiembre de 2000, dentro del marco de la conmemoración de los 100 años de la Procuraduría General de la República, se llevó a cabo la ceremonia de investidura de doctorados Honoris Causa, en el Museo Nacional de Antropología, que recibieron: el doctor Claus Roxin, de Alemania, José Cerezo Mir, de España y Ricardo Franco Guzmán de México, de manos del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa ocasión, el licenciado Jorge Madrazo Cuellar, Procurador General de la República, en lo referente expresó:

“Este año, la Procuraduría General de la República cumple un siglo de existencia.  Hace 100 años, precisamente el día 22 de mayo de 1900, se publicaron las reformas a los artículos 91 y 96 de la Ley Fundamental de 1857, con lo que arrancaba la vida de esta Institución.

“Es para nosotros un extraordinario privilegio el que los doctores Roxin, Cerezo Mir y Franco Guzmán, hayan aceptado la designación de doctores honoris causa del Instituto Nacional de Ciencias Penales de México.

“El doctor Ricardo  Franco Guzmán, de nacionalidad mexicana, no necesita de presentación alguna en el mundo de la ciencia jurídica de nuestro país, doctor en Derecho por la UNAM, cuenta con una especialización en Derecho Penal en la Universidad de Roma, Italia; catedrático de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace casi 50 años, donde ha formado muchas generaciones de abogados mexicanos;  autor de múltiples artículos sobre Derecho Penal;  Subprocurador y Fiscal de la Procuraduría General de la República;  también ha sido objeto de incontables distinciones en México y en el extranjero.”

En la misma ceremonia, en la laudatio del doctor Jesús Zamora Pierce, Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, hizo un resumen de las actividades de Ricardo  Franco Guzmán, en el que destacó lo siguiente:

“Por su labor en la formación académica de los juristas mexicanos, así como por su invaluable obra científica, que es fundamental para el Derecho Penal Mexicano.

“Obtuvo el grado de licenciado en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM.  En Italia fue discípulo de Filippo Grispigni, gloria del penalismo italiano; y de Alfredo de Marsico, Benigno di Tullio y Alfredo Nicéforo.

“En 1971 obtuvo el grado de doctor en Derecho de la UNAM con mención honorífica.

“Ha dedicado su vida al ejercicio libre de su profesión y a la Universidad.  Durante casi medio siglo han pasado por su cátedra miles de alumnos que, después, han diseminado sus enseñanzas por toda la República.

“En la Procuraduría General de la República ha ocupado los cargos de Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, Subprocurador Jurídico y Subprocurador de Control de Procesos.  En este último cargo recibió la encomienda de coordinar los trabajos de una comisión que dieron como resultado la reforma de más de 400 artículos de doce leyes, entre ellas la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Cuando recibí las insignias de doctor Honoris Causa de manos del Presidente de la República, mentalmente agradecí a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, el haberme elegido como su representante, que fue para mí un gran honor.

En 2001, en sesión formal de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, presidida por el doctor Jesús Zamora Pierce, se tomó el acuerdo de hacer una publicación en homenaje de nuestra Asociación, por lo que todos los asistentes se comprometieron a aportar artículos jurídicos, entre ellos Ricardo Franco Guzmán, quien escribió:  “EI caos de la legislación penal en México y la necesidad de transformarla en federal”, publicado en “Estudios en homenaje a la Academia Mexicana de Ciencias Penales”, Editorial Porrúa, México, 2001, pp. 131-138. 

Del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2004, intervine como representante de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, en el congreso organizado por Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional, y pronuncié una conferencia sobre la: “Unificación del Derecho Penal”. 

Artículo intitulado “Unificación del Derecho Penal”, en “Hacia la Unificación del Derecho Penal.  Logros y desafíos de la armonización y homologación en México y en el Mundo.” Instituto Nacional de Ciencias Penales, Academia Mexicana de Ciencias Penales y Max Planck Institut, México, mayo 2006. págs. 27-41.

EI 20 de agosto de 2007, participé en el programa de televisión denominado “Expediente INACIPE”, transmitido por el Canal Judicial, organizado por el INACIPE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Academia Mexicana de Ciencias Penales. 

EI 7 enero de 2008, participé como ponente en el Foro: “La reforma constitucional en materia penal y seguridad pública”, con el tema: “Los alcances de la oralidad en el proceso”, organizado por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Academia Mexicana de Ciencias Penales. 

En el mismo año 2008, cuando el doctor Moisés Moreno Hernández era el Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, recibí el más grande homenaje que pude imaginar me rindió nuestra Asociación, con motivo de haber cumplido más de 50 años de haber ingresado como miembro numerario de la misma, en unión del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en un libro que así se denominó: “Homenaje a Ricardo Franco Guzmán.  50 años de vida académica”, 2008.

El libro ostenta en la carátula y en el interior, los logotipos de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y del Instituto Nacional de Ciencias Penales, compuesto de 750 hojas en la que escribieron 27 miembros de la Academia, con una bella presentación del doctor Moisés Moreno Hernández, Presidente de la misma, que transcribo:

“Presentación.  1) La Academia Mexicana de Ciencias Penales acordó rendir homenaje al doctor Ricardo  Franco Guzmán, con motivo de haber cumplido 50 años como Académico de Número de la misma.  Con ello, la Academia ha querido reconocer la aportación que Franco Guzmán ha tenido tanto en la enseñanza del Derecho Penal como en el foro, así como destacar su amplia participación en actividades relacionadas con la reforma al sistema de justicia penal.

“Este libro homenaje al doctor Ricardo  Franco Guzmán constituye uno de los aspectos importantes de ese reconocimiento, en el que se contienen, además de la colaboración de miembros de la Academia, las aportaciones de profesores e investigadores de Derecho Penal y Procesal Penal, Criminología y Criminalística, nacionales y extranjeros, que no sólo abordan temas de interés para las ciencias penales, sino que también destacan algunos aspectos de la vida del académico homenajeado.  Por ello, en nombre de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que es el organismo que promovió la realización de esta obra colectiva, quisiera agradecer a todos los profesores e investigadores en las áreas de las ciencias penales, así como a los discípulos del homenajeado, que respondieron positivamente a la convocatoria para participar en este homenaje.

“Asimismo, deseo expresar a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales y al director general del INACIPE, por haber autorizado que este libro-homenaje se publique por la editorial del Instituto en coedición con la Academia.

“Las anteriores consideraciones y la estrecha vinculación que desde siempre ha existido entre la Academia Mexicana de Ciencias Penales y el INACIPE, son motivo suficiente para que en esta ocasión la Academia rinda un merecido homenaje a uno de sus destacados miembros, quien, además de ser el decano de los académicos vivos, es el que ha superado ya el medio siglo de vida académica.  Felicidades.”

EI 16 de marzo de 2010, participé en la presentación del libro “EI Derecho Penal a Juicio, Diccionario Crítico”, editado por la Academia Mexicana de Ciencias Penales y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. 

Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2010, intervine como comentarista por parte de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, en las “XI Jornadas sobre Justicia Penal, la Situación actual del Sistema Penal en México”, organizadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

EI 19 de enero de 2012, participé en la Ceremonia de Develación de la Placa que conmemora la presencia de la Academia Mexicana de Ciencias Penales en la Facultad de Derecho de la UNAM desde 1940. 

EI 26 de febrero de 2014, participé en la conferencia de “Comentarios al Código Nacional de Procedimientos Penales”, organizada por la Academia Mexicana de Ciencias Penales, con la intervención de la licenciada Arely Gómez, senadora de la República.

EI 28 de mayo de 2014, participé como representante de nuestra Asociación, en la presentación y mesa redonda de un “Número especial de la revista Criminalia:  La Unificación de la legislación penal y la Academia Mexicana de Ciencias Pena-les.  Debate Histórico e Ideas Actuales”, organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

En noviembre de 2016, apareció el libro “Ricardo  Franco Guzmán.  Homenaje por sus 60 años de vida académica”, con el sello de la prestigiada Editorial Porrúa, a la cual debemos reconocer la pulcra impresión que hizo durante varias décadas de la revista Criminalia.

En dicho libro de homenaje, aparecen las bellas palabras, anécdotas y recuerdos de los siguientes miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales: Victoria Adato Green, Alicia Beatriz Azzolini Bincaz, Constancio Bernaldo de Quirós, Raúl Carrancá y Rivas, Marco Antonio Díaz de León, Luis Fernández Doblado, René González de la Vega, Raúl González Salas-Campos, Luis Jiménez de Asúa, María de Luz Lima Malvido, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Moisés Moreno Hernández, Alberto Enrique Nava Garcés, Luis Rodríguez Manzanera, Antonio Sánchez Galindo, Juan N. Silva Meza, Sebastián Soler, Juan Velásquez, Ruth Villanueva Castilleja, Eugenio Raúl Zaffaroni, Jesús Zamora Pierce.

El 5 de julio de 2018 contesté a la lectura que dio el doctor Miguel Ángel Aguilar López, de su trabajo “EI efecto reparador de la prueba ilícita (originaria y derivada)”, en la ceremonia de formal ingreso como miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. 

Como podrá verse, prácticamente toda mi vida, desde estudiante en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, hasta la fecha, he estado unido, primero a la revista Criminalia y, después, a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, como miembro numerario desde el 7 de septiembre de 1956, hasta el día de hoy 21 de diciembre de 2020, en que celebramos el aniversario número 80 de la fundación de nuestra insigne asociación. 

1.  José Ángel Ceniceros (8 junio 1900) 24 abril 1979 (78) 

2.  Francisco Gonzalez de la Vega (3 dic. 1901) 3 mar. 1976

3.  Alfonso Teja Zabre (23 di

c. 1888) 29 feb. 1962 (74)

4. Raúl Carrancá y Trujillo (27 ago. 1897) 13 ago. 1968 (70) 

5. Luis Garrido Díaz (15 mayo 1898) 19 octubre 1973. (75)

6.  Emilio Pardo Aspe (28 sept. 1885) 21 feb. 1964 (79 años) 

7. Carlos Franco Sodi (31 marzo 1904) 24 abril 1961 (57 años) 

8.  José Ortiz Tirado (8 agosto 1894) Sonora 1968 (74 años)

9. Javier Piña y Palacios (19 agosto 1897) 23 enero 1983) (85) 

10.  Francisco Argüelles (10 octubre 1908) 

11.  José Gómez Robleda (24 julio 1904) 14 dic. 1987 (83 años) 

12.  José Torres Torija (15 junio 1885) 21 abril 1952 (67) 

1940 Alfonso Quiroz Cuarón (19 feb. 1910) 16 nov. 1978 (68) 1941 Mariano Ruiz Funes (24 febrero 1889) 1 julio 1953 (64) 1942 Juan J. González Bust. (16 mayo 1890) 12 feb. 1972 (81)

1943 Celestino Porte Petit (2 Nov. 1910) 22 enero 2002 (91)

1943 Luis Jiménez de A. (19 jun. 1889) 16 nov. 1970 (81) 

1948 Constancio B. de Q (12 dic. 1873) 11 agost. 1959 (86) 

1951 José R. Palacios Vargas (ingresó sept. 1951) 

Rafael Matos Escobedo (28 julio 1889) 29 dic. 1967 (78) 

Guillermo Colín Sánchez (11 feb. 1929) 16 enero 1999 (74) 

Antonio Sánchez Galindo (24 dic. 1933) 

Luis Rodríguez Manzanera (13 jun. 1939) 

Raúl F. Cárdenas Cordero (25 de marzo 1909)

Guillermo Corona Uhink (

Ángel González de la Vega (26 sep. 1895) 17 sept. 1979″

por supuesto, se hizo hincapié en el recuerdo de Don Luis Jiménez de Asúa. Un gigante del Derecho Penal que perteneció a la Academia.

 Académicos de Número: 

1. Victoria Adato Green 

2. Miguel Ángel Aguilar López 

3. Miguel Oscar Aguilar Ruiz 

4. Alicia Azzolini Bincaz 

5. Pedro Pablo Carmona Sánchez 

6. Raúl Carrancá y Rivas 

7. Sergio Correa García 

8. Luis De la Barreda Solórzano 

9. Enrique Díaz Aranda 

10. Rodolfo Félix Cárdenas 

11. Ricardo Franco Guzmán 

12. Sergio García Ramírez 

13. Olga Islas Magallanes de González Mariscal 

14. María Elena Leguízamo Ferrer 

15. María de la Luz Lima Malvido 

16. Sara Mónica Medina Alegría 

17. Rafael Moreno González 

18. Moisés Moreno Hernández 

19. Jorge Nader Kuri 

20. Alberto Enrique Nava Garcés 

21. Roberto Ochoa Romero 

22. Ricardo Ojeda Bohórquez 

23. Miguel Ontiveros Alonso 

24. Mercedes Peláez Ferrusca 

25. Raúl Plascencia Villanueva 

26. Luis Rodríguez Manzanera 

27. Juan Silva Meza 

28. Elisa Speckman Guerra 

29. Ruth Villanueva Castilleja 

30. Jesús Zamora Pierce 

31. René González de la Vega

32. Jorge Ojeda Velázquez

33. Luis Fernández Doblado

34. Miguel Ángel Mancera Espinosa

35. Mario Alva Rodríguez

Correspondientes nacionales

Correspondientes extranjeros IN MEMORIAM

 Enrico AltavillaItalia

 
Lola Aniyar de CastroVenezuela
 Francesco AntoliseiItalia
 Charles AssoFrancia
 Noé AzevedoBrasil
 Carlos A. BambarénPerú
 Marino Barbero SantosEspaña
 Héctor Beeche LujánCosta Rica
 Bernardo BeidermanArgentina
 Armida Bergamini MiottoBrasil
 Antonio Beristain IpiñaEspaña
 Giuseppe Maria BettiolItalia
 Francisco Blasco y Fernández de MoredaArgentina
 Pierre BouzatFrancia
 Doris BrasolEUA
 Giuseppe BussianteItalia
 Julián CalvoChile
 Miguel Ángel CarbonellCuba
 Federico CastejónEspaña
 Israel CastellanosCuba
 Manuel Cobo del RosalEspaña
 Haim CohnIsrael
 Jean ConstantBélgica
 Andrés F. CórdobaEcuador
 Juan Córdoba RodaEspaña
 Luis Cousiño Mac IverChile
 Luis Guillermo Cornejo CuadrosPerú
 Paul CornilBélgica
 Luis Cova GarcíaVenezuela
 Anselmo CrisafulliItalia
 Eugenio Cuello CalónEspaña
 Emirto de LimaColombia
 F. de Sola CañizaresFrancia
 Rosa del OlmoVenezuela
 José del Picchio FiloBrasil
 Juan del RosalEspaña
 Benigno Di TullioItalia
 José A. DíazCuba
 Henri Donnadieu de VabresFrancia
 Israel DrapkinChile
 Manuel DuránBolivia
 Guillermo Fernández DávilaPerú
 Rafael Fernández RuenesCuba
 Rafael FontecillaChile
 Aldo FranchiniItalia
 J. Carlos García BasaloArgentina
 Eleanor Touroff GlueckEUA
 Sheldon GlueckEUA
 Eusebio GómezArgentina
 Filippo GramaticaItalia
 Luis Gracia MartinEspaña
 Jean GravenSuiza
 José Enrique Gutiérrez AnzolaColombia
 Rafael HernándezEUA
 Miguel Herrera FigueroaArgentina
 Jacques-Bernard Herzog Francia
 Louis HugueneyFrancia
 Nelson HungríaBrasil
 Rafael Isava NúñezVenezuela
 Luis Jiménez de AsúaArgentina
 Victoria KentEspaña
 Francisco T. LaplazaArgentina
 Leone LattesItalia
 Jacques LeautteFrancia
 José Lemos BrittoBrasil
 Bolívar LeónEcuador
 José Antonio León ReyColombia
 Bernardino León y LeónPerú
 Ricardo LeveneArgentina
 Edmond LocardFrancia
 Manuel López-Rey y ArrojoInglaterra
 José Agustín MartínezCuba
 José Rafael Mendoza TroconisVenezuela
 Jean Moruzi-Strada LainisiRumania
 Gilberto Mosquera PozoCuba
 Eduardo Novoa MonrealChile
 Fernando OrtizCuba
 José PecoArgentina
 Luis Pereyra de MeloBrasil
 Luis Carlos PérezColombia
 Avelino Pessoa CabalcantiBrasil
 Roberto PettinatoArgentina
 Pedro Pineda LópezVenezuela
 Francisco Ponte DomínguezCuba
 Leonidio RibeiroBrasil
 José Rodríguez DevesaEspaña
 Nerio RojasArgentina
 J. A. RouxFrancia
 J. A. César SalgadoBrasil
 Luis Sandoval SmartChile
 Miguel Scheweitzer S.Chile
 Thorsten SellinEUA
 Galdino SiqueiraBrasil
 Sebastián SolerArgentina
 Vasile V. StanciuFrancia
 Evelio TabioCuba
 Ugo G. TomassiniVenezuela
 Gino TovazziItalia
 Guillermo Uribe CoallaColombia
 Giuliano VassalliItalia
 Armando VidalBrasil
 Roberto VouienFrancia
 Jorge E. Zavala BaquerizoEcuador

CORRESPONDIENTES EXTRANJEROS VIGENTES:

1.                                                                     

Prof. Dr. LUIS ARROYO ZAPATERO

España

2.                                                                     

Prof. ADELA ASÚA BATARRITA

España

3.                                                                     

Prof. Dr. Enrique BACIGALUPO

Argentina

4.                                                                     

Prof. Dr. César Oliveira de BARROS LEAL

Brasil

5.                                                                     

Prof. Dr. Edgar IVÁN COLINARAMÍREZ

España

6.                                                                     

Prof. Dr. José Luis de la CUESTA ARZAMENDI

España

7.                                                                     

Prof. Dr. Pedro Rubens DAVID

Argentina

8.                                                                     

Prof. Dra. MIREILLE DELMAS-MARTY

Francia

9.                                                                     

Prof. Dr. ENRIQUE GIMBERNATORDEIG

España

10.                                                                  

Prof. Dr. Juan-LUIS GÓMEZ COLOMER

España

11.                                                                  

Dra. HILDA MARCHIORI

Argentina

12.                                                                  

Prof. Dr. FRANCISCO MUÑOZ CONDE

España

13.                                                                  

Prof. Dr. CLAUS ROXIN

Alemania

14.                                                                  

Prof. Dr. Jan-MICHAEL SIMON

Alemania

15.                                                                  

Prof. Dr. Fernando M. VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ

Colombia

16.                                                                  

Prof. Dr. Eugenio RAÚL ZAFFARONI

Argentina

Por último, compartimos el video de la ceremonia:

Carlos Castresana, Doctor Honoris Causa por el Instituto Nacional de Ciencias Penales

por Alberto E. Nava Garcés

 

(Publicado en la revista El Mundo del abogado, mayo de 2018)

 

introito

 

Es difícil en ocasiones establecer en un breve texto si debemos felicitar al recipiendario de un reconocimiento como el que ahora nos convoca, o bien, felicitar a la institución por su impecable elección, pues con esta distinción, el propio INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES se distingue.

 

Cuando se trata de reconocer a un fiscal, con más razón hay motivos para celebrarlo, pues les confesaré que cada que un fiscal concluye su tarea, lo imagino igual que al cuadro que pintara Carbonero sobre Carlos de Viana, derrotado en su sillón, no por no haber podido ser rey, sino por el magnífico desgaste que implica la función.

 

Pocos, pero muy pocos son los fiscales que salen airosos y es por ello que debemos reconocer en Carlos Castresana a un jurista más allá del papel que le ha tocado y más allá de los resultados que han hecho de su trayectoria algo ejemplar.

 

El reconocimiento que esta mañana le es concedido debe servir no solo para su ámbito personal, ni para colocar una fotografía al lado de los distinguidos penalistas que le han precedido, sino para el lustre institucional y para que las nuevas generaciones se pregunten cuáles fueron sus méritos.

 

Por tal motivo, habré de referir algunos lugares comunes que nos darán cierta luz sobre el periplo de Carlos Castresana, doctorado honoris causa.

 

 

Carlos Castresana

 

El 16 de octubre de 1998, pudimos observar con enorme asombro la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet por las eficaces autoridades británicas en cumplimiento de un mandato judicial español.

 

Fue en entonces cuando saltaron a la luz, de este lado de Iberoamérica, nombres tales como el de Baltazar Garzón y, por supuesto, de Carlos Castresana, quien presidía la Unión Progresista de Fiscales y quien había llevado a cabo una investigación sobre los actos realizados por el expresidente chileno y que podían constituirse como delitos. Investigación realizada entonces al amparo del interesante principio de jurisdicción universal previsto de la Ley Orgánica del Poder Judicial en España.[1]

 

Notas de una biografía

 

Carlos Castresana Fernández nació en Madrid en 1957

 

Según la biografía (que puede consultarse en la página del diario español El País),Castresana ejerció como abogado antes de ingresar en la carrera fiscal en 1989 e ingresó en la Fiscalía Anticorrupción desde su creación en 1995, donde estuvo dedicado a investigar casos de gran relevancia.

Encabezó investigaciones tan famosas como el llamado “caso Gil”, relativo a los actos imputados al entonces alcalde de Marbella y ex presidente del club de fútbol Atlético de Madrid.

 

(Es curioso cómo el fútbol y el derecho penal se entrelazan de manera continua, ya que hace tan solo unos meses en este mismo espacio, animábamos la defensa de un colega que defendía a un eminente futbolista mexicano).

 

Pinochet

 

Pero, como lo establecí líneas arriba, la investigación que colocó en la mira de todos los penalistas a castresana fue sin duda la causa pendiente contra el exdictador chileno Augusto Pinochet, que el gobierno mexicano reprobó desde aquel 11 de septiembre de 1973 y con el que no mantuvo relaciones diplomáticas, sino hasta la restauración de la democracia.

 

En esa investigación, presentada ante la Audiencia Nacional, acusó al viejo dictador de los delitos de genocidio, tortura y terrorismo, así como a los militares que gobernaron Argentina desde 1976 y, aunque no era un gobernante como tal, para México fue paradigmática la entrega de Ricardo Miguel Cavallo a la justicia española, cuyas imputaciones derivaban de los casos anteriores.[2]

 

Lo demás es historia, con sus claroscuros. Pinochet no fue entregado por el gobierno británico, pero de ninguna manera desanimó a nuestro homenajeado para continuar con su estupenda carrera.

 

Como no lo fue cuando el mismo refiere la frutración de suspender una acusación porque su investigado fue electo como primer ministro italiano, me refiero por supuesto al caso de Berlusconi, que más que dinero e influencias, gozaba de una suerte que rebasaba toda probabilidad.[3]

 

Guatemala

 

Castresana logró llevar a juicio a un expresidente de Guatemala, lo que se traduce en que su prestigo lo ha llevado a procurar justicia más allá de las latitudes de costumbre.

 

En septiembre de 2007, recibió, de manos de la Secretaría general de la ONU, el encargo de dirigir la Comisión Internacional con el objeto de investigar y llevar a juicio a las organizaciones criminales y en particular a las que operaban desde el interior de las instituciones guatemaltecas.

 

Los principales casos en que estuvo al frente la comisión encabezada por Castresana fueron los de Rosemberg y Alfonso Portillo, expresidente guatemalteco.

 

Sin embargo, en junio de 2010, Carlos Castresana renunció a dicha encomienda, por el “incumplimiento” del Estado guatemalteco en su compromiso de combatir la impunidad.

 

Al renunciar, recordó las palabras de otro eminente fiscal Giovanni Falcone: “En estos trabajos, cuando te quedas solo, te conviertes en un coleccionista de balas”.

 

Su formación académica

 

Probablemente durante su presentación ya se haya señalado que carlos Castresana es Profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid y profesor invitado de Derecho Penal Internacional en la University of San Francisco, California entre 2003 y 2005, asimismo que fue director de Programas de Derechos Humanos de su Center for Law and Global Justice.

 

Entre sus reconocimientos están el Premio Nacional de Derechos Humanos en España, que recibió en 1997; así también recibió el Premio de Derechos Humanos de la Asociación Argentina de Derechos Humanos; el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Guadalajara, México; el Certificate of Honor del City Council of San Francisco, California y, paradójicamente, recibió la Medalla de Honor de la Vicepresidencia del Senado de la República de Chile y le fue concedido el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Central de Santiago de Chile, el país donde alguna vez gobernó Pinochet.

 

         Su lucha contra la corrupción

 

Para los que amamos las ciencias penales es muy importante encontrarnos con personajes de esta talla, que, con su trayectoria demuestran que la fiscalía requiere de sujetos valientes, pero sobre todo de sujetos inteligentes que, pese a los recovecos de la ley o los retruécanos procedimentales, se puede llegar a buen puerto con conocimiento y estrategia.

 

Su clara vocación para combatir el crimen lo han convertido en un referente internacional cuando se abordan temas tales como la lucha contra la corrupción y la impunidad.

 

Por tales motivos es que celebro su investidura y celebro que el INACIPE pueble sus muros con personajes de los que nos podamos sentir legítimamente orgullosos.

 

 

[1]Durante mucho tiempo el concepto de jurisdicción universal y la posibilidad que los tribunales nacionales pudieran perseguir y sancionar crímenes internacionales cometidos fuera de su competencia territorial han sido prácticamente desconocidos. Y aunque los orígenes del principio de jurisdicción universal son anteriores a la Segunda Guerra Mundial, se podría decir que este principio repentinamente cobró vigencia el 16 de octubre de 1998, cuando una circunstancia inesperada hizo convulsionar la opinión pública: el dictador, general retirado y senador vitalicio de Chile, Augusto Pinochet fue detenido en Londres —donde convalecía de una operación quirúrgica— a requerimiento del titular del Juzgado de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional (AN) española, Baltasar Garzón, y quedó sometido a un procedimiento de extradición instado por España ante el Gobierno británico. Sobre el reclamado pesaba la acusación de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de genocidio, terrorismo y tortura.

En el “Caso Pinochet”, una de las cuestiones más polémicas fue justamente el título jurídico utilizado por el órgano jurisdiccional español para iniciar el proceso penal por los crímenes internacionales cometidos durante el periodo de la dictadura chilena. Al solicitar la extradición, el juez Baltasar Garzón se basó en el principio de la jurisdicción universal. Asimismo, el pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, en sendos autos del 4 y 5 de noviembre de 1998, confirmó la jurisdicción de España para conocer de los hechos objeto de ambos procesos y en tal sentido afirmó que:

España tiene jurisdicción para conocer de los hechos, derivada del principio de persecución universal de determinados delitos —categoría de Derecho Internacional— acogida por nuestra legislación interna. Tiene también un interés legítimo en el ejercicio de dicha jurisdicción, ya que son más de quinientos los españoles muertos o desaparecidos en Argentina, y cincuenta los muertos o desaparecidos en Chile, víctimas de la represión denunciada en los autos.

Sin duda uno de los aspectos jurídicos más relevantes de este caso, así como de otros que le han seguido, reside, en nuestra opinión, en haber reactivado el debate doctrinal en torno a la validez del principio de jurisdicción universal en particular, y al ejercicio extraterritorial de la jurisdicción penal de los Estados en general, una de las cuestiones más clásicas y controvertidas del derecho internacional, tal y como demuestra la sentencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI) en el caso delLotus.

Además, desde entonces se ha generado una amplia práctica española en el ejercicio de la jurisdicción universal que ha situado a nuestro país en la vanguardia de la persecución de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, y se ha favorecido la proliferación de esta práctica por parte de otros países, en particular en el ámbito europeo. Incluso se ha producido una concatenación de actuaciones nacionales e internacionales que se ha dado en llamar “la cascada de la justicia” (consultable en MARQUEZ CARRASCO, Carmen  y  MARTIN MARTINEZ, Magdalena. El principio de jurisdicción universal en el ordenamiento jurídico español: pasado, presente y futuro.Anu. Mex. Der. Inter [online]. 2011, vol.11 [citado  2018-04-25], pp.251-303. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46542011000100009&lng=es&nrm=iso&gt;.ISSN 1870-4654. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46542011000100009)

 

[2]Una declaración que parece confirmar que los tiempos judiciales correrán en una sola dirección. México, dicen aquí, está “jurídicamente obliga do” a conceder esta extradición ya que suscribió leyes internacionales como la Convención contra la Tortura. El problema, según especulan en la propia Justicia, son los tiempos políticos: en definitiva, la última palabra la tendrá el gobierno mexicano, ya que —así lo estipula la ley— los jueces sólo le entregarán una recomendación a la Secretaría de Relaciones Exteriores y allí se decidirá si Cavallo pasa los próximos años de su vida en una cárcel española. México está “jurídicamente obligado” a extraditar o juzgar aquí a Cavallo, según dijo el fiscal español Carlos Castresana y ya comienzan a admitir en los pasillos de los tribunales mexicanos. Castresana dijo, además, que podrían corresponderle 100 años de prisión si se le comprueban casos de tortura. (https://www.clarin.com/politica/gesto-mexicano-apunta-extradicion-cavallo_0_SkHwGcgCYx.html)

[3]Véase la entrevista concedida por Carlos Castresana: http://www.abogacia.es/2016/10/07/carlos-castresana-abogado-y-ex-fiscal-anticorrupcion-la-corrupcion-vulnera-los-derechos-humanos/

 

 

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El penalista (2a edición corregida y aumentada, INACIPE, México, 2015)

Durante muchos años, el gran jurista español Luis Jiménez de Asúa llevó un registro de la actualidad de las ciencias penales en Iberoamérica (con diversos vasos comunicantes con otras latitudes). Su obra monumental quedó plasmada en dos obras inigualables: su Tratado de Derecho penal y la colección de artículos El criminalista, que llegó a tener más de 3,000 páginas de referencias sobre el Derecho penal y sus autores.

Con ese gran ejemplo, el autor de este libro pretende emular su dedicación para hacer la crónica del Derecho penal y de sus personajes. El penalista es, acaso, la chispa que queda después de esa gran lumbre que dejó don Luis Jiménez de Asúa y que durante muchos años iluminó el siglo XX y los principios del XXI. Esta obra no pretende, pues, alcanzar esas alturas, pero sí, de manera definitiva, continuar con la labor de dar cuenta sobre los retos de esta sociedad y del Estado.

Este libro retoma, entre otros temas, la crítica a la dogmática penal, los retos que implica un cambio en el sistema de justicia penal, las nuevas amenazas tecnológicas y su regulación, algunas disertaciones sobre delitos en particular, casos y, por supuesto, reseñas de obras imprescindibles para entender esta época.

Así, el autor varía la temática para abordar temas como la reforma penal de 2008, con su visión sobre la futura legislación federal o la legislación tipo para el país sobre un tema concreto: los recursos ordinarios. Del mismo modo, reflexiona brevemente sobre las fortalezas para la implementación de la reforma penal señalada.

También recoge la tesis de un código penal único y, de manera original, plantea el procedimiento para concretar esta ambiciosa meta que es heredada, por supuesto, de su maestro, Ricardo Franco Guzmán.

 

 

Esta es la entrevista sobre el libro:

El Convenio de Budapest contra la cibercriminalidad y la legislación mexicana

Tres son las etapas en las que se funda la existencia de un delito informático: la de su inclusión en los catálogos penales (legislación), la forma en que se debe investigar (forense informática) y, la forma en que se acredita ante un juzgado o tribunal (prueba electrónica). En México aun no se ha pasado de conformar la primera etapa a pesar de contar con escasos pero muy buenos elementos para realizar la segunda.

Todos los días, por distintos medios, somos testigos de una diversidad de conductas cometidas a través de las nuevas tecnologías. El robo de identidad y la pornografía infantil son conductas que con los nuevos medios electrónicos han repuntado de manera exponencial. No muy lejos hemos leído los múltiples fraudes cometidos en la red en donde la legislación tradicional parece ser insuficiente. ¿pero realmente no hay legislación para acotar estas conductas?

Debemos partir de dos preguntas más, la primera: ¿están legislados los (mismos) delitos informáticos en todo el país? y, ¿son acordes los delitos informáticos con el convenio de Budapest contra la cibercriminalidad de 2001? La respuesta a ambas interrogantes es no.

El legislador tiene, entre otros pendientes, legislar y unificar el tratamiento que deberá darle a los llamados delitos informáticos con el fin de no dejar vacíos que son aprovechados por la criminalidad “en línea” o informática. Lo hemos señalado antes: “El sueño de un mundo automatizado se puede volver en la pesadilla de quienes han puesto sus bienes al alcance de cualquier medio electrónico”.

En 1999, cuando el Código Penal Federal regía en el Distrito Federal para los delitos de fuero común, se incluyó el catálogo de delitos informáticos del artículo 211 bis 1 al 211 bis 7 (pero sirva recordar: sólo para el Distrito Federal y sólo para los delitos del fuero común).

Pero, ese mismo año, la legislación penal quedó como una facultad a cargo de la Asamblea legislativa del Distrito Federal, la cual fue ejercida y se promulgó el efímero Código Penal para el Distrito Federal, cuya vigencia se extendió hasta 2002, cuando se publicó el entonces nuevo Código Penal para el Distrito Federal, entre cuyas características destacó la ausencia de legislación en materia informática, con la salvedad del mal hecho artículo 231, fracción XIV que hace referencia a transferencias por medio electrónico y del artículo 211 relativo al robo de identidad.[1]

Pero como podemos observar, la construcción de los tipos penales en materia informática fueron realizados previamente a los que sugiere el convenio de Budapest que además, es importante decirlo, México no ha suscrito ni ratificado.

Por lo que respecta a las legislaciones de los estados y por cuanto hace a los delitos informáticos, tenemos que en los códigos penales de Aguascalientes y Tabasco establecen dichas figuras entre los Delitos contra la seguridad en los medios informáticos y magnéticos; Baja California los establece en los Delitos contra la inviolabilidad del secreto; Chiapas, en los Delitos en contra de las personas en su patrimonio; Colima, Puebla, Querétaro, Zacatecas y Morelos, en los Delitos contra la moral pública; Oaxaca, en los Delitos contra la moral pública y en los Delitos contra la libertad y violación de otras garantías y; Tamaulipas, en los Delitos de revelación de secretos y de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática.

Por su parte dentro de los códigos penales de Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz Llave y Yucatán, no se contiene disposición relativa sobre el particular.

Frente a esta ausencia legislativa, es común que se pretenda dar efectos extensivos a los delitos informáticos contenidos en el Código Penal Federal, sin embargo, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre el particular, advirtiendo la incompetencia en la que incurren las distintas instancias federales cuando el afectado no cumple con las hipótesis contenidas en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En ese tenor los delitos informáticos, son materia de cada legislación estatal o del Distrito Federal, por lo que su ausencia, en tratándose de particulares afecta sólo a los particulares mismos y si recurren a la intancia federal para eludir este vacío, no sólo no prosperará su acusación, sino que quedará sujeta a otra decisión que ya ha tomado la Corte respecto de actuaciones realizadas ante autoridad incompetente: la nulidad de dichas actuaciones y por ende, el final del camino por cuanto hace a este tema.

Es urgente revisar y unificar la legislación de la materia. Como es urgente revisar la conveniencia de resolver un problema global sin las respuestas locales que han resultado tan infructuosas, lo que se ha traducido en un nicho de impunidad que cuesta muchos millones de dólares para los afectados por las conductas de las que son víctimas en la red.

Cuando se haga la revisión legislativa se deberá tomar en cuenta que día a día existen nuevas amenazas en la red, conductas que están partiendo de esa misma naturaleza etérea con la que está hecha la supercarretera de la información (vocablo que está desapareciendo para referirse a internet).

El convenio de Budapest contra la cibercriminalidad, que fue realizado en noviembre de 2001 (antes del auge de las redes sociales, que en mucho han cambiado la faz de la red y la conducta de los usuarios) representa un gran reto legislativo, puesto que abarca diversas materias sensibles que no pocas veces ha dado motivo a los dilemas sobre las libertades y el control legislativo, lo que ha retrasado su discusión para ratificarlo. Pero omitir su estudio sólo mantiene en situación de atraso económico a los países en desarrollo y en un franco estado de vulnerabilidad a los usuarios de los medios informáticos.

 

 

[1]Es importante mencionar que, a pesar de ser una conducta realizada con mucha frecuencia, sobre todo en las redes sociales, el robo de identidad no está tipificado (como en el Distrito Federal) en la legislación penal federal.

 

 

Aquí el PDF del Convenio de Budapest (2001)

 

ETS_185 Convenio de Budapest_spanish

Ricardo Franco Guzmán, Breve antología penal, (Alberto Enrique Nava Garcés, compilador), Porrúa, México, 2012, pp. 246.

El doctor Ricardo Franco Guzmán prefiere vivir que recordar, sin embargo, cuando cumplió sesenta años como abogado y cincuenta y seis como profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, le fue imposible evitar una pausa para rememorar lo vivido desde entonces.  Es mi maestro desde hace más de veintitrés años y desde hace ya algunos otros me ha permitido colaborar modestamente para su despacho. Con esa carta credencial, la tarde del 4 de junio de 2010, me dio la oportunidad de entrevistarlo como su incipiente biógrafo. Así, tuvimos una larga conversación sobre su trayectoria, la cual fue publicada en distintas revistas especializadas. Ahora, esta versión más amplia es la honrosa introducción a los textos de esta breve antología… (tomado del prólogo)

Este trabajo consta de tres partes:
una breve biografía
artículos del maestro y
acervo fotográfico.
Empastado en piel.
Un pequeño homenaje para un gran maestro del Derecho Penal en México.

 

liga para su compra:

 

https://www.porrua.mx/pagina-interior.php?id=813538

 

El estado actual de la investigación en ciencias penales en México. por el Dr. Javier Dondé Matute y el Dr. Alberto E. Nava Garcés

(entrevista publicada en la revista Defensa Penal de septiembre de 2010)

Los doctores Javier Dondé Matute (1) y Alberto Nava Garcés (2), conversan y reflexionan sobre el estado actual de la investigación en México, una actividad que en su momento tuvieron a cargo como directores de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales[3] y de la que desprenden sus conclusiones.

¿Cuál es el estado que guarda la investigación sobre Derecho Penal en México?

Javier Dondé (JD) Me parece que la investigación en materia penal en México tiene serios problemas. Las personas que se dedican a esta actividad se encuentran secuestradas por lo inmediato, perdiendo de vista lo importante. El trabajo del investigador en ciencias penales en México gira en torno a temas coyunturales, que además son los que favorecen los centros de investigación, dejando a un lado los proyectos de largo plazo. Lamentablemente, el financiamiento de los proyectos también sufre de este mal; por lo tanto, los investigadores tienen que presentar proyectos (con financiamiento externo o de las instituciones donde laboran) que atienda temas en boga. Presentar proyectos que impliquen resultados a largo plazo es sinónimo de fracaso. Es un síntoma de lo que pasa en México en términos generales, una visión de corto plazo.

Alberto Nava Garcés (AN).- la investigación en general es apoyada muy por debajo de los estándares establecidos por la OCDE, y por ende, la investigación en ciencias penales como último punto en la pirámide de la investigación (Investigación en general, investigación en ciencias sociales; Derecho, derecho penal) cuenta con poco apoyo y con pocos exponentes, por ese motivo se privilegia la investigación de corto plazo.

La investigación en ciencias penales es tan escasa que ello explica el por qué casi todos los textos traducidos que consultamos son editados en el extranjero, pues parece no interesar a los institutos que sus investigadores hagan traducciones directas, cuyo trabajo implicaría un acortamiento en el tiempo con respecto a los textos de quienes hoy día llevan la frontera del conocimiento.

Con relación a los temas que se abordan, son regularmente trabajos que explican las reformas penales actuales o bien, reproducen el pensamiento, con muchos años de distancia, de autores extranjeros.

Creo que al investigador se le debe dar la libertad de escoger su línea de investigación y que, en un mediano plazo se le califique por sus productos científicos.

¿Qué temas considera que son observados con mayor detenimiento y cuáles considera, que a pesar de su importancia son tomados en segundo plano?

AN.- Se les da mayor importancia a los textos normativos, de modo tal que, reformas tan ingentes como la de 18 de junio de 2008 dejan un mar de temas a tratar: nuevo sistema de justicia, arraigo, inviolabilidad de comunicaciones, seguridad pública, reinserción social y, pronto se hacen cotidianas las figuras como vinculación a proceso, teoría del caso, prueba ilícita, cadena de custodia, etcétera, pero ¿en dónde se quedó lo que llevábamos avanzado sobre Teoría del Delito? ¿Por fin evolucionamos hacia otro estado de cosas?

JD.- En la actualidad la reforma penal de 2008 ha acaparado la atención de los investigadores. Dentro de este aspecto destaca la capacitación para enfrentarse a un juicio oral. No solamente las destrezas de durante el juicio como tal, sino el denominado estudio de casos, que implica la preparación para la etapa oral, propiamente. También se han enfatizado los estudios comparados. Se busca encontrar en los sistemas jurídicos que han incursionado en el sistema acusatorio las respuestas que todavía nos falta encontrar en México.

Por su parte, se han abandonado los temas de Derechos Humanos, sobre todo lo relativo al debido proceso legal. Me parece que independientemente de las destrezas de litigio que son necesarias y lo invaluable de recurrir a la experiencia comparada para llevar por buen curso la transición, es importante tener presente que el proceso penal tiene que cumplir con los estándares mínimos del debido proceso, particularmente del sistema interamericano de derechos humanos. Quizá las recientes condenas a México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realcen la importancia de estos temas y su vinculación con el Derecho penal.

¿Qué opina de los centros de investigación donde se estudia el Derecho Penal en México?

JD.- Creo que esta pregunta se contesta en el mismo sentido que la primera.

AN.- Pocos son los lugares donde se puede desarrollar la investigación en ciencias penales. Actualmente se cuenta con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el Instituto de Formación Profesional (sin contar escuelas como la Facultad de Derecho de la UNAM, cuyos maestros combinan su actividad profesional con la producción editorial) cuyo trabajo se traduce en alrededor de 70 trabajos de ciencias penales al año. Un número ínfimo dividido por el número de ciencias penales y el amplio espectro que sólo el Derecho Penal posee.

¿A qué tema se le debe dar mayor énfasis en las ciencias penales?

JD.- Mi impresión es que se le ha dado poca importancia a la metodología en la investigación. Independientemente, del tema que se aborde, éste debe abordarse con una metodología sólida, lo cual se ha menospreciado u olvidado, de tal forma que no podemos decir que la producción en materia penal, siempre cumpla con estándares mínimos para ser considerados científicos.

También me parece que se ha descuidado la técnica legislativa. Una cosa es generar una idea o hacer el análisis de una ley y otra muy distinta saber plasmarla en un texto legal. Esto ha generado que la doctrina penal se dedica casi en exclusiva a criticar lo que ya se ha legislado sin proponer soluciones congruentes.

Los investigadores que estudien metodología y técnica legislativa tendrán una enorme ventaja sobre los demás.

AN.- A la creación de identidad en el sistema. Hemos hecho tantos remiendos a las leyes penales y procesales, que no han guardado la congruencia necesaria. Se trata de un producto eminentemente cultural al que hemos correspondido con modas, ideas aisladas que al final del día no han dado los resultados esperados. No se trata de que sea el Derecho Penal quien dé respuesta a todo, pero sí que dé respuesta cuando se aplique.

Por tanto, se debe estudiar tanto la teoría del delito como su aplicación. Está llegando un momento en que la enseñanza por casos comienza a cobrar vigencia. No olvidemos que esos casos se resuelven con las teorías debidamente desarrolladas.

¿En los últimos veinte años cuáles han sido los productos más importantes que usted considera han aportado más a las ciencias penales de México?

 

JD.- Los productos más importantes son aquellos que buscan ser originales y trascendentes. Los libros que han buscado cruzar líneas metodológicas o impactar dando respuestas desde perspectivas no exploradas anteriormente.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derecho Humanos de Sergio García Ramírez, por acercar estas resoluciones al mundo jurídico y proyectar el estudio de casos en México.

Derecho penal contemporáneo de René González de la Vega, a pesar de que es una obra muy criticada, intenta buscar una perspectiva diferente al estudio del Derecho penal. El esfuerzo es loable y debe aplaudirse.

La extradición de Guillermo Colín Sánchez, para todo efecto práctico el único libro de extradición en México.

Análisis lógico de los delitos contra la vida, de Olga Islas, también un libro muy criticado, pero por lo menos intenta romper la hegemonía del la Teoría del Delito alemana, con una visión propia. Lamentablemente, el método expuesto no se replicó lo suficiente para probar su cientificidad.

Luis Benavides, The Universal Jurisdiction Principle: Nature and Scope, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. I, 2001. Por mucho el mejor artículo de jurisdicción universal, citado por la Corte Internacional de Justicia en el caso Congo vs. Bélgica.

El Código Modelo de CONATRIB. También una obra muy criticada, pero al ser la base para la legislación secundaria en la implementación de la reforma penal 2008 debe ser considerado como un producto importantísimo.

AN.- hace alrededor de setenta años se comenzaron a escribir estupendas obras sobre Derecho Penal en México, de modo tal que siguen siendo no sólo material de consulta sino textos de cátedra. El problema es que no hemos seguido un hilo conductor y por eso, cada que se abre el libro de Derecho Penal de un autor reciente, hace referencia a los sistemas causalista y finalista antes de establecer su opinión. Y en otras ocasiones se plantean temas fundamentales pero sin conexión metodológica.

Considero que destacan: La subjetividad en la ilicitud de Ricardo Franco Guzmán (que lamentablemente no se ha reeditado), La extradición de Guillermo Colín Sánchez (que tampoco se ha reeditado), Derecho Penal Mexicano, de Mariano Jiménez Huerta, La prescripción, de Sergio Vela Treviño, Programa de Derecho penal, de Celestino Porte Petit, Derecho Penal mexicano de Francisco Pavón Vasconcelos y los libros Teoría del Delito, tanto el de Daza Gómez como el de Díaz Aranda. Con eso tenemos un panorama sobre el Derecho penal en México.

¿Cuáles serán los temas que ocuparán mayor atención en los próximos años en las ciencias penales?

JD.- Cómo la vacatio legis de la reforma penal 2008 todavía estará vigente por varios años, me parece que los temas vinculados a la misma.

AN.-    El derecho penal se seguirá enfrentando a la idea del derecho penal mínimo, a las nuevas tecnologías, a la ambiciosa idea de una justicia internacional, a un respeto irrestricto a los derechos humanos y a las formas en que éste se habrá de comprender a sí mismo, a través de nuevos sistemas que recojan los elementos que al día de hoy nos han permitido tener un moderno derecho penal.


[1] Doctor en Derecho Penal Internacional y Derecho Penal Comparado por la Universidad de Aberdeen (Escocia); maestro en Derecho por la Universidad de Georgia (EEUU) y licenciado en Derecho por el ITAM. Ha sido docente en la Universidad de Aberdeen, ITAM y UNAM, e impartido el curso de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, en la Universidad Iberoamericana. Se ha desempeñado en la PGJDF y en el Poder Judicial de la Federación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Coalición Mexicana para la Corte Penal Internacional y del Comité Editorial de la Revista Iberoamericana de Derechos Humanos.

[2] Abogado penalista; Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; Profesor de Teoría de la Culpabilidad en el posgrado de la Facultad de Derecho, UNAM y profesor de Derecho Penal en la Universidad Anáhuac. Colabora para el despacho Franco & Franco Abogados con el doctor Ricardo Franco Guzmán. Es autor de varios libros de los que destacan: El error en el Derecho Penal ; Delitos Informáticos y la Prueba electrónica en materia penal, todos de Editorial Porrúa.

[3] En ese orden, que coincide con el orden alfabético: Dondé Matute (2006); Nava Garcés (2008 – 2009).