La inteligencia financiera ¿hasta dónde puede llegar?

1. El día de hoy aparecieron dos notas periodísticas en las que se hace referencia al poder judicial de la federación. En las dos se hace referencia al golpeteo sistemático que ha sufrido en los últimos meses.

 

2. Dichas notas tienen como punto de partida los límites que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha impuesto al área de inteligencia financiera.

 

3. Esos límites se refieren en esencia a la naturaleza del área de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada de buscar el origen de los recursos de cualquier persona, física o moral que pudiera estar involucrada en algún ilícito.

 

4. Sin embargo, la investigación de los delitos sigue, primordialmente a cargo del Ministerio Público y de las policías, según lo establece el artículo 21 de la Constitución, por lo que sus funciones no pueden ser invadidas.

 

5. La nota en comento señala que un ministro en particular ha limitado la actuación de Inteligencia Financiera, pero sería importante recordar que un solo ministro no puede hacer una determinación de tal calado de manera solitaria, como se pretende hacer ver a los lectores.

 

6. Las determinaciones de la SCJN, sean de Sala o de pleno, son colegiadas y están sujetas al debate y la votación de la mayoría (o de la unanimidad, en su caso)

 

7. Y es que el problema no radica en los precedentes judiciales, sino en lo que se pretende que sea la Unidad de Inteligencia Financiera: una auténtica fiscalía.

 

8. Se pretende dotar de mayores instrumentos legales para ampliar la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que en principio estaría bien, si tomamos en cuenta los retos que traen los activos virtuales.

 

9. Pero, dotar a ciegas de mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera también importa un peligro para la presunción de inocencia.

 

10. La presunción de inocencia implica la obligatoriedad de las autoridades para tratar al investigado como inocente y trabajar con secrecía la investigación, pues la persona no puede defenderse en esa etapa.

 

No puede estigmatizarse al investigado a través de los medios de comunicación o las redes sociales.

 

11. Así que, dar a conocer a las personas investigadas, sin respeto por la presunción de inocencia traería consigo la violación de derechos que podrían hacerla nula legalmente.

 

12. Así que, también podría fungir como el nuevo Cisen. Según la óptica de quienes saben para qué sirve la información.

 

13. En todo caso, valdría la pena reflexionar si el aumento de facultades a esta área estratégica no es también una renuncia tácita a continuar con la fiscalía anticorrupción.

 

14. la actuación del Poder Judicial de la Federación no debería ser parte de la agenda del Ejecutivo. Si quiere dar mayores facultades a sus unidades de inteligencia, también debe someterse a los criterios basados en el Derecho.

 

15. Un país sin independencia judicial y sin respeto por la norma constitucional está condenado al desorden y a otros peligros. Al tiempo.

Miscelánea de iniciativas en materia penal

Para su lectura, reflexión y opinión sobre la pertinencia y la política criminal que tendremos los siguientes años.

 

INICIATIVA LEY NACIONAL SOBRE USO DE LA FUERZA

 

INICIATIVA LEY NACIONAL DEL REGISTRO DE DETENCIONES

 

INICIATIVA LEY GENERAL DEL SISEMA ANCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

 

INICIATIVA CON LEY DE GUARDIA NACIONAL

 

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CIBERDELITOS

 

 

Recientemente, el INACIPE y Tirant lo Blanch dieron a conocer un proyecto editorial denominado “desafíos de la justicia” dentro del cual está el  volumen dedicado a los Ciberdelitos. Una vez que apareció este ejemplar, se presentó en la Feria Internacional del libro de Guadalajara y, paulatinamente se hicieron otras presentaciones en distintos recintos.

Hace 20 años estos delitos eran novedad y plantearon determinados retos que no se vieron a tiempo. Hace 20 años no éramos esclavos de los teléfonos inteligentes, no teníamos el problema de no convivir socialmente por estar al pendiente de lo que pasa en el teléfono y lo que sucede de manera remota. Las redes sociales no tenían el mismo impacto en la cotidianidad. Usar un plástico para pagar no tenía mayores riesgos, no implicaba el robo de nuestros datos o de nuestro patrimonio.

En la actualidad ya no son una novedad las nuevas tecnologías y mucho menos la necesidad de que el derecho penal las tome en cuenta para saber hasta dónde y cómo regularlas sin perder vigencia ante los cambios tecnológicos que ocurren a pasos galopantes

El video que presentamos a continuación, deriva de la invitación de Expediente Inacipe para el coordinador y dos de los participantes en el libro Alicia Rubí Guerra Valdivia y Daniel Córdova.

 

 

 

 

 

 

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enlace al programa:

Expediente Inacipe

 

 

 

 

 

 

 

 

prisión preventiva oficiosa según el artículo 19 constitucional (opinión)

Con el reinicio de los trabajos legislativos, se reactivó el debate en torno al catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa y su posible modificación para incorporar nuevos delitos.

En principio, de acuerdo con el sistema de justicia penal adoptado en 2008 e implementado en todo el territorio a partir de 2016, ni siquiera debería existir una clasificación de delitos graves y no graves.

 

Por otro lado ¿quién nos garantiza que no habrá una espiral para seguir aumentando este catálogo de delitos?

 

La cárcel dictada para investigar rompe con el principio de presunción de inocencia y no será, por nada, la respuesta al alto índice de criminalidad que se vive en México. No puede suplirse la prevención con el castigo anticipado.

 

¿tiene esto alguna ventaja?

 

Considerar en este sentido a los delitos en materia de hidrocarburos, bajo la tabla rasa de la prisión preventiva impediría al juzgador conocer el contexto y el perfil de las personas imputadas y, los mismo aplicaría para aquellas personas que abren ilícitamente los ductos y con ello hacen toda una industria, que a la gente que el propio presidente justificó cuando ocurrió la tragedia del poblado de Hidalgo. Las propias víctimas serían imputadas y con prisión preventiva oficiosa tendrían que enfrentar no un juicio sino la etapa temprana de la investigación.

 

Ampliar el catálogo de delitos no solo va contra la presunción de inocencia, que es fundamental para el sistema de justicia penal, su instauración poco serviría para cumplir con la prevención especial y general y, en cambio, abonaría a la sobrepoblación penitenciaria. Poco a poco se buscaría ampliar el catálogo de delitos, lo que sería un grave retroceso. Cada sector de la población tiene en su mente un tipo penal que le aflige, pero no es en la etapa de investigación que debe ocurrir el encarcelamiento.

 

Por otro lado, existen las denominadas Unidades de Medidas Cautelares (UMECAS) que requieren de reforzamiento para una adecuada aplicación de la prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada.

 

El que no se amplíe la prisión preventiva oficiosa, no significa que esto se traduzca en impunidad. Las partes (ministerios públicos o jueces) deben de hacer lo que les corresponda, en su caso, para la aplicación de la prisión preventiva justificada que ya se encuentra debidamente regulada.

 

La prisión preventiva oficiosa deja a un lado el criterio judicial, hace del juzgador un mero instrumento sin voluntad y sin facultades para discernir lo justo o injusto de sus decisiones. Ante un juez maniatado ¿quién querría ponerse bajo su jurisdicción?

 

A continuación reproduzco la opinión publicada en la revista El Mundo del abogado (diciembre de 2018):

 

El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos preveía un catálogo para dictar la prisión preventiva oficiosa, desde entonces, partía de un error con relación al sistema de justicia penal que se pretendía adoptar. Dicho sistema está basado, en principio, en que la prisión preventiva fuese la excepción y no la regla, como lo fue en el anterior sistema y que, además, fuese aplicada tomando en cuenta la garantía de que el imputado se presentara a juicio, así como que no constituyera un riesgo para la víctima o los partícipes en el proceso. Pero, eso no bastó, como no fue suficiente ni bien comprendido el hecho de que ya estuviera regulada la prisión preventiva justificada. El catálogo se amplió y con ello se dio el primer paso para sobrepoblar las prisiones (cuya población extrañamente no descendió en los términos esperados desde el 2016), incrementar la carga de trabajo de los tribunales y, en ese sentido, preparar el terreno para aumentar el desencanto del sistema de justicia adversarial. Es un pequeño paso para el legislador, pero un gran salto hacia el pasado. Al tiempo.IMG_2983.jpg

 

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