Desde hace mucho tiempo, sus operadores, sus usuarios y sus críticos señalaban la necesidad de modificar la Ley General de Víctimas.

El siguiente es un proyecto de iniciativa formulado por organizaciones de la sociedad civil, el cual debe analizarse profundamente, ya que incide en específico en dos temas: la composición de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, su naturaleza, organización y funcionamiento (sin referirse a la Asesoría Jurídica Federal) y a la forma en que se puede disponer del fondo para las víctimas.

 

Aquí la iniciativa:

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

 

HONORABLE ASAMBLEA:

Los suscritos, integrantes de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

En años recientes nuestro país ha sido escenario de múltiples formas de violencia, las cuales han experimentado un incremento en incidencia e impacto en la seguridad y los derechos humanos de las personas. En vistas de la situación, el Estado Mexicano ha adoptado diversas medidas para contrarrestar el fenómeno.

 

Aunque es innegable que aún falta mucho por hacer para consolidar una política efectiva de Estado que prevenga, investigue, sancione y repare de manera integral los hechos victimizantes ocurridos en nuestro territorio, tampoco cabe duda de que, principalmente a partir de la iniciativa de la sociedad civil, se ha avanzado en la construcción de un marco normativo garantista que amplía los mecanismos de protección de toda persona contra la violencia, los abusos y la inseguridad.

 

Cuatro de las más relevantes propuestas normativas que se han adoptado en ese sentido, la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia del 18 de junio de 2008; la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011; la Ley General de Víctimas del 9 de enero de 2013, primera disposición reglamentaria de los derechos victimales en materia de reparación de las primeras reformas constitucionales; y la reforma constitucional para crear las leyes generales de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley y de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes del 10 de julio de 2015, nacieron a partir de insumos presentados a esta soberanía por parte de organizaciones de derechos humanos, expertos de la academia y grupos de víctimas.

 

En particular la Ley General de Víctimas nació y tomó forma desde 2011 a partir de la legítima demanda de miles de víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos que rompieron el silencio, así como de organizaciones de derechos humanos y personas solidarias, que se articularon en ese momento en torno al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y dio origen a referentes que se han convertido en colectivos en favor de la construcción de una cultura de la paz.

 

La Ley General de Víctimas es, sin duda, una de las más avanzadas y completas del mundo, y debe considerarse como un modelo de buena práctica en la armonización de la normatividad interna con respecto a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, justicia restaurativa y justicia transicional. Ese reconocimiento, particularmente hacia los principios, derechos y medidas de ayuda, asistencia y reparación integral que contempla, viene no solamente de las y los legisladores o de los organismos internacionales de derechos humanos que así lo han externado en reiteradas ocasiones, sino sobre todo de miles de víctimas que, en lo individual o colectivo, ven plasmadas muchas de sus expectativas y demandas en este texto normativo.

 

Con todo, la forma que debe asumir la legislación siempre está condicionada a la eficacia y eficiencia que tenga en los hechos para atender la problemática que la motivó, y desde esta Legislatura, en atento diálogo con los grupos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema, hemos observado de cerca los avances y desafíos que se han presentado ya en su plena implementación, advirtiendo que hay importantes áreas de oportunidad para que, a partir de la modificación del texto normativo, se faciliten y mejoren los trabajos para que los derechos de las víctimas se realicen y se dé la mayor satisfacción posible a aquellos por los que la legislación se creó.

 

En este sentido, una de las principales exigencias y preocupaciones externadas por las víctimas en foros legislativos, ante la opinión pública y en las oficinas de las instancias creadas por la Ley, es que las instituciones que ella estableció garanticen con efectividad sus derechos, con apego irrestricto al espíritu protector de la norma que perseguía desde su origen la eliminación de los obstáculos que, bajo la forma de requisitos y procedimientos burocratizados, fragmentarios y arbitrariamente extendidos incurrían en la victimización secundaria de las víctimas, esto es, que se convertían en una fuente de nuevos daños o agravaban los existentes.

 

Con todo, y pese a la buena fe de la norma, los hechos han vuelto evidente la necesidad de plantear modificaciones urgentes para rectificar aquellos aspectos que desde la instalación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hasta la fecha están produciendo victimización secundaria y mayor dolor a quienes se acercan a esta institución.

 

Desde luego, se reconoce que la reforma normativa es una de muchas herramientas de política pública que deben impulsarse para que los derechos de las víctimas sean finalmente una realidad en el país; esto se logrará cuando las numerosas iniciativas para combatir efectivamente la impunidad, la corrupción y las causas estructurales de la violencia se concreten en el quehacer cotidiano, pues la crisis de violencia y humanitaria no tendrá solución con la simple adecuación del texto legislativo.

 

De la mano con las reformas que constituyen la presente Iniciativa deberán emprenderse esfuerzos serios desde todas las instituciones del Estado mexicano obligadas por la Ley General de Víctimas, especialmente aquellas que conforman el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y particularmente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que, tomando en cuenta las experiencias previas, permitan prevenir fenómenos de discrecionalidad, inmovilidad, improvisación o conflictividad interna institucional, y sobre todo, incurrir en negligencias, omisiones y, en suma, el incumplimiento de las obligaciones de garantizar, promover, proteger y respetar a cabalidad los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.

 

A tres años de publicada la Ley y dos de instalado su órgano operativo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, los resultados esperados se han visto limitados e insatisfactorios, pues no se ha interpretado la ley con base en el principio constitucional pro persona.

 

Es indudable que la expectativa en la institución se elevó de modo dramático debido a que fue instalada teniendo como telón de fondo la emergencia victimal y la consternación pública por la incidencia constante y sistemática de casos dolorosos de violencia como los numerosos casos de desapariciones de personas, homicidios, tortura, secuestros, extorsiones, violencia sexual y feminicidios, trata de personas y muchos otros tipos de hechos victimizantes que se ventilan hace años en diversas instituciones públicas de fuero federal y común.

 

Las condiciones para el conjunto de las instituciones públicas en México han sido complejas por la desconfianza ciudadana y el colapso que muchas de ellas, sobre todo las de seguridad y procuración de justicia, han vivido; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas surge en medio de dicha complejidad, y no hubo la capacidad de comprender la trascendencia humana de su mandato, y pese a que se le dotó de importantes recursos públicos, especialmente para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, quedó subsumida en la burocracia y, los obstáculos que su reglamentación e interpretación de la norma impusieron, generó un subejercicio mayor del 90%.

 

Las víctimas y sus familiares han vivido desde hace muchos años una situación de indefensión y orfandad, de maltrato, de condiciones indignas que profundizan su dolor; la Ley General de Víctimas, con todo y lo que pudiera haberse criticado válido o no, se construyó como instrumento del Estado mexicano para atenderlas y protegerlas, sin embargo, se convirtió en una institución más de la estructura del gobierno y no ha sido eficaz ni eficiente para cumplir con el propósito vital que le dio origen; por ello, sobra reiterar la importancia de asumir los cambios que se requieren y que, como una aportación al debate, se ponen a la consideración de esta soberanía.

 

Es importante destacar que en la presente iniciativa se recogen preocupaciones y propuestas que han surgido del propio entorno legislativo en el Senado y que se han visto expresadas en la interlocución constante con las víctimas y sus familiares, así como con las organizaciones de derechos humanos que las acompañan.

 

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA:

A lo largo de toda la ley se incorporan a las víctimas de desplazamiento forzado y migrantes como sujetos de los derechos que otorga la presente Ley; así también se armoniza con la reforma constitucional que modifica el estatus jurídico del antiguo Distrito Federal, ahora Ciudad de México y se utiliza Entidades Federativas para incorporar a los estados y a la Ciudad de México en las obligaciones establecidas por esta norma; en los artículos 84 y 79 se establece que ninguna norma de carácter inferior puede restringir ni disminuir los derechos establecidos por esta ley sustantiva; se incorporan elementos que estarán incluidos en las disposiciones de la ley en materia de desaparición de personas para mayor protección a las víctimas de este hecho delictivo; así también, en los artículos 64, 66, 67 y 69, se precisan los elementos para agilizar y hacer expedita la compensación a que tienen derecho las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.

En el artículo 1, se establece que la Ley General de Víctimas es la ley en materia de reparación de conformidad con los artículos 1°, tercer párrafo y 17, 20 y 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También, en el cuarto párrafo, y a lo largo de toda la iniciativa de reforma, se modifica el concepto “compensación” por el de “indemnización”, para evitar interpretaciones burocráticas.

 

En el artículo 2, se precisa todos los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos y se ratifica el bloque constitucional que se ha creado a partir de la reforma en derechos humanos del 10 de junio de 2011.

 

En el artículo 4, se define con mayor precisión como se adquiere la calidad de víctimas y se recoge la demanda de los familiares de ser considerados también víctimas directas porque uno de los efectos de la victimización es su carácter múltiple de violación a derechos por la propia condición de víctimas, es decir, se les estigmatiza, se les criminaliza, se les tortura psicológicamente, se les maltrata en las instituciones, y en el caso de familiares de personas desaparecidas, delito pluriofensivo, también existe la tortura. La definición de víctima se recoge de la que, para estos efectos, ha establecido el Comité Internacional de la Cruz Roja. Así mismo, se incorpora mayor precisión para la protección de las víctimas potenciales.

 

En el artículo 5, en primer lugar, se organizan los principios en un formato de fracciones para poder citar con precisión el principio que se quiere referir, así también se precisan las definiciones para atender una implementación efectiva, en particular, se modifica en su totalidad el principio de mínimo existencial para incidir en el cambio cultural de los servidores públicos que atienden víctimas y que interpretan con una visión burocrática lo mínimo que deben ofrecer a las víctimas para tratarlas con respeto y dignidad.

 

En el artículo 6, el concepto de “compensación” representa internacionalmente la reparación en términos económicos que debe recibir una víctima desde la perspectiva de un derecho, se agrega en la fracción V, como lo obligado para la autoridad cuando se trate de la “compensación” a una víctima, la clarificación de que se trata de la reparación o indemnización económica a la que tiene derecho la víctima; actualmente, las autoridades que interpretan la ley han usado su incomprensión sobre el concepto “compensación” para obstaculizar la reparación; por ello, con el objetivo de que las autoridades puedan identificar una definición que sigue presente en el entramado jurídico en cuanto a reparación del daño y no se utilice como pretexto para la victimización secundaria de las víctimas es que se propone incorporar en la definición de “compensación” que se trata de reparación o indemnización económica; se adiciona en la fracción VIII, la definición de desplazamiento interno forzado para poder proveer a las víctimas de este fenómeno creciente de los derechos que integralmente se protegen en esta ley, la experiencia ha sido que los comisionados de la Comisión Ejecutiva han desconocido a las víctimas del desplazamiento interno por no estar referido este hecho victimizante en la ley actual. Al adicionar esta definición en la fracción VIII, se recorren todas las fracciones.

 

La incorporación del fenómeno victimizante y de las víctimas de desplazamiento interno forzado se hace en los artículos 6, 8, 9, 28, 38, 41, 45, 47, 63, fracción XXX del 79, fracción IX del 93, fracción II del 101, fracción VIII del 118, fracción VI del 119, 131 y 150.

 

Se incorpora un nuevo párrafo a la nueva fracción XVIII con el objeto de definir con precisión la calidad de víctima con base en la definición propuesta por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

 

En el artículo 7, se inhiben interpretaciones personales o reglamentarias que disminuyan los estándares protectores que se plantean en la ley sustantiva, se precisa en la fracción I que los derechos a una investigación eficaz se deriva del hecho victimizante; en las fracciones III y IV, se define con mayor precisión el derecho a la verdad y el derecho a la protección; en la XX, el derecho a la consulta sobre todos los procesos en los que participan;

 

En el artículo 8, se incorpora con claridad que independientemente de la competencia federal o de las entidades federativas, las víctimas tienen derechos, que no pueden ser soslayados bajo argumentos de jurisdiccionales.

En el artículo 9, se incorpora como derecho de las víctimas de violaciones a derechos humanos, desaparición; tortura, tratos crueles o penas crueles inhumanos degradantes; ejecuciones extrajudiciales o desplazamiento interno forzado, a la reintegración y a soluciones duraderas-

En los artículos 15 y 23, se incorpora el derecho de las víctimas a un perito independiente con cargo a los recursos de las comisiones nacional o de las entidades federativas.

En el artículo 21, se incluye que las organizaciones de víctimas u otras personas que representen a las víctimas puedan participar directamente en las exhumaciones, así como ajustarse en lo que tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como la legislación en materia de desapariciones, establecen en materia de pruebas científica, y se plantea no sólo en caso necesario, frase que se elimina, sino como una directriz normativa, que las autoridades no pueden autorizar ni ellas mismas realizar, cremación de cadáveres, hayan sido éstos identificados o no.

En el artículo 26, y a lo largo de toda la propuesta de reforma, se incorpora la previsión de que ningún ordenamiento de carácter inferior, como ha sucedido a partir de la creación del reglamento de ley, puede restringir ningún derecho ni medida de reparación que disminuya los estándares protectores y garantistas de la ley sustantiva.

En el artículo 27 fracción III, se aclara nuevamente que la compensación es una indemnización económica, en la fracción VI se agrega que debe ser un derecho de las víctimas, la reinserción y soluciones duraderas que permitan una real reparación integral.

En el artículo 28, al igual que en el artículo 6, se incorpora a las víctimas de desplazamiento interno forzado como sujetos de derecho en esta ley. Mientras que en el artículo 29, se adiciona la obligación de la comisión nacional de víctimas de cubrir los gastos de atención médica de emergencia cuando no haya garantía de que las instituciones hospitalarias o la comisión de la entidad federativa de que se trate, puedan atender a la víctima.

En Iguala, Gro., la indiferencia en atender un caso de un joven, familiar de un desaparecido, pero víctima directa por haber sido objeto de agresión con arma de fuego, y no cubrir los gastos de emergencia, derivó en su muerte; y posteriormente, lo que nos lleva a la reforma al artículo 31, hubo una negativa inicial a cubrir los gastos funerarios; por ello, en este último artículo, se define con claridad que las autoridades, independientemente del fuero competencial, están obligadas a apoyar los gastos funerarios por el fallecimiento de una víctima.

En el artículo 34, se establece la prohibición de negar atención en los servicios médicos a personas víctimas, independientemente que estén fuera de su jurisdicción como derechohabientes

 

En el artículo 38, se incorporan a las víctimas de desplazamiento interno forzado como sujetos de derecho en el sistema DIF, y se adiciona que el Sistema DIF deberá contar con recursos presupuestales específicamente asignados como partida emergente.

 

Un argumento recurrente para no apoyar a las víctimas con el pago de sus traslados es la confusión en la redacción del artículo 39, en el sentido de que no quedó claro que el apoyo se dará tanto para salir del lugar de residencia como para el regreso, de tal manera que la reforma en este artículo tiene como objetivo esa clarificación y dejar especificado que estos apoyos se cubren en diligencias de carácter federal o cuando se cumplan los supuestos del cuarto párrafo del artículo 79.

 

Incorpora, en el artículo 41, a las víctimas como sujetos de las medidas que otorgan otras normas como Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

 

En el 61, se define con mayor claridad las medidas de restitución como el derecho a regresar a su lugar de origen y a ser restituidos en sus tierras, propiedades o posesiones o a ser indemnizado por la vulneración de estos derechos.

 

Para mayor claridad de que se compensa o repara económicamente, se incorpora en la fracción viii del artículo 64, que se pagan gastos de traslado a diligencias ministeriales o judiciales, además de las que ya están establecidas en esa fracción.

 

En el artículo 83, se precisa la naturaleza jurídica de la Comisión Ejecutiva y en el artículo 85, se propone una nueva estructura para la comisión Ejecutiva con un comisionado presidente y seis personas víctimas y expertos en el consejo directivo de la comisión ejecutiva; para la elección del comisionado presidente se señala que el Ejecutivo deberá convoca a consulta a los colectivos y organizaciones de víctimas, así mismo se establece el principio de máxima publicidad en cada etapa del proceso de selección de los comisionados.

 

Se establece que quienes participen en la Comisión Ejecutiva deberán tener experiencia acreditable como académicos con cinco años de experiencia en investigación o docencia especializada en atención a víctimas y ser personas provenientes de colectivos de víctimas propuestas por organizaciones no gubernamentales con al menos cinco años de especialización en atención a víctimas.

 

En relación con el comisionado presidente, la terna que se envíe deberá estar integrada por personas con al menos siete años de experiencia demostrable en atender víctimas y haber sido postulados por colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos reconocidas por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las víctimas.

 

Se establece que serán las comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Senado las encargadas del desarrollo del proceso de elección, con ello, ya no sería la comisión de gobernación sino la de derechos humanos.

 

En el artículo 86, se plantean los requisitos para ser comisionado presidente o miembro del Consejo Directivo, específicamente en la fracción III se señala que sea obligado contar con experiencia acreditada y comprobable en actividades relacionadas con atención a víctimas; se adiciona la fracción V para establecer que no haya sido objeto de recomendaciones de organismos nacionales o internacionales de derechos humanos o que se hubieran señalado contra personal de una institución o unidad administrativa a su cargo sin haberse sancionado y reparado integralmente; así también se establece la obligación del Ejecutivo Federal y del Senado de garantizar el principio de enfoque diferencial y especializado, particularmente que haya un criterio de paridad y que los comisionados provengan de diferentes Entidades Federativas y ser personas destacadas en el ejercicio de actividades profesionales diversas, con esto se pretende que no sean sólo abogados sino que haya profesionales de diversas ramas de la ciencias.

 

Se señala que los integrantes del Consejo Directivo, así como el Comisionado Presidente se desempeñarán en su cargo por cinco años y se renovarán de forma escalonada cada dos años hasta que concluyan su mandato, sin posibilidad de reelección, y la regulación para que el Comisionado Presidente no tenga ningún otro empleo, cargo o comisión, excepto en actividades docentes, científicas o de beneficencia ni puede participar o estar participando como representante de sociedad civil en espacio consultivo derivado de otras leyes; lo mismo se señala para los integrantes del Consejo Directivo.

 

Los integrantes del Consejo Directivo tampoco podrán tener ningún empleo, cargo o comisión gubernamental durante su período, ni podrán ejercer actividades remuneradas que impliquen la representación de víctimas en lo particular ante las instituciones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

 

Especialmente, y este es un aspecto fundamental de la reforma, se establece la revocación del mandato de los comisionados y del presidente del Consejo Directivo de la Comisión Ejecutiva y se establecen los supuestos por lo que esta revocación puede ser ejercida por el Senado. Es importante mencionar que todos los supuestos se han presentado ya en la operación e implementación de esta Ley y por ello, se considera deben ser causales para ya no desempeñar el cargo, como un procedimiento efectivo de rendición de cuentas:

 

El subejercicio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral mayor a 60% en el ejercicio presupuestal anual; el incumplimiento en el otorgamiento de las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley y así lo hagan constar por escrito dirigido a las Comisiones Unidas al menos cien víctimas inscritas en el Registro; la negativa a una víctima del delito o de violación de derechos humanos de apoyarle con los recursos necesarios para garantizar el acceso a las medidas contempladas en los artículos 28, 29, 30 y 31, de esta Ley, incluso si de la esta negativa, la víctima pierde la vida, se establece que podrá iniciarse además un procedimiento de sanción administrativa y penal, de conformidad con la legislación aplicable; o incurran en otras conductas que coloquen a las víctimas del delito o de violación a derechos humanos en situaciones de victimización secundaria o en mayor vulnerabilidad.

 

Por último se establece el procedimiento que deberán seguir las Comisiones Unidas para la revocación del mandato, lo cual se acompaña de una reforma al Reglamento del Senado de la República para dotar de facultades a las comisiones para realizar esta tarea.

 

En el artículo 87, se establece que el Comisionado Presidente durara en el encargo dos años, renovable por una ocasión y que será electo por el pleno de los comisionados integrantes del Consejo Directivo. Así también, se establecen las facultades de carácter administrativo, y se determina que en el cumplimiento del Título Quinto de la Ley, estará a las decisiones que tome el Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva, con voto de exclusivamente en decisiones que afecten de manera directa a la seguridad y el ejercicio de los derechos de las víctimas y cuando éstas se encuentren en riesgo.

 

En el artículo 88, además de incorporar a las víctimas migrantes y de desplazamiento forzado, se agrega un párrafo con varias fracciones para establecer las funciones del Consejo Directivo: establecer en conjunto con el Comisionado Presidente los lineamientos generales de actuación de la Comisión Ejecutiva; Instruir la elaboración y aprobar, en su caso, los proyectos de normas de carácter interno, manuales, protocolos, políticas públicas, convenios y otros documentos técnicos, operativos o reglamentarios relacionados con la actuación de la Comisión Ejecutiva y el cumplimiento de sus fines, o bien, validar los proyectos sometidos a su consideración por el Comisionado Presidente; Validar, en su caso, el proyecto de informe anual que rinda el Comisionado Presidente, así como hacer todo tipo de recomendaciones y observaciones sobre el proyecto; Conocer y validar, en su caso, el informe mensual de ejercicio presupuestal de la Comisión Ejecutiva; Emitir recomendaciones para la actuación de la Comisión Ejecutiva en casos concretos, particularmente cuando haya hechos victimizantes que, por su importancia y gravedad, ameriten su intervención o la del Sistema Nacional de Atención a Víctimas; y Emitir recomendaciones públicas al Comisionado Presidente para atender adecuadamente algún asunto que sea de interés del Consejo Directivo,en el marco del cumplimiento de esta Ley.

 

Se reforman también los artículos 91 y 92 para que se precise que los diagnósticos nacionales que elabore la Comisión Ejecutiva, se podrán realizar por iniciativa propia de la misma o a solicitud de grupos de víctimas o de la sociedad civil, incorporar la palabra de personas a la violación de derechos humanos de desaparición, y señalar que el presidente tendrá voto de calidad de conformidad con lo que se establece en el artículo 87 de la propia ley, respectivamente.

 

En el artículo 93, los comités temáticos se propone se conviertan en relatorías y quienes estén a cargo, sean designados por el Pleno de la Comisión a partir de una convocatoria pública con el objetivo de que las personas responsables de las relatorías, tengan conocimientos demostrables y sólidos en el campo de su mandato y se establecen sus funciones en las nueve fracciones que se proponen.

 

Las relatorías son equivalentes a los comités existentes, y se adiciona dos, una de ellas, sobre desplazamiento forzado y la otra sobre migrantes; al mismo tiempo se deroga el Comité Interdisciplinario Evaluador para darle una función de mayor alcance pues en la propuesta el Pleno de la Comisión Ejecutiva se constituye en el Comité Interdisciplinario Evaluador que dictamine y apruebe los proyectos de reparación integral, con base en la proporcionalidad del daño en cada caso.

 

Con el objetivo de resolver la burocratización en el registro de víctimas que ha significado altos niveles de victimización secundaria, se incluye en el artículo 96 un párrafo que señala que las víctimas no requieren para su inscripción exhibir ningún documento en específico, ni podrá exigírseles, en consecuencia, la presentación de denuncia o cualquier otro documento o trámite presentado ante la instancia de procuración de justicia o de protección de derechos humanos que corresponda por motivo de su jurisdicción.

 

Además, se deberá contar con subregistros para cada uno de los tipos de hechos victimizantes, divididos en dos archivos generales para hechos victimizantes de fuero federal y los de fuero común.

 

En el artículo 97 se adicionan dos párrafos para fortalecer las otras fuentes que alimentan la integración del Registro. En ellos se establece que aportarán de inmediato sus bases de datos las instituciones de protección de derechos humanos, procuración de justicia, poderes judiciales federal y de las entidades federativas con objeto de que se incorpore dicha información en el formato único de declaración; y que a partir de que el responsable del Registro turne los expedientes a la presidencia de la Comisión Ejecutiva, si ésta concluye la revisión de los casos, deberá turnar un proyecto de dictamen de reparación para su discusión y aprobación al Pleno de la Comisión Ejecutiva; en caso de tratarse de un asunto de la competencia de la comisión de víctimas de una entidad federativa, se le turnará y exhortará para su inmediata atención.

 

En el artículo 101 se establece un plazo máximo de cinco días para el ingreso al registro de una solicitud y la obligación del servidor público de la Comisión Ejecutiva, una vez autorizada la inscripción al registro, informar sobre la misma, así como, expedir y entregar al solicitante un comprobante foliado que le acredite su inscripción. Se incluye también que ninguna autoridad podrá condicionar el cumplimiento de los derechos de las víctimas a que se le presente el comprobante foliado.   Se establece con precisión que no se le podrá exigir a las víctimas mayores requisitos de los establecidos en esta ley ni que realice ninguna gestión relacionada con la obtención de información para el mismo.

 

Se adiciona un párrafo que rompa con la dinámica revictimizante de exigir a las víctimas más de lo que la ley establece:

 

Los servidores públicos de la Comisión Ejecutiva no podrán condicionar las ayudas del Título Tercero a estar previamente inscritos en el Registro ni la inscripción al Registro Nacional a que la víctima le entregue los documentos arriba señalados ni a la ejecución de condiciones de cualquier tipo que se establezcan por el Reglamento o resoluciones de la Comisión Ejecutiva que reduzcan los parámetros protectores de esta Ley.

 

El artículo 110 es uno de los más relevantes que se propone reformar, porque ahí ha descansado toda la errada interpretación de esta ley de protección a víctimas por parte de quienes están obligados a cumplirla. Por ello, se adicionan varios párrafos que marcan con claridad cómo se reconoce la calidad de víctima y se define con mayor amplitud qué autoridades lo determinan, para efectos de reparación integral.

 

La iniciativa establece que la calidad de víctima se adquiere por el menoscabo o anulación del ejercicio de los derechos que se deriva de un hecho victimizante y hace referencia a lo que señala el artículo 4 de esta ley y que bastará con la existencia de un daño objetivo y evidente y el dicho de la víctima para tener acceso a las medidas de ayuda inmediata que están reguladas en el Título Tercero de esta ley, mismas que deberán tomar la Comisión Ejecutiva y la comisión de las entidad federativa que corresponda, todo ello con base en el principio pro persona establecido en el artículo primero constitucional y los principios de buena fe, no victimización secundaria, debida diligencia y los demás aplicables; así mismo se señalan los casos de emergencia que deberán ser atendidos sin que medie requisito ni formalidad.

 

Los párrafos que se adicionan tienen como objetivo clarificar los distintos procesos para garantizar que se cumplan las medidas de ayuda inmediata, asistencia, apoyo, atención y de reparación integral que se han establecido en los diversos títulos del Tercero al Quinto. , todo ello para que las víctimas superen su condición de victimidad y se reinserten lo más plenamente posible a la sociedad y a la realización de su proyecto de vida.

 

En lo que se refiere a la garantía de las medidas de reparación integral contempladas en el Título Quinto de esta Ley, además de las autoridades ya señaladas en esta ley, se adiciona a las instituciones de derecho público nacionales o internacionales cuyo mandato expreso tenga conexión directa con la protección, promoción o defensa de los derechos de las víctimas, tales como comisiones de la verdad, grupos de investigación conformados por personas expertas designadas para conocer de un caso por organismos internacionales o instituciones gubernamentales, u otros mecanismos públicos de investigación sobre justicia transicional, que tuvieran conocimiento probado sobre la ocurrencia del hecho victimizante alegado.

 

En el artículo 111, se señalan los efectos que tiene el reconocimiento de la calidad de víctima de conformidad con artículos 4 y 110 de la ley, y de manera importante, se establece que no se podrá invocar el reglamento para negar o restringir la garantía del cumplimiento de los derechos reconocidos por la ley.

 

En los artículo 118 y 119, se adiciona la creación de refugios seguros para víctimas de desplazamiento interno forzado y migrantes, así como el diseño y ejecución de programas de prevención social de la violencia y la delincuencia con el objetivo de promover la reinserción social y favorecer medidas de no repetición.

 

En el artículo 120, dada la experiencia de que servidores públicos de la propia institución responsable de operar la ley, han incumplido con ella y no ha sucedido nada, se adiciona una redacción que pueda ser un mecanismo de mayor incentivo para el cumplimiento de las obligaciones en esta ley definidas a partir de que se especifica que quienes tengan responsabilidad institucional, serán sancionados en los términos de la legislación aplicable.

 

En el artículo 123, se adicionan dos fracciones como deberes del Ministerio Público, el de iniciar procedimientos de investigación y eventual sanción penal a los servidores públicos que incurran en conductas delictivas aprovechando la vulnerabilidad de las víctima, así como otras sanciones que se establezcan en normas aplicables en materia de atención integral a víctimas y reparación integral.

 

En el artículo 131, se señala que en las tareas del Pleno de la Comisión Ejecutiva como Comité Interdisciplinario Evaluador para definir las medidas de reparación desde el Título Tercero hasta el Título Quinto, realizará una evaluación integral del entorno y se incorpora que para dicha evaluación, en el caso de victimas de desaparición y desplazamiento interno forzado, se atenderán las condiciones de extrema vulnerabilidad.

 

En el último párrafo del artículo 132, sobre todo considerando que el subejercicio en el 2015 del Fondo al que se refiere el mismo artículo fue por encima del 90 por ciento, se establece una excepción a que las compensaciones subsidiarias se cubrirán con los recursos correspondientes al ejercicio fiscal vigente cuando haya un subejercicio superior al 60 por ciento del mismo.

 

Se adiciona un nuevo Título Décimo Primero, Capítulo Único, De las Sanciones que adiciona los artículos del 190 al 197.

 

 

Para efectos de mayor claridad de las diversas disposiciones que se reforman se integra un comparativo con la ley vigente y las propuestas de modificación:

 

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.	Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por el artículo 1o., párrafo tercero en materia de reparación, 17, y 20, y de conformidad con la fracción XXX del artículo 73, todos en materia de reparación del daño, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.
En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona.	[…]
La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.	[…]
La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.	La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.
Artículo 2. El objeto de esta Ley es:	Artículo 2. […]
I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;	I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y los demás consagrados en esta Ley, en la Constitución, y en las normas sobre derechos humanos en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;
II.        Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;	II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;
III – V. […]	III.- a V.- […]
Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.	Artículo 4. Se denominarán víctimas las personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro, lesión a sus bienes jurídicos o anulación de sus derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
	También se consideran víctimas a las personas que, en términos de la legislación aplicable, tengan parentesco con la persona directamente afectada por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y descendente, sin limitación de grado; en la línea transversal hasta el cuarto grado; el cónyuge, y la concubina o, en su caso, quienes estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas afines,   dependan económicamente de la persona desaparecida o sean allegadas.
	En los casos de hechos victimizantes que por su naturaleza impliquen la desaparición, ausencia, privación de la libertad o muerte de la víctima directa, también se considerarán como tales las personas a las que se refiere el párrafo anterior.
Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.	Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. En todo momento tendrán derecho a que las autoridades faciliten y colaboren con ellas para cumplir con su labor, en los términos de esta Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, así como, en los casos que lo ameriten, a las medidas de protección a las que se refiere el Título Tercero Capítulo IV de esta Ley.
[Artículo 4 párrafo cuarto] La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.	La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.
Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.	[…]
Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:	Artículo 5. […]
Dignidad.- La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares.	I. Dignidad.- Las víctimas deben ser tratadas en todo momento como titulares y sujetos de derechos, y a no ser objeto de violencia, discriminación, humillaciones, tratos vejatorios, desinterés o arbitrariedades de cualquier especie por parte del Estado o de los particulares.
En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.	Todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarlas y tratarlas como fin de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.
En cualquier caso, toda norma, institución o acto que se desprenda de la presente Ley serán interpretados de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, aplicando siempre la norma más benéfica para la persona.	[…]
Buena fe.- Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos.	II.- Buena fe.- Las autoridades presumirán en todo momento la buena fe de lo dicho y actuado por las víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima, ni fundar en cuestionamientos injustificados, razones de jurisdicción u opiniones de ninguna índole la negativa o restricción de brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia que requiera, así como respetar y no obstaculizar el ejercicio efectivo de sus derechos.
	Este principio no admite excepciones basadas en prejuicios de ninguna especie, así como tampoco en las opiniones técnicas a las que llegue el personal jurídico, psicológico, médico o cualquier otro encargado de la atención a víctimas.
Complementariedad.- Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Ley, en especial los relacionados con la de asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes.	III. Complementariedad.- Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Ley, en especial los relacionados con la asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes.
Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación.	Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser adoptadas conforme al principio de complementariedad para alcanzar la integralidad que busca la reparación. Por lo anterior, en ningún caso podrán sustituirse unas medidas de reparación por otras; especialmente las medidas de indemnización no podrán sustituir a las de restitución, rehabilitación, satisfacción y no repetición, ni éstas a las de indemnización. Las reparaciones adoptadas deberán garantizar en conjunto la realización de los derechos a la verdad y a la justicia.
Debida diligencia.- El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho.	IV. Debida diligencia.- El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho.
El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la presente Ley, realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen a favor de las víctimas.	[…]
Enfoque diferencial y especializado.- Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.	V. Enfoque diferencial y especializado.- Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.
Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno. En todo momento se reconocerá el interés superior del menor.	[…]
Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de dichas particularidades y grado de vulnerabilidad, reconociendo igualmente que ciertos daños sufridos por su gravedad requieren de un tratamiento especializado para dar respuesta a su rehabilitación y reintegración a la sociedad.	[…]
Enfoque transformador.- Las autoridades que deban aplicar la presente Ley realizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.	VI. Enfoque transformador.- Las autoridades encargadas de aplicar la presente Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomarán las acciones necesarias para que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación, marginación y violencia que fueran causa de los hechos victimizantes, favoreciendo en todo momento su prevención y no repetición. Las reparaciones que se adopten a favor de las víctimas deberán contribuir a la no repetición de los hechos.
Gratuidad.- Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víctima.	VII. Gratuidad.- Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víctima.
Igualdad y no discriminación.- En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial.	VIII. Igualdad y no discriminación.- En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial.
Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.- Todos los derechos contemplados en esta Ley se encuentran interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio de los mismos sin que a la vez se garantice el resto de los derechos. La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros.	IX. Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.- Todos los derechos contemplados en esta Ley se encuentran interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio de los mismos sin que a la vez se garantice el resto de los derechos. La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros.
Para garantizar la integralidad, la asistencia, atención, ayuda y reparación integral a las víctimas se realizará de forma multidisciplinaria y especializada.	[…]
Máxima protección.- Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.	X. Máxima protección.- Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.
Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas.	[…]
Mínimo existencial.- Constituye una garantía fundada en la dignidad humana como presupuesto del Estado democrático y consiste en la obligación del Estado de proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar un lugar en el que se les preste la atención adecuada para que superen su condición y se asegure su subsistencia con la debida dignidad que debe ser reconocida a las personas en cada momento de su existencia.	XI. Mínimo existencial.- Las autoridades encargadas de cumplir esta Ley están obligadas a proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar, en todos los casos en los cuales ello sea necesario, y en las proporciones y duraciones que se precisen, todos los servicios y atenciones que se requieran para la satisfacción de sus necesidades elementales independientemente de otras medidas de ayuda inmediata o asistencia que pudieran estársele brindando en el marco de esta Ley, especialmente si el hecho victimizante produjo o empeoró una situación de precariedad patrimonial o económica a las víctimas, si perdieron su fuente de ingresos o si entre ellos hay niñas, niños o adolescentes que pudieran ser especialmente afectados por el hecho victimizante.
No criminalización.- Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.	XII. No criminalización.- Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.
Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse.	[…]
Victimización secundaria.- Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos.	XIII. No victimización secundaria.- Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos.
Participación conjunta.- Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas.	XIV. Participación conjunta.- Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas.
La víctima tiene derecho a colaborar con las investigaciones y las medidas para lograr superar su condición de vulnerabilidad, atendiendo al contexto, siempre y cuando las medidas no impliquen un detrimento a sus derechos.	[…]
Progresividad y no regresividad.- Las autoridades que deben aplicar la presente Ley tendrán la obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados.	XV. Progresividad y no regresividad.- Las autoridades que deben aplicar la presente Ley tendrán la obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados.
Publicidad.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos deberán ser públicos, siempre que esto no vulnere los derechos humanos de las víctimas o las garantías para su protección.	XVI. Publicidad.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos, adoptados en el marco de esta Ley, incluidos los que señalan los artículos 85 y 86, deberán ser públicos, siempre que esto no vulnere los derechos humanos de las víctimas o las garantías para su protección.
El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara y accesible.	El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara, periódica y accesible.
Rendición de cuentas.- Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la Ley, así como de los planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación que contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas.	XVII. Rendición de cuentas.- Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la Ley, así como de los planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación, especialmente en lo referente al ejercicio presupuestal del Fondo y a la adopción a favor de las víctimas de medidas de ayuda, asistencia o reparación integral a que se refiere esta Ley, que contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas.
Transparencia.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes.	XVIII. Transparencia.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes.
Las autoridades deberán contar con mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación de las políticas, planes y programas que se instrumenten para garantizar los derechos de las víctimas.	[…]
Trato preferente.- Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas.	XIX. Trato preferente.- Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas.
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:   I.         Asesor Jurídico: Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas y sus equivalentes en las entidades federativas;   II.       Asesoría Jurídica: Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas y sus equivalentes en las entidades federativas;   III.      Comisiones de víctimas: Comisión Estatal y del Distrito Federal de Atención Integral a Víctimas;   IV.      Comisión Ejecutiva: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;	Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:   I. al IV. […]
V.        Compensación: Erogación económica a que la víctima tenga derecho en los términos de esta Ley;	V. Compensación: Reparación o indemnización económica a la que la víctima tenga derecho en los términos de esta Ley;
VI.      Daño: Muerte o lesiones corporales, daños o perjuicios morales y materiales, salvo a los bienes de propiedad de la persona responsable de los daños; pérdidas de ingresos directamente derivadas de un interés económico; pérdidas de ingresos directamente derivadas del uso del medio ambiente incurridas como resultado de un deterioro significativo del medio ambiente, teniendo en cuenta los ahorros y los costos; costo de las medidas de restablecimiento, limitado al costo de las medidas efectivamente adoptadas o que vayan a adoptarse; y costo de las medidas preventivas, incluidas cualesquiera pérdidas o daños causados por esas medidas, en la medida en que los daños deriven o resulten;   VII.    Delito: Acto u omisión que sancionan las leyes penales;	VI.- y VII.- […]
	VIII.- Desplazamiento interno forzado: Condición de las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a abandonar, escapar o huir de su lugar de residencia habitual y que no han cruzado los límites de territorio nacional, o bien, personas o grupos de personas que hayan tenido que huir de México por los motivos previstos en la Ley de Refugiados y Protección complementaria. Es víctima de desplazamiento interno forzado la persona o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal mexicana internacionalmente reconocida.
VIII.   Fondo: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral;	IX.      Fondo: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral;
IX.      Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte;	X.        Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte;
X.        Ley: Ley General de Víctimas;	XI.      Ley: Ley General de Víctimas;
XI.      Plan: Plan Anual Integral de Atención a Víctimas;	XII.    Plan: Plan Anual Integral de Atención a Víctimas;
XII.    Programa: Programa de Atención Integral a Víctimas;	XIII.   Programa: Programa de Atención Integral a Víctimas;
XIII.   Procedimiento: Procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas;	XIV.   Procedimiento: Procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas;
XIV.   Registro: Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal y los registros de las entidades federativas;	XV.     Registro: Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal y los registros de las entidades federativas;
XV.     Reglamento: Reglamento de la Ley General de Víctimas;	XVI.   Reglamento: Reglamento de la Ley General de Víctimas;
XVI.   Sistema: Sistema Nacional de Atención a Víctimas;	XVII.             Sistema: Sistema Nacional de Atención a Víctimas;
XVII.             Víctima: Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito;	XVIII. Víctima: Persona física que ha sufrido la anulación, el daño o el menoscabo de sus derechos como consecuencia de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito;
	También se consideran víctimas a las personas que, en términos de la legislación aplicable, tengan parentesco con la persona desaparecida por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y descendente, sin limitación de grado; en la línea transversal hasta el cuarto grado; el cónyuge, y la concubina o, en su caso, quienes estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas afines, o dependan económicamente de la persona desaparecida.
XVIII.           Víctima potencial: Las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito;	[…] Se deroga
XIX.   Violación de derechos humanos: Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público.   XX.     Se deroga.   XXI.   Se deroga.   XXII. Se deroga.	XIX. a XXII.- […]
Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.	Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos, por tanto, esta ley no podrá ser interpretada de forma tal que limite, modifique o menoscabe las disposiciones de cualquier instrumento internacional aplicable.
Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:	[…]
I.         A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones al Derecho Internacional de los derechos humanos, y a su reparación integral;	I.         A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables del hecho victimizante, y a su reparación integral;
II.       A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron;	II.– […]
III.      A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos humanos para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones;	III.      A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos victimizantes, incluyendo aquéllos en los que hubiera intervenido una autoridad pública, para lo cual la autoridad deberá informar a las víctimas y sus representantes acerca de los resultados de toda investigación practicada, así como hacerlos públicos en los términos de la legislación en la materia;
IV.      A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal, en los casos previstos en el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada;	IV.      A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal, a lo largo de todos los procesos en los que sean parte, indistintamente de la fase procesal en la que se encuentren;
V.        A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las víctimas;	V.- […]
VI.- A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar en donde ella se encuentre, así como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación;	VI.- […]
VII.    A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces;	VII.    A contar con recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces para garantizar su acceso a la ayuda, asistencia, verdad, justicia y reparación integral;
VIII.   A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos;	VIII.   Al bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a su dignidad y privacidad, […] con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas;
IX.      A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente Ley;   X.        A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos;   XI.      A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, entre éstos, los documentos de identificación y las visas;   XII.    A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés como interviniente;   XIII.   A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie;   XIV.   A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de ingreso al Registro y de medidas de ayuda, de asistencia y reparación integral que se dicten;   XV.     A que el consulado de su país de origen sea inmediatamente notificado conforme a las normas internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras;   XVI.   A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización su núcleo familiar se haya dividido;   XVII.             A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad;   XVIII.           A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional;   XIX.   A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger y garantizar sus derechos;	IX. a XIX.- […]
XX.     A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral;	XX.–   A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral; en especial tendrán el derecho de ser consultadas en todo momento por las autoridades integrantes del Sistema con respecto a las políticas, programas y modelos de atención que adopten;
XXI.   A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores y población indígena;   XXII.             A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos;   XXIII.           A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad;   XXIV.            A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los derechos humanos;   XXV. A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos alternativos;   XXVI.            A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño;   XXVII.          A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a los procedimientos establecidos en la ley de la materia;   XXVIII.        A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias correspondientes y a que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses;   XXIX.            Derecho a ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos;   XXX. A que se les otorgue, en los casos que proceda, la ayuda provisional;   XXXI.            A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en caso de que no comprendan el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual;   XXXII.          A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos, incluida su reincorporación a la sociedad;	XXI.- a XXXII.- […]
XXXIII.        A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas, y	XXXIII.        A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas;
	XXXIV.- A ser reconocidas por su calidad de víctimas de desplazamiento interno forzado cuando se cumplan los supuestos establecidos en la fracción VIII del artículo 6 de esta Ley y contar con medidas de asistencia y atención especializada; a no sufrir privación arbitraria, apropiación, ocupación o destrucción de sus propiedades y/o posesiones, sea individual o colectiva, a su identidad y reconocimiento de personalidad jurídica, a transitar de manera libre, a elegir su lugar de residencia, a trámites para la obtención o restitución de su documentación personal, acceso a gozar de condiciones satisfactorias de vida con programas de seguridad, salud e higiene, agua potable, alimentos, alojamientos básicos y vivienda, educación, a ser consultados y participar en la planificación y gestión de soluciones duraderas y al acceso a procesos de procuración y administración de justicia, a medios de defensa efectivos, que permitan su reinserción en condiciones de seguridad al territorio y a la comunidad de la que han sido desplazados forzadamente;
	XXXV.- A solicitar ayuda internacional humanitaria,
	XXXVI.- A transitar de manera libre y elegir su lugar de residencia;
	XXXVII. A que las definiciones, principios, derechos y medidas contemplados en cualquier normatividad que involucre la participación de víctimas sean interpretados de manera tal que favorezcan a la mayor y mejor protección de sus derechos, así como a que, en caso de conflicto normativo, se aplique en todo caso la que más favorezca a la víctima, y
XXXIV.         Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición aplicable en la materia o legislación especial.	XXXVIII.     Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición aplicable en la materia o legislación especial.
Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.	Artículo 8. Las víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos a nivel federal, o las del delito o violaciones de derechos humanos de jurisdicción de las entidades federativas, en el caso de que no hubiera comisión estatal de víctimas, e independientemente de que estén inscritas en el Registro Nacional de Víctimas, recibirán de la Comisión Ejecutiva federal ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.
Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos contra la libertad y la integridad, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.	Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la vida, contra la libertad o la integridad, así como de desplazamiento interno forzado, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.
Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y accesible a las víctimas y sus familiares, sobre cada una de las garantías, mecanismos y procedimientos que permiten el acceso oportuno, rápido y efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la presente Ley.	[…]
Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán exclusivamente por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.	Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán exclusivamente por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios en el ámbito de sus competencias, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.
Artículo 9. Las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, los cuales se garantizarán incluyendo siempre un enfoque transversal de género y diferencial.	Artículo 9. Las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, los cuales se garantizarán incluyendo siempre un enfoque transversal restaurativo, transformador, de género y diferencial.
Se entiende por asistencia el conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política.   Entre estas medidas, las víctimas contarán con asistencia médica especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatológica.	Se entiende por asistencia el conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para superar su victimidad, llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política, y a las víctimas de desaparición; tortura, tratos crueles o penas crueles inhumanos degradantes; ejecuciones extrajudiciales o desplazamiento interno forzado, su reintegración y a soluciones duraderas.   Entre estas medidas, las víctimas contarán con asistencia médica especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatológica.
Se entiende por atención, la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, cualificando el ejercicio de los mismos.	[…]
Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación integral, por lo tanto, el costo o las erogaciones en que incurra el Estado en la prestación de los servicios de atención y asistencia, en ningún caso serán descontados de la compensación a que tuvieran derecho las víctimas.	Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación integral, por lo tanto, el costo o las erogaciones en que incurra el Estado en la prestación de los servicios de atención y asistencia, en ningún caso serán descontados de la indemnización a que tuvieran derecho las víctimas.
Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos:	Artículo 12. […]
I.- A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio Público o la primera autoridad con la que tenga contacto o que conozca del hecho delictivo, tan pronto éste ocurra. El Ministerio Público deberá comunicar a la víctima los derechos que reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y esta Ley a su favor, dejando constancia en la carpeta de investigación de este hecho, con total independencia de que exista o no un probable responsable de los hechos;	I.- […]
II.- A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a que se refiere el artículo 64 de esta Ley y de la legislación aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo;	II.- A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a que se refieren los artículos 64 al 72 de esta Ley y de la legislación aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo;
III.- A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas;   IV.      A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado, de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal;   V.        A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño;   VI.      A comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que sean adoptadas medidas para minimizar las molestias causadas, proteger su intimidad, identidad y otros datos personales;   VII.    A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor contra todo acto de amenaza, intimidación o represalia;   VIII.   A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia, teniendo la obligación el juez de resguardar sus datos personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos;   IX.      A obtener copia simple gratuita y de inmediato de las diligencias en las que intervengan; X.        A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y testigos de cargo, para la investigación y persecución de los probables responsables del delito y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño;   XI.      A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a resolver sobre sus derechos y a estar presentes en las mismas;   XII.    A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha resolución, y   XIII.   En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar que grupos de esos expertos revisen, informen y emitan recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas.	III.- a   XIII.- […]
Artículo 15. Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y trascendencia de los exámenes periciales a los que podrán someterse dependiendo de la naturaleza del caso, y en caso de aceptar su realización a ser acompañadas en todo momento por su Asesor Jurídico o la persona que consideren.	Artículo 15. Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y trascendencia de los exámenes periciales a los que podrán someterse dependiendo de la naturaleza del caso, y en caso de aceptar su realización a ser acompañadas en todo momento por su Asesor Jurídico, perito independiente acreditado por la víctima con cargo a los recursos de las comisiones nacional o de las entidades federativas o la persona que consideren.
Artículo 21. El Estado, a través de las autoridades respectivas, tiene la obligación de iniciar, de inmediato y tan pronto como se haga de su conocimiento, todas las diligencias a su alcance para determinar el paradero de las personas desaparecidas. Toda víctima de desaparición tiene derecho a que las autoridades desplieguen las acciones pertinentes para su protección con el objetivo de preservar, al máximo posible, su vida y su integridad física y psicológica.	Artículo 21. […]
Esto incluye la instrumentación de protocolos de búsqueda conforme a la legislación aplicable y los Tratados Internacionales de los que México sea Parte.	[…]
Esta obligación, incluye la realización de las exhumaciones de cementerios, fosas clandestinas o de otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cuerpos u osamentas de las víctimas. Las exhumaciones deberán realizarse con la debida diligencia y competencia y conforme a las normas y protocolos internacionales sobre la materia, buscando garantizar siempre la correcta ubicación, recuperación y posterior identificación de los cuerpos u osamentas bajo estándares científicos reconocidos internacionalmente.	[…]
Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las exhumaciones, por sí y/o a través de sus asesores jurídicos; a ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados; y a designar peritos independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de protección a los derechos humanos, que contribuyan al mejor desarrollo de las mismas.	Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las exhumaciones, por sí y/o a través de sus asesores jurídicos, así como de organizaciones de víctimas u otras personas a voluntad de las víctimas; a ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados; y a designar peritos independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de protección a los derechos humanos, que contribuyan al mejor desarrollo de las mismas.
Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley y en los códigos de procedimientos penales, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.	Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la legislación en materia de desapariciones, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.
En caso necesario, a efecto de garantizar las investigaciones, la autoridad deberá notificar a los familiares la obligación de no cremar los restos, hasta en tanto haya una sentencia ejecutoriada. Las autoridades ministeriales tampoco podrán autorizar ni procesar ninguna solicitud de gobierno extranjero para la cremación de cadáveres, identificados o sin identificar, hasta en tanto no haya sentencia ejecutoriada.	[…]
Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición se sujetarán a lo que dispongan las leyes aplicables, a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.	[…]
Artículo 23. Las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, podrán proporcionar a la autoridad competente, los resultados que arrojen sus investigaciones de violaciones a los derechos humanos, con el fin de contribuir con la búsqueda y conocimiento de la verdad. Las autoridades deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e independiente.	Artículo 23. Las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, podrán proporcionar a la autoridad competente, los resultados que arrojen sus investigaciones de violaciones a los derechos humanos, así como peritajes independientes con cargo a los recursos de las comisiones nacional o de las entidades federativas, con el fin de contribuir con la búsqueda y conocimiento de la verdad. Las autoridades deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e independiente.
CAPÍTULO VI DEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL	CAPÍTULO VI DEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL
Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.	Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. Ningún ordenamiento de carácter inferior puede restringir ningún derecho ni medida de reparación integral protegidos por esta ley.
Artículo 27. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá:	Artículo 27. […]
I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos;   II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos;	I. a II.- […]
III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos;	III. La compensación, indemnización económica, ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos;
IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas;   V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir;	IV. […]     V. […]
VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados.	VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo, así como la reinserción y soluciones duraderas que reconozcan la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados.
Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados.	[…]
	Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con cargo al Fondo o parcialmente en coordinación con las autoridades correspondientes en el ámbito de sus competencias.
Artículo 28. La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará prioridad en su asistencia, en la prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro de las instituciones encargadas de brindarles atención y tratamiento.	Artículo 28. […]
Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de mujeres, menores de edad, adultos mayores y población indígena.	Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de mujeres, menores de edad, adultos mayores, desplazados internos forzados y población indígena.
Artículo 29. Las instituciones hospitalarias públicas del Gobierno Federal, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión.	Artículo 29. Las instituciones hospitalarias públicas del Gobierno Federal, de las Entidades Federativa y de los municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad, fuero competencial, incorporación a un registro y sin exigir ninguna otra condición previa para su admisión. En caso de que no exista comisión de víctimas en la entidad federativa de que se trate o ésta no garantice la atención requerida, la Comisión Ejecutiva está obligada a cubrir los gastos de la atención médica de emergencia, independientemente de la jurisdicción o competencia.
Artículo 31. La Federación, los estados, el Gobierno del Distrito Federal o municipios donde se haya cometido el hecho victimizante apoyarán a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa cuando la causa de la muerte sea homicidio. Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias aplicables.	Artículo 31. La Federación, las entidades federativas o municipios donde se haya cometido el hecho victimizante, así como las comisiones de atención a víctimas, independientemente del fuero competencial, están obligados a apoyar a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima en todos los casos en los cuales la muerte sobrevenga como resultado directo o indirecto del hecho victimizante. Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias aplicables, mismas que no podrán ser menores a la protección que otorga la presente ley.
Artículo 34. En materia de asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica, la víctima tendrá todos los derechos establecidos por la Ley General de Salud para los Usuarios de los Servicios de Salud, y tendrá los siguientes derechos adicionales:	Artículo 34. […]
I. A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en cualquiera de los hospitales públicos federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, de acuerdo a su competencia, cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de la violación a los derechos humanos sufridos por ella. Estos servicios se brindarán de manera permanente, cuando así se requiera, y no serán negados, aunque la víctima haya recibido las medidas de ayuda que se establecen en la presente Ley, las cuales, si así lo determina el médico, se continuarán brindando hasta el final del tratamiento;   II. Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán otorgar citas médicas en un periodo no mayor a ocho días, a las víctimas que así lo soliciten, salvo que sean casos de atención de emergencia en salud, en cuyo caso la atención será inmediata; III. Una vez realizada la valoración médica general o especializada, según sea el caso, y la correspondiente entrega de la formula médica, se hará la entrega inmediata de los medicamentos a los cuales la víctima tenga derecho y se le canalizará a los especialistas necesarios para el tratamiento integral, si así hubiese lugar;   IV. Se le proporcionará material médico quirúrgico, incluida prótesis y demás instrumentos o aparatos que requiera para su movilidad conforme al dictamen dado por el médico especialista en la materia así como los servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas y los servicios odontológicos reconstructivos que requiera por los daños causados como consecuencia del hecho punible o la violación a sus derechos humanos;   V. Se le proporcionará atención permanente en salud mental en los casos en que, como consecuencia del hecho victimizante, quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente, y   VI. La atención materno-infantil permanente cuando sea el caso incluyendo programas de nutrición.	I. a VI. […]
	No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo a ninguna víctima que se encuentran fuera de su jurisdicción de derechohabientes.
Artículo 38. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o desplazadas de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.	Artículo 38. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o en situación de desplazamiento interno forzado por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia, exista una solución duradera y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar. Para ello, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) deberá asignar de sus recursos presupuestales, una partida emergente.
Artículo 39. Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia y desee regresar al mismo, las autoridades competentes de los diversos órdenes de gobierno, pagarán los gastos correspondientes, garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte usado por la víctima para su regreso es el más seguro y el que le cause menos trauma de acuerdo con sus condiciones.	Artículo 39. Cuando la víctima se traslade a un lugar distinto de su lugar de residencia y requiera regresar al mismo, las comisiones de víctimas de las entidades federativas o la Comisión Ejecutiva, si se tratara de una diligencia de carácter federal en otra entidad o se cumpliera el supuesto establecido en el último párrafo del artículo 79 de esta ley, pagarán los gastos correspondientes, garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte usado por la víctima para su regreso es el más seguro y el que le cause menos trauma de acuerdo con sus condiciones.
Artículo 41. Las medidas adoptadas deberán ser acordes con la amenaza que tratan de conjurar y deberán tener en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de las víctimas, así como respetar, en todos los casos, su dignidad.	Artículo 41. Las medidas adoptadas deberán ser acordes con la amenaza que tratan de conjurar y deberán tener en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de las víctimas, así como respetar, en todos los casos, su dignidad. Las víctimas tendrán derecho a que se apliquen en su favor, conforme a los principios y derechos plasmados en esta Ley y las necesidades específicas del caso, las medidas contempladas en la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Artículo 45. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial para las mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; adultos mayores y población indígena.	Artículo 45. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial para las mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; adultos mayores, desplazados internos forzados, migrantes y población indígena.
Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante. La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.	Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante, particularmente a quienes se encuentran en situación de desplazamiento interno forzado o migración. La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Artículo 57. La Federación, los estados, el Gobierno del Distrito Federal y los municipios en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello.	Artículo 57. La Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello.
Artículo 61. Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos conculcados, así como en sus bienes y propiedades si hubieren sido despojadas de ellos.	Artículo 61. […]
Las medidas de restitución comprenden, según corresponda:	[…]
I. Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición forzada;	I.- Reestablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición de persona;
II. Restablecimiento de los derechos jurídicos;   III. Restablecimiento de la identidad;   IV. Restablecimiento de la vida y unidad familiar;   V. Restablecimiento de la ciudadanía y de los derechos políticos;	II. a V. […]
VI. Regreso digno y seguro al lugar de residencia;	VI. Regreso digno y seguro al lugar original de residencia u origen, así como la restitución o indemnización de sus derechos vulnerados en materia de tierra, propiedad o posesiones;
VII. Reintegración en el empleo, y   VIII. Devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades incluyendo sus frutos y accesorios, y si no fuese posible, el pago de su valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a prueba pericial.	VII. a VIII. […]
En los casos en que una autoridad judicial competente revoque una sentencia condenatoria, se eliminarán los registros de los respectivos antecedentes penales.	[…]
Artículo 63. Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará un trato especial a los niños y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y a adultos mayores dependientes de éstas	Artículo 63. Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará un trato especial a los niños y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y a adultos mayores dependientes de éstas, y a víctimas de desplazamiento interno forzado.
CAPÍTULO III MEDIDAS DE COMPENSACIÓN	CAPÍTULO III MEDIDAS DE COMPENSACIÓN
Artículo 64. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo:	Artículo 64. La compensación, reparación económica, se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo:
I. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima;   II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria;   III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión;   IV. La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones sociales;   V. Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a derechos humanos;   VI. El pago de los gastos y costas judiciales del Asesor Jurídico cuando éste sea privado;   VII. El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, y	I. a VII. […]
VIII. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento, si la víctima reside en municipio o delegación distintos al del enjuiciamiento o donde recibe la atención.	VIII. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio a diligencias ministeriales, judiciales o para asistir a su tratamiento, si la víctima reside en municipio o delegación distintos al del enjuiciamiento o donde recibe la atención.
Las normas reglamentarias aplicables establecerán el procedimiento y el monto de gasto comprobable mínimo que no deberá ser mayor al veinticinco por ciento del monto total.	[…]
La compensación subsidiaria a las víctimas de los delitos señaladas en el artículo 68 de esta Ley, consistirá en apoyo económico cuya cuantía tomará en cuenta la proporcionalidad del daño y los montos señalados en el artículo 67 de este ordenamiento.	[…]
Artículo 65. Todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán compensadas, en los términos y montos que determine la resolución que emita en su caso:	Artículo 65. Todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán compensadas, en los términos y montos exactos que determine la resolución que emita en su caso:
a) Un órgano jurisdiccional nacional;   b) Un órgano jurisdiccional internacional o reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por México;   c) Un organismo público de protección de los derechos humanos;   d) Un organismo internacional de protección de los derechos humanos reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por México, cuando su resolución no sea susceptible de ser sometida a la consideración de un órgano jurisdiccional internacional previsto en el mismo tratado en el que se encuentre contemplado el organismo en cuestión.	a) a d). […]
Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que los mismos hechos pudieran implicar y conforme lo dispuesto por la presente Ley.	[…]
En los casos de víctimas de delitos se estará a lo dispuesto en los montos máximos previstos en el artículo 67.	[…]
Artículo 66. Cuando se trate de resoluciones judiciales que determinen la compensación a la víctima a cargo del sentenciado, la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de éste, o en su defecto, con cargo a los recursos que, en su caso, se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado.	Artículo 66. Cuando se trate de resoluciones judiciales que determinen la compensación o indemnización a la víctima a cargo del sentenciado, la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de éste, o en su defecto, con cargo a los recursos que, en su caso, se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado.
Artículo 67. El Pleno de la Comisión Ejecutiva correspondiente determinará el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley o la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:	Artículo 67. Para efectos de otorgar la reparación económica a las víctimas del delito, el Pleno de la Comisión Ejecutiva correspondiente determinará el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley o la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:
a) La determinación del Ministerio Público cuando el responsable se haya sustraído de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad;   b) La resolución firme emitida por la autoridad judicial;	a) y b) […]
	c) Un acuerdo emitido por el Pleno de la Comisión Ejecutiva, a instancia de parte interesada, aprobado por la mayoría simple de los y las presentes, en el cual se ordene el pago de la compensación, así como las demás medidas de reparación que correspondan, a partir de cumplirse los siguientes supuestos:
	i) el presunto responsable no cuente con recursos o no sea solvente para cubrir la reparación que corresponda;
	ii) se venzan los plazos con que cuentan el Ministerio Público o el juez de la causa para cumplir con lo dispuesto en cualquiera de las fracciones a) y b).
	Los plazos a los que se refiere el ii) de la fracción c) no podrán exceder los noventa días naturales posteriores a la solicitud de la víctima al Ministerio Público o, en su caso, al juez de la causa.
La determinación de la Comisión Ejecutiva correspondiente deberá dictarse dentro del plazo de noventa días contados a partir de emitida la resolución correspondiente.	[…]
El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas veces el salario mínimo mensual en el Distrito Federal, ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.	El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas unidades de medida y actualización, que ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.
Artículo 69. La Comisión Ejecutiva correspondiente ordenará la compensación subsidiaria cuando la víctima, que no haya sido reparada, exhiba ante ella todos los elementos a su alcance que lo demuestren y presente ante la Comisión sus alegatos. La víctima podrá presentar entre otros:	Artículo 69. La Comisión Ejecutiva correspondiente ordenará la compensación subsidiaria de una víctima que no haya sido reparada cuando obtenga todos los elementos a su alcance que lo demuestren y se discuta por la Comisión. La Comisión Ejecutiva deberá obtener a través de la Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas, entre otros:
I. Las constancias del agente del ministerio público que competa de la que se desprenda que las circunstancias de hecho hacen imposible la consignación del presunto delincuente ante la autoridad jurisdiccional y por lo tanto hacen imposible el ejercicio de la acción penal;	I. a III, […]
II. La sentencia firme de la autoridad judicial competente, en la que se señalen los conceptos a reparar, y la reparación obtenida de donde se desprendan los conceptos que el sentenciado no tuvo la capacidad de reparar;
III. La resolución emitida por autoridad competente u organismo público de protección de los derechos humanos de donde se desprenda que no ha obtenido la reparación del daño, de la persona directamente responsable de satisfacer dicha reparación.
	IV.- Lo establecido en el inciso c) del artículo 67.
CAPÍTULO IV MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	CAPÍTULO IV MEDIDAS DE SATISFACCIÓN
Artículo 73. Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según corresponda:	Artículo 73. Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según corresponda:
I. La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o para impedir que se produzcan nuevos delitos o nuevas violaciones de derechos humanos;	I. […]
II. La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;	II. La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad, en los términos establecidos en la Ley en materia de desapariciones;
III. Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;   IV. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;   V. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones de derechos humanos, y   VI. La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas.	I.- a VI.- […]
CAPÍTULO V MEDIDAS DE NO REPETICIÓN	CAPÍTULO V MEDIDAS DE NO REPETICIÓN
Artículo 74. Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza. Estas consistirán en las siguientes:   I. El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles de las fuerzas armadas y de seguridad;   II. La garantía de que todos los procedimientos penales y administrativos se ajusten a las normas nacionales e internacionales relativas a la competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales y a las garantías del debido proceso;   III. El fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial;   IV. La limitación en la participación en el gobierno y en las instituciones políticas de los dirigentes políticos que hayan planeado, instigado, ordenado o cometido graves violaciones de los derechos humanos;   V. La exclusión en la participación en el gobierno o en las fuerzas de seguridad de los militares, agentes de inteligencia y otro personal de seguridad declarados responsables de planear, instigar, ordenar o cometer graves violaciones de los derechos humanos;   VI. La protección de los profesionales del derecho, la salud y la información;   VII. La protección de los defensores de los derechos humanos;   VIII. La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad;   IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección a los derechos humanos, por los funcionarios públicos incluido el personal de las fuerzas armadas y de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos y sociales, además del personal de empresas comerciales;	Artículo 74. […]   I.- a IX.- […]
X. La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos los conflictos sociales, y	X. La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos los conflictos sociales, […]
XI. La revisión y reforma de las leyes, normas u ordenamientos legales que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las permitan.	XI. La revisión y reforma de las leyes, normas u ordenamientos legales que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las permitan; y
	XII.- En el caso de personas desaparecidas, se considerarán además las que señala la Ley en la materia.
TÍTULO SEXTO SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	TÍTULO SEXTO SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
CAPÍTULO I CREACIÓN Y OBJETO	CAPÍTULO I CREACIÓN Y OBJETO
Artículo 79. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas será la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas y tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.	Artículo 79. […]
El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno del Distrito Federal y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente Título.	El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno de la Ciudad de México y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente Título.
Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas y Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.	Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas y Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas de las entidades federativas, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables. No podrán argumentarse razones competenciales ni reglamentarias para negar a las víctimas el ejercicio de los derechos y a la reparación integral que otorgan las disposiciones de la presente Ley.
Las Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los treinta días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado	Las Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas de las Entidades Federativas tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva […] de Atención a Víctimas cuando no exista aún la comisión de víctimas en la entidad federativa correspondiente; si existiera y la víctima no hubiere recibido respuesta dentro de los quince días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o se hubiere negado la misma.
	Las entidades federativas contarán con una asesoría jurídica, un registro de víctimas y un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, en los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable.
	En el caso de víctimas de desplazamiento interno forzado que se encuentren en una entidad federativa distinta de su entidad de origen la Comisión Ejecutiva deberá garantizar su debido registro, atención y reparación.
CAPÍTULO III DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	CAPÍTULO III DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
Artículo 83. Los integrantes del Sistema se reunirán en Pleno o en comisiones las cuales se deberán crear de conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley.	Artículo 83. […]
El Pleno se reunirá por lo menos una vez cada seis meses a convocatoria de su Presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar y en forma extraordinaria, cada que una situación urgente así lo requiera. Los integrantes tienen obligación de comparecer a las sesiones.	[…]
El quórum para las reuniones del Sistema se conformará con la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes con derecho a voto.	[…]
Corresponderá al Presidente del Sistema la facultad de promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema. Los integrantes del mismo podrán formular propuestas de acuerdos que permitan el mejor funcionamiento del Sistema.	[…]
El Presidente del Sistema será suplido en sus ausencias por el Secretario de Gobernación. Los integrantes del Sistema deberán asistir personalmente.	[…]
Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema o de las comisiones previstas en esta Ley, las instituciones u organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las demás instituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo del Pleno de la Comisión Ejecutiva deban participar en la sesión que corresponda.	Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema o de las comisiones previstas en esta Ley, las instituciones u organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las demás instituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo del Titular de la Comisión Ejecutiva deban participar en la sesión que corresponda.
El Reglamento establecerá el mecanismo de invitación correspondiente. Los invitados acudirán a las reuniones con derecho a voz pero sin voto.	[…]
Artículo 84. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y de gestión. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley, el cual establecerá las atribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva.	Artículo 84. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y de gestión y contará con los recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación. Las medidas y reparaciones que dicte la Ejecutiva en términos de la presente Ley no estarán subordinadas a autoridad alguna. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley, el cual establecerá las atribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva y debe contemplar como mínimo los estándares protectores de esta Ley.
	La Comisión Ejecutiva tendrá por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia, en términos del artículo 2 de esta Ley; así como desempeñarse como el órgano operativo del Sistema nacional de Atención a Víctimas y las demás que esta Ley señale.
En la ejecución de las funciones, acciones, planes y programas previstos en esta Ley, la Comisión Ejecutiva garantizará la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas, así como el ejercicio de labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del Sistema con el objetivo de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones.	[…]
De la Comisión Ejecutiva depende el Fondo, la Asesoría Jurídica Federal y el Registro Nacional de Víctimas.	[…]
A fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los derechos, garantías, mecanismos, procedimientos y servicios que establece esta Ley, el Gobierno Federal contará con un Fondo, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, los cuales operarán a través de las instancias correspondientes, para la atención a víctimas en los términos dispuestos por esta Ley.	[…]
	Se traslada al artículo 79
Las entidades federativas y el Distrito Federal contarán con una asesoría jurídica y un registro de víctimas en los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable.
Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará integrada por siete comisionados. El Ejecutivo Federal enviará al Senado, previa convocatoria pública, tres propuestas por cada comisionado a elegir. El Senado elegirá por el voto de las dos terceras partes de los presentes.	Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará integrada por un Comisionado presidente y un Consejo Directivo conformado por seis víctimas y personas expertas en su atención. El Ejecutivo Federal enviará al Senado, previa convocatoria pública y consulta nacional con los colectivos y organizaciones de víctimas, tres propuestas para la elección de la persona que habrá de cubrir el cargo de Comisionado presidente, y tres propuestas por cada miembro del Consejo Directivo, a elegir. El Senado elegirá por el voto de las dos terceras partes de los presentes.
Una vez cerrada la convocatoria, deberá publicarse la lista de las propuestas recibidas.	El proceso de selección de los comisionados deberá realizarse conforme el principio de máxima publicidad garantizado que en cada etapa del proceso, desde la emisión de la convocatoria hasta el proceso final de selección en el Senado de la República, se publique la información en dos diarios de circulación nacional y se suba a la página web de la Secretaría de Gobernación.
Para garantizar que en la Comisión Ejecutiva estén representados colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, ésta se conformará en los siguientes términos de las propuestas presentadas al Ejecutivo Federal:	Para garantizar que la Comisión Ejecutiva representa a colectivos de víctimas, especialistas y expertos que hayan desempeñado una labor acreditable y comprobable en la atención a víctimas, las ternas que presente el Ejecutivo federal al Senado, deberán estar conformadas en los siguientes términos:
I. Cuatro comisionados especialistas en derecho, psicología, derechos humanos, sociología o especialidades equivalentes con experiencia en la materia de esta Ley, propuestos por universidades públicas;	I. Tres personas provenientes del ámbito académico propuestas por instituciones de educación superior, con actividad acreditada de al menos cinco años en la investigación y docencia especializada en la atención a víctimas;
II. Tres comisionados representando a colectivos de víctimas, propuestos por organizaciones no gubernamentales, registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con actividad acreditada en atención a víctimas de al menos cinco años, o por los organismos públicos de derechos humanos.	I. Tres personas provenientes de colectivos de víctimas propuestas por organizaciones no gubernamentales registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, especializadas en la defensa de los derechos humanos, con actividad acreditada en atención a víctimas de al menos cinco años.
	Para la elección de la persona que sea designada como Comisionado Presidente de la Comisión Ejecutiva, la terna que envíe el Ejecutivo federal deberá estar integrada por personas con al menos siete años de experiencia demostrable en atención a víctimas, y acreditar haber sido postuladas por colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos reconocidas por su destacada trayectoria en la defensa de los derechos de las víctimas.
Para la elección de los comisionados, el Senado conformará una Comisión Plural integrada por los presidentes de las Comisiones de Justicia y Gobernación, que se constituirá en la Comisión responsable de encabezar el proceso de selección y que recibirá las propuestas de comisionados.	Para la elección del Comisionado presidente y de los miembros del Consejo Directivo, el Senado conformará una Comisión Plural integrada por los presidentes de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, que se constituirá en la Comisión responsable de encabezar el proceso de selección y que recibirá las propuestas de comisionados.
En su conformación, el Ejecutivo y el Senado garantizarán la representación de las diversas regiones geográficas del país, así como de las diversas especializaciones sobre hechos victimizantes.	En la integración del Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva, el Ejecutivo federal y el Senado están obligados a garantizar la representación de las diversas regiones geográficas del país, así como de las diversas especializaciones sobre hechos victimizantes, por lo que los comisionados deberán proceder de diferentes Entidades Federativas y ser expertos o víctimas de distintos tipos de hechos victimizantes.
Artículo 86. Para ser comisionado se requiere:	Artículo 86. Para ser Comisionado Presidente de la CEAV o miembro del Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva, se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano;	I. […]
II. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público;	II. […]
III. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, y	III. Contar con experiencia acreditada y comprobable en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley con una antigüedad del al menos siete años;
IV. No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.	IV. No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación; y
	V.– No haber sido señalado en recomendaciones de organismos nacionales o internacionales de derechos humanos por su relación directa con hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos, o que se hubieran señalado contra personal de una institución o unidad administrativa a su cargo sin haberse sancionado y reparado integralmente.
En la elección de los comisionados, deberá garantizarse el respeto a los principios. que dan marco a esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial	En la integración de la Comisión Ejecutiva, el Ejecutivo federal y el Senado están obligados a garantizar la aplicación del principio de enfoque diferencial y especializado, así como representación de las diversas regiones geográficas del país y de las diversas especializaciones sobre hechos victimizantes, por lo que sus integrantes deberán conformarse bajo un criterio de paridad de género, provenir de diferentes Entidades Federativas y haberse destacado en el ejercicio de diversas profesiones.
Los comisionados se desempeñarán en su cargo por cinco años y se renovarán de forma escalonada cada dos años hasta que concluyan su mandato, sin posibilidad de reelección. Durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.	La persona que se desempeñe como Comisionado Presidente y las personas integrantes del Consejo Directivo, se desempeñarán en su cargo por cinco años y se renovarán de forma escalonada cada dos años hasta que concluyan su mandato, sin posibilidad de reelección. Durante el mismo, el Comisionado Presidente no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia ni participar en ningún otro espacio de representación de sociedad civil derivado de otras leyes.
	Por lo que hace a las personas integrantes del Consejo Directivo, no podrán tener ningún empleo, cargo o comisión gubernamental durante su período, ni podrán ejercer actividades remuneradas que impliquen la representación de víctimas ante las instituciones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas ni participar en espacio consultivo en representación de sociedad civil derivado de otras leyes.
	El Senado, a través de un procedimiento legislativo que inicia con una proposición de punto de acuerdo con toda la información respectiva adjunta, e involucra a las Comisiones Unidas que procesan la elección, podrá revocar el mandato de las personas que integran la Comisión Ejecutiva, como colectivo o de manera individual, cuando:
	a) Tengan un subejercicio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral mayor a 60% en el ejercicio presupuestal anual;
	b) Incumplan con el otorgamiento de las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley y así lo hagan constar por escrito dirigido a las Comisiones Unidas al menos cien víctimas inscritas en el Registro;
	c) Nieguen a una víctima del delito o de violación de derechos humanos el apoyo con los recursos necesarios para garantizar el acceso a las medidas contempladas en los artículos 28, 29, 30 y 31, de esta Ley.
	Si de esta negativa, la víctima pierde la vida, se podrá iniciar además un procedimiento de sanción administrativa y penal, de conformidad con la legislación aplicable; y
	d) Incurran en otras conductas que coloquen a las víctimas del delito o de violación a derechos humanos en situaciones de victimización secundaria o en mayor vulnerabilidad.
	El procedimiento para la revocación del mandato, previo análisis de la información, deberá seguir el trámite legislativo establecido en la normatividad del Senado; el dictamen respectivo deberá ser emitido en un plazo máximo de 30 días naturales.
	I.- La Mesa Directiva del Senado turnará a las Comisiones Unidas competentes el punto de acuerdo respectivo:
	II.- Las Comisiones Unidas analizarán la información que acompañe la proposición con punto de acuerdo y, de ser necesario, recabará más elementos que acrediten lo expresado en dicho punto de acuerdo;
	III.- De encontrarse que se ha incurrido en alguno de los supuestos para la revocación del mandato, las Comisiones Unidas emitirán un dictamen conforme lo establece la normatividad aplicable, cumpliendo estrictamente el plazo legal que en ésta se señala.
Artículo 87. La Comisión Ejecutiva será presidida por un Comisionado quien durará en funciones dos años, renovable por una ocasión y será elegido por los comisionados.	Artículo 87. El presidente de la Comisión Ejecutiva durará en su encargo dos años, renovable por una ocasión y será elegido por pleno del Consejo Directivo. Sus facultades serán de carácter administrativo, y para los efectos del cumplimiento del Título Quinto de la presente Ley, estará a las decisiones que tome el Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva, y tendrá voto de calidad exclusivamente en decisiones que afecten de manera directa a la seguridad y el ejercicio de los derechos de las víctimas y cuando éstas se encuentren en riesgo.
Artículo 88. La Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y facultades:	Artículo 88. El Pleno de la Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y facultades:
I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptadas por el Sistema;   II. Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado proporcionará a las víctimas de delitos o por violación a sus derechos humanos, para lograr su reincorporación a la vida social;	I. a III. […]
III. Elaborar anualmente el proyecto de Programa de Atención Integral a Víctimas con el objeto de crear, reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas públicas en materia de atención a víctimas, y proponerlo para su aprobación al Sistema;
IV. Proponer al Sistema una política nacional integral y políticas públicas de prevención de delitos y violaciones a derechos humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas u ofendidos de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;	IV. Proponer al Sistema una política nacional integral y políticas públicas de prevención de delitos y violaciones a derechos humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas […] de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;
V. Instrumentar los mecanismos, medidas, acciones, mejoras y demás políticas acordadas por el Sistema;   VI. Proponer al Sistema un mecanismo de seguimiento y evaluación de las obligaciones previstas en esta Ley;   VII. Proponer al Sistema las medidas previstas en esta Ley para la protección inmediata de las víctimas cuando su vida o su integridad se encuentre en riesgo;   VIII. Coordinar a las instituciones competentes para la atención de una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley, así como los de coordinación, concurrencia y subsidiariedad;   IX. Asegurar la participación de las víctimas tanto en las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencias internacionales en materia de derechos humanos dictadas en contra del Estado Mexicano, como en aquellas acciones que permitan garantizar el cumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos no jurisdiccionales;   X. Establecer mecanismos para la capacitación, formación, actualización y especialización de funcionarios públicos o dependientes de las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;   XI. Realizar las acciones necesarias para la adecuada operación del Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal, y de la Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas;   XII. Establecer las directrices para alimentar de información el Registro Nacional de Víctimas. La Comisión Ejecutiva dictará los lineamientos para la transmisión de información de las instituciones que forman parte del Sistema, incluidas las autoridades federales, cuidando la confidencialidad de la información pero permitiendo que pueda haber un seguimiento y revisión de los casos que lo lleguen a requerir;   XIII. Rendir un informe anual ante el Sistema, sobre los avances del Programa y demás obligaciones previstas en esta Ley;   XIV. Administrar y vigilar el adecuado ejercicio del Fondo y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas;   XV. Solicitar al órgano competente se apliquen las medidas disciplinarias y sanciones correspondientes;   XVI. Elaborar anualmente las tabulaciones de montos compensatorios en los términos de esta Ley y su Reglamento;   XVII. Hacer recomendaciones al Sistema, mismo que deberá dar respuesta oportuna a aquéllas;   XVIII. Nombrar a los titulares del Fondo, Asesoría Jurídica Federal y del Registro;   XIX. Emitir opinión sobre el proyecto de Reglamento de la presente Ley y sus reformas y adiciones;   XX. Formular propuestas de política integral nacional de prevención de violaciones a derechos humanos, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;   XXI. Proponer medidas, lineamientos o directrices de carácter obligatorio que faciliten condiciones dignas, integrales y efectivas para la atención y asistencia de las víctimas, que permitan su recuperación y restablecimiento para lograr el pleno ejercicio de su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación integral;   XXII. Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones y órganos que integran el Sistema así como los comités de las entidades federativas y del Distrito Federal, cuidando la debida representación de todos sus integrantes y especialmente de las áreas, instituciones, grupos de víctimas u organizaciones que se requieran para el tratamiento de una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley y los de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y delegación;   XXIII. Establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de un delito o de la violación de sus derechos humanos;   XXIV. Proponer al Sistema las directrices o lineamientos que faciliten el acceso efectivo de las víctimas a la verdad y a la justicia;   XXV. Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz de los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios para el cumplimiento de las acciones, planes, proyectos y programas de atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral de las víctimas en los ámbitos federal, estatal, del Distrito Federal y municipal;   XXVI. Crear una plataforma que permita integrar, desarrollar y consolidar la información sobre las víctimas a nivel nacional a fin de orientar políticas, programas, planes y demás acciones a favor de las víctimas para la prevención del delito y de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la verdad, justicia y reparación integral con el fin de llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las políticas, acciones y responsabilidades establecidas en esta Ley. La Comisión Ejecutiva dictará los lineamientos para la transmisión de información de las instituciones que forman parte del Sistema, cuidando la confidencialidad de la información pero permitiendo que pueda haber un seguimiento y revisión de los casos que lo lleguen a requerir;   XXVII. Adoptar las acciones necesarias para garantizar el ingreso de las víctimas al Registro;   XXVIII. Coadyuvar en la elaboración de los protocolos generales de actuación para la prevención, atención e investigación de delitos o violaciones a los derechos humanos.   Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno deberán adecuar sus manuales, lineamientos, programas y demás acciones, a lo establecido en estos protocolos, debiendo adaptarlos a la situación local siempre y cuando contengan el mínimo de procedimientos y garantías que los protocolos generales establezcan para las víctimas;   XXIX. En casos de graves violaciones a derechos humanos o delitos graves cometidos contra un grupo de víctimas, proponer al Sistema los programas integrales emergentes de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a justicia, a la verdad y reparación integral;	V. a XXIX. […]
XXX. Crear y coordinar los comités especiales de atención a víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos que requieran prevención, atención e investigación con una perspectiva integral tales como en los casos de desaparición de personas, extravío, ausencia o no localización de personas, trata de personas, tráfico de personas y secuestro, a fin de que además de las acciones, propuestas, planes o programas que se deriven para un grupo de víctimas específicas, se guarde una integralidad respecto al tratamiento de las víctimas y reparación integral, con cargo a su presupuesto autorizado;	XXX. Crear y coordinar los comités especiales de atención a víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos que requieran prevención, atención e investigación con una perspectiva integral tales como en los casos de desaparición de personas, extravío, ausencia o no localización de personas, trata de personas, desplazamiento forzado interno, migrantes, tráfico de personas y secuestro, a fin de que además de las acciones, propuestas, planes o programas que se deriven para un grupo de víctimas específicas, se guarde una integralidad respecto al tratamiento de las víctimas y reparación integral, con cargo a su presupuesto autorizado;
XXXI. Realizar diagnósticos nacionales que permitan evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las víctimas en términos de prevención del delito o de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la justicia, derecho a la verdad y reparación integral del daño;   XXXII. Generar diagnósticos específicos sobre las necesidades de las entidades federativas y municipios en materia de capacitación, recursos humanos y materiales que se requieran para garantizar un estándar mínimo de atención digna a las víctimas cuando requieran acciones de ayuda, apoyo, asistencia o acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de tal manera que sea disponible y efectiva. Estos diagnósticos servirán de base para la canalización o distribución de recursos y servicios que corresponda al Sistema Nacional de Atención a Víctimas;   XXXIII. Brindar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la ayuda, atención y asistencia a favor de las víctimas, priorizando aquéllas que se encuentran en lugares donde las condiciones de acceso a la ayuda, asistencia, atención y reparación integral es difícil debido a las condiciones precarias de desarrollo y marginación;   XXXIV. Implementar los mecanismos de control, con la participación de la sociedad civil, que permitan supervisar y evaluar las acciones, programas, planes y políticas públicas en materia de víctimas. La supervisión deberá ser permanente y los comités u órganos específicos que se instauren al respecto, deberán emitir recomendaciones que deberán ser respondidas por las instituciones correspondientes;   XXXV. Recibir y evaluar los informes rendidos por el titular del Fondo, de la Asesoría Jurídica Federal, así como el Programa y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia, y   XXXVI. Las demás que se deriven de la presente Ley.	XXXI. a XXXVI. […]
	El Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones:
	I. Establecer en conjunto con el Comisionado Presidente los lineamientos generales de actuación de la Comisión Ejecutiva;
	II. Instruir la elaboración y aprobar, en su caso, los proyectos de normas de carácter interno, manuales, protocolos, políticas públicas, convenios y otros documentos técnicos, operativos o reglamentarios relacionados con la actuación de la Comisión Ejecutiva y el cumplimiento de sus fines, o bien, validar los proyectos sometidos a su consideración por el Comisionado Presidente;
	III.- Validar, en su caso, el proyecto de informe anual que rinda el Comisionado Presidente, así como hacer todo tipo de recomendaciones y observaciones sobre el proyecto;
	IV. Conocer y validar, en su caso, el informe mensual de ejercicio presupuestal de la Comisión Ejecutiva;
	V. Emitir recomendaciones para la actuación de la Comisión Ejecutiva en casos concretos, particularmente cuando haya hechos victimizantes que, por su importancia y gravedad, ameriten su intervención o la del Sistema Nacional de Atención a Víctimas; y
	VI. Emitir recomendaciones al Comisionado Presidente para atender adecuadamente algún asunto que sea de interés del Consejo Directivo, en el marco del cumplimiento de esta Ley.
Artículo 91. Los diagnósticos nacionales que elabore la Comisión Ejecutiva deberán ser situacionales y focalizados a situaciones específicas que se enfrenten en determinado territorio o que enfrentan ciertos grupos de víctimas tales como niños y niñas, indígenas, migrantes, mujeres, personas con discapacidad, de delitos tales como violencia familiar, sexual, secuestro, homicidios o de determinadas violaciones a derechos humanos tales como desaparición forzada, ejecución arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria, entre otros.	Artículo 91. Los diagnósticos nacionales que elabore la Comisión Ejecutiva, por iniciativa propia o a solicitud de grupos de víctimas o de la sociedad civil, deberán ser situacionales y focalizados a situaciones específicas que se enfrenten en determinado territorio o que enfrentan ciertos grupos de víctimas tales como niños y niñas, indígenas, migrantes, mujeres, personas con discapacidad, de delitos tales como violencia familiar, sexual, secuestro, homicidios o de determinadas violaciones a derechos humanos tales como desaparición de personas, ejecución arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria, entre otros.
Los diagnósticos servirán de base para crear programas especiales, reorganizar o redireccionar acciones, políticas públicas o leyes que de acuerdo a su naturaleza y competencia llevan a cabo los integrantes del Sistema, así como para canalizar o distribuir los recursos necesarios.	[…]
Se deberá procurar en todo momento, además de la especialización técnica y científica, el aporte de los grupos de víctimas y organizaciones de base que trabajen directamente con víctimas.	[…]
Artículo 92. La Comisión Ejecutiva sesionará al menos una vez a la semana y en sesión extraordinaria, cada que la situación urgente así lo requiera. Los integrantes tienen obligación de comparecer a las sesiones. Si un comisionado no asistiera a las sesiones ordinarias en más de tres ocasiones consecutivas durante un año en forma injustificada será removido de su cargo.	Artículo 92. […]
Las determinaciones de la Comisión Ejecutiva se tomarán por la mayoría de los presentes.	Las determinaciones de la Comisión Ejecutiva se tomarán por la mayoría de los presentes; el presidente tendrá voto de calidad en los supuestos establecidos en el artículo 87 de esta Ley.
Artículo 93. A fin de lograr una especialización, atención integral y coordinada en temas que requieran ser tratados en todo el país, la Comisión Ejecutiva contará, con los siguientes comités, cuyas atribuciones serán determinadas en el Reglamento de esta Ley:	Artículo 93. A fin de lograr una especialización, atención integral y coordinada en temas que requieran ser tratados en todo el país, se establecen las Relatorías Especiales, las cuales contarán con una asignación suficiente de recursos para la realización de consultas, eventos de difusión y publicación de análisis, informes y demás información pertinente derivada de su mandato, así como plenas garantías de independencia para realizar su labor.
	Las Relatoras o los Relatores Especiales serán designados directamente por el Pleno de la Comisión a partir de un proceso de convocatoria pública, en la cual las personas candidatas serán postuladas en el proceso por grupos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, debiendo contar con una destacada trayectoria, conocimientos sólidos y demostrables en los temas materia de su mandato, así como una buena reputación y credibilidad entre las víctimas y sus colectivos. La sesión en la cual se discuta y designe a una relatora o un relator especial deberá ser pública.
	Serán atribuciones de las relatorías especiales, las siguientes:
	I.- Realizar consultas directas a las víctimas para el diseño e impulso de medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de delito o de la violación a sus derechos humanos;
	II.- Mantener una constante coordinación con las relatorías especiales de las entidades federativas para el intercambio de información que permitan generar diagnósticos situacionales;
	III.- Coadyuvar en la elaboración o modificación de los protocolos generales de actuación para la prevención, atención e investigación de los delitos o violaciones a los derechos humanos, en coordinación con las instancias competentes;
	IV.- Elaborar diagnósticos nacionales anuales que permitan evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las víctimas de delitos o de violaciones a los derechos humanos, así como contribuir a la garantía del derecho a la verdad de la sociedad en su conjunto.
	Los diagnósticos nacionales deberán publicarse durante el primer trimestre de cada año y reflejar las cifras de atención, registro, cumplimiento de medidas de reparación y, en general, todas las relativas a las actividades de acompañamiento adoptadas a favor de las víctimas en el marco de esta Ley en relación con al mandato temático de la Relatoría de que se trate, durante el año inmediato anterior al de su publicación, así como recomendaciones dirigidas a instituciones públicas u otras que pudieran ser relevantes, a fin de garantizar la transformación de las causas estructurales de la victimización;
	V.- Solicitar a las autoridades o instituciones privadas la información que requieran para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
	VI.- Coadyuvar en la elaboración del proyecto de Programa de Atención Integral a Víctimas;
	VII.- Coadyuvar en la elaboración de medidas, lineamientos o directrices a que se refiere la fracción XXI, del artículo 88 de la Ley;
	VIII.- Elaborar propuestas de política pública y normatividad en la materia de su especialización, aplicando para ello los principios contenidos en esta Ley, especialmente el de enfoque transformador, y
	IX. Emitir opinión sobre los proyectos de dictamen de reparación emitidos por el Comité Interdisciplinario Evaluador en los casos relacionados con su mandato temático, procurando en todo momento que en la adopción de las medidas de reparación se cumpla con los principios de complementariedad, enfoque diferencial y especializado, enfoque transformador, máxima protección, progresividad y demás aplicables.
	La Comisión Ejecutiva contará al menos con las siguientes Relatorías Especiales:
I. Comité de violencia familiar;	I. Relatoría Especial sobre violencia familiar
II. Comité de violencia sexual;	II. Relatoría Especial sobre violencia sexual;
III. Comité de trata y tráfico de personas;	III. Relatoría Especial sobre trata y tráfico de personas;
IV.–Comité de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas;	IV.— Relatoría Especial sobre personas desaparecidas;
V. Comité de personas víctimas de homicidio;	V. Relatoría Especial sobre personas víctimas de homicidio;
VI. Comité de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes;	VI. Relatoría Especial sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes;
VII. Comité de detención arbitraria;	VII. Relatoría Especial sobre detención arbitraria;
VIII. Comité interdisciplinario evaluador, y	[Se deroga]
IX. Comité de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.	VIII.– Relatoría Especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales;
	IX.- Relatoría Especial sobre desplazamiento interno forzado; y
	X.- Relatoría Especial sobre migrantes.
Se podrán establecer también comités por grupo de víctimas tales como niños y niñas, adultos mayores, mujeres, indígenas, migrantes, personas con discapacidad, entre otros.	Se podrán establecer también relatorías especiales por grupo de víctimas, determinados casos cuyo impacto social, gravedad o complejidad lo requieran, o, en general, las que determine el Pleno de la Comisión.
	El Pleno de la Comisión se constituye en un Comité Interdisciplinario Evaluador para dictaminar y aprobar los proyectos de reparación integral, atendiendo a la proporción del daño en cada caso, en los términos de los artículos 145 y 146 de esta normatividad.
Artículo 96. El Registro Nacional de Víctimas, es el mecanismo administrativo y técnico que soporta todo el proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema, creado en esta Ley.	Artículo 96. […]
El Registro Nacional de Víctimas constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral previstas en esta Ley.	[…]
	Para efectos de la inscripción de las víctimas en el Registro, no será necesario que las víctimas exhiban ningún documento en específico, ni podrá exigírseles, en consecuencia, la presentación de denuncia o cualquier otro documento o trámite presentado ante la instancia de procuración de justicia o de protección de derechos humanos que corresponda por motivo de su jurisdicción.
EI Registro Nacional de Víctimas será una unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva y contará con un titular designado por el Pleno de la Comisión Ejecutiva.	[…]
El Registro es la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel nacional, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal.	[…]
	El registro contará con subregistros para cada uno de los tipos de hechos victimizantes, divididos en dos archivos   generales, a saber: un archivo para los hechos victimizantes de fuero federal, y otro para los de fuero común.
Los estados y el Distrito Federal contarán con sus propios registros. La Federación, los estados y el Distrito Federal estarán obligados a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del Registro. La integración del registro federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva.	Las entidades federativas contarán con sus propios registros. La Federación y las entidades federativas estarán obligados a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del Registro. La integración del registro federal y la conformación del Registro Nacional estarán a cargo de la Comisión Ejecutiva.
El Presidente de la Comisión Ejecutiva dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro Nacional de Víctimas, incluida aquella contenida en el registro federal.	[…]
Los integrantes del Sistema estarán obligados a compartir la información en materia de víctimas que obren en sus bases de datos con el Registro Nacional de Víctimas.	[…]
Artículo 97. El Registro Nacional de Víctimas será integrado por las siguientes fuentes:	Artículo 97. […]
I. Las solicitudes de ingreso hechas directamente por las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, a través de su representante legal o de algún familiar o persona de confianza ante la Comisión Ejecutiva o ante sus equivalentes en las entidades federativas, según corresponda;   II. Las solicitudes de ingreso que presenten cualquiera de las autoridades y particulares señalados en el artículo 99 de esta Ley, como responsables de ingresar el nombre de las víctimas del delito o de violación de derechos humanos al Sistema, y   III. Los registros de víctimas existentes al momento de la entrada en vigor de la presente Ley que se encuentren en cualquier institución o entidad del ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, así como de las comisiones públicas de derechos humanos en aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación.	I.- a III.- […]
Las entidades e instituciones generadoras y usuarias de la información sobre las víctimas y que posean actualmente registros de víctimas, pondrán a disposición del Registro Nacional de Víctimas la información que generan y administran, de conformidad con lo establecido en las leyes que regulan el manejo de datos personales, para lo cual se suscribirán los respectivos acuerdos de confidencialidad para el uso de la información.	[…]
	Las instituciones públicas de protección de los derechos humanos, las instancias de procuración de justicia y los poderes judiciales federal y de las entidades federativas deberán remitir a la Comisión Ejecutiva las bases de datos que obren en su poder y que permitan reunir la información precisada en el formato único de declaración adoptado por el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, a fin de que la información en todos los expedientes en su poder en los cuales haya víctimas como partes en los procedimientos de su competencia, sean incorporados al Registro.
	Por cada uno de los expedientes que se generen, las instituciones obligadas por este artículo deberán remitir de inmediato la información necesaria para nutrir el formato único de declaración. La Dirección del Registro deberá turnar los nuevos expedientes a la Presidencia de la Comisión Ejecutiva para que se determinen las medidas a adoptar en cada caso. Si la revisión de expedientes ha concluido, el Presidente de la Comisión Ejecutiva deberá presentar un proyecto de dictamen de reparación para su discusión, y en su caso, aprobación por parte del Pleno de la Comisión Ejecutiva. Si se trata de un caso que corresponda a una Comisión Ejecutiva de una entidad federativa, se le turnará con un exhorto para su inmediata atención.
En los casos en que existiere soporte documental de los registros que reconocen la calidad de víctima, deberá entregarse copia digital al Registro Nacional de Víctimas. En caso que estos soportes no existan, las entidades a que se refiere este artículo certificarán dicha circunstancia.	[…]
Dichas entidades serán responsables por el contenido de la información que transmiten al Registro Nacional de Víctimas.	[…]
Artículo 101. Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma al Registro, y se procederá a la valoración de la información recogida en el formato único junto con la documentación remitida que acompañe dicho formato.	Artículo 101. Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma al Registro en un plazo no mayor a cinco días hábiles, y se procederá a la valoración de la información recogida en el formato único junto con la documentación remitida que acompañe dicho formato. Al validarse la inscripción, la Comisión Ejecutiva, a través del área encargada del Registro, deberá informar al solicitante que fue inscrito, expedir y entregarle el comprobante foliado que la acredite como una víctima inscrita en el Registro, con todos los efectos legales correspondientes. Ninguna autoridad condicionará el cumplimiento de las obligaciones que le impone esta ley para con las víctimas a la exhibición del comprobante foliado.
Para mejor proveer, la Comisión Ejecutiva y las comisiones de víctimas, podrán solicitar la información que consideren necesaria a cualquiera de las autoridades del orden federal, local y municipal, las que estarán en el deber de suministrarla en un plazo que no supere los diez días hábiles.	La Comisión Ejecutiva y las comisiones de víctimas de las Entidades Federativas, podrán solicitar la información que consideren necesaria a cualquiera de las autoridades del orden federal, local y municipal, las que estarán en el deber de suministrarla en un plazo que no supere los diez días hábiles; no podrán exigirse a las víctimas mayores requisitos de los establecidos en esta Ley ni la realización de gestiones relacionadas con la obtención de la información para su registro.
Si hubiera una duda razonable sobre la ocurrencia de los hechos se escuchará a la víctima o a quien haya solicitado la inscripción, quienes podrán asistir ante la comisión respectiva. En caso de hechos probados o de naturaleza pública deberá aplicarse el principio de buena fe a que hace referencia esta Ley.	[…]
La realización del proceso de valoración al que se hace referencia en los párrafos anteriores, no suspende, en ningún caso, las medidas de ayuda de emergencia a las que tiene derecho la víctima, conforme lo establece el Título Tercero de esta Ley.	[…]
No se requerirá la valoración de los hechos de la declaración cuando:	[…]
1.- Exista sentencia condenatoria o resolución por parte de la autoridad jurisdiccional o administrativa competente;   II.- Exista una determinación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de las comisiones estatales en esta materia que dé cuenta de esos hechos, incluidas recomendaciones, conciliaciones o medidas precautorias;   III.- La víctima haya sido reconocida como tal por el Ministerio Público, por una autoridad judicial, o por un organismo público de derechos humanos, aun cuando no se haya dictado sentencia o resolución;   IV.- Cuando la víctima cuente con informe que le reconozca tal carácter emitido por algún mecanismo internacional de protección de derechos humanos al que México le reconozca competencia, y   V.- Cuando la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos le reconozca tal carácter.	I.- a V. […]
	Los servidores públicos de la Comisión Ejecutiva no podrán condicionar las ayudas del Título Tercero a estar previamente inscritos en el Registro ni la inscripción al Registro Nacional a que la víctima le entregue los documentos arriba señalados ni a la ejecución de condiciones de cualquier tipo que se establezcan por el Reglamento o resoluciones de la Comisión Ejecutiva que reduzcan los parámetros protectores de esta Ley.
Artículo 108. …	Artículo 108. …
En el caso de las personas que se encuentren bajo custodia del Estado, estarán obligados de recibir la declaración las autoridades que estén a cargo de los centros de readaptación social.	En el caso de las personas que se encuentren bajo custodia del Estado, estarán obligados de recibir la declaración las autoridades que estén a cargo de los centros de reinserción social.
Artículo 110. El reconocimiento de la calidad de víctima, para efectos de esta Ley, se realiza por las determinaciones de cualquiera de las siguientes autoridades:	Artículo 110. La calidad de víctima se adquiere por el menoscabo o anulación del ejercicio de los derechos derivado del hecho victimizante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 párrafo cuarto de esta Ley.
	Para efectos del acceso de las víctimas a lo dispuesto en el Título Tercero de esta Ley, bastará con la existencia de un daño objetivo y evidente y el simple dicho de la víctima para que de inmediato las autoridades que tengan conocimiento de los hechos, incluyendo la Comisión Ejecutiva o la comisión de víctimas que por su jurisdicción corresponda, adopten las medidas que sean necesarias, sin exigir mayores requisitos a las víctimas, atendiendo en todo momento a los principios de buena fe, no victimización secundaria, debida diligencia y demás aplicables.
	En casos de emergencia médica o psicológica, o de que la vida, integridad o libertad de las víctimas corra riesgo por cualquier causa, toda persona, sea autoridad pública o no, está obligada a prestarles auxilio y solicitar a las autoridades competentes la atención especializada a que tienen derecho sin que medien mayores formalidades o requisitos, en los términos del Título Tercero Capítulos I y IV de esta Ley.
	Cualquier persona puede notificar de los hechos a cualquier autoridad, indistintamente de su jurisdicción o competencia. En todo caso, la primera autoridad que tenga noticia de los hechos deberá garantizar de inmediato que tengan lugar las medidas previstas en el párrafo anterior y tan pronto como ello hubiera ocurrido, dar aviso a la Comisión Ejecutiva o comisión de víctimas correspondiente; la cual deberá adoptar todas las gestiones necesarias para entrar en comunicación con la víctima o sus representantes, inscribirla en el Registro, asignarle un asesor jurídico y que se le garantice la adopción de todas las medidas y el respeto de todos los derechos reconocidos por esta Ley, desde el momento en que la Comisión de mérito tenga conocimiento de los hechos hasta que, por medio del efecto conjunto de las medidas que se adopten en su beneficio, supere su condición de victimidad y se reinserte lo más plenamente posible a la sociedad y a la realización de su proyecto de vida.
	Por lo que hace al acceso a las medidas contempladas en el Título Cuarto de esta normatividad, bastará con la inscripción de la víctima al Registro, sin que ninguna autoridad deba exigir a las víctimas ningún requisito adicional.
El reconocimiento de la calidad de víctima, para efectos de esta Ley, se realiza por las determinaciones de cualquiera de las siguientes autoridades:   I. El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada;   II. El juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa;   III. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima;   IV. Los órganos jurisdiccionales internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia, y   V. La Comisión Ejecutiva que podrá tomar en consideración las determinaciones de:   a) El Ministerio Público;   b) La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;   c) Los organismos públicos de protección de los derechos humanos, o   d) Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia.   El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto que la víctima pueda acceder a los recursos del Fondo y a la reparación integral de conformidad con lo previsto en la presente Ley y en el Reglamento. Artículo reformado DOF 03-05-2013	Para garantizar las medidas de reparación integral contempladas en el Título Quinto de esta Ley, además de la inscripción de la víctima al Registro, deberá contarse con la determinación de cualquiera de las siguientes autoridades:
I. El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada;   II. El juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa;   III. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima;   IV. Los órganos jurisdiccionales internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia, y	I. a IV. […]
V. La Comisión Ejecutiva que podrá tomar en consideración las determinaciones de:	V. La Comisión Ejecutiva considerará también las determinaciones de:
a) El Ministerio Público;	[…]
b) La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;	[…]
c) Los organismos públicos de protección de los derechos humanos, o	c) Los organismos públicos de protección de los derechos humanos, […]
d) Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia.	d) Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia; o
	e) Las instituciones de derecho público nacionales o internacionales cuyo mandato expreso tenga conexión directa con la protección, promoción o defensa de los derechos de las víctimas, tales como comisiones de la verdad, grupos de investigación conformados por personas expertas designadas para conocer de un caso por organismos internacionales o instituciones gubernamentales, u otros mecanismos públicos de investigación sobre justicia transicional, que tuvieran conocimiento probado sobre la ocurrencia del hecho victimizante alegado.
El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto que la víctima pueda acceder a los recursos del Fondo y a la reparación integral de conformidad con lo previsto en la presente Ley y en el Reglamento.
Artículo 111. El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto:	Artículo 111. El reconocimiento de la calidad de víctima a que se refieren los artículos 4 y 110 de esta Ley, tendrá como efecto:
II.- El acceso a los derechos, garantías, acciones, mecanismos y procedimientos, en los términos de esta Ley y las disposiciones reglamentarias, y	I. […]
II. En el caso de lesiones graves, delitos contra la libertad psicosexual, violencia familiar, trata de personas, secuestro, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición, privación de la libertad y todos aquellos que impidan a la víctima por la naturaleza del daño atender adecuadamente la defensa de sus derechos; que el juez de la causa o la autoridad responsable del procedimiento, de inmediato, suspendan todos los juicios y procedimientos administrativos y detengan los plazos de prescripción y caducidad, así como todos los efectos que de éstos se deriven, en tanto su condición no sea superada, siempre que se justifique la imposibilidad de la víctima de ejercer adecuadamente sus derechos en dichos juicios y procedimientos.	II. En el caso de lesiones graves, delitos contra la libertad psicosexual, violencia familiar, trata de personas, secuestro, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición, privación de la libertad, desplazamiento interno forzado y todos aquellos que impidan a la víctima por la naturaleza del daño atender adecuadamente la defensa de sus derechos; que el juez de la causa o la autoridad responsable del procedimiento, de inmediato, suspendan todos los juicios y procedimientos administrativos y detengan los plazos de prescripción y caducidad, así como todos los efectos que de éstos se deriven, en tanto su condición no sea superada, siempre que se justifique la imposibilidad de la víctima de ejercer adecuadamente sus derechos en dichos juicios y procedimientos.
Al reconocerse su calidad de víctima, ésta podrá acceder a los recursos del Fondo y a la reparación integral, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y en el Reglamento. El procedimiento y los elementos a acreditar, se determinarán en el Reglamento correspondiente	El procedimiento y los elementos a acreditar, se determinarán en el Reglamento correspondiente que no podrá ser invocado para negar o restringir la garantía del otorgamiento de los derechos reconocidos por esta Ley.
Artículo 118. Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:	Artículo 118. […]
I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral, para la adecuada atención y protección a las víctimas;   II. Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente Ley;   III. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema;   IV. Participar en la elaboración del Programa;   V. Fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y privadas que prestan atención a las víctimas;   VI. Promover, en coordinación con el Gobierno Federal, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las víctimas de acuerdo con el Programa;   VII. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres y mejorar su calidad de vida;	I. a VII. […]
VIII. Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema;	VIII. Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema, así como realizar medidas para la prevención y atención del desplazamiento interno forzado y de la migración;
IX. Promover programas de información a la población en la materia;	[…]
X. Impulsar programas reeducativos integrales de los imputados;	X.– Diseñar y ejecutar programas de prevención social de la violencia y la delincuencia, así como promover la reinserción social tanto de víctimas como de imputados o personas liberadas después de purgar una condena penal, con el fin de favorecer a la no repetición de hechos de violencia;
XI. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta Ley;   XII. Rendir ante el Sistema un informe anual sobre los avances de los programas locales;   XIII. Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales, con base en los resultados de las investigaciones que al efecto se realicen;   XIV. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, en la ejecución de los programas estatales;   XV. Recibir de las organizaciones privadas, las propuestas y recomendaciones sobre atención y protección de las víctimas, a fin de mejorar los mecanismos en la materia;   XVI. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para la elaboración de éstas;   XVII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, y   XVIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros ordenamientos legales.	XI. a XVIII. […]
Las autoridades federales harán las gestiones necesarias para propiciar que las autoridades locales reformen su legislación a favor y apoyo a las víctimas.	[…]
Artículo 119. Corresponde a los municipios, de conformidad con esta Ley y las leyes locales en la materia, las atribuciones siguientes:	Artículo 119. […]
I. Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal, para la adecuada atención y protección a las víctimas;   II. Coadyuvar con el Gobierno Federal y las entidades federativas, en la adopción y consolidación del Sistema;   III. Promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos de capacitación a las personas que atienden a víctimas;   IV. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa;	I. a V. […]
V. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los imputados;	V. Diseñar y ejecutar programas de prevención social de la violencia y la delincuencia, así como promover la reinserción social tanto de víctimas como de imputados o personas liberadas después de purgar una condena penal, con el fin de favorecer a la no repetición de hechos de violencia;
VI. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas;	VI. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas, así como realizar medidas para la prevención y atención del desplazamiento interno forzado y migrantes de manera que se garantice su derecho a un nivel de vida adecuado;
VII. Participar y coadyuvar en la protección y atención a las víctimas;   VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y   IX. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros ordenamientos legales aplicables.	VII. a IX. […]
	Artículo 120. […]
	I. a XX. […]
	El incumplimiento de los deberes aquí señalados en esta Ley para los servidores públicos, en especial quienes tengan la responsabilidad institucional de cumplir con esta Ley, será sancionado con la responsabilidad administrativa o penal, de conformidad con la legislación aplicable.
Artículo 123. Corresponde al Ministerio Público, además de los deberes establecidos en el presente ordenamiento, lo siguiente:	Artículo 123. […]
I. Informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le otorga la Constitución y los tratados internacionales, el código penal y procesal penal respectivo y las demás disposiciones aplicables, así como el alcance de esos derechos, debiendo dejar constancia escrita de la lectura y explicación realizada;   II.-Vigilar el cumplimiento de los deberes consagrados en esta Ley, en especial el deber legal de búsqueda e identificación de víctimas desaparecidas;   III. Solicitar el embargo precautorio de los bienes susceptibles de aplicarse a la reparación integral del daño sufrido por la víctima, así como el ejercicio de otros derechos;   IV.-Solicitar las medidas cautelares o de protección necesarias para la protección de la víctima, sus familiares y/o sus bienes, cuando sea necesario;   V. Solicitar las pruebas conducentes a fin de acreditar, determinar y cuantificar el daño de la víctima, especificando lo relativo a daño moral y daño material, siguiendo los criterios de esta Ley;   VI. Dirigir los estudios patrimoniales e investigaciones pertinentes a fin de determinar la existencia de bienes susceptibles de extinción de dominio;   VII. Solicitar la reparación del daño de acuerdo con los criterios señalados en esta Ley;   VIII. Informar sobre las medidas alternativas de resolución de conflictos que ofrece la Ley a través de instituciones como la conciliación y la mediación, y a garantizar que la opción y ejercicio de las mismas se realice con pleno conocimiento y absoluta voluntariedad;   IX. Cuando los bienes asegurados sean puestos bajo la custodia de la víctima o le sean devueltos, deberá informar claramente a ésta los alcances de dicha situación, y las consecuencias que acarrea para el proceso;	I. a IX. […]
X. Cuando se entregue a la víctima el cuerpo o restos humanos del familiar o personas cercanas, y no haya causado ejecutoria, le deberán informar que pesa sobre ella el deber de no someter los mismos a cremación. Dicho deber sólo puede ser impuesto a la víctima en aras de hacer efectivo su derecho a la verdad y a la justicia, y	X. Cuando se entregue a la víctima el cuerpo o restos humanos del familiar o personas cercanas, y no haya causado ejecutoria, le deberán informar que pesa sobre ella el deber de no someter los mismos a cremación. Dicho deber sólo puede ser impuesto a la víctima en aras de hacer efectivo su derecho a la verdad y a la justicia, […]
XI. Las demás acciones que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de atención integral a víctimas y reparación integral.	XI. Iniciar procedimiento de investigación y, eventual sanción penal, al servidor público que incurra en conductas delictivas aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas; y
	XII. Las demás acciones que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de atención integral a víctimas y reparación integral.
Artículo 131. Para ser beneficiarios del apoyo del Fondo, además de los requisitos que al efecto establezca esta Ley y su Reglamento, las víctimas deberán estar inscritas en el Registro a efecto de que la Comisión Ejecutiva realice una evaluación integral de su entorno familiar y social con el objeto de contar con los elementos suficientes para determinar las medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación.	Artículo 131. Para ser beneficiarios del apoyo del Fondo en los términos del Capítulo III del Título Quinto de esta Ley, el Pleno de la Comisión Ejecutiva en su papel de Comité Interdisciplinario Evaluador realizará una evaluación integral del entorno familiar y social de las víctimas con el objeto de contar con los elementos suficientes para determinar las medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación; en dicha evaluación se deberán considerar las condiciones extremas de vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento interno forzado y de desaparición.
Artículo 132. El Fondo se conformará con:	Artículo 132. […]
I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso;	I. a VIII. […]
El monto que apruebe anualmente la Cámara de Diputados será de 0.014% del Gasto Programable del Presupuesto de Egresos de la Federación.
II. El producto de la enajenación de los bienes que sean decomisados en los procedimientos penales, en la proporción que corresponda, una vez que se haya cubierto la compensación, en los términos establecidos en el Código Federal de Procedimientos Penales o en la legislación respectiva;   III. Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad;   IV. El monto de las reparaciones del daño no reclamadas;   V. Las aportaciones que a este fin hagan en efectivo o en especie las personas físicas o morales de carácter público, privado o social nacionales o extranjeros de manera altruista;   VI. Los rendimientos que generen los recursos que obren en el Fondo;   VII. Los montos que se recuperen en virtud del derecho de repetición en los términos de esta Ley, y   VIII. Los demás recursos que se determinen en las disposiciones aplicables.
La constitución del Fondo será con independencia de la existencia de otros ya establecidos para la atención a víctimas. La aplicación de recursos establecidos en otros mecanismos a favor de la víctima y los de esta Ley se hará de manera complementaria, a fin de evitar su duplicidad. El acceso a los recursos a favor de cada víctima no podrá ser superior a los límites establecidos en esta Ley y las disposiciones correspondientes.	[…]
Las compensaciones subsidiarias se cubrirán con los recursos del Fondo correspondiente al ejercicio fiscal vigente al momento de la solicitud. La Comisión Ejecutiva velará por la maximización del uso de los recursos del Fondo, priorizando en todo momento aquellos casos de mayor gravedad.	Las compensaciones subsidiarias se cubrirán con los recursos del Fondo correspondiente al ejercicio fiscal vigente al momento de la solicitud, excepto si el subejercicio del Fondo supera el 60% del mismo. La Comisión Ejecutiva velará por la maximización del uso de los recursos del Fondo, priorizando en todo momento aquellos casos de mayor gravedad.
En el caso de las compensaciones por error judicial, éstas se cubrirán con cargo al presupuesto del Poder Judicial correspondiente.	En el caso de las indemnizaciones por error judicial, éstas se cubrirán con cargo al presupuesto del Poder Judicial correspondiente.
Las determinaciones de las comisiones respecto a cualquier tipo de pago, compensación o reparación del daño tendrán el carácter de resoluciones administrativas definitivas. Contra dichas resoluciones procederá el juicio de amparo.	Las determinaciones de las comisiones respecto a cualquier tipo de pago, indemnización o reparación del daño tendrán el carácter de resoluciones administrativas definitivas. Contra dichas resoluciones procederá el juicio de amparo.
Artículo 150. Las solicitudes que se presenten en términos de este Capítulo se atenderán considerando:	Artículo 150. […]
I. La condición socioeconómica de la víctima;   II. La repercusión del daño en la vida familiar;   III. La imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño;	I. a III. […]
IV. El número y la edad de los dependientes económicos, y	IV. El número y la edad de los dependientes económicos, […]
V. Los recursos disponibles en el Fondo.	V. Las condiciones, en caso de desplazamiento interno forzado y migración, y
	VI. Los recursos disponibles en el Fondo.
	TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
	CAPÍTULO ÚNICO DE LAS SANCIONES
	Artículo 190. Para lo no dispuesto en esta Ley se aplicará de manera supletoria para el desarrollo del procedimiento y la fijación de las sanciones que correspondan, la legislación en materia de justicia administrativa y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los asuntos que sean de sus respectivas competencias.
	Artículo 191. Al servidor público que actúe de manera omisa, negligente o sin la debida diligencia en la prestación de un servicio o de una medida a una víctima a la que estuvieran obligados por virtud de la presente Ley, se le sancionará con amonestación administrativa y, en caso de reincidencia, será destituido de su cargo. Asimismo, en caso de que, derivado de la omisión, falta de debida diligencia o negligencia en la prestación del servicio o medida, la víctima hubiera sufrido un nuevo daño, o éste se hubiera empeorado, se le sancionará con multa de entre quinientos y mil salarios mínimos e inhabilitación hasta por cinco años para ejercer cualquier cargo público, sin prejuicio de las responsabilidades penales a las que se hicieran acreedores.
	Artículo 192. Al servidor público que maltrate emocional o verbalmente a las víctimas mediante ofensas, humillaciones o cualquier falta de respeto que implique la inobservancia de los principios de actuación previstos en el artículo 5 de esta Ley, se le destituirá de inmediato de su cargo.
	Artículo 193. Al servidor público que imponga cualquier tipo de costa, gravamen o requiera de las víctimas una contraprestación de cualquier índole por la prestación de servicios o medidas a las que tienen derecho, se les sancionará con la destitución inmediata de su puesto, así como se le obligará a la devolución íntegra de lo pretendido cuando se tratara de bienes materiales, en caso de haberlo cobrado, así como con sanción pecuniaria hasta por tres veces el valor de lo cobrado, e inhabilitación hasta por cinco años para ejercer cualquier función pública, sin menoscabo de las responsabilidades penales que se desprendieran del caso.
	Artículo 194. En caso de que se demuestre que el responsable de cualquiera de las conductas previstas en los artículos 191 y 192 de esta Ley hubiera actuado motivado por discriminación en razón de la edad, el sexo, la condición social o económica, el origen nacional, la orientación sexual, el tipo de hecho victimizante, o cualquiera otra, la sanción aplicable consistirá en multa hasta por quinientos salarios mínimos, destitución inmediata del cargo e inhabilitación para ejercer cualquier función pública hasta por cinco años, sin perjuicio de otras responsabilidades penales o administrativas que pudieran derivarse del caso.
	Artículo 195. Al servidor público que ponga en riesgo la seguridad de las víctimas mediante intimidación o amenazas, se le sancionará con una pena de entre cuatro y diez años de prisión, multa de entre quinientos y mil salarios mínimos, así como inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público hasta por trece años posteriores a la conclusión de la pena corporal, sin menoscabo de las sanciones que resulten por la comisión de otros delitos.
	Artículo 196. Al servidor público que ponga en riesgo la seguridad de las víctimas por filtrar informaciones derivadas de su acceso al expediente a terceras personas, sean particulares u otros servidores públicos, incluyendo a quienes sean señalados como responsables de los hechos victimizantes, o con un tercero implicado que amenace o dañe la vida, integridad personal o libertad de una víctima, se le sancionará con una pena de entre cuatro y diez años de prisión, multa de entre quinientos y mil salarios mínimos, así como inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público hasta por trece años posteriores a la conclusión de la pena corporal, sin menoscabo de las sanciones que resulten por la comisión de otros delitos.
	Artículo 197. Al servidor público que ponga en riesgo la seguridad de las víctimas por omitir o actuar negligentemente en la adecuada y pronta implementación de las medidas de protección contempladas en esta Ley, siempre que el riesgo se verifique efectivamente, se le sancionará con una pena de entre tres y siete años de prisión, multa de entre quinientos y mil salarios mínimos, así como inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público hasta por siete años posteriores a la conclusión de la pena corporal, sin menoscabo de las sanciones que resulten por la comisión de otros delitos.

 

Así también, se inserta un comparativo sobre la reforma al Reglamento para el Gobierno Interior del Senado que contiene el procedimiento propuesto para la revocación del mandato que se señala en la Iniciativa de Reforma a la Ley General de Víctimas:

 

 

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL SENADO
TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
	ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 50 del Reglamento para el Gobierno Interior del Senado en materia de revocación del mandato de la Comisión Ejecutiva, para quedar como sigue:
Artículo 150.-   1.        Las decisiones en las comisiones se adoptan con el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes presentes.   2.        Las votaciones sobre dictámenes o resoluciones requieren de la mayoría absoluta de los integrantes de la respectiva comisión.	Artículo 150.-   1.- a 2.- […]
3.        Los dictámenes y resoluciones que se producen bajo la modalidad de trabajo en comisiones unidas, son aprobados por la mayoría absoluta de los integrantes de cada una de las comisiones que participan.	[…]
	Para efectos de la revocación del mandato de un Comisionado o Comisionados establecida en la Ley General de Víctimas, se aprobará con las dos terceras partes de los integrantes presentes de las comisiones unidas competentes.
4.         Las votaciones nominales se realizan a través del sistema electrónico.	[…]

 

Por todo lo anterior, en ejercicio de la facultad conferida por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y el artículo 50 del Reglamento para el Gobierno Interior del Senado de la República.

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el primer y cuarto párrafos del artículo 1; las fracciones I y II del artículo 2; el primer y el actual segundo párrafo del artículo 4; el segundo, tercer, quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo octavo, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo tercero, vigésimo cuarto, vigésimo sexto, vigésimo séptimo, vigésimo noveno, trigésimo y trigésimo segundo del artículo 5; la fracción V del 6; el párrafo primero, las fracciones I, III, IV, VII, VIII, XX y XXXIII del 7; primer, segundo y cuarto párrafos del 8; primer, segundo y cuarto párrafos del 9; fracción II del 12; 15; cuarto y quinto párrafos del 21; 23; 26; fracciones III y VI del 27; segundo párrafo del 28; 29; 31; 38; 39; 41, 45; 47; 57; fracciones I y VI del 61; 63; primer párrafo y fracción VIII del 64; primer párrafo del 65; 66; primer y último párrafos del 67; primer párrafo del 69; fracción II del 73; fracciones X y XI del 74; segundo, tercer, cuarto y quinto párrafos del 79; el quinto párrafo del artículo 83; primer párrafo del artículo 84, el quinto párrafo de este artículo se traslada al artículo 79; primer, segundo, tercero y sus fracciones I y II, sexto y séptimos párrafos actuales del 85; primer párrafo, las fracciones III y IV que corresponden al cuarto y quinto, el séptimo y octavo párrafos actuales del 86; 87; primer párrafo y fracciones IV y XXX del 88; primer párrafo del 91; segundo párrafo del 92; primer párrafo y las actuales fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y IX que corresponden a los nuevos párrafos décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo tercero (la actual fracción VIII de este artículo que se deroga, se utiliza para numerar la fracción IX vigente) del 93; el actual quinto párrafo del 96; el primer y segundo párrafo del 101; el segundo párrafo del 108; primer párrafo y los actuales segundo, fracción V, incisos c) y d), que corresponden con los nuevos párrafos 6, 11, 14 y 15 del 110; primer, tercer párrafos que corresponde a la fracción II y cuarto párrafo del 111; fracciones VIII y X del 118; fracciones V y VI del 119; último párrafo del 120; actuales fracciones X, y XI del 123; 131; el último párrafo del 132; actuales fracciones IV y V del 150 y 151; se derogan la actual fracción XVIII del artículo 6 y la fracción VIII que corresponde al noveno párrafo actual del 93 con lo que se recorre la numeración y la fracción IX actual se convierte en la fracción VIII del 93; y se adicionan un segundo y cuarto párrafos al artículo 4 con lo que se recorren los actuales; un segundo párrafo al actual párrafo quinto del artículo 5; la fracción VIII, con lo que se recorre la numeración de las actuales fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y un segundo párrafo a la nueva fracción XVIII del artículo 6; las fracciones XXXIV, XXXV, XXXVI y XXXVII, con lo que se recorre la numeración de la actual fracción XXXIV del 7; un último párrafo al artículo 27; un último párrafo del 34; un inciso c) con numerales i) y ii) y un séptimo párrafo al 67; una fracción IV al 69; una fracción XII al 74; un quinto y sexto párrafos al 79; se adiciona un segundo párrafo al artículo 84, con lo que se recorre la numeración de los párrafos; un sexto párrafo, después de las fracciones I y II del tercero, con lo que se recorren los actuales sexto y séptimo del 85; una fracción V que corresponde al nuevo párrafo sexto, noveno, décimo, décimo primero que corresponde al inciso a), décimo segundo que corresponde al inciso b), un décimo tercero que corresponde al inciso c), un décimo cuarto, un décimo quinto que corresponde al inciso d), un décimo sexto, un décimo séptimo que corresponde a la fracción I, un décimo octavo que corresponde a la fracción II y un décimo noveno que corresponde a la fracción III todos del 86; un séptimo párrafo, un octavo párrafo que corresponde a la fracción I, un noveno párrafo que corresponde a la fracción II, un décimo párrafo que corresponde a la fracción III, un décimo primer párrafo que corresponde a la fracción IV, un décimo segundo que corresponde a la fracción V y un décimo primer párrafo que corresponde a la fracción VI del artículo 88; nuevos segundo y tercer párrafos, un cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero que corresponden a las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del nuevo tercer párrafo, y un décimo cuarto párrafo, todo ello del 93; nuevos tercer y sexto párrafos, con lo que se recorre la secuencia actual del artículo 96; un sexto y séptimo párrafos nuevos con lo que se recorre la secuencia de los párrafos del 97; un último párrafo al 101; los nuevos párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y décimo sexto que corresponde al inciso e) de la fracción V del 110; una nueva fracción XI, con lo que se recorre la actual fracción XI, al 123; una nueva fracción V con lo que se recorre la actual para quedar como VI del 150 y un Título Décimo Primero, Capítulo Uno, De las Sanciones, y de los artículos 190 al 197, para quedar como sigue:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

 

Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por el artículo 1o., párrafo tercero en materia de reparación, 17, y 20, y de conformidad con la fracción XXX del artículo 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.

 

[…]

 

[…]

 

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.

 

 

Artículo 2. […]

 

1. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y los demás consagrados en esta Ley, en la Constitución, y en las normas sobre derechos humanos en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;

 

1. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;

 

III.- a V.- […]

 

Artículo 4. Se denominarán víctimas las personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro, lesión a sus bienes jurídicos o anulación de sus derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

 

También se consideran víctimas a las personas que, en términos de la legislación aplicable, tengan parentesco con la persona directamente afectada por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y descendente, sin limitación de grado; en la línea transversal hasta el cuarto grado; el cónyuge, y la concubina o, en su caso, quienes estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas afines, dependan económicamente de la persona desaparecida o sean allegadas.

 

En los casos de hechos victimizantes que por su naturaleza impliquen la desaparición, ausencia, privación de la libertad o muerte de la víctima directa, también se considerarán como tales las personas a las que se refiere el párrafo anterior.

 

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. En todo momento tendrán derecho a que las autoridades faciliten y colaboren con ellas para cumplir con su labor, en los términos de esta Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, así como, en los casos que lo ameriten, a las medidas de protección a las que se refiere el Título Tercero Capítulo IV de esta Ley.

 

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.

 

 

Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:

 

I.– Dignidad.- Las víctimas deben ser tratadas en todo momento como titulares y sujetos de derechos, y a no ser objeto de violencia, discriminación, humillaciones, tratos vejatorios, desinterés o arbitrariedades de cualquier especie por parte del Estado o de los particulares.

 

[…] Todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarlas y tratarlas como fin de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.

 

[…]

 

II.- Buena fe.- Las autoridades presumirán en todo momento la buena fe de lo dicho y actuado por las víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima, ni fundar en cuestionamientos injustificados, razones de jurisdicción u opiniones de ninguna índole la negativa o restricción de brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia que requiera, así como respetar y no obstaculizar el ejercicio efectivo de sus derechos.

 

Este principio no admite excepciones basadas en prejuicios de ninguna especie, así como tampoco en las opiniones técnicas a las que llegue el personal jurídico, psicológico, médico o cualquier otro encargado de la atención a víctimas.

 

III. Complementariedad.- Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Ley, en especial los relacionados con la asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes.

 

Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser adoptadas conforme al principio de complementariedad para alcanzar la integralidad que busca la reparación. Por lo anterior, en ningún caso podrán sustituirse unas medidas de reparación por otras; especialmente las medidas de indemnización no podrán sustituir a las de restitución, rehabilitación, satisfacción y no repetición, ni éstas a las de indemnización. Las reparaciones adoptadas deberán garantizar en conjunto la realización de los derechos a la verdad y a la justicia.

 

1. Debida diligencia.- El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho.

 

[…]

 

1. Enfoque diferencial y especializado.- Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.

 

[…]

 

[…]

 

1. Enfoque transformador.- Las autoridades encargadas de aplicar la presente Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomarán las acciones necesarias para que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación, marginación y violencia que fueran causa de los hechos victimizantes, favoreciendo en todo momento su prevención y no repetición. Las reparaciones que se adopten a favor de las víctimas deberán contribuir a la no repetición de los hechos.

 

VII. Gratuidad.- Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víctima.

 

VIII. Igualdad y no discriminación.- En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial.

 

1. Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.- Todos los derechos contemplados en esta Ley se encuentran interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio de los mismos sin que a la vez se garantice el resto de los derechos. La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros.

 

[…]

 

1. Máxima protección.- Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.

 

[…]

 

1. Mínimo existencial.- Las autoridades encargadas de cumplir esta Ley están obligadas a proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar, en todos los casos en los cuales ello sea necesario, y en las proporciones y duraciones que se precisen, todos los servicios y atenciones que se requieran para la satisfacción de sus necesidades elementales independientemente de otras medidas de ayuda inmediata o asistencia que pudieran estársele brindando en el marco de esta Ley, especialmente si el hecho victimizante produjo o empeoró una situación de precariedad patrimonial o económica a las víctimas, si perdieron su fuente de ingresos o si entre ellos hay niñas, niños o adolescentes que pudieran ser especialmente afectados por el hecho victimizante.

 

XII. No criminalización.- Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.

 

[…]

 

XIII. No victimización secundaria.- Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos.

 

XIV. Participación conjunta.- Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas.

 

[…]

 

1. Progresividad y no regresividad.- Las autoridades que deben aplicar la presente Ley tendrán la obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados.

 

XVI. Publicidad.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos, adoptados en el marco de esta Ley, incluidos los que señalan los artículos 85 y 86, deberán ser públicos, siempre que esto no vulnere los derechos humanos de las víctimas o las garantías para su protección.

 

El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara, periódica y accesible.

 

XVII. Rendición de cuentas.- Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la Ley, así como de los planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación, especialmente en lo referente al ejercicio presupuestal del Fondo y a la adopción a favor de las víctimas de medidas de ayuda, asistencia o reparación integral a que se refiere esta Ley, que contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas.

 

XVIII. Transparencia.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes.

 

[…]

 

XIX. Trato preferente.- Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas.

 

 

Artículo 6. […]

 

1. al IV.- […]

 

1. Compensación: Reparación o indemnización económica a la que la víctima tenga derecho en los términos de esta Ley;

 

VI.- […]

 

VII.- […]

 

 

VIII.- Desplazamiento interno forzado: Condición de las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal mexicana internacionalmente reconocida.

 

1. Fondo: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral;

 

1. Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte;

 

1. Ley: Ley General de Víctimas;

 

XII.    Plan: Plan Anual Integral de Atención a Víctimas;

 

XIII.   Programa: Programa de Atención Integral a Víctimas;

 

XIV.   Procedimiento: Procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas;

 

1. Registro: Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal y los registros de las entidades federativas;

 

XVI.   Reglamento: Reglamento de la Ley General de Víctimas;

 

XVII.             Sistema: Sistema Nacional de Atención a Víctimas;

 

XVIII. Víctima: Persona física que ha sufrido la anulación, el daño o el menoscabo de sus derechos como consecuencia de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito;

 

También se consideran víctimas a las personas que, en términos de la legislación aplicable, tengan parentesco con la persona desaparecida por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y descendente, sin limitación de grado; en la línea transversal hasta el cuarto grado; el cónyuge, y la concubina o, en su caso, quienes estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas afines, o dependan económicamente de la persona desaparecida.

 

XVIII. Se deroga

 

XIX. a XXII.- […]

 

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos, por tanto, esta ley no podrá ser interpretada de forma tal que limite, modifique o menoscabe las disposiciones de cualquier instrumento internacional aplicable.

 

[…]

 

I.- A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables del hecho victimizante, y a su reparación integral;

 

II.- […]

 

III.-     A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos victimizantes, incluyendo aquéllos en los que hubiera intervenido una autoridad pública, para lo cual la autoridad deberá informar a las víctimas y sus representantes acerca de los resultados de toda investigación practicada, así como hacerlos públicos en los términos de la legislación en la materia;

 

IV.-     A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal, a lo largo de todos los procesos en los que sean parte, indistintamente de la fase procesal en la que se encuentren;

 

V.- y VI.- […]

 

VII.–   A contar con recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces para garantizar su acceso a la ayuda, asistencia, verdad, justicia y reparación integral;

 

VIII.–             Al bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a su dignidad y privacidad, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas;

 

IX.- a XIX.- […]

 

1. A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral; en especial tendrán el derecho de ser consultadas en todo momento por las autoridades integrantes del Sistema con respecto a las políticas, programas y modelos de atención que adopten;

 

XXI.- a XXXII.- […]

 

XXXIII.        A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas;

 

XXXIV.- A ser reconocidas por su calidad de víctimas de desplazamiento interno forzado cuando se cumplan los supuestos establecidos en la fracción VIII del artículo 6 de esta Ley y contar con medidas de asistencia y atención especializada; a no sufrir privación arbitraria, apropiación, ocupación o destrucción de sus propiedades y/o posesiones, sea individual o colectiva, a su identidad y reconocimiento de personalidad jurídica, a transitar de manera libre, a elegir su lugar de residencia, a trámites para la obtención o restitución de su documentación personal, acceso a gozar de condiciones satisfactorias de vida con programas de seguridad, salud e higiene, agua potable, alimentos, alojamientos básicos y vivienda, educación, a ser consultados y participar en la planificación y gestión de soluciones duraderas y al acceso a procesos de procuración y administración de justicia, a medios de defensa efectivos, que permitan su reinserción en condiciones de seguridad al territorio y a la comunidad de la que han sido desplazados forzadamente;

 

XXXV.- A solicitar ayuda internacional humanitaria;

 

XXXVI.- A transitar de manera libre y elegir su lugar de residencia;

 

XXXVII. A que las definiciones, principios, derechos y medidas contemplados en cualquier normatividad que involucre la participación de víctimas sean interpretados de manera tal que favorezcan a la mayor y mejor protección de sus derechos, así como a que, en caso de conflicto normativo, se aplique en todo caso la que más favorezca a la víctima.

 

XXXVIII.     Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición aplicable en la materia o legislación especial.

 

 

Artículo 8. Las víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos a nivel federal, o las del delito o violaciones de derechos humanos de jurisdicción de las entidades federativas, en el caso de que no hubiera comisión estatal de víctimas, e independientemente de que estén inscritas en el Registro Nacional de Víctimas, recibirán de la Comisión Ejecutiva federal ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

 

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la vida, contra la libertad o la integridad, así como de desplazamiento interno forzado, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.

 

[…]

 

Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán exclusivamente por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios en el ámbito de sus competencias, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.

 

[…]

 

 

Artículo 9. Las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, los cuales se garantizarán incluyendo siempre un enfoque transversal restaurativo, transformador, de género y diferencial.

 

Se entiende por asistencia el conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para superar su victimidad, llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política, y a las víctimas de desaparición; tortura, tratos crueles o penas crueles inhumanos degradantes; ejecuciones extrajudiciales o desplazamiento interno forzado, su reintegración y a soluciones duraderas. Entre estas medidas, las víctimas contarán con asistencia médica especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatológica.

 

[…] .

 

Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación integral, por lo tanto, el costo o las erogaciones en que incurra el Estado en la prestación de los servicios de atención y asistencia, en ningún caso serán descontados de la indemnización a que tuvieran derecho las víctimas.

 

 

Artículo 12. […]

 

I.- […]

 

II.- A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a que se refieren los artículos 64 al 72 de esta Ley y de la legislación aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo;

 

III.- a XIII.- […]

 

 

Artículo 15.- Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y trascendencia de los exámenes periciales a los que podrán someterse dependiendo de la naturaleza del caso, y en caso de aceptar su realización a ser acompañadas en todo momento por su Asesor Jurídico, perito independiente acreditado por la víctima, con cargo a los recursos de las comisiones nacional o de las entidades federativas, o la persona que consideren.

 

Artículo 21. […]

 

[…]

 

[…]

 

Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las exhumaciones, por sí y/o a través de sus asesores jurídicos, así como de organizaciones de víctimas u otras personas a voluntad de las víctimas; a ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados; y a designar peritos independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de protección a los derechos humanos, que contribuyan al mejor desarrollo de las mismas.

 

Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la legislación en materia de desapariciones, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.

 

[…]

 

[…]

 

 

Artículo 23. Las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, podrán proporcionar a la autoridad competente, los resultados que arrojen sus investigaciones de violaciones a los derechos humanos, así como peritajes independientes a cargo de los recursos de las comisiones nacional o de las entidades federativas, con el fin de contribuir con la búsqueda y conocimiento de la verdad. Las autoridades deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e independiente.

 

 

CAPÍTULO VI

DEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL

 

Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. Ningún ordenamiento de carácter inferior puede restringir ningún derecho ni medida de reparación integral protegidos por esta ley.

 

 

Artículo 27. […]

 

I.- a II.- […]

 

III.– La compensación, indemnización económica, ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos;

 

IV.- […]

 

1. […]

 

1. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo, así como la reinserción y soluciones duraderas que reconozcan la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados.

 

[…]

 

Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con cargo al Fondo o parcialmente en coordinación con las autoridades correspondientes en el ámbito de sus competencias.

 

 

Artículo 28. […]

 

Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de mujeres, menores de edad, adultos mayores, desplazados internos forzados y población indígena.

 

 

Artículo 29. Las instituciones hospitalarias públicas del Gobierno Federal, de las Entidades Federativa y de los municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad, fuero competencial, incorporación a un registro y sin exigir ninguna otra condición previa para su admisión. En caso de que no exista comisión de víctimas en la entidad federativa de que se trate o ésta no garantice la atención requerida, la Comisión Ejecutiva está obligada a cubrir los gastos de la atención médica de emergencia, independientemente de la jurisdicción o competencia.

 

 

Artículo 31. La Federación, las entidades federativas o municipios donde se haya cometido el hecho victimizante, así como las comisiones de atención a víctimas, independientemente del fuero competencial, están obligados a apoyar a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima en todos los casos en los cuales la muerte sobrevenga como resultado directo o indirecto del hecho victimizante. Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias aplicables, mismas que no podrán ser menores a la protección que otorga la presente ley.

 

 

Artículo 34. […]

 

1. a VI. […]

 

No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo a ninguna víctima que se encuentran fuera de su jurisdicción de derechohabientes.

 

Artículo 38. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o en situación de desplazamiento interno forzado por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia, exista una solución duradera y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar. Para ello, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) deberá asignar de sus recursos presupuestales, una partida emergente.

 

 

Artículo 39. Cuando la víctima se traslade a un lugar distinto de su lugar de residencia y requiera regresar al mismo, las comisiones de víctimas de las entidades federativas o la Comisión Ejecutiva, si se tratara de una diligencia de carácter federal en otra entidad, o se cumpliera el supuesto establecido en el cuarto párrafo del artículo 79 de esta ley, pagarán los gastos correspondientes, garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte usado por la víctima para su regreso es el más seguro y el que le cause menos trauma de acuerdo con sus condiciones.

 

 

Artículo 41. Las medidas adoptadas deberán ser acordes con la amenaza que tratan de conjurar y deberán tener en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de las víctimas, así como respetar, en todos los casos, su dignidad. Las víctimas tendrán derecho a que se apliquen en su favor, conforme a los principios y derechos plasmados en esta Ley y las necesidades específicas del caso, las medidas contempladas en la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

 

 

Artículo 45. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial para las mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; adultos mayores, desplazados internos forzados, migrantes y población indígena.

 

 

Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante, particularmente a quienes se encuentran en situación de desplazamiento interno forzado o migración. La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

 

Artículo 57. La Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello.

 

 

Artículo 61. […]

 

[…]

 

I.- Reestablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición de persona;

 

1. II. a V. […]

 

1. Regreso digno y seguro al lugar original de residencia u origen, así como la restitución o indemnización de sus derechos vulnerados en materia de tierra, propiedad o posesiones;

 

VII. a VIII. […]

 

[…]

 

 

Artículo 63. Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará un trato especial a los niños y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y a adultos mayores dependientes de éstas, y a víctimas de desplazamiento interno forzado.

 

 

CAPÍTULO III

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN

 

Artículo 64. La compensación, reparación económica, se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo:

 

1. a VII. […]

 

VIII. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio a diligencias ministeriales, judiciales o para asistir a su tratamiento, si la víctima reside en municipio o delegación distintos al del enjuiciamiento o donde recibe la atención.

 

[…]

 

[…]

 

 

Artículo 65. Todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán compensadas, en los términos y montos exactos que determine la resolución que emita en su caso:

 

1. a) a d). […]

 

[…]

 

[…]

 

 

Artículo 66. Cuando se trate de resoluciones judiciales que determinen la compensación o indemnización a la víctima a cargo del sentenciado, la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de éste, o en su defecto, con cargo a los recursos que, en su caso, se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado.

 

 

Artículo 67. Para efectos de otorgar la indemnización a las víctimas del delito, el Pleno de la Comisión Ejecutiva correspondiente determinará el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley o la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:

 

1. a) y b) […]

 

1. c) Un acuerdo emitido por el Pleno de la Comisión Ejecutiva, a instancia de parte interesada, aprobado por la mayoría simple de los y las presentes, en el cual se ordene el pago de la compensación, así como las demás medidas de reparación que correspondan, a partir de cumplirse los siguientes supuestos:

 

1. i) el presunto responsable no cuente con recursos o no sea solvente para cubrir la reparación que corresponda;

 

1. ii) se venzan los plazos con que cuentan el Ministerio Público o el juez de la causa para cumplir con lo dispuesto en cualquiera de las fracciones a) y b).

 

Los plazos a los que se refiere el ii) de la fracción c) no podrán exceder los noventa días naturales posteriores a la solicitud de la víctima al Ministerio Público o, en su caso, al juez de la causa.

 

[…]

 

El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas unidades de medida y actualización, que ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.

 

Artículo 69. La Comisión Ejecutiva correspondiente ordenará la compensación subsidiaria de una víctima que no haya sido reparada cuando obtenga todos los elementos a su alcance que lo demuestren y se discuta por la Comisión. La Comisión Ejecutiva deberá obtener a través de la Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas, entre otros:

 

1. a III. […]

 

IV.- Lo establecido en el inciso c) del artículo 67.

 

 

CAPÍTULO IV

MEDIDAS DE SATISFACCIÓN

 

Artículo 73. Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según corresponda:

 

I.- […]

 

1. La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad, en los términos establecidos en la Ley en materia de desapariciones;

 

I.- a VI.- […]

 

 

CAPÍTULO V

MEDIDAS DE NO REPETICIÓN

 

 

Artículo 74. […]

 

I.- a IX.- […]

 

1. La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos los conflictos sociales, […]

 

1. La revisión y reforma de las leyes, normas u ordenamientos legales que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las permitan; y

 

XII.- En el caso de personas desaparecidas, se considerarán además las que señala la Ley en la materia.

 

 

TÍTULO SEXTO

SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

 

CAPÍTULO I

CREACIÓN Y OBJETO

 

Artículo 79. […]

 

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno de la Ciudad de México y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente Título.

 

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas y Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas de las entidades federativas, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables. No podrán argumentarse razones competenciales ni reglamentarias para negar a las víctimas el ejercicio de los derechos y a la reparación integral que otorgan las disposiciones de la presente Ley.

 

Las Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas de las Entidades Federativas tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva […] de Atención a Víctimas cuando no exista aún la comisión de víctimas en la entidad federativa correspondiente; si existiera y la víctima no hubiere recibido respuesta dentro de los quince días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o se hubiere negado la misma.

 

Las entidades federativas contarán con una asesoría jurídica, un registro de víctimas y un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, en los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable.

 

En el caso de víctimas de desplazamiento interno forzado que se encuentren en una entidad federativa distinta de su entidad de origen la Comisión Ejecutiva deberá garantizar su debido registro, atención y reparación.

 

 

CAPÍTULO III

DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

 

Artículo 83. […]

 

[…]

 

[…]

 

[…]

 

[…]

 

Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema o de las comisiones previstas en esta Ley, las instituciones u organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las demás instituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo del Titular de la Comisión Ejecutiva deban participar en la sesión que corresponda.

 

[…]

 

 

Artículo 84. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y de gestión y contará con los recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación. Las medidas y reparaciones que dicte la Ejecutiva en términos de la presente Ley no estarán subordinadas a autoridad alguna. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley, el cual establecerá las atribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva y debe contemplar como mínimo los estándares protectores de esta Ley.

 

La Comisión Ejecutiva tendrá por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia, en términos del artículo 2 de esta Ley; así como desempeñarse como el órgano operativo del Sistema nacional de Atención a Víctimas y las demás que esta Ley señale.

 

[…]

 

[…]

 

[…]

 

 

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará integrada por un Comisionado presidente y un Consejo Directivo conformado por seis víctimas y personas expertas en su atención. El Ejecutivo Federal enviará al Senado, previa convocatoria pública y consulta nacional con los colectivos y organizaciones de víctimas, tres propuestas para la elección de la persona que habrá de cubrir el cargo de Comisionado presidente, y tres propuestas por cada miembro del Consejo Directivo, a elegir. El Senado elegirá por el voto de las dos terceras partes de los presentes.

 

El proceso de selección de los comisionados deberá realizarse conforme el principio de máxima publicidad garantizado que en cada etapa del proceso, desde la emisión de la convocatoria hasta el proceso final de selección en el Senado de la República, se publique la información en dos diarios de circulación nacional y se suba a la página web de la Secretaría de Gobernación.

 

Para garantizar que la Comisión Ejecutiva representa a colectivos de víctimas, especialistas y expertos que hayan desempeñado una labor acreditable y comprobable en la atención a víctimas, las ternas que presente el Ejecutivo federal al Senado, deberán estar conformadas en los siguientes términos:

 

1. Tres personas provenientes del ámbito académico propuestas por instituciones de educación superior, con actividad acreditada de al menos cinco años en la investigación y docencia especializada en la atención a víctimas;

 

1. Tres personas provenientes de colectivos de víctimas propuestas por organizaciones no gubernamentales registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, especializadas en la defensa de los derechos humanos, con actividad acreditada en atención a víctimas de al menos cinco años.

 

 

Para la elección de la persona que sea designada como Comisionado Presidente de la Comisión Ejecutiva, la terna que envíe el Ejecutivo federal deberá estar integrada por personas con al menos siete años de experiencia demostrable en atención a víctimas, y acreditar haber sido postuladas por colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos reconocidas por su destacada trayectoria en la defensa de los derechos de las víctimas.

 

Para la elección del Comisionado presidente y de los miembros del Consejo Directivo, el Senado conformará una Comisión Plural integrada por los presidentes de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, que se constituirá en la Comisión responsable de encabezar el proceso de selección y que recibirá las propuestas de comisionados.

 

En la integración del Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva, el Ejecutivo federal y el Senado están obligados a garantizar la representación de las diversas regiones geográficas del país, así como de las diversas especializaciones sobre hechos victimizantes, por lo que los comisionados deberán proceder de diferentes Entidades Federativas y ser expertos o víctimas de distintos tipos de hechos victimizantes.

 

 

Artículo 86. Para ser Comisionado Presidente de la CEAV o miembro del Consejo Directivo de la Comisión Ejecutiva, se requiere:

 

1. […]

 

1. […]

 

III. Contar con experiencia acreditada y comprobable en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley con una antigüedad del al menos siete años;

 

1. No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación; y

 

V.– No haber sido señalado en recomendaciones de organismos nacionales o internacionales de derechos humanos por su relación directa con hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos, o que se hubieran señalado contra personal de una institución o unidad administrativa a su cargo sin haberse sancionado y reparado integralmente.

 

En la integración de la Comisión Ejecutiva, el Ejecutivo federal y el Senado están obligados a garantizar la aplicación del principio de enfoque diferencial y especializado, así como representación de las diversas regiones geográficas del país y de las diversas especializaciones sobre hechos victimizantes, por lo que sus integrantes deberán conformarse bajo un criterio de paridad de género, provenir de diferentes Entidades Federativas y haberse destacado en el ejercicio de diversas profesiones.

 

La persona que se desempeñe como Comisionado Presidente y las personas integrantes del Consejo Directivo, se desempeñarán en su cargo por cinco años y se renovarán de forma escalonada cada dos años hasta que concluyan su mandato, sin posibilidad de reelección. Durante el mismo, el Comisionado Presidente no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia ni ser representante de sociedad civil en espacio consultivo derivado de otras leyes

 

Por lo que hace a las personas integrantes del Consejo Directivo, no podrán tener ningún empleo, cargo o comisión gubernamental durante su período, ni podrán ejercer actividades remuneradas que impliquen la representación de víctimas ante las instituciones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas ni participar en espacio consultivo en representación de sociedad civil derivado de otras leyes.

 

El Senado, a través de un procedimiento legislativo que inicia con una proposición de punto de acuerdo con toda la información respectiva adjunta, e involucra a las Comisiones Unidas que procesan la elección, podrá revocar el mandato de las personas que integran la Comisión Ejecutiva, como colectivo o de manera individual, cuando:

 

1. a) Tengan un subejercicio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral mayor a 60% en el ejercicio presupuestal anual;

 

1. b) Incumplan con el otorgamiento de las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley y así lo hagan constar por escrito dirigido a las Comisiones Unidas al menos cien víctimas inscritas en el Registro;

 

1. c) Nieguen a una víctima del delito o de violación de derechos humanos el apoyo con los recursos necesarios para garantizar el acceso a las medidas contempladas en los artículos 28, 29, 30 y 31, de esta Ley.

 

Si de esta negativa, la víctima pierde la vida, se podrá iniciar además un procedimiento de sanción administrativa y penal, de conformidad con la legislación aplicable; y

 

1. d) Incurran en otras conductas que coloquen a las víctimas del delito o de violación a derechos humanos en situaciones de victimización secundaria o en mayor vulnerabilidad.

 

El procedimiento para la revocación del mandato, previo análisis de la información, deberá seguir el trámite legislativo establecido en la normatividad del Senado; el dictamen respectivo deberá ser emitido en un plazo máximo de 30 días naturales.

 

I.- La Mesa Directiva del Senado turnará a las Comisiones Unidas competentes el punto de acuerdo respectivo:

 

II.- Las Comisiones Unidas analizarán la información que acompañe la proposición con punto de acuerdo y, de ser necesario, recabará más elementos que acrediten lo expresado en dicho punto de acuerdo;

 

III.- De encontrarse que se ha incurrido en alguno de los supuestos para la revocación del mandato, las Comisiones Unidas emitirán un dictamen conforme lo establece la normatividad aplicable, cumpliendo estrictamente el plazo legal que en ésta se señala.

 

Artículo 87. El presidente de la Comisión Ejecutiva durará en su encargo dos años, renovable por una ocasión y será elegido por el pleno del Consejo Directivo. Sus facultades serán de carácter administrativo, y para los efectos del cumplimiento del Título Quinto de la presente Ley, estará a las decisiones que tome el Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva, y tendrá voto de calidad exclusivamente en decisiones que afecten de manera directa a la seguridad y el ejercicio de los derechos de las víctimas y cuando éstas se encuentren en riesgo.

 

 

Artículo 88. El Pleno de la Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y facultades:

 

1. a III. […]

 

 

1. I Proponer al Sistema una política nacional integral y políticas públicas de prevención de delitos y violaciones a derechos humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas […] de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;

 

1. a XXIX. […]

 

XXX. Crear y coordinar los comités especiales de atención a víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos que requieran prevención, atención e investigación con una perspectiva integral tales como en los casos de desaparición de personas, extravío, ausencia o no localización de personas, trata de personas, desplazamiento forzado interno, migrantes, tráfico de personas y secuestro, a fin de que además de las acciones, propuestas, planes o programas que se deriven para un grupo de víctimas específicas, se guarde una integralidad respecto al tratamiento de las víctimas y reparación integral, con cargo a su presupuesto autorizado;

 

XXXI. a XXXVI.

 

El Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones:

 

1. Establecer en conjunto con el Comisionado Presidente los lineamientos generales de actuación de la Comisión Ejecutiva;

 

1. Instruir la elaboración y aprobar, en su caso, los proyectos de normas de carácter interno, manuales, protocolos, políticas públicas, convenios y otros documentos técnicos, operativos o reglamentarios relacionados con la actuación de la Comisión Ejecutiva y el cumplimiento de sus fines, o bien, validar los proyectos sometidos a su consideración por el Comisionado Presidente;

 

III.- Validar, en su caso, el proyecto de informe anual que rinda el Comisionado Presidente, así como hacer todo tipo de recomendaciones y observaciones sobre el proyecto;

 

1. Conocer y validar, en su caso, el informe mensual de ejercicio presupuestal de la Comisión Ejecutiva; y

 

1. Emitir recomendaciones para la actuación de la Comisión Ejecutiva en casos concretos, particularmente cuando haya hechos victimizantes que, por su importancia y gravedad, ameriten su intervención o la del Sistema Nacional de Atención a Víctimas; y

 

1. Emitir recomendaciones al Comisionado Presidente para atender adecuadamente algún asunto que sea de interés del Consejo Directivo, en el marco del cumplimiento de esta Ley.

 

 

Artículo 91. Los diagnósticos nacionales que elabore la Comisión Ejecutiva, por iniciativa propia o a solicitud de grupos de víctimas o de la sociedad civil, deberán ser situacionales y focalizados a situaciones específicas que se enfrenten en determinado territorio o que enfrentan ciertos grupos de víctimas tales como niños y niñas, indígenas, migrantes, mujeres, personas con discapacidad, de delitos tales como violencia familiar, sexual, secuestro, homicidios o de determinadas violaciones a derechos humanos tales como desaparición de personas, ejecución arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria, entre otros.

 

[…]

 

[…]

 

 

Artículo 92. […]

 

Las determinaciones de la Comisión Ejecutiva se tomarán por la mayoría de los presentes; el presidente tendrá voto de calidad en los supuestos establecidos en el artículo 87 de esta Ley.

 

 

Artículo 93. A fin de lograr una especialización, atención integral y coordinada en temas que requieran ser tratados en todo el país, se establecen las Relatorías Especiales, las cuales contarán con una asignación suficiente de recursos para la realización de consultas, eventos de difusión y publicación de análisis, informes y demás información pertinente derivada de su mandato, así como plenas garantías de independencia para realizar su labor.

 

Las Relatoras o los Relatores Especiales serán designados directamente por el Pleno de la Comisión a partir de un proceso de convocatoria pública, en la cual las personas candidatas serán postuladas en el proceso por grupos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, debiendo contar con una destacada trayectoria, conocimientos sólidos y demostrables en los temas materia de su mandato, así como una buena reputación y credibilidad entre las víctimas y sus colectivos. La sesión en la cual se discuta y designe a una relatora o un relator especial deberá ser pública.

 

Serán atribuciones de las relatorías especiales, las siguientes:

 

I.- Realizar consultas directas a las víctimas para el diseño e impulso de medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de delito o de la violación a sus derechos humanos;

 

II.- Mantener una constante coordinación con las relatorías especiales de las entidades federativas para el intercambio de información que permitan generar diagnósticos situacionales;

 

III.- Coadyuvar en la elaboración o modificación de los protocolos generales de actuación para la prevención, atención e investigación de los delitos o violaciones a los derechos humanos, en coordinación con las instancias competentes;

 

IV.- Elaborar diagnósticos nacionales anuales que permitan evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las víctimas de delitos o de violaciones a los derechos humanos, así como contribuir a la garantía del derecho a la verdad de la sociedad en su conjunto.

 

Los diagnósticos nacionales deberán publicarse durante el primer trimestre de cada año y reflejar las cifras de atención, registro, cumplimiento de medidas de reparación y, en general, todas las relativas a las actividades de acompañamiento adoptadas a favor de las víctimas en el marco de esta Ley en relación con al mandato temático de la Relatoría de que se trate, durante el año inmediato anterior al de su publicación, así como recomendaciones dirigidas a instituciones públicas u otras que pudieran ser relevantes, a fin de garantizar la transformación de las causas estructurales de la victimización;

 

V.- Solicitar a las autoridades o instituciones privadas la información que requieran para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

 

VI.- Coadyuvar en la elaboración del proyecto de Programa de Atención Integral a Víctimas;

 

VII.- Coadyuvar en la elaboración de medidas, lineamientos o directrices a que se refiere la fracción XXI, del artículo 88 de la Ley;

 

VIII.- Elaborar propuestas de política pública y normatividad en la materia de su especialización, aplicando para ello los principios contenidos en esta Ley, especialmente el de enfoque transformador, y

 

1. Emitir opinión sobre los proyectos de dictamen de reparación emitidos por el Comité Interdisciplinario Evaluador en los casos relacionados con su mandato temático, procurando en todo momento que en la adopción de las medidas de reparación se cumpla con los principios de complementariedad, enfoque diferencial y especializado, enfoque transformador, máxima protección, progresividad y demás aplicables.

 

La Comisión Ejecutiva contará al menos con las siguientes Relatorías Especiales:

 

1. Relatoría Especial sobre violencia familiar

 

1. Relatoría Especial sobre violencia sexual;

 

III. Relatoría Especial sobre trata y tráfico de personas;

 

IV.— Relatoría Especial sobre personas desaparecidas;

 

1. Relatoría Especial sobre personas víctimas de homicidio;

 

1. Relatoría Especial sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes;

 

VII. Relatoría Especial sobre detención arbitraria;

 

VIII.- Se deroga […]

 

VIII.– Relatoría Especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales;

 

IX.- Relatoría Especial sobre desplazamiento interno forzado, y

 

X.- Relatoría Especial sobre migrantes.

 

Se podrán establecer también relatorías especiales por grupo de víctimas, determinados casos cuyo impacto social, gravedad o complejidad lo requieran, o, en general, las que determine el Pleno de la Comisión.

 

El Pleno de la Comisión se constituye en un Comité Interdisciplinario Evaluador para dictaminar y aprobar los proyectos de reparaciónón integral, atendiendo a la proporción del daño en cada caso, el cual deberá someter a la votación del Pleno de la Comisión para su aprobación, en los términos de los artículos 145 y 146 de esta normatividad.

 

 

Artículo 96. […]

 

El Registro Nacional de Víctimas constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral previstas en esta Ley.

Para efectos de la inscripción de las víctimas en el Registro, no será necesario que las víctimas exhiban ningún documento en específico, ni podrá exigírseles, en consecuencia, la presentación de denuncia o cualquier otro documento o trámite presentado ante la instancia de procuración de justicia o de protección de derechos humanos que corresponda por motivo de su jurisdicción.

 

[…]

 

 

[…]

 

El registro contará con subregistros para cada uno de los tipos de hechos victimizantes, divididos en dos archivos generales, a saber: un archivo para los hechos victimizantes de fuero federal, y otro para los de fuero común.

 

Las entidades federativas contarán con sus propios registros. La Federación y las entidades federativas estarán obligados a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del Registro. La integración del registro federal y la conformación del Registro Nacional estarán a cargo de la Comisión Ejecutiva.

 

[…]

 

[…]

 

 

 

Artículo 97. […]

 

I.- a III.- […]

 

[…]

 

Las instituciones públicas de protección de los derechos humanos, las instancias de procuración de justicia y los poderes judiciales federal y de las entidades federativas deberán remitir a la Comisión Ejecutiva las bases de datos que obren en su poder y que permitan reunir la información precisada en el formato único de declaración adoptado por el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, a fin de que la información en todos los expedientes en su poder en los cuales haya víctimas como partes en los procedimientos de su competencia, sean incorporados al Registro.

 

Por cada uno de los expedientes que se generen, las instituciones obligadas por este artículo deberán remitir de inmediato la información necesaria para nutrir el formato único de declaración. La Dirección del Registro deberá turnar los nuevos expedientes a la Presidencia de la Comisión Ejecutiva para que se determinen las medidas a adoptar en cada caso. Si la revisión de expedientes ha concluido, el Presidente de la Comisión Ejecutiva deberá presentar un proyecto de dictamen de reparación para su discusión, y en su caso, aprobación por parte del Pleno de la Comisión Ejecutiva. Si se trata de un caso que corresponda a una Comisión Ejecutiva de una entidad federativa, se le turnará con un exhorto para su inmediata atención.

 

[…]

 

[…]

 

 

 

Artículo 101. Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma al Registro en un plazo no mayor a cinco días hábiles, y se procederá a la valoración de la información recogida en el formato único junto con la documentación remitida que acompañe dicho formato. Al validarse la inscripción, la Comisión Ejecutiva, a través del área encargada del Registro, deberá informar al solicitante que fue inscrito, expedir y entregarle el comprobante foliado que la acredite como una víctima inscrita en el Registro, con todos los efectos legales correspondientes. Ninguna autoridad condicionará el cumplimiento de las obligaciones que le impone esta ley para con las víctimas a la exhibición del comprobante foliado.

 

Para mejor proveer, la Comisión Ejecutiva y las comisiones de víctimas de las Entidades Federativas, podrán solicitar la información que consideren necesaria a cualquiera de las autoridades del orden federal, local y municipal, las que estarán en el deber de suministrarla en un plazo que no supere los diez días hábiles; no podrán exigirse a las víctimas mayores requisitos de los establecidos en esta Ley ni la realización de gestiones relacionadas con la obtención de la información para su registro.

 

[…]

 

[…]

 

[…]

 

I.- a V. […]

 

Los servidores públicos de la Comisión Ejecutiva no podrán condicionar las ayudas del Título Tercero a estar previamente inscritos en el Registro ni la inscripción al Registro Nacional a que la víctima le entregue los documentos arriba señalados ni a la ejecución de condiciones de cualquier tipo que se establezcan por el Reglamento o resoluciones de la Comisión Ejecutiva que reduzcan los parámetros protectores de esta Ley.

 

 

Artículo 108. …

 

En el caso de las personas que se encuentren bajo custodia del Estado, estarán obligados de recibir la declaración las autoridades que estén a cargo de los centros de reinserción social.

 

 

Artículo 110. La calidad de víctima se adquiere por el menoscabo o anulación del ejercicio de los derechos derivado del hecho victimizante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 párrafo cuarto de esta Ley.

 

Para efectos del acceso de las víctimas a lo dispuesto en el Título Tercero de esta Ley, bastará con la existencia de un daño objetivo y evidente y el simple dicho de la víctima para que de inmediato las autoridades que tengan conocimiento de los hechos, incluyendo la Comisión Ejecutiva o la comisión de víctimas que por su jurisdicción corresponda, adopten las medidas que sean necesarias, sin exigir mayores requisitos a las víctimas, atendiendo en todo momento a los principios pro persona, de buena fe, no victimización secundaria, debida diligencia y demás aplicables.

 

En casos de emergencia médica o psicológica, o de que la vida, integridad o libertad de las víctimas corra riesgo por cualquier causa, toda persona, sea autoridad pública o no, está obligada a prestarles auxilio y solicitar a las autoridades competentes la atención especializada a que tienen derecho sin que medien mayores formalidades o requisitos, en los términos del Título Tercero Capítulos I y IV de esta Ley.

 

Cualquier persona puede notificar de los hechos a cualquier autoridad, indistintamente de su jurisdicción o competencia. En todo caso, la primera autoridad que tenga noticia de los hechos deberá garantizar de inmediato que tengan lugar las medidas previstas en el párrafo anterior y tan pronto como ello hubiera ocurrido, dar aviso a la Comisión Ejecutiva o comisión de víctimas correspondiente; la cual deberá adoptar todas las gestiones necesarias para entrar en comunicación con la víctima o sus representantes, inscribirla en el Registro, asignarle un asesor jurídico y que se le garantice la adopción de todas las medidas y el respeto de todos los derechos reconocidos por esta Ley, desde el momento en que la Comisión de mérito tenga conocimiento de los hechos hasta que, por medio del efecto conjunto de las medidas que se adopten en su beneficio, supere su condición de victimidad y se reinserte lo más plenamente posible a la sociedad y a la realización de su proyecto de vida.

 

Por lo que hace al acceso a las medidas contempladas en el Título Cuarto de esta normatividad, bastará con la inscripción de la víctima al Registro, sin que ninguna autoridad deba exigir a las víctimas ningún requisito adicional.

 

Para efectos de garantizar las medidas de reparación integral contempladas en el Título Quinto de esta Ley, además de la inscripción de la víctima al Registro, deberá contarse con la determinación de cualquiera de las siguientes autoridades:

 

1. a IV. […]

 

1. La Comisión Ejecutiva considerará también las determinaciones de:

 

[…]

 

[…]

 

1. c) Los organismos públicos de protección de los derechos humanos, […]

 

1. d) Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia; o

 

1. e) Las instituciones de derecho público nacionales o internacionales cuyo mandato expreso tenga conexión directa con la protección, promoción o defensa de los derechos de las víctimas, tales como comisiones de la verdad, grupos de investigación conformados por personas expertas designadas para conocer de un caso por organismos internacionales o instituciones gubernamentales, u otros mecanismos públicos de investigación sobre justicia transicional, que tuvieran conocimiento probado sobre la ocurrencia del hecho victimizante alegado.

 

 

Artículo 111. El reconocimiento de la calidad de víctima a que se refieren los artículos 4 y 110 de esta Ley, tendrá como efecto:

 

1. […]

 

1. En el caso de lesiones graves, delitos contra la libertad psicosexual, violencia familiar, trata de personas, secuestro, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición, privación de la libertad, desplazamiento interno forzado y todos aquellos que impidan a la víctima por la naturaleza del daño atender adecuadamente la defensa de sus derechos; que el juez de la causa o la autoridad responsable del procedimiento, de inmediato, suspendan todos los juicios y procedimientos administrativos y detengan los plazos de prescripción y caducidad, así como todos los efectos que de éstos se deriven, en tanto su condición no sea superada, siempre que se justifique la imposibilidad de la víctima de ejercer adecuadamente sus derechos en dichos juicios y procedimientos.

 

El procedimiento y los elementos a acreditar, se determinarán en el Reglamento correspondiente que no podrá ser invocado para negar o restringir la garantía del otorgamiento de los derechos reconocidos por esta Ley.

 

 

Artículo 118. […]

 

1. a VII. […]

 

VIII. Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema, así como realizar medidas para la prevención y atención del desplazamiento interno forzado y de la migración;

 

[…]

 

X.– Diseñar y ejecutar programas de prevención social de la violencia y la delincuencia, así como promover la reinserción social tanto de víctimas como de imputados o personas liberadas después de purgar una condena penal, con el fin de favorecer a la no repetición de hechos de violencia;

 

1. XI. a XVIII. […]

 

[…]

 

 

Artículo 119. […]

 

1. a V. […]

 

1. Diseñar y ejecutar programas de prevención social de la violencia y la delincuencia, así como promover la reinserción social tanto de víctimas como de imputados o personas liberadas después de purgar una condena penal, con el fin de favorecer a la no repetición de hechos de violencia;

 

1. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas, así como realizar medidas para la prevención y atención del desplazamiento interno forzado y migrantes de manera que se garantice su derecho a un nivel de vida adecuado;

 

VII. a IX. […]

 

 

Artículo 120. […]

 

1. a XX. […]

 

El incumplimiento de los deberes aquí señalados en esta Ley para los servidores públicos, en especial quienes tengan la responsabilidad institucional de cumplir con esta Ley, será sancionado con la responsabilidad administrativa o penal, de conformidad con la legislación aplicable.

 

 

Artículo 123. […]

 

1. a IX. […]

 

1. Cuando se entregue a la víctima el cuerpo o restos humanos del familiar o personas cercanas, y no haya causado ejecutoria, le deberán informar que pesa sobre ella el deber de no someter los mismos a cremación. Dicho deber sólo puede ser impuesto a la víctima en aras de hacer efectivo su derecho a la verdad y a la justicia,

 

[…]

 

1. Iniciar procedimiento de investigación y, eventual sanción penal, al servidor público que incurra en conductas delictivas aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas; y

 

XII. Las demás acciones que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de atención integral a víctimas y reparación integral.

 

 

Artículo 131. Para ser beneficiarios del apoyo del Fondo en los términos del Capítulo III del Título Quinto de esta Ley, el Pleno de la Comisión Ejecutiva en su papel de Comité Interdisciplinario Evaluador realizará una evaluación integral del entorno familiar y social de las víctimas con el objeto de contar con los elementos suficientes para determinar las medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación; en dicha evaluación se deberán considerar las condiciones extremas de vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento interno forzado y de desaparición.

 

 

Artículo 132. […]

 

1. I. a VIII. […]

 

[…]

 

Las compensaciones subsidiarias se cubrirán con los recursos del Fondo correspondiente al ejercicio fiscal vigente al momento de la solicitud, excepto si el subejercicio del Fondo supera el 60% del mismo. La Comisión Ejecutiva velará por la maximización del uso de los recursos del Fondo, priorizando en todo momento aquellos casos de mayor gravedad.

 

 

Artículo 150. […]

 

I.- a III.- […]

 

IV.- El número y la edad de los dependientes económicos, […]

 

V.- Las condiciones, en caso de desplazamiento interno forzado y migración, y

 

VI.– Los recursos disponibles en el Fondo.

 

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO

 

CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS SANCIONES

 

Artículo 190. Para lo no dispuesto en esta Ley se aplicará de manera supletoria para el desarrollo del procedimiento y la fijación de las sanciones que correspondan, la legislación en materia de justicia administrativa y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los asuntos que sean de sus respectivas competencias.

 

Artículo 191. Al servidor público que actúe de manera omisa, negligente o sin la debida diligencia en la prestación de un servicio o de una medida a una víctima a la que estuvieran obligados por virtud de la presente Ley, se le sancionará con amonestación administrativa y, en caso de reincidencia, será destituido de su cargo. Asimismo, en caso de que, derivado de la omisión, falta de debida diligencia o negligencia en la prestación del servicio o medida, la víctima hubiera sufrido un nuevo daño, o éste se hubiera empeorado, se le sancionará con multa de entre quinientos y mil salarios mínimos e inhabilitación hasta por cinco años para ejercer cualquier cargo público, sin prejuicio de las responsabilidades penales a las que se hicieran acreedores.

 

Artículo 192. Al servidor público que maltrate emocional o verbalmente a las víctimas mediante ofensas, humillaciones o cualquier falta de respeto que implique la inobservancia de los principios de actuación previstos en el artículo 5 de esta Ley, se le destituirá de inmediato de su cargo.

 

Artículo 193. Al servidor público que imponga cualquier tipo de costa, gravamen o requiera de las víctimas una contraprestación de cualquier índole por la prestación de servicios o medidas a las que tienen derecho, se les sancionará con la destitución inmediata de su puesto, así como se le obligará a la devolución íntegra de lo pretendido cuando se tratara de bienes materiales, en caso de haberlo cobrado, así como con sanción pecuniaria hasta por tres veces el valor de lo cobrado, e inhabilitación hasta por cinco años para ejercer cualquier función pública, sin menoscabo de las responsabilidades penales que se desprendieran del caso.

 

Artículo 194. En caso de que se demuestre que el responsable de cualquiera de las conductas previstas en los artículos 191 y 192 de esta Ley hubiera actuado motivado por discriminación en razón de la edad, el sexo, la condición social o económica, el origen nacional, la orientación sexual, el tipo de hecho victimizante, o cualquiera otra, la sanción aplicable consistirá en multa hasta por quinientos salarios mínimos, destitución inmediata del cargo e inhabilitación para ejercer cualquier función pública hasta por cinco años, sin perjuicio de otras responsabilidades penales o administrativas que pudieran derivarse del caso.

 

Artículo 195. Al servidor público que ponga en riesgo la seguridad de las víctimas mediante intimidación o amenazas, se le sancionará con una pena de entre cuatro y diez años de prisión, multa de entre quinientos y mil salarios mínimos, así como inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público hasta por trece años posteriores a la conclusión de la pena corporal, sin menoscabo de las sanciones que resulten por la comisión de otros delitos.

 

Artículo 196. Al servidor público que ponga en riesgo la seguridad de las víctimas por filtrar informaciones derivadas de su acceso al expediente a terceras personas, sean particulares u otros servidores públicos, incluyendo a quienes sean señalados como responsables de los hechos victimizantes, o con un tercero implicado que amenace o dañe la vida, integridad personal o libertad de una víctima, se le sancionará con una pena de entre cuatro y diez años de prisión, multa de entre quinientos y mil salarios mínimos, así como inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público hasta por trece años posteriores a la conclusión de la pena corporal, sin menoscabo de las sanciones que resulten por la comisión de otros delitos.

 

Artículo 197. Al servidor público que ponga en riesgo la seguridad de las víctimas por omitir o actuar negligentemente en la adecuada y pronta implementación de las medidas de protección contempladas en esta Ley, siempre que el riesgo se verifique efectivamente, se le sancionará con una pena de entre tres y siete años de prisión, multa de entre quinientos y mil salarios mínimos, así como inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público hasta por siete años posteriores a la conclusión de la pena corporal, sin menoscabo de las sanciones que resulten por la comisión de otros delitos.

 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 50 del Reglamento para el Gobierno Interior del Senado.

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL SENADO, para quedar como sigue:

 

Artículo 150.-

 

1.- a 2.- […]

 

[…]

 

Para efectos de la revocación del mandato de un Comisionado o Comisionados establecida en la Ley General de Víctimas, se aprobará con las dos terceras partes de los integrantes presentes de las comisiones unidas competentes.

[…]

 

TRANSITORIOS

 

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.

 

TERCERO.- El Reglamento de la presente Ley deberá armonizarse con la presente reforma en un plazo máximo de 180 días siguientes a la fecha en que la Ley entre en vigor.

 

CUARTO.- En un plazo de 180 días naturales los Congresos Locales deberán armonizar todos los ordenamientos locales relacionados con la presente reforma a la Ley.

 

QUINTO.- Si en el plazo señalado en el transitorio anterior, los Congresos locales no hubieran armonizado sus ordenamientos relacionados con la presente reforma a la Ley, estarán a lo que señala esta Ley General para el cumplimiento de la misma.

 

SEXTO. En un plazo no superior a los 60 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo federal y el Senado realizarán las acciones establecidas en esta Ley para nombrar a la totalidad de los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

 

SÉPTIMO. Para el cumplimiento de lo señalado en el artículo 38 relativo a la asignación de una partida presupuestal emergente al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Ejecutivo Federal enviará un rubro presupuestal incorporado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 a la Cámara de Diputados.

OCTAVO.- En un plazo no superior a los 60 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo federal y el Senado realizarán las acciones establecidas en esta Ley para nombrar a la totalidad de los integrantes del Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. No serán elegibles las personas que hubieran laborado previamente en la Comisión Ejecutiva u otras instancias gubernamentales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 fracción IV de esta Ley.

En tanto se cumple con lo señalado en el párrafo anterior, seguirán en funciones quienes detentan actualmente la responsabilidad de integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.