El miércoles 14 de mayo conversaré con los asistentes a la librería itinerante (toluca, México)
Aquí el programa completo:
El miércoles 14 de mayo conversaré con los asistentes a la librería itinerante (toluca, México)
Aquí el programa completo:
Tres son las etapas en las que se funda la existencia de un delito informático: la de su inclusión en los catálogos penales (legislación), la forma en que se debe investigar (forense informática) y, la forma en que se acredita ante un juzgado o tribunal (prueba electrónica). En México aun no se ha pasado de conformar la primera etapa a pesar de contar con escasos pero muy buenos elementos para realizar la segunda.
Todos los días, por distintos medios, somos testigos de una diversidad de conductas cometidas a través de las nuevas tecnologías. El robo de identidad y la pornografía infantil son conductas que con los nuevos medios electrónicos han repuntado de manera exponencial. No muy lejos hemos leído los múltiples fraudes cometidos en la red en donde la legislación tradicional parece ser insuficiente. ¿pero realmente no hay legislación para acotar estas conductas?
Debemos partir de dos preguntas más, la primera: ¿están legislados los (mismos) delitos informáticos en todo el país? y, ¿son acordes los delitos informáticos con el convenio de Budapest contra la cibercriminalidad de 2001? La respuesta a ambas interrogantes es no.
El legislador tiene, entre otros pendientes, legislar y unificar el tratamiento que deberá darle a los llamados delitos informáticos con el fin de no dejar vacíos que son aprovechados por la criminalidad “en línea” o informática. Lo hemos señalado antes: “El sueño de un mundo automatizado se puede volver en la pesadilla de quienes han puesto sus bienes al alcance de cualquier medio electrónico”.
En 1999, cuando el Código Penal Federal regía en el Distrito Federal para los delitos de fuero común, se incluyó el catálogo de delitos informáticos del artículo 211 bis 1 al 211 bis 7 (pero sirva recordar: sólo para el Distrito Federal y sólo para los delitos del fuero común).
Pero, ese mismo año, la legislación penal quedó como una facultad a cargo de la Asamblea legislativa del Distrito Federal, la cual fue ejercida y se promulgó el efímero Código Penal para el Distrito Federal, cuya vigencia se extendió hasta 2002, cuando se publicó el entonces nuevo Código Penal para el Distrito Federal, entre cuyas características destacó la ausencia de legislación en materia informática, con la salvedad del mal hecho artículo 231, fracción XIV que hace referencia a transferencias por medio electrónico y del artículo 211 relativo al robo de identidad.[1]
Pero como podemos observar, la construcción de los tipos penales en materia informática fueron realizados previamente a los que sugiere el convenio de Budapest que además, es importante decirlo, México no ha suscrito ni ratificado.
Por lo que respecta a las legislaciones de los estados y por cuanto hace a los delitos informáticos, tenemos que en los códigos penales de Aguascalientes y Tabasco establecen dichas figuras entre los Delitos contra la seguridad en los medios informáticos y magnéticos; Baja California los establece en los Delitos contra la inviolabilidad del secreto; Chiapas, en los Delitos en contra de las personas en su patrimonio; Colima, Puebla, Querétaro, Zacatecas y Morelos, en los Delitos contra la moral pública; Oaxaca, en los Delitos contra la moral pública y en los Delitos contra la libertad y violación de otras garantías y; Tamaulipas, en los Delitos de revelación de secretos y de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática.
Por su parte dentro de los códigos penales de Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz Llave y Yucatán, no se contiene disposición relativa sobre el particular.
Frente a esta ausencia legislativa, es común que se pretenda dar efectos extensivos a los delitos informáticos contenidos en el Código Penal Federal, sin embargo, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre el particular, advirtiendo la incompetencia en la que incurren las distintas instancias federales cuando el afectado no cumple con las hipótesis contenidas en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En ese tenor los delitos informáticos, son materia de cada legislación estatal o del Distrito Federal, por lo que su ausencia, en tratándose de particulares afecta sólo a los particulares mismos y si recurren a la intancia federal para eludir este vacío, no sólo no prosperará su acusación, sino que quedará sujeta a otra decisión que ya ha tomado la Corte respecto de actuaciones realizadas ante autoridad incompetente: la nulidad de dichas actuaciones y por ende, el final del camino por cuanto hace a este tema.
Es urgente revisar y unificar la legislación de la materia. Como es urgente revisar la conveniencia de resolver un problema global sin las respuestas locales que han resultado tan infructuosas, lo que se ha traducido en un nicho de impunidad que cuesta muchos millones de dólares para los afectados por las conductas de las que son víctimas en la red.
Cuando se haga la revisión legislativa se deberá tomar en cuenta que día a día existen nuevas amenazas en la red, conductas que están partiendo de esa misma naturaleza etérea con la que está hecha la supercarretera de la información (vocablo que está desapareciendo para referirse a internet).
El convenio de Budapest contra la cibercriminalidad, que fue realizado en noviembre de 2001 (antes del auge de las redes sociales, que en mucho han cambiado la faz de la red y la conducta de los usuarios) representa un gran reto legislativo, puesto que abarca diversas materias sensibles que no pocas veces ha dado motivo a los dilemas sobre las libertades y el control legislativo, lo que ha retrasado su discusión para ratificarlo. Pero omitir su estudio sólo mantiene en situación de atraso económico a los países en desarrollo y en un franco estado de vulnerabilidad a los usuarios de los medios informáticos.
[1]Es importante mencionar que, a pesar de ser una conducta realizada con mucha frecuencia, sobre todo en las redes sociales, el robo de identidad no está tipificado (como en el Distrito Federal) en la legislación penal federal.
Aquí el PDF del Convenio de Budapest (2001)
Número 11. 2014 Marzo > Presentación
PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE CRIMINOGÉNESIS
Criminología de casos es el nombre que nos hemos permitido dar a este número once de la Revista en donde se acopian diversos casos de la vida real que han sido de transcendencia social y jurídica para México y la región caribeña, pensar por ejemplo sobre las reflexiones jurídicas que nos presenta el doctor Alberto Enrique Nava Garcés sobre el caso de Sofía Bassi es un lujo para la reflexión, los hechos ocurrieron el 3 de enero de 1968 y las hipótesis jurídicas y fácticas sobre el mismo siguen siendo objeto de duda respecto del homicidio del conde Cesare de ´Acquarone.
Como lo señala el propio autor a 45 años de distancia «no son pocos quienes todavía dudan del contenido de su declaración y de que los hechos hayan ocurrido en la forma en que se mostraron al juez. Algunas actuaciones apuntan al hecho de que ella no estaba dormida como aseguro. Pero esa cuestión, más allá de la verdad legal solo la supieron quienes estuvieron la fatídica tarde del 3 de enero en la Quinta babaji en que murió el conde Cesare de ´Acquarone.»
La propia Sofía Bassi en la introducción de su libro Prohibido Pronunciar su Nombre, que viera la luz por primera vez en 1978 y que para 1979 habría alcanzado siete ediciones con tiros de 3,000 ejemplares, señalo: «En mi relato existen algunos nombres ficticios, uno de ellos es el del villano, personaje siniestro en quien se encontraba toda la inquina de mis enemigos, a los que prefiero no nombrar, porque algunos ya murieron; otros, quizá vivan arrepentidos de haberse apoyado en suposiciones para tejer hipótesis que habrían de complicar mi caso, en el que el accidente se evidenciaba, en virtud de que no encontraron fundamento moral o legal.» El caso Sofía Bassi como todos los casos complejos tienen muchos abordajes, aprender del pasado es elemental.
El caso Moisés Mendoza Piedrabuena: La Nueva Visión del Derecho Humano de la libertad caucional es un claro ejemplo de que no se juzga como se legisla, me explico la ley y la jurisprudencia, tanto del orden interno como internacional suelen establecer reglas al parecer infranqueables la realidad es que la libertad de los hombres siempre estará sujeta a la subjetividad de quien juzga, como lo señalan los coautores Juan José Salazar y Omar Rafael Ruiz del estudio al caso «el derecho a la libertad provisional en los procesos del orden penal es una prerrogativa humana de mayor importancia, pues involucra el bien del humano de mayor envergadura después de la vida, la libertad».
Los jueces suelen extraviarse en los tecnicismos y en la temporalidad en las leyes, la verdad sea dicha con mucha frecuencia los asuntos no se estudian como merecen ser analizados, porque olvidan que la presunción de inocencia es un derecho humano que no solo debe garantizarse en el ámbito de la ley si no quizá más en la tarea de su aplicación.
La Readaptación Social. Una Experiencia Exitosa es un caso que nos comparte nuestra amiga y dilecta estudiosa de los temas de prisiones y su contexto, Ruth Villanueva, en donde con su gran calidad humana cita a la propia Rosa Julia Leyva, «Pienso ahora, que la inocencia viviendo en un aislamiento cultural, dura parte de la mitad de la vida, los grandes piensan ¿pa’ que ir a la escuela? Lo importante son las manos para trabajar y cuando eres mujer empeora la percepción ¿pa’ que? Es mujer, ella sólo debe saber que tiene que atender un hombre y parir hijos, no hay más».
Lo que nos permite prácticamente escuchar a la protagonista de la referencia que prueba la existencia de la reinserción o readaptación social, la terminología y lo que se pretende transmitir con esta nos conduce muchas veces a la confusión, no me pronunciare sobre el caso, exhorto a su lectura, que no sólo impacta sino que debe ser tomado como una lección de vida. La incorporación del protagonista da vida y realismo al caso mostrado.
Trotski, Mi Padre y Yo es un artículo con importantes cargas literarias y de alta redacción que debemos agradecer al doctor Raúl Carrancá y Rivas distinguido profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM desde hace más de 50 años, a quien apreciamos muy sinceramente por sus aportes y formación de generaciones de juristas. Tratar del proceso de Trotski con un abordaje tan rico y sutil da la pauta para disfrutarlo en la lectura para muestra me permito citar un párrafo que me cautivo y deseo compartirlo con los lectores.
«un proceso es en rigor una historia Stendhal dijo que escribir una novela es pasar un espejo a lo largo de un camino. También lo es un proceso como el de Trotski testimonios documentales artículos y notas periodísticas. Historia henchida de vida, de emoción y de dolor. El asesino enamora a Silvia Ageloff la secretaria del buen hombre. Ella se enamora de él, la utiliza. En algún sitio del drama igual que en las piezas trágicas de teatro, alguien lo entrega todo a cambio de la burla, la traición y la incomprensión. -Amar enserio es terrible y bello, obviamente- por lo que se da cuando el corazón de desespera. Pero amar y descubrir de pronto que se es utilizado lo asombra a una a la sombra de la realidad, de la desesperación. Pocas desilusiones hay tan dramáticas como las del amor; además, Silvia Ageloff quiso suicidarse por las penas de esa pasión inmensa y por saber – descubrir azorada que su entrega al amante significo la muerte de Trotski.
La diversidad de posturas y el compromiso de respetar a la literalidad las propuestas de los autores se ha apreciado por los asiduos lectores de la Revista, conocida y apreciada por los actores del sistema de justicia penal, punto de partida en la discusión de especialidades y maestrías, que toca lo social y lo político, lo filosófico y lo ético, la justicia y la simulación, es el caso del artículo de Pedro Peñaloza que haciendo uso de sus destrezas pedagógicas plantea el Caso Heavén, parte de lo que denomina una cronología básica de notas periodísticas hasta el día de la entrega para publicación, para fijar su postura frente a lo que nombra Un Gobierno Perdido en la Neblina Penal, pasa a revisar en un punto aparte La Recomendación de la CDHDF: Los Dedos en la Llaga, una vez repasado este episodio de revelaciones de difícil cuestionamiento aborda lo que ha sido en su concepto la Política pública y la ausencia de atención , pronta, eficaz y cálida a las víctimas del delito.
Las preguntas que se hace Peñaloza son: ¿A dónde va el gobierno perredista? ¿Un gobierno de izquierda sin prioridades sociales? Esto sin dejar de abordar la exclusión social en el caso, plantea la inexistencia de delincuencia organizada y reflexiona sobre la acción de inconstitucionalidad presentada en octubre de 2013 por la CNDH en donde cita de su argumento «…la detención con control judicial es más invasiva que el arraigo ya que amplía las posibilidades de tortura y tratos crueles…» Para cerrar con un planteamiento sobre un modelo de ciudad excluyente y neoliberal.
Con la mira en la reforma constitucional de junio de 2011, nuestro amigo Pavel Arenas Landgrave, trata la Teoría de los Sistemas de NiklasLuhmann, para aterrizarla en los casos» Aguas Blancas» (Un grupo de campesinos que pretendían manifestarse frente al subsistema político) y «Ayotzinapa» (Un grupo de estudiantes que realizaban una manifestación contra el sistema político), ambas casos son materia de análisis y hace una severa crítica al modelo de protección no jurisdiccional de los derechos humanos como subsistema jurídico. Es de destacarse la forma en que aborda la Naturaleza de la Garantía Constitucional de Investigación al repasar los posicionamientos, al respecto, de Antonio Carrillo Flores y Héctor Fix Zamudio, para fijar la propia y señalar La facultad investigadora de violaciones graves a Derechos Humanos es una garantía constitucional, incorporada al sistema de justicia constitucional mexicano de protección no jurisdiccional de Derechos Humanos, dado que carece de eficacia, ya que la resolución de las investigaciones, no tienen un carácter jurídicamente vinculante, eminentemente enunciativo.
David Cienfuegos Salgado es uno de esos hombres que da gusto referir, su sencillez y su talento lo encumbran no sólo en la academia, que ya es bastante, sino quizá bajo mejor óptica entre los juristas que además conocen la historia de su país y más detalladamente de su natal Guerreo. Nuestro autor cuando nos muestra Política y Terrorismo es una visión provocadora de un jurista e investigador maduro que no se queda en la dermis de la ley, sino que se mete con aspectos de realidad y de poder fáctico, analiza el derecho comparado, cita la innegable discusión jurídica del terrorismo en la actualidad, revela la existencia de toda una cultura en su entorno, reflexiona sobre su definición dada por el Grupo de alto nivel de la Organización de Naciones Unidas que con responsabilidad refiere algunos elementos de los que demuestra su importancia.
Liga el fenómeno con el Derecho Internacional a la luz 16 Convenios a partir del Convenio sobre las infracciones y otros actos cometidos a bordo de las aeronaves (Convenio de Tokio), 1963, sobre seguridad de la aviación, hasta llegar al Convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional, 2010. Cienfuegos afirma que la regulación internacional reacciona a los eventos, sin poder adelantarse a dicha regulación y cita como ejemplos el once de septiembre de 2001, en Nueva York; las explosiones en la estación Atocha del metro de Madrid el día once de marzo de 2004; el secuestro y toma de rehenes en un teatro de Moscú por rebeldes Chechenos y señala como común denominador de los casos que partían de una situación de política interior o exterior de las naciones víctimas.
Presenta con una gran claridad el caso Batasuna, Cienfuegos hace una cronología del caso a partir de junio de 2002, al respecto refiere se aprobó en España una nueva Ley de Partidos Políticos para atacar legal y políticamente al terrorismo. Con la norma en vigor el Congreso Solicitó al Tribunal Supremo la legalización de Batasuna.
En este abordaje Cienfuegos Salgado refiere que en México el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ha quedado rebasado por la práctica, a la luz de las enseñanzas que deja la materia electoral en otras latitudes.
Con la Frase «para enfrentar el futuro demos una mirada al pasado» Carlos Mesa Angosto se aproxima al «Caso El Frontón» se remonta al terrorismo y sus inicios en el Perú, explica como se ha dado la respuesta del Estado, para después de muy interesantes planteamientos y argumentaciones llegar a una afirmación, como corte temático y afirmar La Corte Interamericana y la Comisión Interamericana no son Competente para Conocer de Casos de Lesa Humanidad, el jurista afirma «No se ha estudiado en profundidad el rol que cumplen los organismos internacionales, por ejemplo la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos» Explica con sencillez y claridad los delitos de lesa humanidad y sus elementos, así como de la interpretación estricta de los delitos de lesa humanidad, para arribar a concluir que el «Caso El Frontón» no constituye un crimen de lesa humanidad, el autor va más allá al plantear la prescripción del caso y la posibilidad de que el fuero militar sea el responsable de juzgar actos en combate. Sus conclusiones constituyen una abierta provocación al debate de altura, donde cierra el espacio a la radicalidad de posturas.
Genaro González Licea, hombre de leyes, formado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocido y reconocido por propios y extraños en el Poder Judicial de la Federación, hace a este número de casos un aporte doblemente valioso, en primer lugar por la experiencia adquirida en su tarea de ser el Responsable del Programa de Contradicción de Tesis Pendientes de Resolver en la Primera Sala de la Suprema Corte, además en otra vía quiero agradecer a mi amigo Genaro su profesionalismo y cuidado al mostrar didácticamente el caso sin reflejar datos personales de quienes participaron, aun respecto de las posiciones fijadas por los funcionarios judiciales, pese a mi insistencia, de modo que Cadena de Custodia y Escena del Crimen, un Caso de Inmediata Libertad nos presenta una alta sistematización de un tema fundamental para la presunción de inocencia bajo el rostro de la investigación y no del juzgamiento.
Sobre la escena del crimen González Licea refiere El lugar de los hechos o escena del crimen (lugar abierto, cerrado, móvil, mueble o inmueble, además de las áreas adyacentes) contiene los elementos, evidencias, y hallazgos fundamentales donde presumiblemente fue cometido el delito que se investiga, sea este de orden federal o local. Por lo mismo es de derecho y de sentido común que el lugar debe ser debidamente custodiado. Destaca el jurista la importancia de la utilización de protocolos para tal efecto preservativo, es contundente al señalar que la solidez de una investigación criminal se sustenta en la fuerza probatoria de los hechos observados, interpretados y obtenidos en la escena del crimen.
Su explicación sobre la importancia de la Cadena de custodia, concepto, alcance, significación y trascendencia judicial es francamente aleccionadora, ponderara los criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la exhaustividad del estudio lo lleva a pronunciarse sobre el perfil criminal, el sentido de la sentencia y destaca que la inobservancia de la cadena se traduce en inmediata libertad.
El Magistrado Jorge Ponce Martínez, en sus tradicionales colaboraciones para la Revista Criminogenesis trata con la visión del juzgador y la agudeza del abogado el Caso Dreyfus y la prueba técnica deficiente de Bertillon, en donde destaca como fue condenado el Capitán Dreyfus con sustento en una prueba técnica errónea que no correspondía a la especialidad del científico.
Como el propio Ponce Martínez destaca en su artículo y con base en la reseña de Floria el Caso data de 1894 y versa sobre un Consejo de Guerra que le fue instaurado al Capitán Alfred Dreyfus, quien fue llevado a la Isla del Diablo «Guyana», los detalles del desarrollo son sistemática y ordenadamente presentados por nuestro autor quien nos refiere que el Presidente de la República Francesa interviene y concede la gracia de la libertad a Dreyfus para que en 1906 la Corte de Casación rehabilite al Capitán, condecorado luego con la legión de honor, con gran sutileza el Magistrado condena un perito nunca debe intervenir en una especialidad que no sea la suya. Si llega a equivocarse ha de reconocer los errores en que incurrió.
Criminogenesis hace votos porque sea a través de los casos prácticos vividos en estos y otros tiempos para que quienes de una u otra manera intervengan directa o indirectamente como actores en el Sistema de Justicia Penal Mexicano, abreven de las desafortunadas experiencias que por errores técnicos, de expertice, por falta de ética profesional, intereses políticos, económicos o de cualquier otro orden han llevado a dañar penalmente a las personas, esto es a todos en su conjunto, pues al hacerse injusticia a una persona se nos hace a todos.
De esta forma, damos cuente de este trabajo editorial, a partir de casos prácticos, casualmente varios de ellos ocurridos en Guerreo, sin duda de alta utilidad didáctica y para mejor comprensión del lector, pasando del frío concepto y postura doctrinal de los tradicionales trabajos de investigación al aterrizaje interpretativo de lo resuelto en el sistema penal y ámbito de la criminalidad en casos específicos en diferentes épocas, lugares y contextos.
Soy un convencido de que la pluralidad y divergencia en ideas, postulados y propuestas pueden en ocasiones lastimar las pieles sensibles, sin embargo una Revista dedicada al Derecho Penal y la Criminología necesariamente aborda aspectos que pueden parecer invasivos o agresivos, la tolerancia, prudencia y respeto a la libertad de expresión son los equilibrios en los debates de altura frente a temas de vanguardia tratados por expertos de las ciencias penales.
Alejandro Carlos Espinosa
Director General de la Revista Criminogénesis
Winfried Hassemer
(17 de febrero de 1940 – 9 de enero de 2014)
Prof. Doctor, Doctor h. c. por múltiples Universidades Europeas y Latinoamericanas.
Hace unos días falleció el gran penalista alemán W. Hassemer. Wikipedia le dedica unas cuántas líneas a su biografía, poco o casi nada nos dice de quién fue este magnífico maestro, que, derivado de su quehacer como juez, estudió y criticó las nuevas corrientes del Derecho penal.
Winfried Hassemer fue Catedrático de derecho penal, Teoría y Sociología del Derecho en la Universidad de Frankfurt, Alemania y de la cual él perteneció a la corriente denominada “Escuela de Frankfurt”, forjadora de varias generaciones de pensadores destacados, no sólo en el ámbito jurídico (Fromm, Adorno, Hans Albert, Ralf Dahrendorf, Henryk Grossmann, Niklas Luhmann, Georg Lukács, Karl R. Popper, Günter Rohrmoser, entre otros)
En 1996 fue nombrado magistrado de la Corte Constitucional Federal, donde fue responsable de los casos en materia penal y procesal penal, más tarde fue vicepresidente del Tribunal Constitucional Federal Alemán.
Luego de una fructífera vida académica, en la que compaginó la resolución de casos y la investigación, dedicó sus últimos años a recoger todos los reconocimientos de personas e instituciones que pudieron abrevar de sus trabajos.
Así ocurrió en octubre de 2008, cuando se le entregó un diploma en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y en donde dio una cátedra inolvidable en torno a su crítica al Derecho penal del enemigo. Sentenció: “en Alemania ni siquiera tenemos leyes excepcionales para combatir la delincuencia organizada”, lo que había eran leyes duras, pero no excepcionales ni restrictivas de los derechos de todo imputado.
Es lamentable su partida.
Aquí una liga a uno de sus trabajos sobre Derecho penal simbólico
http://www.metajus.com.br/textos_internacionais/simbolismo-e-bem-juridico-Hassemer.pdf
Tribunal Constitucional Federal – Sala de prensa –
Comunicado de Prensa No. 1/2014 , de 10 de 01 2014
Winfried Hassemer
Bundesverfassungsgericht – Pressestelle –
Pressemitteilung Nr. 1/2014 vom 10. Januar 2014
Der ehemalige Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Winfried Hassemer ist verstorben
Der ehemalige Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Dr. Dr.
h.c. mult. Winfried Hassemer, ist am 9. Januar 2014 im Alter von 73
Jahren verstorben.
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Winfried Hassemer wurde am 17. Februar 1940 im
rheinhessischen Gau-Algesheim geboren. Er studierte Rechtswissenschaften
in Heidelberg, Saarbrücken und Genf. Von 1963 bis 1969 arbeitete er als
wissenschaftlicher Assistent am Institut für Rechts- und
Sozialphilosophie der Universität des Saarlandes und wurde dort 1967
promoviert. Im Jahr 1970 legte er sein zweites juristisches Staatsexamen
ab und war anschließend als wissenschaftlicher Assistent am Institut für
Rechtsphilosophie der Ludwig-Maximilians-Universität München tätig. Dort
habilitierte er sich im Jahr 1973 mit einer Arbeit zum Thema „Theorie
und Soziologie des Verbrechens – Ansätze zu einer praxisorientierten
Rechtsgutslehre“. Im Jahr 1973 erhielt er einen Ruf an die Johann
Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Bis zu seiner
Emeritierung blieb er dort Professor für Rechtstheorie,
Rechtssoziologie, Strafrecht und Strafverfahrensrecht. Von 1991 bis 1996
war er zudem Hessischer Datenschutzbeauftragter.
Am 3. Mai 1996 wurde Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Winfried Hassemer zum
Richter des Bundesverfassungsgerichts im Zweiten Senat ernannt. Sein
Dezernat umfasste das Straf- und das Strafverfahrensrecht sowie
zeitweise das Staatskirchenrecht. In diesen Bereichen wirkte er als
Berichterstatter an zahlreichen wegweisenden Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts mit, unter anderem zur strafrechtlichen
Rehabilitierung eines Soldaten, der von einem DDR-Militärgericht wegen
Fahnenflucht verurteilt worden war (BVerfGE 101, 275), zur
Wohnungsdurchsuchung bei Gefahr im Verzug (BVerfGE 103, 142) und zur
Vermögensstrafe (BVerfGE 105, 135). Besonderes Augenmerk legte er auf
einen angemessenen Ausgleich zwischen dem Sicherheitsbedürfnis der
Allgemeinheit und den Freiheitsgrundrechten des Einzelnen. Sein einziges
Sondervotum gab er in einem Verfahren zum Geschwisterinzest ab, weil er
dessen Strafbarkeit für verfassungswidrig hielt (BVerfGE 120, 224 [255
ff.]).
Vom 10. April 2002 bis 7. Mai 2008 war Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Winfried
Hassemer zudem Vorsitzender des Zweiten Senats und Vizepräsident des
Bundesverfassungsgerichts. In seine Amtszeit fiel eine Reihe von
bedeutenden Verfahren, unter anderem die Einstellung des ersten
NPD-Verbotsverfahrens (BVerfGE 107, 339) und der Beschluss zur
„Rechtssache Görgülü“, der die methodischen Grundlagen für die
Berücksichtigung der Europäischen Menschenrechtskonvention im Rahmen der
nationalen Rechtsordnung bereitete (BVerfGE 111, 307). Durch seine
Fähigkeit, komplizierte Verfassungsfragen allgemein verständlich zu
erläutern, trug er zudem sehr dazu bei, dass das
Bundesverfassungsgericht in der Öffentlichkeit als bürgernahes Gericht
wahrgenommen wurde.
Nach dem Ende seiner Amtszeit arbeitete Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Winfried Hassemer als Rechtsanwalt in Frankfurt; zudem war er als
„Ombudsmann“ bei der SCHUFA und als „neutraler Mittler“ im Rahmen des
Compliance-Programms von Daimler tätig.
Der Verstorbene erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Er wurde zum
Ehrendoktor der Universität Thessaloniki (1981), der Bundesuniversität
Rio de Janeiro (2001), der Universität Lusiada in Lissabon (2004) und
der Universität Pablo de Olavide in Sevilla (2005) sowie zum
Honorarprofessor der Renmin University of China (2005) ernannt. Im Jahr
2008 erhielt er das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband der
Bundesrepublik Deutschland sowie die Wilhelm-Leuschner-Medaille, die
höchste Auszeichnung des Landes Hessen.
Zuletzt lebte Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Winfried Hassemer mit seiner
Ehefrau in Frankfurt.
El Derecho en la era digital
(Porrúa, México, 2013, 204 pp. ISBN 978 – 607 – 09 – 1406 -5 )
Las nuevas tecnologías son parte de la vida diaria y sin embargo en su utilización hay una marcada división generacional entre los nativos y los migrantes digitales.
El derecho no ha permanecido ajeno a estos cambios, pero tal vez su participación no ha alcanzado la eficacia necesaria para dar certeza del nuevo ámbito en el que se desarrollan nuestras vidas y los nuevos caminos por donde circulan nuestros datos personales.
Este libro sobre el Derecho en la era digital es un trabajo conjunto de varios expertos en distintas áreas del derecho, cuya labor (coordinada gracias al mal llamado ciberespacio) fue dar cuenta del tamaño del problema y la forma en que de manera precaria se ha regulado la red.
El breve prólogo fue realizado, ni más ni menos que, por un pionero en el tema: el doctor Julio Téllez, quien desde hace poco más de treinta años ha desarrollado estos temas en México.
Para su contenido participaron:
Como coordinador, el doctor Alberto Enrique Nava Garcés (que recientemente publicó en el INACIPE una compilación sobre legislación electrónica en América Latina de casi 700 páginas y quien además cuenta con otros libros sobre la materia como Delitos Informáticos; Prueba electrónica; ley federal de datos en posesión de los particulares, con comentarios).
Alfredo Calderón Martínez, joven jurista cuyo trabajo de grado en la London School of Economics and Political Sciencie (LSE) fue precisamente sobre los delitos informáticos.
Jonathan Garzón Galván, gerente jurídico de AMIPCI (Asociación Mexicana de Internet)
Alicia Rubí Guerra Valdivia, maestra en sistemas informáticos y maestra en Derecho, cuya doble formación la hacen una autoridad en el tema.
Joel Gómez Treviño, abogado titular de Lexinformática, cuya experiencia en el tema es abrumadora.
Ernesto Ibarra Sánchez, actualmente responsable de una gran parcela de la agenda digital en México.
Isabel Claudia Martínez Álvarez, Maestra en Derecho y gran conocedora del Derecho Penal, de donde destaca su obra sobre El Derecho penal del enemigo.
Alfredo Reyes Krafft, eminente maestro de varias generaciones y experto en el área informática en la banca digital en México.
y Carlos Soto Morales, juez de Distrito, cuyas sentencias han sido materia de nuevos criterios en el ámbito jurisdiccional.
Como puede observarse, el libro tiene una composición sólida que trata sobre temas necesarios para el operador del derecho tales como la firma electrónica o la evidencia digital y nos permite vislumbrar hacia dónde va el Derecho, cuando se habla de algo etéreo como internet o tan tangible como la videovigilancia y la protección de las comunicaciones.
para adquirir el libro, puede entrar a la siguiente liga https://www.porrua.mx/pagina-busqueda.php?s=nava+garces&type=a
también puede ser adquirido en itunes (ibooks)
(Editado por INACIPE, México, 2013, pp. 346 )
Esta novedad editorial refiere en su cuarta de forros:
»
Durante muchos años, el gran jurista español Luis Jiménez de Asúa, llevó un registro de la actualidad de las ciencias penales en Iberoamérica (con diversos vasos comunicantes con otras latitudes). Su obra monumental quedó plasmada en dos obras inigualables: su Tratado de Derecho penal y la colección de artículos El criminalista, que llegó a las más de tres mil páginas de referencias sobre el Derecho Penal y sus autores.
Con ese gran ejemplo, el autor de este libro pretende emular su dedicación para hacer la crónica del Derecho penal y sus personajes. El penalista es, acaso, la chispa que queda después de esa gran lumbre que dejó Don Luis Jiménez de Asúa y que por años iluminó el siglo XX y los principios de este. No pretende este libro pues, alcanzar esos espacios, pero sí y de manera definitiva, continuar con la labor de dar cuenta sobre los retos de esta sociedad y el Estado.
Este libro retoma entre otros temas, la crítica a la dogmática penal, los retos que implica un cambio en el sistema de justicia penal, las nuevas amenazas tecnológicas y su regulación, algunas disertaciones sobre delitos en particular, casos y por supuesto, reseñas sobre libros que pueden ser considerados imprescindibles para entender esta época.
Así, el autor varía la temática para abordar temas como la Reforma penal de 2008, con su visión sobre las futuras legislaciones, ya sea federal, o la legislación tipo para el país sobre un tema concreto: los recursos ordinarios. Del mismo modo, reflexiona brevemente sobre las fortalezas para la implementación de la reforma penal señalada.
También recoge la tesis de un código penal único y de manera original, plantea el procedimiento para concretar esta ambiciosa meta que es heredada, por supuesto, de su maestro el Dr. Ricardo Franco Guzmán.»
Contenido
I. Historia del Derecho penal
Giordano Bruno. El derecho a saber: las normas frente a la ciencia
200 años de justicia penal en México
Primera parte 1810- 1910 (Primeras leyes penales)
Las Primeras Codificaciones Penales.
La situación del Derecho penal en México
Ley de Jurados de1869
El Código penal de 1871.
Códigos de procedimientos penales de 1880 y 1894
Ley Orgánica del Ministerio Público del Distrito Federal (1903)
Código federal de procedimientos penales de 1908
200 años de justicia penal en México
Segunda parte 1910 – 2010 (Codificación y personajes)
1917, el nuevo orden constitucional
El código penal de 1929.
El Código penal de 1931
Criminalia
La academia mexicana de ciencias penales
Los juristas que llegaron de ultramar
Reformas a la ley penal
El Instituto Nacional de Ciencias Penales
El sistema penal y sus observaciones
La reforma penal de 10 de enero de 1994
2005, La Justicia para menores.
2006
2008, Año de la reforma en materia de seguridad pública y justicia penal.
II. Derecho Penal
El Estado de Derecho y el Derecho Penal (a través de sus fines).
Estudio en homenaje a la doctora Aurora Arnaiz Amigo.
Recuerdo.
Antes del exilio
La Doctora Aurora Arnaiz Amigo.
Estudio
Los fines del Derecho penal
Antolisei
Polaino Navarrete
Márquez Piñero
Welzel
Jiménez Huerta
Maggiore
Nuestra opinión
La teoría del delito (crítica y método)
Dogmática penal
Teoría del Delito y sistema penal
Crítica a la teoría del delito
Pasos para un código penal único
Ricardo Franco Guzmán celebra sesenta años de abogado, cincuenta y seis
como profesor. (2010)
III. Delitos en particular
Delitos sin pena
El presupuesto jurídico en el delito de abuso de confianza
Teoría del delito.
Elementos del Delito.
Tipo y Tipicidad.
Elementos del tipo.
Sujeto Activo.
Sujeto pasivo.
Acción dentro del tipo.
Bien Jurídico.
Elementos normativos.
Presupuesto jurídico del delito de abuso de confianza
Distinción con el Delito de Robo.
Elementos subjetivos del injusto.
Medios Comisivos y circunstancias de modo tiempo, lugar u ocasión.
Dolo como elemento del tipo.
Conclusión
Algunas consideraciones sobre el fraude procesal.
Memoria.
Dos casos.
Estudio.
Conclusiones.
Algunas consideraciones sobre la modificación al tipo penal de ataques a la paz
contenido en el artículo 362 del Código penal para el Distrito Federal
IV. Derecho Procesal Penal
Fortaleza y debilidad en la implementación de la reforma penal
Fortalezas:
Debilidades.
Los recursos ordinarios del nuevo sistema de justicia penal
Algunas consideraciones en torno a la figura de testigo protegido.
V. Nuevas Tecnologías
Los delitos informáticos y su ausencia en la legislación penal mexicana.
Las nuevas amenazas de la tecnología
Redes sociales en Internet:¿hasta dónde podrán llegar?
VI. Reseñas y penalistas
El final de Lecumberri (reflexiones sobre la prisión) de Sergio García Ramírez
La verdad y sus formas jurídicas de Michel Foucault
Algunas palabras a la muerte del Dr. Ignacio Burgoa
Delito e Injusto, un libro del Dr. Ricardo Franco Guzmán
Sobre el doctor Guillermo Floris Margadant S.(2002)
Sistema e Identidad penal: la tesis de Rubén Quintino Zepeda
La balada de la cárcel de Reading, de O. Wilde (reflexiones sobre la prisión)
Derecho Penal del Enemigo de Isabel Martínez Álvarez
El principio de Legalidad penal de Javier Dondé Matute
Manual de Delitos en particular de Sara Pérez Kasparian
Aportes fundamentales al Derecho Penal, de Miguel Ontiveros Alonso
Defraudación Fiscal de Ambrosio Michel
Teoría del derecho de Bernd Rüthers
Breve recuerdo del maestro Marcos Castillejos Escobar
Sobre el Dr. Jorge Carpizo (1944 – 2012)
Justicia de Gerardo Laveaga
Don Andrés Iglesias Baillet
VII. Notas y casos
El caso Madoff (fraude en escala superlativa)
Algunas notas sobre el caso Cassez y la difícil tarea de ser ministro
Opinión sobre la petición de juicio al presidente Calderón ante la Corte Penal
Internacional
Opinión sobre los sucesos ocurridos en el centro nocturno Kiss de Brasil
Dos proyectos de Código de Procedimientos penales para el Distrito Federal
En España puede ser adquirido en:
https://www.marcialpons.es/autores/nava-garces-alberto-enrique/1153442743/
Para adquirirlo en México se puede escribir a publicaciones@inacipe.gob.mx
Comparto con ustedes la opinión que publico la revista el mundo del abogado sobre el delito de ataques a la paz. la versión amplia está disponible en el libro El penalista, INACIPE, México, 2013.
liga:
http://elmundodelabogado.com/2013/se-legitiman-los-ataques-a-la-paz-publica/
Este anteproyecto será una referencia obligada tanto en otras disposiciones penales como en investigaciones sobre la materia
archivo:
Recientemente fue publicado los nuevos códigos penal y de procedimientos penales del Estado de Aguascalientes. Como un adelanto, en esta página colocaré el texto publicado, en siguientes entregas haré un de los aspectos que han llamado mi atención.
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